La conferencia de presidentes como expresión de una falta de cultura federal
El 28 de octubre de 2004 se constituyó en España la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Aunque la Conferencia de Presidencia nació con la vocación de reunirse una vez al año, desde su constitución únicamente ha sido convocada en cinco ocasiones: el 10 de septiembre de 2005, el 11 de enero de 2007 y el 14 de diciembre de 2009 durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero; y el 2 de octubre de 2012 y el 17 de enero de 2017 con los gobiernos presididos por Mariano Rajoy.
La Conferencia de Presidentes es, sin duda, el foro adecuado para, en los términos que detalla su propio reglamento interno de funcionamiento, debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías, que afectan a los ámbitos competenciales estatal y autonómico. Se trata, en suma, de un mecanismo necesario en el entramado institucional de un Estado descentralizado como el nuestro que precisa, de forma urgente, de impulsos significativos para incrementar los mecanismos de coordinación de cada una de las partes que configuran nuestro Estado de las Autonomías.
Nadie puede esperar que las reuniones de la Conferencia de Presidentes resuelvan los problemas que aquejan a los ciudadanos, aunque en ellas se aborden cuestiones importantes como la financiación sanitaria (Conferencia de Presidentes de 2005), la investigación, desarrollo tecnológico e innovación (2007), la violencia de género (2009), las cuestiones de estabilidad fiscal, situación económica y laboral de España (2012) o las políticas de empleo, la protección civil, la estrategia nacional frente al reto demográfico, el pacto social y político por la educación, el desarrollo y aplicación de la ley de garantía de la unidad de mercado, administración digital y empleo público, la tarjeta social, los mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, la sostenibilidad del estado del bienestar y la reforma de la financiación autonómica, entre otros temas sobre los que se ha pronunciado la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero.
No se trata, ni mucho menos, de hacer de la Conferencia de Presidentes un órgano ejecutivo, simplemente creemos que habría merecido la pena su creación si su convocatoria periódica permitiera incrementar progresivamente las dosis de confianza, lealtad y respeto institucional con las que necesariamente las distintas administraciones propias de un Estado descentralizado deben articular su relación para el mejor desempeño de sus competencias.
Para que ello ocurra es imprescindible, sin embargo, que los dos componentes de nuestro Estado de las Autonomías: Gobierno y Comunidades Autónomas asuman un comportamiento caracterizado por una exquisita cooperación leal recíproca. De tal manera que, en lo que afecta a la Conferencia de Presidentes, quien tiene la responsabilidad de convocar las reuniones (Gobierno) debe sentirse obligado a hacerlo con carácter anual y, además, debe dotar a dicha convocatoria de un contenido adecuado al nivel de representación política que el órgano tiene. Por su parte, quien está llamado a asistir a dicha reunión (Comunidades Autónomas) debe considerar su presencia una cita ineludible en la medida en que su representación en la Conferencia de Presidentes constituye una manifestación respetuosa del autogobierno que la Constitución reconoce a los distintos territorios.
Nada de esto, sin embargo, se ha podido lograr durante la breve historia que acumula la Conferencia de Presidentes o, al menos, no en las dosis adecuadas. Así lo acredita la imposibilidad de sostener la Conferencia de Presidentes en su configuración de reunión anual, la ausencia destacada de representantes de algunas Comunidades Autónomas en algunas de las reuniones, como ha sido el caso del País Vasco y Cataluña en la cita del pasado martes, o el bajo perfil de alguno de los temas que han sido incluidos en el orden del día de estas convocatorias.
Con todo, nada de todo lo expuesto nos impiden renegar de nuestra obligación de reclamar la importancia de normalizar, consolidar y profundizar en el funcionamiento de mecanismos de coordinación territorial para garantizar un mejor funcionamiento del Estado, máxime cuando apreciamos pruebas evidentes —en el plano central y también en el autonómico— de cómo en España todavía no se han asumido plenamente las lógicas de funcionamiento de un Estado con pretendida vocación federal.
