El lado bueno de la sentencia
Llámenme conformista, pero a mí la sentencia del caso Nóos no me parece ni tan mala, ni tan liviana. No se me ocurre mejor indicador del grado de deterioro de la Casa Real que alguien como Miquel Roca haya de salir a vender el fallo con el entusiasmo de un comercial telefónico, intentando convencernos de cuánto le hace levitar que sólo condenen a la infanta Cristina de Borbón por ser participe a título lucrativo y beneficiarse del delito porque se ha librado de la condena penal.
La buena noticia habría sido que la hubieran absuelto de todas la imputaciones. Cuando el fiscal ha actuado como su abogado defensor, la Hacienda pública ha dado por buenas facturas que si las presenta Cristina Pérez Pérez le habrían costado media docena de multas y la Casa Real se ha limitado a no invitarla a sus fiestas, que la condenen aunque sea por lo civil es un desastre y una humillación.
Sólo la absolución resultaba buena para Iñaki Urdangarin y la Casa Real. Una sentencia liviana para Urdangarin habría sido que le condenasen por debajo de los seis años. La inevitable cárcel supone una mala noticia, para él y para la Casa Real. Si se compara con fallos que condenan a un pobre desgraciado a tres años por robar dos botellas de vino no puedo estar más de acuerdo respecto a su injusticia, pero quién la sufre es el ladrón de las botellas, no el marido de la Infanta.
La propaganda y el ruido a veces aturden y nos distraen con facilidad de lo relevante. Discutir si está bien o mal que al socio de Urdagarin le caigan dos años más, si la absolución penal de la infanta benefició también a la esposa de Diego Torres, si se puede comprender o no que la sentencia rebaje la cuantía del enriquecimiento de la Infanta, o sí había o no pruebas para juzgar la llamada trama valenciana tiene su interés. Pero más relevante y oportuno me parece discutir la evidencia más sustancial y de mayores consecuencias aportada por la sentencia y que parece ese elefante en la sala del cual nadie quiere hablar.
La sentencia confirma en sede judicial que al amparo de la “proximidad” de la jefatura del Estado se gestó y funcionó una trama corrupta dedicada al saqueo de los recursos públicos mediante la “presión moral” y la comisión de un amplio catálogo de delitos. La justicia ha hablado y ha condenado. Ahora debe hablar la Casa Real porque nos debe una explicación y la han de pagar. Un comunicado declarando su respeto a la Justicia ni se acerca.
La Casa Real debe explicar cómo fue posible que una banda de delincuentes se instalará y operar en sus pistas de pádel durante años sin que nadie se enterase, qué controles fallaron y quién falló en la jefatura del Estado, quién y por qué decidió enviar a los ya condenados a un exilio dorado en USA cuando el escandalo empezó a trascender, qué reformas y medidas de control se ha implementado para que esto no vuelva a suceder a la sombra de la jefatura del Estado, cuánto tiempo más va a tardar la Casa Real en asumir que debe ser la primera institución sometida al las leyes de transparencia y a la jurisdicción de todos los organismos de control, o cuánto tiempo más van a seguir los condenados en la línea de sucesión a la corona. Y cuando haya terminado de rendir todas estas explicaciones, alguien deberá asumir las consecuencias y pagar por sus responsabilidades.
