La engañifa de las comisiones de expertos
Al Partido Popular le encantan las comisiones de expertos independientes. En lo que lleva de gobierno ya ha formado unas cuantas y sobre las cuestiones más variopintas. El ministro Wert ha creado una para la reforma de la universidad española y otra para uno de sus temas favoritos: el fomento y la protección de la tauromaquia. Además, desde el Ministerio de la Presidencia se nombró una que diseñara propuestas para una futura ley de transparencia y el Ministerio del Interior hizo lo propio para la reforma de la ley electoral general relativa al voto de los “exiliados” vascos y navarros. Incluso la reforma de la Administración pública recientemente anunciada también contará con un consejo asesor -formado por representantes de las empresas, sindicatos, consumidores y académicos- que elaborará y discutirá propuestas con la comisión interministerial que impulsará el proceso.
Debe de ser el signo de los nuevos tiempos políticos. Ofrecer canales y espacios de participación a técnicos que, de forma totalmente independiente, desinteresada y movidos solo por su expertise en la materia, contribuyan de forma decisiva a un mejor gobierno de los asuntos públicos. Es decir, a la gobernanza; un difuso concepto sugerido en 1989 por el Banco Mundial -según afirma el politólogo Claus Offe-, bajo el que se recogen todas estas fórmulas que abren el proceso de creación de normas jurídicas en múltiples niveles y a distintos sujetos que cooperan entre sí únicamente guiados por la búsqueda de la mejor opción para el bien común. Sin embargo, varias son las trampas que oculta este discurso repleto de términos tan aparentemente atractivos como consulta, diálogo, consenso y participación.
Para empezar, el recurso a las comisiones de expertos no es más que una forma de ganar tiempo a la espera de que llegue el informe requerido. O una pantalla para desviar la atención, como sucede en el caso de la universidad. Mientras los expertos marean la perdiz, Wert ha adoptado ya por decreto algunas decisiones que afectan a su futuro: ha subido tasas, recortado becas y paralizado la oferta pública de plazas de profesorado. En este sentido, peor ha sido la experiencia de la comisión sobre la ley de transparencia: el Gobierno presentó el anteproyecto de ley cuando los trabajos de la comisión aún no habían terminado. Eso sí, la foto de los expertos reunidos era digna del mejor marketing político.
Mucho es lo que se esconde tras la palabra “experto”. Y más si va asociada, como suele pasar, con la de “independiente”. Porque la suma de ambas, en boca de un responsable político, suele ser un sinónimo de alguien que va a proponer algo que no se separará mucho de sus propias intenciones y deseos. Baste un ejemplo para comprobarlo: en el caso antes citado de los “exiliados” vascos y navarros, la comisión de expertos afirmó que la reforma de la ley electoral para que aquellos pudieran votar en estas comunidades autónomas aun sin residir en ellas era plenamente compatible con la Constitución. ¿Alguien dudaba que esta sería la conclusión de su dictamen? Con los expertos independientes sucede lo mismo que con los magistrados del Tribunal Constitucional, los cuales no suelen apartarse del criterio del partido político que los propuso para el cargo.
“Quien paga al flautista, elige la melodía”. Quizá sea esta la frase que mejor resuma esta forma de hacer política que consiste en recurrir a las comisiones de expertos como criterio de autoridad “técnica” desde la que basar decisiones ideológicas. Porque expertos hay muchos y de muy variado signo, de manera que la elección de unos frente a otros responde, evidentemente, a razones de afinidad política o ideológica. Así se pone de manifiesto en la mayoría de las ocasiones en que se ha recurrido a esta fórmula. Por supuesto que el Gobierno es libre de recabar la opinión de cuantas personas considere necesario. Faltaría más. Pero si necesita apoyo técnico para desarrollar sus iniciativas políticas, que acuda a los suyos, a la fundación FAES o a los numerosos think tanks que pululan alrededor de su universo ideológico. Lo que resulta a todas luces inadmisible es que esconda su particular opción política bajo el manto de una supuesta capacitación técnica “desideologizada” y “despolitizada”.
Asimismo, los informes y recomendaciones de expertos pueden servir también para esconderse detrás de ellos. Son una buena estratagema para repartir los riesgos y no asumir todos los costes del fracaso de una determinada política. A fin de cuentas, si esta no cumple sus objetivos, el Gobierno siempre podrá alegar que se basó en lo que los expertos le indicaron. Conociendo al personaje, ¿alguien cree que no sería este el caso del ministro Wert? Una vez más, la técnica es utilizada para enmascar la política; en este caso, para diluir la responsabilidad política inherente a la toma de decisiones. Gobernar es elegir entre diversas opciones de acuerdo con ciertos principios. Después vendrán técnicos, asesores y expertos a perfilarla, presentarla mejor o dar la redacción jurídica adecuada. Pero la decisión inicial es siempre política y cargada de ideología.
Volvamos, para terminar, al ejemplo de la comisión de expertos sobre la universidad. Es claro que la tan traída y llevada reforma puede realizarse desde diferentes posiciones ideológicas y destacando ciertos aspectos frente a otros. Desde esta premisa, caben pocas dudas de que los resultados de esa comisión primarán, entre otras cosas, la mejora de la gobernanza de la institución y la eliminación de la endogamia. A juzgar por los planes del PP para la universidad pública, ello se traducirá previsiblemente en dos propuestas concretas: una, la elección del rector por criterios de mercado y al margen de la voluntad de la comunidad universitaria; y otra, la flexibilización y progresiva “desfuncionarización” del futuro profesorado, condenado en el mejor de los mundos posibles a transitar de contrato en contrato -temporal, por supuesto- hasta la edad de su jubilación.
Avaladas por el objetivo y desinteresado criterio técnico, estas medidas no son otra cosa que la puesta en práctica de dos principios típicos de una manera parcial, subjetiva e interesada de concebir la universidad. En el primer caso, que la democracia perjudica seriamente su buen gobierno; y en el segundo, que la estabilidad laboral del profesorado es una rémora para la excelencia. Mucho me temo que sobre estas líneas girará la actuación de la comisión de expertos. Ocasión tendremos en breve de comprobarlo, dado que su informe se espera para las próximas fechas. A su lectura quedamos emplazados.
