Las lagunas en Derecho del licenciado Casado

“El patrimonio exclusivo de la defensa de la mujer y de la defensa de aquellas personas que son más desfavorecidas”, como dijo este jueves Pablo Casado, por supuesto que no lo tiene la izquierda. El patrimonio exclusivo de la defensa de cada una de las personas que las declaraciones de derechos humanos nos señalan como ‘vulnerables’ (no porque seamos débiles sino porque nuestros derechos son sistemáticamente vulnerados por quienes se creen superiores y ocupan posiciones sociales de poder) lo tenemos las propias personas titulares de derechos. La voz, al igual que los derechos, son patrimonio nuestro.

Sin embargo, lo que sí tienen los partidos políticos –sean de izquierda, centro o derecha, cuando legislan y gobiernan–, es la responsabilidad intransferible de que no se produzcan vulneraciones y violaciones de derechos. Es decir, cuando un partido asume el poder ejecutivo es suya la obligación última de proteger, garantizar y promover los derechos de todas las personas en su territorio, regularizadas o no. Indistintamente, por supuesto. Pero existe un importantísimo matiz. Para la efectiva aplicación de ese principio de igualdad, el artículo 14 que ahora tanto invocan Vox y Partido Popular, los gobiernos tienen que velar de forma especial y diferenciada por esas personas que formamos parte de los colectivos nombrados como vulnerables y entre lo cuáles (muy a pesar de algunos) se encuentran las mujeres pero no los hombres.

Cuando las cifras y/o los reportes de las organizaciones de derechos humanos reflejan con claridad que hay personas que son víctimas sistemáticas de una forma injusta, clasista, racista, machista, homófoba, tránsfoba y desigual de entender la sociedad, las relaciones, el acceso a los derechos y el reparto de poder, es responsabilidad constitucional de quien gobierna y legisla luchar contra esas violencias. Y debe hacerlo de forma clara, directa e integral. Invocar el principio de igualdad para tratar con el mismo rasero a todo el mundo independientemente de sus características por el solo hecho de ser personas simplifica tanto el mensaje que termina renegando que esas violencias, siendo todas patriarcales, se manifiestan y justifican de formas muy diferentes en función de a quién van dirigidas, de quien las ejerce y por qué las ejerce.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 fue pionera. No solo por el hecho de abordar la violencia de género sino por señalar el camino a seguir. Si, además de proteger a las víctimas, se quiere extirpar de la sociedad las violencias que sufren las personas por ser quienes son hay que hacer leyes con recursos específicos, que ofrezcan una atención integral y den una respuesta intersectorial que aborde la toma de conciencia, la prevención, la educación, la detección, la protección, la atención, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición.

Todo esto parece desconocerlo Casado que, aunque a veces pienso que ha vivido criogenizado los últimos 25 años por su necesidad constante de remontarse a los años 90, ayer debía haber repasado (antes de salir en directo) cuál ha sido la actividad parlamentaria de su grupo durante los últimos 18 meses (de los cuáles 12 fueron en la legislatura de Rajoy y seis bajo su liderazgo en el PP). En concreto, debería conocer cuáles son las últimas leyes integrales que están tramitándose y que, precisamente, abordan las violencias específicas que ahora él pretende rasurar para llamarlo todo violencia porque todas las violencias son iguales, “qué más da cómo se llamen”.

Si estuviera atento a cómo se están resolviendo en 2019 los problemas que genera la violencia, igual sabría que para los niños varones a los que se refería ayer, su grupo parlamentario de la mano de Dolors Montserrat, impulsó (aunque dejó sin redactar) una ley integral para luchar contra la violencia hacia la infancia. Una norma de carácter orgánico que la totalidad de organizaciones de infancia piden que emule el espíritu de la ley integral contra la violencia de género porque ha sido a partir de ésta cuando se ha dado en nuestra sociedad ese cambio de paradigma que se necesita para erradicar una violencia tan dirigida y concreta. Un anteproyecto de ley que su partido no llegó a pasar por el Consejo de Ministros, a pesar de anunciarlo una y otra vez, pero que el pasado 28 de diciembre el PSOE anunció que daba inicio su tramitación. Este olvido ¿intencionado? de Pablo Casado es todo un desprecio hacia las organizaciones de infancia y hacia los propios menores de edad. No mencionar algo tan importante y relevante en lo que llevan trabajando desde hace tiempo y en distintas comisiones tanto su partido como el resto de formaciones en su totalidad. Instrumentalizar la violencia contra la infancia dandole un sesgo de género para justificarse lo injustificable.

Tampoco quiso recordar ayer Pablo Casado que el espinoso tema de la violencia intragénero entre parejas del mismo sexo, al que ahora alude porque le preocupan las personas y las bolleras y maricas que también somos personas, podría estar legislativamente resuelto si se acelerará la tramitación de la Ley Integral de Igualdad LGTBI. Una ley cuya necesidad su partido apoyo por escrito, aunque luego (muy al estilo del PP) trató de enmendar en su totalidad; pero no para suprimir la parte de la violencia intragénero, algo que le pareció bien regular de forma específica aunque fuera una “violencia doméstica”. Al contrario que con la Ley integral de Infancia, si esta permanece atascada es por culpa de algún que otro ego suelto en el PSOE al que no le gusta que la discriminación y violencia que sufre el colectivo LGTBI tenga una respuesta integral no penal.

Sobre la vida parlamentaria de la que él es parte como líder del PP tampoco parece haber dejado rastro una de las propuestas legislativas más recientes (de octubre) en la que todos los grupos, incluido el suyo, se ha mostrado a favor. Otra ley integral para combatir la discriminación y la violencia, pero ésta destinada a esos otros colectivos que él llama “desfavorecidos” (en esa terminología paternalista que se impone entre los estadistas de bien). En la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación también llevan trabajando meses las distintas fuerzas políticas en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que representan a esos colectivos vulnerables entre los cuáles tampoco se incluye a los hombres por ser hombres. Colectivos que sufren (sufrimos) la discriminación, la humillación y el mal trato de la intolerancia, la ignorancia y los prejuicios hacia nuestras características personales, raciales, sociales...

Por último, lo más importante, señalar los gravísimos errores de conocimiento del Derecho vigente que tiene el licenciado Casado. Sin ánimo de dar lecciones, pues veo que está muy cerrado a aprender, solo invitarle a que eche un vistazo a nuestra legislación actual. Por ejemplo, el art. 153.2 del Código Penal que habla de violencia dentro del ámbito familiar y que incluyen también la dirigida a los ascendientes, es decir, a los abuelos. De paso, puede ojear el art. 544 bis y ter que habla de la orden de protección y cautelares como el alejamiento no como una medida de protección específica de la violencia de género sino también para otro tipo de delitos como la violencia familiar. Y, por último, no estaría de más que alguien de su partido que participara en su redacción y aprobación le llevara un ejemplar del Estatuto de la Víctima de 2015 (al que no dotaron de presupuesto y por eso está sin implantar) y pudiera comprobar él mismo que esta norma no discrimina entre hombres y mujeres en el reconocimiento de víctimas directas e indirectas.

Igual, si lo estudian en serio Vox y PP, resulta que lo que quieren regular ya está regulado. Pero entonces no podrían hacer este alarde de toxicidad contra la violencia de género, contra las mujeres y contra todo aquello que huela a verdadera igualdad. No podrían emprender su particular reconquista contra los y las infieles. Para ellos, no hay vuelta atrás. Para nosotras, nosotros y nosotres, tampoco.