2017: año de Congresos
El artículo 6 de la Constitución española está dedicado a los partidos políticos. A ellos se les reconoce la capacidad para expresar el pluralismo político como uno de los valores constitucionales junto al de igualdad, libertad y justicia. La Constitución les encomienda también la función de contribuir a la formación y manifestación de la voluntad popular y les considera un instrumento para la participación política. Para cumplir con las funciones asignadas, la Constitución declara que la estructura interna de los partidos y su funcionamiento deberán ser democráticos.
Han pasado ya casi cuarenta años desde que se redactó el citado precepto constitucional. Desde entonces hasta hoy el sistema de partidos en España ha sufrido modificaciones significativas en lo que al número y tipo de partidos se refiere, ofreciendo un panorama actual plural tanto en cultura organizativa como en funcionamiento. Así, en el momento presente conviven partidos con más de ciento treinta años de historia con otros de creación muy reciente como es el caso de Podemos y Ciudadanos; los hay con vocación nacional y otros de pretensión puramente territorial; también existen partidos que ofrecen una estructura de funcionamiento de corte más asambleario, frente a modelos de gestión más jerarquizada.
Tanto unos como otros parecen compartir, sin embargo, una situación de crisis interna de cierta magnitud no sólo como consecuencia de las luchas de poder propias de cualquier estructura de esta naturaleza, sino también como expresión de las necesarias transformaciones que los partidos necesitan acometer para seguir siendo instrumentos de utilidad para una ciudadanía que les observa con profunda desconfianza. De hecho, el debate actual en torno a los partidos políticos está profundamente marcado por la pérdida de gran parte del respeto institucional que estas organizaciones habían acumulado en la sociedad española durante los primeros años de la democracia y que difícilmente podrán recuperar sin acometer reformas de cierta entidad que se acomoden a las exigencias que demanda una ciudadanía crítica.
En un contexto de crisis de confianza como el señalado, el PP, el PSOE, Ciudadanos y Podemos celebran sus Congresos a lo largo del 2017. En ellos, los partidos elegirán a sus líderes, actualizarán el marco ideológico en el que operan y definirán su posicionamiento sobre los grandes temas que preocupan a la ciudadanía. Las ponencias políticas que en la actualidad se preparan para su aprobación en cada uno de los Congresos citados deberán abordar, entre otros aspectos, el relativo al modelo de partido político al que aspira cada organización. En este sentido, entendemos que resulta apropiado ofrecer algunas propuestas de cambio sobre, al menos, dos aspectos. El primero tiene que ver con la configuración democrática de las estructuras y el funcionamiento de los citados partidos en los términos requeridos por la propia Constitución. Así, parece razonable incorporar para la discusión el sistema de primarias como método de participación de militantes y simpatizantes en la selección de los cuadros del partido, proponer listas abiertas para poder elegir a los representantes en función del grado de confianza que generan en los electores, incorporar mecanismos más contundentes para hacer efectiva la responsabilidad política o, incluso, limitar los términos en los que se gestiona actualmente el mandato imperativo.
El segundo de los aspectos que debería centrar el debate en el marco de este proceso de transformación de los partidos políticos exige detenerse en el desmesurado poder que tales organizaciones han ido acumulando y que se hace evidente, desgraciadamente, en algunas instituciones del Estado. De hecho, los partidos políticos han desbordado las funciones constitucionalmente encomendadas haciéndose protagonistas de los procesos de selección de los miembros de instituciones tan significativas como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o cualquiera de los organismos reguladores del mercado y la economía, entre otros. Este proceso de colonización institucional ha tenido lugar a través del férreo control que los partidos políticos han ejercido sobre los procesos de nombramiento de los miembros de muchas de las instituciones ya citadas produciendo en ellas un deterioro significativo. ¿Hasta cuándo una democracia moderna puede renunciar a procesos de selección mediante convocatorias públicas que incorporen un proceso selectivo riguroso en el que se reconozca exclusivamente el mérito y la capacidad de los candidatos?
Nadie discute la importancia de los partidos políticos en un sistema de democracia representativa, sin embargo, parece evidente que todos, en mayor o menor medida, requieren someterse a un proceso de regeneración o actualización que les permita recuperar parte del prestigio perdido. El debate difícilmente puede posponerse más. Los problemas ya han sido diagnosticados. A lo largo de 2017 deberíamos tener las respuestas.
