La hora de los parlamentos
Parece obvio que tanto Mariano Rajoy como Carles Puigdemont se han inhabilitado con su trayectoria para poder dialogar, a fin de intentar buscar una salida al laberinto en que se encuentra en este momento el problema constitucional más importante, más antiguo y más persistente que ha tenido España: la integración de Catalunya en el Estado. Es inimaginable siquiera que puedan citarse para iniciar una conversación. Cada uno de ellos está preso de lo que han hecho y, sobre todo, de lo que han dicho a lo largo de estos últimos años. Ninguno de ellos dispone de la llave que les permitiría abrir la puerta de la prisión en la que ellos mismos se ha recluido.
Ante esta circunstancia únicamente hay un órgano tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma de Catalunya que puede tomar la iniciativa. El Congreso de los Diputados y el Parlament. Son los dos únicos órganos con legitimación democrática directa y que, como consecuencia de ello, pueden ponerse en movimiento en el momento en que lo estimen oportuno y coger el toro por los cuernos.
En el Estado Constitucional, en el español y en cualquier otro, una situación de bloqueo no puede soportarse más allá de un plazo sumamente breve. La disolución del ordenamiento constitucional es la alternativa inmediata. Más todavía cuando nos encontramos en una coyuntura muy compleja que viene prolongándose desde hace mucho. El margen temporal de maniobra del que disponemos es muy pequeño.
En mi opinión, la presidenta del Congreso de los Diputados debería reunir la Mesa del Congreso y convocar la Junta de Portavoces y tras el análisis de la situación y el debate correspondiente, con la asistencia, si es preciso de los servicios jurídicos de la Cámara, que para algo están, explorar qué vía se podría poner en marcha. Vía que no tiene que estar prevista en la Constitución, pero que obviamente no podría ser anticonstitucional.
En el Congreso de los Diputados hay un órgano especialmente apropiado para que se acudiera a él en la coyuntura en que nos encontramos. Me refiero a la Comisión Constitucional, que es el órgano al que la Constitución encomienda expresamente la negociación y control del Proyecto de Estatuto de Autonomías que aprueba el Parlament de la nacionalidad o región a fin de constituirse en Comunidad Autónoma.
La Constitución hace descansar el proceso de integración de las “nacionalidades y regiones que integran España” no en los Gobiernos sino en los Parlamentos. El proceso de integración es un compromiso entre el principio de unidad política del Estado y el derecho a la autonomía de la nacionalidad. El Congreso de los Diputados es el portador del principio de unidad. El Parlamento de la nacionalidad del derecho a la autonomía. No son los Gobiernos sino los Parlamentos los que deben ser los protagonistas de la negociación y de definir los términos de la integración de la parte en el todo.
Dado que nos encontramos ante un problema insoluble para los Gobiernos del Estado y de la Generalitat, ¿por qué no abrir un debate coral entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la Comisión correspondiente del Parlament, acordando parar el reloj durante el tiempo que ambas comisiones consideren que necesitan para intentar alcanzar una acuerdo, que puede ser sustantivo o procesal o mixto?
El Parlamento es el “patrón oro” de toda democracia digna de tal nombre. Es el único órgano que representa de manera completa la soberanía popular. Justamente por eso, puede actuar cuando ningún otro órgano puede hacerlo por razones jurídicas o fácticas. En caso de extrema necesidad es el único órgano al que se puede acudir.
En esas estamos.
