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Así habló, no Zaratustra, sino Sánchez

Pedro Sánchez, tras su declaración institucional sin preguntas tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.

Esther Palomera

Respeto y acatamiento, que “significa el íntegro cumplimiento de la sentencia” del Tribunal Supremo sobre el procés. Así habló, no Zaratustra, sino Pedro Sánchez, nada más conocer la decisión del Supremo sobre el futuro penitenciario de los líderes del independentismo. “Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento”, añadió. Solemnizar lo obvio sin admitir preguntas. Una de ellas pudo haber sido si al decir “cumplimiento íntegro de la sentencia” quería decir o no cumplimiento íntegro de las penas. No hubo ocasión.

Todo indica, como ha declarado a eldiario.es Diego López Garrido, el ponente del delito de rebelión en el Código Penal, que los condenados no estarán mucho tiempo en prisión porque las penas impuestas permiten flexibilizar el régimen penitenciario cuando hayan cumplido una cuarta parte de la condena. Los Jordis están a punto de hacerlo y Junqueras podrá hacerlo en menos de año y medio. Es la ley.

Pero ante una sentencia histórica que llega a las puertas de unas elecciones, el presidente en funciones, que ahora se prodiga tanto en los medios, sólo quiso comparecer en esta ocasión para alabar el trabajo del Alto Tribunal y destacar algunos principios de la Constitución: la igualdad entre ciudadanos, la diversidad territorial, la inviolabilidad del territorio y la defensa de la soberanía nacional. Impecable alocución.

Luego ya llegaría la Secretaría de Estado de Comunicación para liarla parda con sus mensajes selectivos a la prensa y defender sin sonrojo que el Gobierno “ha trabajado intensamente para facilitar la reactivación de la euroorden [contra Puigdemont]” y que “ha puesto a disposición del juez Llarena a la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal”. Ahí es nada. ¡Montesquieu no era nadie! y lo de la separación de poderes si eso ya tal...

Más allá de la torpeza, la sentencia que condena a penas de entre 9 y 13 años a Oriol Junqueras y a otros líderes del procés por sedición y malversación, recuerda al eterno retorno de lo idéntico que dejó escrito Nietzsche en Así habló Zaratustra, su texto más célebre. Aquella concepción filosófica del tiempo como concepto circular de los acontecimientos según la cual la historia no sería lineal, sino cíclica, y en la que los hechos se repiten. También en lo que respecta al conflicto catalán.

El 1-O, la DUI, la fractura social, el problema político… Todo lo vivido en los últimos años en Catalunya fue consecuencia de la nefasta gestión política que hizo la derecha sobre la sentencia dictada en 2010 por el Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Años más tarde, un irreconocible PP admitía, por boca de Xavier García-Abiol, que su campaña de recogida de firmas contra el texto autonómico fue un error, “una acción poco afortunada, que fue entendida como una agresión”.

Algunos dirigentes populares, aunque tarde, entonaron el mea culpa por usar el conflicto en beneficio propio para arañar un puñado de votos en el resto de España. Y ahora es un Gobierno socialista quien ha fiado su suerte en la campaña electoral a Catalunya y, sobre todo, a un discurso de firmeza contra el independentismo. No parece que Quim Torra esté dispuesto a ir a la cárcel, sino más bien a jugar una escaramuza electoral a ERC al delegar la respuesta institucional a la sentencia en el Parlament. Hoy más que nunca está en juego la unidad -o la división definitiva- del independentismo. Por eso el Gobierno debiera medir su respuesta sin sobreactuaciones innecesarias.

Ni España es una dictadura ni Catalunya es víctima de ninguna opresión del Estado. Una exigua mayoría intentó imponer su programa saltándose el ordenamiento constitucional. Ha habido una sentencia después de un juicio imparcial que ha contado con todas las garantías procesales. Ahora solo cabe el acatamiento y, si lo consideran los condenados, los recursos que estimen pertinentes. Las protestas, si son pacíficas, son un derecho constitucional que debe reconocerse. Y lo que queda es la pregunta: ¿y ahora qué? El problema persiste. Catalunya sigue dividida en dos mitades. El poder judicial ha dictado sentencia, pero hay un conflicto político de gran envergadura. Y todos los partidos, también el del Gobierno, enfocan solo hacia las urnas. Se repite la historia y las inquietudes siguen siendo las mismas que dejaron por escrito Ortega, Unamuno o Azaña. ¿Qué hemos aprendido?

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