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¿Qué esconde la comisión para la reforma territorial?

Aunque fuera prácticamente estéril o puramente electoralista, quienes corren el riesgo de parecer estériles y boicoteadores no serán aquellos que la conforman, sino quienes no forman parte de ella

El presidente de la Comisión territorial del Congreso llama a buscar acuerdos sin pagar "peajes indebidos a nadie"

José Enrique Serrano, Patxi López y Adriana Lastra en la comisión territorial

De la reforma constitucional o de un eventual proceso constituyente llevamos hablando desde hace casi dos años, y aunque no se ha avanzado nada en este tiempo, hoy es evidente que el debate ya no puede contenerse. Necesitamos reflexionar serena y democráticamente sobre nuestra Constitución y sobre el nuevo pacto de convivencia que queremos. Sin embargo, lamentablemente, la conformación de la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico que echó andar hace unas semanas, impulsada por el PSOE con pretensión de reformar la Constitución, se ha producido en el peor de los escenarios posibles; ha nacido lastrada, sin consenso, y con los frenos de emergencia claramente activados.

PDeCAT, ERC, PNV y Unidos Podemos rechazaron participar en la comisión habida cuenta del modo en que se está manejando la cuestión catalana desde el Gobierno central y sus aledaños; Ciudadanos decidió sumarse aunque con expresa desidia y en la idea de que podría ser una “pista de aterrizaje” para los nacionalistas o incluso un premio para los que “han dado un golpe de Estado” ; y el PP dejó claro que no tenía ningún interés en reformar la Constitución, a pesar de ostentar la mayor parte de los cargos en la Mesa que preside la comisión. Su idea es mantener el “consenso” del 78 porque los problemas de España no están en la Constitución, y en ningún caso derivar hacia fórmulas federalistas o hacer mínimas concesiones a los nacionalismos periféricos.

De manera que el PSOE parece haberse quedado atrapado, una vez más, en la misma lógica que originó el problema al que ahora pretende dar solución. Porque la situación que se vive en Catalunya se debe, precisamente, a la resistencia pertinaz que ha mostrado siempre la derecha (PP/Cs) frente a cualquier interpretación flexible, adecuada y adaptada del texto constitucional (una que facilitara, por ejemplo, la celebración de ese referéndum pactado y con garantías que pedían los catalanes).

Sin duda Sánchez quiere dar sensación de movimiento, pero ¿por qué se mueve siempre, de forma fallida, en dirección a los mismos aliados? ¿Piensa seriamente que la derecha va a sufrir ahora algún tipo de transfiguración justo en el momento en el que puede sacarle un gran rédito electoral a la aplicación de su 155? Resulta difícil de creer.

Más bien se diría que el PSOE ha querido apoyar el 155 con una mano para poder defender un Estado federal con la otra: apuntalar un Estado central que lamina el autogobierno de las Comunidades Autónomas y vulnera la autonomía local, mientras apuesta por una España federal y felizmente autogobernada. La cuestión es que, si esto ya resulta en sí mismo complicado y algo esquizofrénico, más complicado resulta hacerlo con idénticos aliados. Todos sabemos que, si el PSOE no hubiera dado su apoyo al 155, hoy no estaríamos frente al problema que el mismo PSOE pretende resolver con esta comisión territorial.

En fin, es sorprendente que se pretenda ser juez y parte, sin apenas gesticular, aunque está claro también que la jugada podría ser rentable para el PSOE, tanto en términos tácticos como simbólicos, porque esta comisión puede acabar reflejando una imagen invertida de Unidos Podemos y de los Comunes en pleno proceso electoral catalán. La justificada ausencia de unos y de otros puede utilizarse para proyectarlos como formaciones o bien pasivas y bloqueadas frente a la crisis, o bien asimiladas al bloque secesionista o a una sensibilidad nacionalista que evidentemente no tienen.

Aunque la comisión fuera prácticamente estéril o puramente electoralista, quienes corren el riesgo de parecer estériles y boicoteadores no son aquellos que la conforman, sino quienes no forman parte de ella. Y este será el ‘frame’ en el que habrá de moverse CatComú-Podem en las elecciones catalanas, por más que se haya opuesto con la misma severidad a la DUI y al uso anticonstitucional que del 155 ha hecho el muy constitucionalista bloque “constitucionalista”. Revertir la imagen invertida de este espejo deformante será uno de los retos de mayor complejidad que tendrá por delante.

Aunque nos pese, es obvio que la crisis catalana ha abierto una ventana de oportunidad para la Restauración y que el PP/Cs están dispuestos a aprovecharla (de hecho, lejos de resolverla, se han dedicado a estimular su desborde). Ambos saben que no es el momento de bloquear una reforma constitucional sino, más bien, de forzar una reforma reactiva que cierre durante décadas la inercia que despertó el 15M, que debilite a Podemos, y que acabe por imponer la versión más nostálgica y conservadora de la Transición y el Régimen del 78. Esto explica que, con todas sus contradicciones, ninguno de estos partidos esté dispuesto a abandonar la comisión territorial y que el PP se haya adelantado, incluso, a controlarla.

Sin embargo, está por ver que semejante estrategia llegue a funcionar, más allá del estricto y cortoplacista cálculo electoral, porque no será fácil domesticar el proceso constituyente que se inició hace años en las calles y que Catalunya ha terminado desbocando, y menos aún si tal cosa pretende hacerse a base de comisiones tácticas, performativas y de dudoso recorrido.

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