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Represión del derecho fundamental a la libertad de expresión

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Manifestación contra la Ley Mordaza convocada por las Marchas por la Dignidad.

Manifestación contra la Ley Mordaza convocada por las Marchas por la Dignidad. EFE

Según el informe de 2017 de la ong Reporteros Sin Fronteras, España ocupa el lugar número 29 de 180 países evaluados sobre su libertad de prensa. El Gobierno y las derechas españolistas insisten en que somos un país libre, aunque las conclusiones de ese informe lo desmientan. Antes han querido que nos creyéramos libres para reprimir después nuestra libertad. Como  señala María Dolores Masana Argüelles, ex presidenta y actual vocal de la Junta de Reporteros Sin Fronteras, “hay tantas sociedades sometidas al despotismo, a la arbitrariedad del poder en el mundo que aquella en que la norma es democráticamente aceptada parece que la libertad de expresión esté asegurada. No hay nada tan pernicioso como el pretexto de la comparación con un escenario peor, como en el caso de las dictaduras, para hacer pasar de contrabando el visto bueno a la autocomplacencia de muchos de estos demócratas”.

Esto en lo que se refiere a la prensa. Pero en un contexto de presunta democracia se viene produciendo en España un goteo de atentados judiciales contra la libertad de expresión de toda la ciudadanía, un goteo que ha arreciado en los últimos tiempos hasta llegar a casos que ya solo nos permiten preocupación. Debemos preguntaros por qué en democracia se está produciendo este ataque a esas libertades que hacen que un país libre lo sea, por qué la vida social se está queriendo judicalizar, como si fuera una respuesta a la inevitable judicalización a la que la corrupción, endémica en un PP que ha gobernado y gobierna desde comunidades autónomas hasta la propia nación, ha abocado a la vida política.

Hasta tal punto se está reprimiendo la libertad de expresión que se diría una ofensiva planificada desde las instancias del poder gubernamental y orquestada (un juez allí, una jueza allá) desde las instancias del poder judicial, que no parece así todo lo independiente que debiera. Gobierno y Justicia estarían al servicio de los intereses espurios de un Estado que necesitaría conculcar nuestros derechos fundamentales para poder controlarnos mejor. A fin de cuentas, se avecinan tiempos duros para el statu quo, hay aspiraciones de cambios sistémicos, las viejas estructuras están siendo forzadas a ceder por los movimientos sociales, los movimientos migratorios no pueden obviarse, el empobrecimiento de la población es un hecho que se manifiesta de manera sangrante en las pensiones de nuestros jubilados, se alerta de una no muy lejana nueva crisis económica que afectará de una manera aún más grave, extensa y profunda a una sociedad que habría de reaccionar con protesta, organización y denuncia, y que constituye un peligro para el poder establecido. Como un adelanto a la que seguramente será una represión muy violenta, se produce una fuerte resistencia por parte de quienes tienen el poder o ejercen de herramienta para defender los intereses y privilegios de los poderes económicos, políticos y fácticos.

Cada caso de represión de la libertad de expresión hace las veces de una advertencia: mira lo que te puede pasar si hablas, si comunicas, si satirizas, si haces humor, si sacas los pies del tieso, si te sales de lo políticamente correcto con nuestras cosas intocables. Según el juez o la jueza con la que des, nuestras cosas intocables son, por ejemplo, el Rey o Cristo. Parece inconcebible a estas alturas de la historia. Lo que no parece casualidad es que esto nos remita a aquellos guerrilleros de Cristo Rey que en los setenta sembraban el terror fascista en las calles de Madrid.

Podemos establecer que esta ofensiva comenzó, en su fase más reciente, con la fulminante destitución de Guillermo Zapata nada más tomar posesión de su cargo como concejal de Ahora Madrid. Y con la posterior detención de los titiriteros, que se producía en el marco de una representación infantil y para cuya justificación se recurrió a argumentos delirantes, como que en la obrita se ensalzaba a ETA y se incitaba al odio. Todo parecía una broma de mal gusto, pero lo cierto es que Raúl García y Alfonso Lázaro acabaron encarcelados y con antecedentes por exaltación del terrorismo. Después de los titiriteros, en las redes del estado policial y judicial han ido cayendo chicas que portaban una mochila con unas siglas que para colmo fueron malinterpretadas, algunas personas que han quemado en público fotos de los tiranos, tuiteras chistosas, músicos y raperos críticos y desinhibidos, un ciudadano que jugó con el photoshop y puso su cara a un cristo, hasta llegar a una revista Mongolia o a un Willy Toledo a quienes la derecha nacional tienen viejas y acumuladas ganas.

Criminalizando las voces más libres se atemoriza a las menos atrevidas y al conjunto de la sociedad. Inoculando un miedo real (a ser multada, juzgada, condenada) a través de un ejercicio de vigilancia, se mantiene a una sociedad controlada y, en última instancia, paralizada. Al poder no le gustan quienes piensan ni quienes actúan, y menos en tiempos difíciles. Por eso el PP impulsó la llamada Ley Mordaza: sabía que el propio partido se enfrentaba a una interminable sucesión de juicios por corrupción; sabía que la Corona se tambalea indefectiblemente y que su consustancial corrupción ya ha sido sentada en el banquillo; sabían que la Iglesia ha perdido el apoyo social, y que se exige que no interfiera en las cuestiones de Estado y que se le arrebaten unos privilegios injustos e inconstitucionales. La masiva contestación que supuso el 15M les puso las pilas para activar la maquinaria represora.

No es tampoco casualidad que en este marco represivo haya habido presos políticos como Alfon, Nahuel o los políticos y civiles catalanes. Se ha cruzado la frontera de las libertades y derechos democráticos y, bien a través de una Fiscalía que ejerce de voz de un amo que es el suyo pero la sociedad no reconoce, bien a través de organizaciones católicas o cofradías cristianas que se han subido al carro de los ofendidos, bien a través de un torero enchulado que se ha pasado la vida matando, y no solo animales, se está aplicando una mordaza que ya está ejerciendo su función silenciadora, amedrentadora y represora. No se puede ya llamar democracia a este Estado que no respeta la libertad de expresión. Las investigaciones, detenciones, enjuiciamientos y condenas que está acarreando el pleno ejercicio de ese derecho, son propias de un régimen autoritario, que se acerca con pulso firme y mano dura a lo que quizás en un futuro no muy lejano tengamos que calificar, lisa y llanamente, de dictatorial. Nos necesitan amordazadas para no interferir en su proceso de apuntalamiento de su tambaleante statu quo. Pero, como también señala Masana Argüelles, "la libertad de expresión nunca ha sido tan urgente como cuando los puntos de referencia de la vida social, económica y política están sometidos a una confusión extrema".

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