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Perros de usar y tirar: la estrategia de algunos canallas para eludir el confinamiento

Perro paseando Pixabay

José Luis Gallego

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Adoro nuestro Diccionario. Siempre ahí, dispuesto a echarte una mano cuando no buscas la palabra necesaria. En este caso el auxilio ha venido con la definición de “canalla”: persona despreciable y de malos procederes; gente baja, ruin. Es de este tipo de individuos de quien quiero hablarles.

Desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del virus de la Covid-19 (me dicen en el diario que es mejor citarlo así en lugar de coronavirus) hemos asistido a algunas de las muestras de solidaridad y bonhomía más emotivas de los últimos tiempos. La gente de este país es mayoritariamente buena y hace que, en tiempos tan especiales como los que nos toca vivir, uno se sienta tan orgulloso de pertenecer a ella: de ser gente.

Pero también están los canallas. Y es necesario levantar la linterna y alumbrarlos a la cara para que todos comprobemos que existen y actúan como tales incluso en momentos tan delicados como estos. Un ejemplo de canallas son los que en estas últimas semanas han acudido en masa a las protectoras para adoptar un perro con el único fin de usarlo como salvoconducto para poder salir a pasear.

Quienes crean que no tengo motivo para dudar de sus nobles intenciones, que no es justo desconfiar de quienes precisamente ahora han sentido la súbita necesidad de tener perro, sepan que las sospechas que aquí comparto no son mías sino de la Fiscalía General del Estado.

Ha sido el Ministerio Público quien, en representación de los intereses de la sociedad y ante el notable incremento de las adopciones de perros de estos días, ha manifestado sus sospechas a través de un oficio en el que previene del probable abandono masivo de estos animales cuando remita la crisis sanitaria y acabe el confinamiento.

Algunas de las protectoras han denunciado que las peticiones de adopción y acogida se dispararon con la entrada en vigor del estado de alerta, y que en muchos casos las personas indicaban al principio que solo querían tener al perro en acogida mientras durase el período de aislamiento. Tras la negativa de los responsables de entregar al animal con esa condición, los adoptantes transigieron y aceptaron.

Ante el descubrimiento de esta picaresca el responsable de la unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General, el fiscal Antonio Vercher, ha dado órdenes a todos sus colegas provinciales de que extremen la vigilancia y, ante las dudas de si “estas adopciones o acogimientos están obedeciendo a intereses realmente honestos por parte del adoptante”, apliquen contra quien corresponda lo que establece el Artículo 337 bis del Capítulo IV del Código Penal, donde se recogen los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

Este apartado de la Ley determina que “El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior (un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje) en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses de prisión”. 

“Es previsible que pasado el estado de alarma se empiecen a producir abandonos de animales adoptados”, advierte el fiscal Antonio Vercher, por lo que solicita que las fuerzas de seguridad, y muy especialmente las policías locales, extremen la vigilancia a fin de que se pueda proceder penalmente contra quienes hayan caído en la bajeza moral de acoger a un perro con “planteamientos espurios” a fin de utilizarlo como salvoconducto para poder salir a pasear a diario mientras rige el estado de alarma. 

Asimismo, ante la posibilidad de que las cesiones en adopción se estén produciendo de manera poco rigurosa y algunos profesionales se hayan dejado llevar a engaño de manera interesada, dicho artículo fija que “el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”.

El escrito de la fiscalía no puede ser más oportuno y hace un llamamiento expreso a la colaboración de todas las entidades públicas o privadas que estén trabajando en el ámbito de la adopción y acogida de animales para denunciar los casos en los que se tengan fundadas sospechas.

De lo que se trata es de evitar que los animales que se encuentran en situación de ser adoptados o acogidos, generalmente perros que ya habían sido abandonados, vuelvan a sufrir semejante trauma por culpa de los canallas que han visto en estos pobres animales una excelente oportunidad de eludir la reclusión domiciliaria.

Esperemos que gracias a esta iniciativa del fiscal Vercher el ministerio público pueda recabar los datos necesarios para que, ante futuros escenarios de pandemia que obliguen a medidas de confinamiento similares, se tomen las medidas oportunas para evitar que esta excepción a la norma sea aprovechada impunemente por los canallas.   

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