A beneficio del PP
Está pasando relativamente desapercibido uno de los esfuerzos de manipulación jurídica más ingentes del Partido Popular. Seguir mandando es su empeño más evidente pero para ello deben dedicar esfuerzos a las cuestiones que podrían enturbiar aún más el escenario actual. Una de estos movimientos colaterales lo encontramos en la ingeniería jurídica desplegada en torno al procedimiento judicial sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas. Los medios lo estamos tratando como si fuera un entretenimiento o aperitivo entre los grandes casos de corrupción y el complicado calendario judicial que le aguarda al partido de Mariano. No es el caso. El PP se juega aquí una cuestión decisiva y los movimientos que se aprecian en la superficie nos hablan de la importante marejada de fondo en el interior del partido.
Cuando la Justicia apunta al corazón del poder, oímos rechinar todos los mecanismos. Eso está sucediendo en este caso aparentemente menos relevante. No se trata sólo de si se dieron martillazos a unos ordenadores que contenían datos que les podían perjudicar, que también, sino del hecho incuestionable de que se trata del procedimiento judicial que más cerca está de la condena del partido como persona jurídica. De hecho, estando en el inicial estado de imputado en otros dos casos, en éste se ha producido ya el procesamiento del Partido Popular.
Esto ha desatado todas las alarmas. Me parece estar oyendo las sirenas de alerta que llaman a cubierta a todas las mentes jurídicas afectas y que ponen en marcha todos los sistemas salvavidas que pueden activarse cuando uno tiene todavía las riendas del poder. La condena como persona jurídica del PP supondría el reconocimiento por primera vez de que los delitos de que se acusan a sus miembros destacados se habrían cometido “en beneficio directo o indirecto del PP” tal y como recoge el artículo 31 bis del Código Penal.
¿Y no es esa la clave de todo el lodazal que contemplamos atónitos? ¿No es la cuestión de fondo probar una certeza que todos tenemos, es decir, que Taula, Gürtel u otros casos tuvieron como objeto el beneficio del Partido Popular? ¿que la propia organización delinquió? ¿que no es cierto que se trate de elementos aislados que se aprovecharon para su lucro? Tampoco es baladí que se pidan penas para este partido que incluyen incluso la suspensión de las actividades. ¿Se imaginan que un juez suspende al Partido Popular de actividad?
El caso de los ordenadores machacados iba camino de ser la primera ocasión en el que el PP se arriesgaba a ser condenado por delinquir con todas sus consecuencias. Así que la manipulación del sistema para lograr neutralizar el procedimiento está en marcha. En primer lugar tenemos la recusación de la juez que lo instruye, Rosa Freire, por una cuestión tan peregrina como que una vez fue llamada como experta por el PSOE a una comisión parlamentaria. Ojo con este tema porque si el hecho de que cualquier técnico acuda a asesorar a los diputados le contamina políticamente, entonces el Parlamento no podrá contar con la ayuda de ningún experto independiente. Una recusación absurda que no se formuló al principio del procedimiento sino ahora cuando la instrucción está terminada y la aceptación de la recusación anularía todo lo actuado hasta ahora. ¿Curioso, no? No han activado la inapropiada recusación sino como cartucho que puede detonar todo el procedimiento.
La recusación deberá verla una sala de la Audiencia Provincial en la que hemos de confiar predominen los profesionales sobre los dóciles. Si prosperara, el procedimiento iría a parar a la juez Valcarce. Una magistrada que cree que Granados ha sido “el mejor consejero de Justicia de Madrid” y que ha dejado languidecer el Caso Espías en la Comunidad de Madrid. Dejar morir el sueño de los injustos a un proceso puede tener grandes premios. Todavía recuerdo a la juez de Instrucción de Madrid que rindió grandes servicios a Díaz Ferrán retardando el Caso Aerolíneas Argentinas durante años en una época en la que el empresario era aún aplaudido por el poder. Esa misma juez que favoreció al PP en uno de los casos emblemáticamente más politizados de los últimos tiempos: el Caso del Ácido Bórico. Y ello teniendo como tengo la certeza de que siendo juez de Plaza de Castilla, consultaba con un vocal del CGPJ nombrado por la cuota del PP sobre el contenido de los autos. Esto no lo digo de oídas, puesto que fui testigo. Esta juez fue después propulsada a las altas esferas de la judicatura y disfruto del sueldo y mando de vocal del CGPJ ella misma. Esto sólo prueba,una vez más, que ciertas lentitudes y afinidades dan buen resultado en la vida.
No sólo está la recusación y el intento de anulación. Bárcenas se nos ha descolgado diciendo que renuncia a acusar en este procedimiento “por motivos económicos”. Es evidente que nadie se ha creído tal justificación de la inusitada actitud del ex tesorero. Casi todo el mundo considera más plausible la explicación de que Bárcenas ha negociado con el PP retirar esta acusación para lograr salvar a su Rosalía en los juicios que se avecinan. ¿Somos conscientes de que asumir esta explicación supone aceptar que el PP tiene potestad sobre el horizonte penal de la mujer de Luis? Eso supone dar por hecho que un partido puede utilizar y manejar la Fiscalía para poder cumplir su parte del pacto. Ahí lo dejo.
Con la retirada de la acusación de Bárcenas, que es el perjudicado por el delito informático, y si falla el otro escenario, el PP podría intentar aplicar la doctrina Botín para anular la legitimación de las otras acusaciones populares.
Todo vale para neutralizar el Caso Disco Duro. Ese caso que parece tan poco decisivo y que, sin embargo, amenaza con convertir por primera vez al Partido Popular en beneficiario directo de los delitos cometidos por uno de sus tesoreros. Ahí es nada. No me digan que no urge, por sanidad democrática, evitar que tal organización política siga controlando los hilos del poder.
