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La conjura de los médicos

Por un lado tenemos la opinión de cuatro especialistas y el respaldo institucional de la sociedad que los representa

Por otro, el criterio del fiscal del caso de Zaplana y de los médicos forenses, expertos en medicina legal pero sin conocimiento específico ninguno del caso que nos ocupa

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Aznar apela a una solución "humanitaria y compasiva" para Zaplana, en prisión con leucemia "con riesgo claro de muerte"

Eduardo Zaplana, en una imagen de archivo

"El desdén actual por la ciencia puede constatarse en ámbitos sorprendentes: no sólo entre fundamentalistas religiosos y políticos ignorantes sino también entre muchos intelectuales y en nuestras más augustas instituciones"
Steven Pinker. En defensa de la Ilustración

No quiere caldo y le dan dos tazas. La juez valenciana Isabel Rodríguez se encontró ayer sobre su mesa un comunicado de la Sociedad Española de Hematología, firmado por su presidente, en el que se revalidan todas las afirmaciones científicas vertidas por el jefe de Hematología del Hospital La Fe de Valencia sobre el estado de Eduardo Zaplana, que ya les conté en –¡Salvad a Zaplana!. El informe va firmado por su presidente, Jorge Sierra, el mismo jefe de Hematología del Hospital St Creus i Sant Pau de Barcelona.

No sólo es el membrete de una sociedad que aglutina a la mayoría de los hematólogos de este país el que le vuelve a repetir a la magistrada que sus pretensiones sobre cómo tratar a Zaplana en prisión preventiva son erróneas y ponen en riesgo la vida del paciente, sino que le aportan dos informes técnicos emitidos por sendos especialistas que no tienen ninguna relación personal con su imputado. De hecho, con los datos científicos existentes, tanto la Jefa de Servicio y Coordinadora de la Unidad de Trasplantes del Hospital La Princesa de Madrid como su homónimo del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona concluyen exactamente lo mismo que su colega valenciano al que la juez llama displicentemente "el médico de la familia": que el riesgo de muerte de Eduardo Zaplana en prisión o en un hospital penitenciario es muy alto y que precisa de un entorno mucho más estéril en el que pueda recibir cuidados especializados de forma regular y sin demora alguna. Como se ven son ya cuatro los jefes de servicio de Hematología y trasplantes los que se han conjurado para insistirle a la juez en que su valoración del estado de un preso preventivo no está siendo la adecuada.

Así que por un lado tenemos la opinión de cuatro especialistas, y el respaldo institucional de la sociedad que los representa, y por otro, el criterio del fiscal del caso y de los médicos forenses, expertos en medicina legal pero sin conocimiento específico ninguno del caso que nos ocupa. Junto a ellos la convicción hasta ahora inamovible de la juez de Instrucción que se supone que aplicando la sana crítica, como indica la ley, está convencida de que esta persona puede fácilmente convertirse en un fugitivo que vaya dando tumbos a espaldas de su jurisdicción hasta llegar a uno de esos hospitales que según ella dice "también hay en los paraísos fiscales".

¿Alguien puede creer que profesionales de tal calibre, de tal prestigio y de tan aquilatada trayectoria, empeñarían su nombre y su deontología profesional para proteger a un señor determinado y permitirle que salga de prisión y desbarate el procedimiento? No, más bien se trata de que son lo que dicen ser y lo son con todas las consecuencias. Aún así el criterio de la juez de Instrucción y los magistrados de la Audiencia que le revalidan los autos de prisión está por encima del de todos ellos. Es más, no creo que me equivoque si les aviso que la magistrada va a hacer caso omiso de estos informes porque ella no los ha pedido y porque los doctores no son parte en la causa. Hará falta pues que sea el abogado de Zaplana, Daniel Campos,el que los introduzca legalmente y, en ese momento, la juez podrá considerarlos ya "informes de parte" puesto que será una parte la que los haya aportado al procedimiento. Kafkiano. No se cómo lo gestionará ella pero hace falta creerse más listo que nadie para estar seguro de que todos los que más saben te pretenden engañar.

Este caso pone sobre la mesa algunas cuestiones de calado que van más allá del caso en concreto. Una de ellas es la de la minusvaloración del conocimiento científico y la pérdida del principio de autoridad que antes regía a la hora de valorar el peso de las fuentes del conocimiento. Nunca hubiera pensado que desde un análisis lógico y racional, de acuerdo a las leyes de la sana crítica como indica la ley, pudiera sostenerse que cuatro especialistas jefes de hospitales públicos prestigiosos de este país se pusieran de acuerdo para proteger a un presunto delincuente y ayudarle a sortear la acción de la justicia. Nunca se me hubiera ocurrido que la opinión de uno o varios médicos forenses, sin ninguna especialización en hematología, ni en leucemias, ni mucho menos en trasplantes con rechazo, pudiera tener más peso científico que la de los que han dedicado su vida a ello. Sucede, no sólo en este caso, que "en España a veces, la prueba pericial forense goza de una extraña credibilidad por parte de algunos jueces que parecen centrarse más en quién dice que en lo que se dice", dicen los criminólogos. Creo que lo sensato y lo deontológico por parte de unos forenses que en mayo vieron el riesgo y en septiembre, sin saberse por qué, rectificaron sería emitir un nuevo informe en el que consideraran las aportaciones de los expertos. También sería honesto y justo que la juez se lo requiriera, así como un nuevo informe fiscal a la vista de estas aportaciones.

Preocupa pensar que la valoración de las aportaciones técnico-científicas complejas pueda depender tanto del arbitrio de un juez omnímodo en un procedimiento en el que el imputado tiene aún toda la presunción de inocencia. Da miedo pensar, que quienes se pueden equivocar sin consecuencias, pudieran empecinarse más allá de lo racionalmente indicado en mantener posturas que no son las que la ley demanda de ellos. Porque en esas normas de valoración se incluye, desde luego, la cualificación profesional de los peritos, la racionalidad de sus conclusiones y la ausencia de contradicciones y, en este caso, todo ello juega contra el criterio de la juez Isabel Rodríguez y del fiscal Pablo Ponce.

A veces hay casos en los que merece la pena comprometerse porque en sí mismos encierran muchas batallas que es preciso dar y muchos derechos que es preciso defender. Guillermo Sanz, el eminente hematólogo que ha iniciado esta pelea para evitar que un hombre, que se apellida Zaplana y que fue político, pero que ahora es un paciente no sea sometido a sufrimientos innecesarios ni a tratos degradantes o que pongan en peligro su vida, lo tiene claro: "Lo hago porque si no estuviera haciéndolo estaría fracasando como médico y como persona".

Hay luchas necesarias y todos sabemos cuando nos toca emprenderlas. Yo, al menos, lo intento.

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