Las instituciones como herramienta para avanzar hacia una Economía Social y Solidaria

Parece que la sociedad del Estado español cada día es más consciente de que la filosofía de una buena economía basada en la acumulación monetaria solo es un espejismo. Ya lo hemos vivido y sabemos que el reparto no es real, que el dinero no fluye como se promulga, y que se produce un mero goteo, que nos genera la ilusión de la mejora. Que solo es eso, una ilusión, pero no un cambio real.

Desde la sociedad civil se plantean cambios reales, cambios que tampoco son nuevos, pero que hoy en día parece que se están reimpulsando y tienen sentido. Hablamos de impulsar una economía que tenga por objetivo la distribución de los recursos para la mejora de la vida de las personas y del planeta en el que vivimos.

Parece que no es tan difícil. Estamos encontrando alternativas reales y palpables que pueden generar una transformación. Sí, estamos hablando de la Economía Social y Solidaria (ESyS). Una economía que ya está en marcha en muchos sitios, una economía que es la del sentido común, la de la vida de barrio y de la cercanía, la del “me fían en la panadería de mi barrio”, la de “me invitan a comer en la casa de al lado”, la de la crianza en las plazas, la del consumo de productos de cercanía, la del trabajo digno, y un largo etc...En definitiva, una economía en la que se consuma lo necesario.

Estamos ante un nuevo paradigma, no solo se trata de ejercer una economía cercana, local, que genere mejoras en la vida de las personas, sino también se trata de ejercer una economía con claro espíritu de transformación de una sociedad individualista y consumista, hacía una sociedad colaborativa y respetuosa con el uso de los recursos y con las condiciones de vida de las personas.

Ante este cambio de paradigma son muchos los actores que deben interlocutar y poner esfuerzos en este cambio. La sociedad civil es la impulsora del cambio, ha presionado y presionará para que otros agentes pongan su granito de arena. Los gobiernos y las administraciones públicas, desde diferentes escalas, son los encargados de que la legislación sea favorable y mejore la EsyS, a través de cambios constitucionales, leyes marco, políticas públicas, leyes específicas y políticas locales, entre otras medidas. Crear un entorno jurídico favorable a este tipo de economía distinto es una decisión política.

Por ejemplo podemos tomar como referencia el reconocimiento que hizo Ecuador de la Economía Popular y Solidaria, en 2008, cuando la integró en su Constitución, definiéndola en su sección 283 como una visión que atraviesa todo el sistema económico y social y que está basada en el Buen Vivir y estableciendo un ministerio para la economía popular y solidaria. Otros ejemplos son Bolivia y Nepa, que aunque no hablan de ESyS en sus constituciones sí que recalcan en ellas términos que encaminan su economía hacia sistemas que cuidan la vida. Así, en Bolivia hablan de una economía basada en el Buen Vivir, Nepal garantiza la gestión de los comunes, como los bosques, por los usuarios de los mismos.

El reconocimiento constitucional como el que se ha producido en Ecuador, va acompañado de leyes marco, como “La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del sistema financiero”, que entró en vigor en el 2012. Otros países que también tienen leyes marco que regulan la ESyS son Colombia (Ley 484 aprobada en 1998) Francia (Ley nº 2014-856), Portugal (Ley 68 el 2013), España(Ley 5/2011), México (en 2012), Grecia (Ley marco 4019/2011) o Luxemburgo (proyecto de ley aprobado en 2015). Todas estas leyes tienen un contenido común: objeto o alcance de la ley, definición de la ESyS y, en particular, cuáles son las empresas, los principios y valores, y las medidas de implementación para mejorar la EsyS.

También está el modelo en el que todavía no hay un reconocimiento a nivel estatal, pero sí a nivel regional, que empieza a legislar en estos términos. Así, en Brasil 9 de los 27 estados contaban en 2011 con leyes de promoción del sector. En Italia varios municipios tienen leyes o reglamentos que regulan la economía social, y recientemente están trabajando para promover una ley nacional. En Buenos Aires, Argentina, el Senado y la Cámara de Diputados de la ciudad aprobaron una Ley para la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria. La Asamblea Nacional de Quebec (provincia de Canadá), aprobó la Ley de de Economía Social en 2013.

No obstante, las iniciativas de la ESyS, son iniciativas que las personas ponen en marcha para cubrir sus necesidades y las de su comunidad, y por lo tanto tienen un rasgo de proximidad muy vinculado a la vivienda, la agricultura, la cultura y el arte, el medio ambiente, el transporte, que fomentan sociedades más inclusivas, colaborativas, limpias y coherentes con la naturaleza. Este factor de proximidad hace que las autoridades locales sean clave en el fomento y desarrollo de la ESyS. En la actualidad, cada vez más autoridades locales reconocen este potencial y llevan a cabo acciones innovadoras a este nivel, como en Seúl, Montreal, Quezaon o Rio de Janeiro. En el último año, hemos visto claros guiños por parte de varias administraciones locales en el Estado español para el fomento de la Economía Social y Solidaria.

Así, Madrid, Barcelona, Córdoba, Zaragoza y muchos municipios más están llevando a cabo pequeños programas y mejoras. En Madrid, el pasado 16 de marzo, se llevó a cabo el Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria, donde el Ayuntamiento de Madrid mostró el dossier de medidas y herramientas para promover la ESyS. En la zona catalana se ha creado una Red de Municipios por la ESySde la mano de los Ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sabadell. Barcelona tomará medidas para convertir la ciudad en “capital de la Economía Solidaria” e impulsar iniciativas empresariales éticas.

De forma general estas ciudades tienen una clara intención de mejorar la economía mediante iniciativas productivas vinculadas al territorio, que generen empleo estable y que sean social, económicas y humanamente sostenibles. Para ello se están poniendo en marcha las primeras medidas a través de planes estratégicos de la ESyS, que delimitan acciones concretas como la puesta en marcha de oficinas de la ESyS, la facilitación del encuentro de los actores del sector, la inclusión de clausulas sociales en las licitaciones de contratos públicos o mesas de proveedores de compra pública socialmente responsables.

Estamos ante un momento de alegría porque las administraciones locales y la sociedad civil están trabajando de la mano para desarrollar políticas públicas y participativas. Estamos dando un paso de gigante hacia una democratización de la economía, hacia una economía de las personas y para las personas.

Sí, la sociedad civil está contenta, estamos cambiando la historia, pero no olvidemos lo que queda fuera, no nos acomodemos con la regularización formal de la Economía Social y Solidaria. Si lo hacemos, ¿dónde quedarán aquellas estructuras que bajo colectivos de la sociedad civil organizada, generan economía local, mueven recursos sin usar el dinero y generan economía que cuida de la vida y de la naturaleza desde las estructuras informales? No olvidemos que esas estructuras son el futuro y el potencial del siguiente paso a dar, en ellas está el impulso de la gente por mejorar sus vidas con una conciencia transformadora. Que las instituciones sean herramienta para avanzar y no solo metas que alcanzar.

*Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora.