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Vox en modo avión

Una de las mejores noticias de estas dos primeras semanas del juicio del procés es que Vox está pero no lo parece

El fiscal cree que la violencia estaba prevista mediante "murallas humanas"

Juicio del procés en el Tribunal Supremo. EFE

Miércoles 20 de febrero, pasadas las dos y media de la tarde. Dos hombres trajeados y pulcramente peinados abandonan a toda prisa el Tribunal Supremo, donde acaba de declarar el exconseller Josep Rull, el hombre que evitó que el barco en el que fueron desplazados a Catalunya cientos de efectivos de la Policía Nacional para intentar impedir el referéndum del 1 de octubre, el famoso Piolín, atracara en el puerto de Palamós. Dice que era temporada alta de cruceros y que la embarcación no tenía los permisos necesarios.

Los dos hombres caminan rápido, casi como lo hacía Rajoy en sus ratos libres, sin reparar en nada ni saludar a nadie. Hasta que ven un grupo de cinco policías que custodian el parque que separa el Supremo de la Audiencia Nacional y rectifican su trayectoria. Recorren una veintena de metros a propósito para saludar a los agentes, uno por uno, y desearles un buen servicio. Son Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de la formación de extrema derecha. El próximo 28 de abril hay elecciones generales y los policías también votan.

Una de las mejores noticias de estas dos primeras semanas del juicio del procés es que Vox está pero no lo parece. Sus líderes acuden todos los días a la sala de vistas, toman notas, escuchan los alegatos de las defensas y, de vez en cuando, dedican a los medios de comunicación palabras casi siempre altisonantes. Pero la negativa de los acusados a responder a sus preguntas les ha relegado, por el momento, al papel de comparsa en un proceso el que los únicos argumentos políticos que se están escuchando son los de los independentistas.

También ayuda que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha puesto a la acusación popular en modo avión. Impidió que sus abogados llamaran “golpista” a Oriol Junqueras cuando pretendían leer en voz alta las preguntas que habían preparado, que se quedaron sin respuesta, y cortó de raíz el intento de arrebatarle el lazo amarillo a Jordi Sànchez esgrimiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la exhibición de signos religiosos e ideológicos.

Solo tres procesados se han acordado de ellos. Raül Romeva, que se lamentó de que él, convencido europeísta, se siente en el banquillo y quienes “atacan los valores de Europa” ejerzan la acusación; Josep Rull, que aprovechó su intervención para decir que no iba a contestar a la acusación popular por “respeto a las personas que sufren homofobia, xenofobia, transfobia o violencia de género”, y Dolors Bassa, que se negó a responder “por respeto a las mujeres de España”. “Tolerancia cero”, exclamó.

Vox quiere brillar en los interrogatorios de los testigos, acorralar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al de la Generalitat Artur Mas y poner de manifiesto que la “derechita cobarde” del PP, como le gusta decir a su líder, Santiago Abascal, intentó evitar la consulta del 9N de 2014 a través de una negociación secreta. El emisario del Gobierno central, según desveló El Periódico, era Pedro Arriola y el de la Generalitat, el dirigente de Unió Joan Rigol. A ellos se unió en enero de 2014 el socialista José Enrique Serrano, hombre de confianza del entonces secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Pero esa performance que pretende presentar a populares y socialistas como traidores a la patria por dialogar con los independentistas —a los que Vox otorgaría como máxima concesión la posibilidad de “pintar de amarillo los barrotes de su celda”, como dijo el propio Ortega Smith— no se va a producir. Marchena quiere controlar los tiempos de los interrogatorios al máximo para que el juicio no se prolongue más allá de las elecciones del 28 de abril y cortará cualquier pregunta que desborde el objeto del procedimiento, es decir, el proceso político que derivó en la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia y la suspensión de la autonomía catalana tras la activación del artículo 155 de la Constitución.

Por eso, el interrogatorio a Rajoy, que abrirá Vox porque fue el primero en pedir la comparecencia, se centrará en las tres cartas surrealistas que se intercambió con Puigdemont entre los días 11 y 16 de octubre de 2017. Como Gila llamando al enemigo para aplazar la guerra mientras durara el partido que echaban por la tele, Rajoy preguntó al líder catalán si había declarado o no la independencia cuando el día 10 asumió el mandato del referéndum y a los siete segundos suspendió sus efectos, haciendo pasar del júbilo a la desazón a los manifestantes que se congregaban en el parc de la Ciutadella.

Once días después de su inicio, el juicio se ha bifurcado en dos senderos igual de apasionantes. El jurídico, con Jordi Sànchez combatiendo las acusaciones por rebelión y sedición con el argumento de que la única violencia que hubo por parte de los independentistas fueron los destrozos aislados que sufrieron siete coches de la Guardia Civil; y el político, con Oriol Junqueras exponiendo el plan que tiene en la cabeza para alcanzar la República Independiente de Catalunya y Santi Vila lamentándose en voz alta por el acuerdo antes del desastre que pudo ser y no fue. En ninguno de esos senderos está Vox, aunque sus dirigentes podrán dedicar el resto del juicio a seguir saludando a los policías que lo custodian.

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