¿Vendrá el Consejo de Europa a rodear el Congreso?

Sucede demasiado a menudo. Las instituciones que mejor funcionan, aquellas más interesantes a la hora de llevar a cabo sus políticas, son las que menos poder real poseen.

El Consejo de Europa está haciendo gala de todo ello en esta crisis. Emite informes lúcidos y a la vez su comisario de derechos humanos, Nils Muiznieks, efectúa cierta presión con sus declaraciones. Hace poco más de una semana logró irritar al ministro Fernández Díaz con sus críticas a la llamada Ley mordaza. Europa criticaba al gobierno por su recorte de libertades. Es un titular que quizá no leíamos desde los años setenta, por lo que es normal que enfadara al ministro.

Como es improbable que el comisario acuda este sábado a la madrileña plaza de Neptuno, se me ha ocurrido traer al menos las razones que el Consejo de Europa nos aporta para manifestarnos. Son amplias y variadas. Son demoledoras. No son del todo nuevas, claro, pero aunque no tiene poder, el Consejo tiene autoridad.

Se trata de una institución prestigiosa, formada por prácticamente todos los Estados europeos, surgida tras la Segunda Guerra Mundial con ánimo integrador —en 1949, casi diez años antes de la firma del Tratado de Roma— y que desde su sede en Estrasburgo ha tenido como función principal la de erigirse en conciencia moral del continente. Tengamos en cuenta que España no pudo entrar en ella hasta 1977, o que Grecia se quedó temporalmente fuera tras el golpe de los coroneles.

Surgido con ánimo de superar los tiempos más oscuros de Europa, la autoridad del Consejo en materia de derechos humanos nos puede ayudar a la hora de explicar las razones que nos conducen nuevamente a rodear el Congreso. Veamos qué dicen sus informes sobre lo que sucede en nuestro país.

Tras una reciente visita a España, Muiznieks publicó un primer informe el pasado octubre sobre el efecto que las políticas implementadas durante la crisis están teniendo sobre la infancia, los discapacitados y las libertades.

El comisario se muestra preocupado porque en 2011 un 30% de los niños españoles estén en riesgo de pobreza, un 10% más que en 2008. Este es un dato “potencialmente devastador” por las consecuencias que tiene en el largo plazo. Más aún en España, con un gasto social tradicionalmente bajo, y ya advertida previamente por Naciones Unidas de la necesidad de incrementar la protección social a la infancia. En lugar de eso, se queja el comisario, se está recortando.

El informe expresa la máxima preocupación por la exclusión de los ciudadanos de fuera de la Unión Europea, incluidos migrantes sin papeles, de la tarjeta sanitaria. En el caso de los niños, aunque ellos no estarían en principio excluidos, de facto se les está negando a menudo la atención sanitaria —por confusiones de los padres o de los centros de salud—, lo que viola una vez más la Convención de Naciones Unidas en la protección de los derechos de la infancia.

No solo esto. Los recortes en Sanidad y Educación afectan “de manera desproporcionada” a los menores. El comisario se lleva las manos a la cabeza cuando relata algún caso excepcional de familias a quienes los servicios sociales han quitado la custodia de sus hijos por estar en situación de pobreza, en lugar de revertir esa situación desde lo público. El Estado español vuelve a “violar” aquí unos cuantos derechos básicos, afirma.

Un punto importante de su relato tiene que ver con el “considerable impacto” que sobre los niños tiene “la ola sin precedentes” de desahucios que sufre el país. Aquí el Consejo recuerda el derecho al respeto a la vida privada, familiar y al domicilio que consagra el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 8). Traumas, exclusión social, pérdida de derechos educativos y sanitarios, serían algunos de los efectos de un desahucio.

Respecto a las personas con discapacidad, casi cuatro millones en nuestro país, Muiznieks considera que a pesar de los avances legislativos en la última década, los recortes sanitarios, la introducción del copago en ciertas regiones o la falta de una financiación para la ley de dependencia dejan un panorama muy preocupante. Más aún cuando el esfuerzo en la promoción de la autonomía de los discapacitados resulta secundario.

El drama de los recortes sanitarios, con todo, afecta de manera “especialmente dolorosa” a las personas con alguna discapacidad intelectual o psico-social. El comisario se muestra muy preocupado por el hecho de que 10.000 personas de este colectivo estén actualmente viviendo en la calle. Este es un colectivo además al que sistemáticamente se le priva de sus derechos políticos básicos: se estima que en España unos 80.000 discapacitados no pueden votar por decisiones judiciales que contravienen las recomendaciones expresas que, en este sentido, ha formulado el Consejo de Europa.

Acierta el comisario Muiznieks en poner el acento en los colectivos más vulnerables. Nadia Urbinati y Mark Warren coinciden en afirmar que hoy en día el carácter democrático de un sistema representativo se mide especialmente por las exclusiones que practica. Poner el acento en la infancia y las personas discapacitadas, haciendo especial mención a migrantes y miembros de la comunidad gitana, nos sirve así de botón de muestra para comprobar el lamentable nivel democrático del actual régimen. Todo ello cuando se encuentra embarcado en recortar derechos a todos los niveles.

Es en una mayor escala donde se sitúa el segundo informe, dedicado ya a la pérdida de derechos humanos que enfrenta toda Europa por las políticas de austeridad. Más allá de Cartas y Declaraciones firmadas, el Consejo es muy consciente de que cumplirlos depende de la voluntad de cada gobierno.

Desde el derecho a un empleo decente, a una protección social efectiva o a la vivienda, hasta el acceso a la justicia o libertades básicas como las de expresión, este informe alerta de que todo el espectro clásico de los derechos humanos se está viendo gravemente deteriorado. En unos países más que en otros, así que no es casualidad que en los ejemplos España salga una y otra vez.

¿Cuáles son las medidas de austeridad que critica el Consejo de Europa? Fundamentalmente los recortes en gasto público, la regresión en las medidas impositivas, y las reformas del mercado laboral y de pensiones. Explícitamente rechaza que ayudas públicas, “vitales” para otras políticas sociales, se estén empleando en rescatar instituciones financieras conocidas por sus “prácticas irresponsables”.

Pero no se queda aquí. El informe del Consejo de Europa critica que con la excusa de estar ante una emergencia financiera nacional, estas medidas se están tomando sin los cauces democráticos debidos.

Ante la crisis se debería fortalecer la democracia y los derechos humanos, no al contrario. Es por eso que se alerta sobre aquellos responsables políticos que puedan estar emitiendo declaraciones abiertamente xenófobas, o iniciando prácticas o legislación discriminatoria. Las sanciones a estos responsables son a todas luces necesarias, concluye el informe.

Tras constatar que todo lo anterior ha provocado un incremento de las protestas, especialmente en España, Grecia y Portugal, podemos volver al documento dedicado en exclusiva a nuestro país. Allí aparecen reflejadas las “violaciones de derechos humanos en detenciones incomunicadas por parte de la Guardia Civil”; los sucesivos indultos a policías condenados por torturas; los malos tratos sufridos por inmigrantes en los CIE o las redadas racistas.

Y en el contexto de las protestas, se relata el desproporcionado uso de la fuerza policial, las denuncias por malos tratos, el uso de pelotas de goma o la falta de identificación visible de los antidisturbios.

El comisario europeo expresa especial preocupación por los 1.117 expedientes administrativos abiertos a manifestantes por la delegación del Gobierno en Madrid en 2012. Claramente indica que “no es necesario, bajo la actual legislación internacional en derechos humanos, requerir una notificación previa para celebrar una asamblea o reunión pública”. Y prosigue: “la imposición de sanciones, incluidas las administrativas, a participantes en manifestaciones espontáneas o sin autorización, puede llevar a infringir los derechos a la libre expresión y reunión pacífica”.

Encontramos además que la reciente Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) incumple el compromiso que el propio Muiznieks recibió, hace apenas unos meses, de “las autoridades españolas”: le aseguraron que no limitarían la difusión de imágenes de policías, respetando así la libertad de información.

Como conclusión se emplaza a los gobernantes españoles a “condenar pública y firmemente los abusos y malos tratos cometidos por los responsables de hacer cumplir la ley en custodias policiales y otras operaciones, incluidas manifestaciones”. Les conmina además a “abolir la detención incomunicada” y a “aplicar las recomendaciones ya hechas por el Comité para la Prevención de la Tortura”.

La respuesta al titular que encabeza este artículo es previsible: el Consejo de Europa no vendrá. Esa no es su función; es la nuestra. Lo que nos proporciona el Consejo de cara a este sábado es una batería de denuncias contra el gobierno español en materia de derechos humanos que, sin ser novedosas, cuentan con toda la autoridad del decano de las instituciones europeas. No, no somos cuatro perroflautas.

Ahora bien, solo si nos creemos de verdad que la democracia y las libertades valen la pena es como seremos miles frente al Congreso. Y solo así podremos empezar a escribir la historia de otra manera. De nosotros depende.