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Sánchez, el debatiente

No entiendo que la Junta Electoral de una democracia del siglo XXI pueda meter baza para entorpecer un debate que tiene el máximo interés periodístico

Convendría que estas cosas tan importantes no quedaran al albur de la interpretación ni al gusto de los candidatos y que se legislara sobre ellas

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Sánchez: El PSOE es el único partido que puede sumar más que las tres derechas

Pedro Sánchez en un mitin. EFE

"Vosotros hacéis a los oradores hombres perversos o de provecho y no al revés, pues no sois vosotros los que aspiráis a lo que ellos desean sino ellos los que aspiran a lo que estimen que vosotros deseáis".
Demóstenes. Discursos políticos

No engaño ni sorprendo a nadie si confieso que deseo fervientemente que el gobierno de España siga en manos progresistas pasadas las elecciones lo que, para cualquiera que siga la actualidad política, se traduce en que confío en que en torno a Pedro Sánchez se conforme una mayoría que le permita seguir siendo presidente y que además consiga cortar el paso a la coalición que incluiría a la ultra derecha. Eso no es óbice, valladar ni cortapisa ni empece en modo alguno para mostrar mi más absoluto pasmo con el comportamiento errático e incoherente que el PSOE ha mostrado en lo que podríamos llamar el Caso Debate y que ahora ya habría de llamarse el Caso Sánchez, por lo mal que ha sido manejado. Una acción lícita ejercida por tres partidos periféricos ha puesto en jaque la estrategia de campaña de los socialistas y su equivocada reacción ha convertido el asunto en una pelota que ahora arde en el tejado de Ferraz sin que se aviste una postura que restablezca la situación y salve la credibilidad.

Empezando por el final, pues todo ocurre a velocidad vertiginosa, al mantener tanto Atresmedia su debate del día 23 como el resto de candidatos su palabra de acudir a pesar de las alteraciones forzadas por la Junta Electoral Central. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez, mandar a un segundo a debatir con los líderes de las otras formaciones como hizo Rajoy? Hay una cosa que se llama palabra y compromiso y dudo mucho de que un presidente del Gobierno pueda comprometer la suya, hasta el punto de enviar a un ministro jefe de campaña a sacar la bola de su turno de intervención, y después incumplirla palmariamente porque el escenario estratégico ha variado. Entiéndanme, que era una estrategia del PSOE acudir al debate que incluía a Vox porque le beneficiaba no lo digo yo, lo dijo el propio ministro Ábalos al terminar el sorteo de ese mismo debate. El cambio sobrevenido en las condiciones no es imputable a Atresmedia, ni mucho menos, por lo que difícilmente puede explicarse que la respuesta a una decisión de la administración electoral pueda ser dar portazo a lo que abrazaste libremente.

Tampoco puede hacer de esa supuesta necesidad virtud al abanderar ahora la causa de la televisión pública que el gobierno ha liberado de su yugo politizador, como ha explicado la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros, ya que esa misma obligación moral con el ente público la tenía un socialista antes. Por cierto, que tampoco atino a entender por qué ha sido la portavoz del Gobierno la que ha explicado en Moncloa lo que hará o no hará el candidato debatiente Sánchez. Otro fallo.

Cuando uno da su palabra, la mantiene. Se llama compromiso y se llama cumplir lo pactado. Si las circunstancias han cambiado por motivo de fuerza mayor, si en tu partido hay quien no veía lo de arrinconar a la televisión pública, apechugas y lo arreglas sin desmerecer tu honor. Por ejemplo, debatiendo en la privada como has convenido y repitiendo debate en la pública —así veríamos que sistema convence más a la población— o concediendo en la pública otro tipo de debate de interés, por ejemplo, con el jefe de la oposición, que lo es.

No entiendo que la Junta Electoral de una democracia del siglo XXI pueda meter baza para entorpecer un debate que tiene el máximo interés periodístico o, lo que es lo mismo, el máximo interés para la audiencia más amplia, es decir, para el mayor número de electores posibles y, como decía, no poder meterla para forzar que debatan los dos partidos que actualmente tienen mayor número de diputados. Tampoco se pudo forzar a Rajoy ni a ningún presidente porque nuestra legislación es tan básica y tan anacrónica que no contempla nada al respecto.

No comparto pues el resultado de la decisión de la Junta Electoral Central por mucho que cumpla la letra de una instrucción dictada por la misma Junta y que no deja de ser una interpretación hecha por un órgano no jurisdiccional de algo que debería ser legislado como corresponde a la importancia que tiene. Es sabido que el mismo órgano de la administración electoral permitió en 2015 incluir en el debate a Podemos y Ciudadanos, que no tenían escaños en el Congreso pero sí en Europa, y sólo hizo que Atresmedia compensara con otros espacios a IU y UPyD, formaciones estas que sí tenían representación parlamentaria. Ahora nos dicen que lo de las andaluzas no vale porque no supera el 15% de votos en el ámbito nacional que ellos mismos, la Junta Electoral Central, decidió fijar sin que ningún legislador se haya pronunciado. Lo cierto, y todos los sabemos, es que con su decisión la JEC ha entrado en la campaña y ha tomado una decisión que claramente beneficia al excluido, a Vox, y perjudica al mayoritario, el PSOE. Lo peor de todo es que su decisión ha perjudicado a la democracia al hurtarle a los votantes la posibilidad de oír confrontar a un partido nuevo, vacío de contenido, urdido en torno a unas ideas extremas y poco reales, con los líderes de las formaciones democráticas, incluso de aquellos que están dispuestos a formar gobierno con él. Quien diga que esa información no es de absoluta relevancia para la formación de una opinión pública adecuada, base de la democracia, está sirviendo una falacia. En una campaña plena de discursos falsos, de inventos, de insultos, de bajezas y de mixtificaciones —muchas de ellas en esas redes sociales en las que la Junta Electoral no entra— la presencia física y simultánea de los candidatos sometidos a las normas periodísticas es puro artículo 20 de la Constitución.

Insisto en lo de las normas periodísticas porque, por desgracia, los debates encorsetados y a medida de los asesores políticos que se acaban produciendo en los medios institucionalizados no consiguen ni de lejos el mismo efecto y, desde luego, no es por culpa de los profesionales de dichos medios.

Convendría, desde luego, que estas cosas tan importantes no quedaran al albur de la interpretación ni al gusto de los candidatos y que se legislara sobre ellas. Eso incluye la adecuación de las premisas protectoras de la que fue una democracia balbuciente y que ya son risibles como la restricción de publicación de encuestas —lo de las berenjenas y las naranjas andorranas es de traca— y la jornada de reflexión. Pero eso es otra historia.

Sánchez, el debatiente tiene problemas que resolver antes. Sinceramente, espero verle el día 23 cumpliendo su palabra.

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