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Los imputados gobiernan Valencia


Dentro del grupo parlamentario popular en las cortes valencianas crece el exclusivo club de señorías a los que un juez ha imputado presuntos delitos relacionados con el ejercicio de su cargo. La lista, susceptible de aumentar en breve, asciende a día de hoy a un total de 10 diputados populares. Si esta decena de aforados decidiese formar un grupo propio, serían ya el tercero en representación en la cámara Valenciana, por encima de Izquierda Unida y Compromís. Y lo que es más importante, sin ellos el PP (ahora con 55 escaños) perdería la mayoría absoluta (fijada en 50 diputados).

El repaso matemático a estos datos explica la tibieza con la que el presidente Fabra actúa cada vez que uno de sus diputados resulta señalado como presunto delincuente por un auto judicial. La viva imagen de la impotencia de Fabra la escenificó el pasado viernes su número dos en el Consell, José Ciscar, durante una rueda de prensa en la que los periodistas le preguntaban por la "epidemia" de imputaciones mientras él se limitaba a echar balones fuera al explicar que Fabra no hará nada porque no tiene capacidad "legal" para hacerlo. Con esas palabras el presidente valenciano se sacude una semana que ha sido prolífica en los jurídico ya que en apenas unos días los jueces responsables de las investigaciones han pedido al TSJ la imputación del ya imputado y hasta hoy portavoz popular, Rafael Blasco y la de los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

Alberto Fabra llegó al poder tras la dimisión de Camps y enarboló la bandera de la tolerancia cero con la corrupción. Las urnas pronto le aclararon que el electorado valenciano no estaba muy por la labor de castigar al PP por sus devaneos con la ilegalidad. Sin embargo, la situación actual se ha complicado tanto con el creciente número de imputados que a Fabra no le vale ya con mirar hacia otro lado. Ese numeroso club podría hacerle caer si no gestiona satisfactoriamente las crisis que habitualmente genera mezclar política e imputaciones.

Además, Fabra tendrá que cuidarse de otro sector de aforados que sin estar imputados han sido colocados en sus puestos por quién sí lo está. Es el caso de la mayoría de los diputados de la provincia de Castellón a quien otro Fabra, en este caso Carlos, controla directamente.

La afirmación con la que la presidencia valenciana pretende hacer creer que no tiene margen de maniobra esconde otra verdad en su interior: Fabra sí tiene margen de maniobra. Podría expulsar del PP a los diputados con causas judiciales pendientes pero el gesto se llevaría por delante su mayoría absoluta en Las Cortes valencianas.

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