¿Solución a la catalana?
El viernes pasado Pablo Iglesias compareció ante los medios de comunicación para romper una dinámica de negociación que había sido inaugurada veinticuatro horas antes. El encuentro, largamente buscado, no había tenido más recorrido que una fotografía que daba testimonio gráfico de la reunión mantenida por PSOE, Ciudadanos y Podemos en la que éste último presentó un documento con un conjunto de iniciativas que consideraba necesario discutir. Para apreciar en su justa medida el alcance real de la disposición al acuerdo, no está demás recordar que la comparecencia del líder de Podemos se produjo al mismo tiempo que el equipo negociador del PSOE estudiaba la documentación presentada y, en ella, se anticipaba la voluntad de someter a la opinión de sus bases las opciones de acuerdo que condicionaba la permanencia de la actual dirección del partido a un resultado bien determinado.
Es obvio que Pedro Sánchez había reservado el mes de abril para materializar su aspiración de convertirse en Presidente del Gobierno después de un largo proceso que comenzó cuando Mariano Rajoy declinó la invitación del Rey. El guión que marcaría el tiempo de la negociación implicó la designación de un equipo que ha permanecido inalterado en el tiempo. También supuso la definición de un método de trabajo en el que se ha diferenciado claramente el nivel más técnico de aquel otro que tiene un componente más político. En todo este tiempo, siempre estuvo presente la necesidad de generar un espacio de entendimiento con 'las fuerzas políticas del cambio' a partir de las confluencias programáticas de quienes habían concurrido a las elecciones, postergando para el final las conversaciones en torno a quién ocuparía qué carteras ministeriales.
El acuerdo logrado con Ciudadanos permitió la celebración de una sesión de investidura que resultó fallida dando lugar a una nueva fase conducente a 'ensanchar' dicho acuerdo, a izquierda y derecha, buscando sumar propuestas que facilitaran el inicio de una legislatura cuyo epicentro estaría residenciado más en la Carrera de San Jerónimo que en el Palacio de La Moncloa. Sin embargo, esta última fase del proceso ha encallado. Y lo ha hecho, a mi juicio, en el momento en que las conversaciones han dejado de girar en torno a las iniciativas que conforman el programa de gobierno, para centrarse con más intensidad en la composición del Consejo de Ministros. Y ello porque si bien en el primer ámbito la convivencia política no se ve seriamente amenazada por la transversalidad, en el Consejo de Ministros las incompatibilidades se hacen directamente insoportables especialmente si quienes aspiran a ocupar carteras forman parte de las estructuras de los partidos.
En este contexto, el Rey ha comunicado la convocatoria del procedimiento de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios durante los días 25 y 26 de abril. Se trata de una trámite, constitucionalmente previsto, que acelera la fase final y pronto permitirá averiguar si verdaderamente es realista encargar la misión de formar gobierno a 'alguien' que pueda estar todavía en disposición de armar una mayoría suficiente o lo que procede, más bien, es dar por terminada la legislatura, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.
Quienes creen que las urnas mejorarán sus posicionamientos políticos trabajan ya en una campaña electoral donde el enfado e, incluso, el hartazgo de una ciudadanía que ya se ha pronunciado sobre sus preferencias puede resultar un enemigo difícil de combatir. Aquellos para los que, sin embargo, el resultado electoral pueda resultar menos estimulante, todavía imaginan fórmulas que faciliten el entendimiento. Sin prejuzgar el resultado final, quizás esta semana sea apropiada para recordar lo ocurrido en las últimas elecciones catalanas y poder así insistir en que hasta el último minuto hay margen para el acuerdo. De hecho, hay un trabajo honesto en torno a un conjunto de medidas fácilmente asumibles para los actores políticos en materia de regeneración democrática o reformas legislativas de cierto calado que podrían justificar por sí solas la confianza de un nuevo ejecutivo.
De existir todavía opciones para la gobernabilidad, parece claro que se formulará como una 'solución a la catalana', es decir, cuando el tiempo se haya agotado y los peajes políticos del acuerdo sean más asumibles que los que pueda demandar unos resultados electorales que debilitarán liderazgos y, quizás, también las opciones de un gobierno de cambio. Como nada de lo que ocurre en política es espontáneo podemos exigir a quienes nos representan que adopten una dinámica de trabajo que permita rehacer las condiciones necesarias para retomar el encuentro que favorezca el acuerdo.
