¿Por qué se mercantilizan los servicios públicos?
Entre 2010 y 2015, en su afán de cumplir con la exigencia de la Unión Europea de llevar el déficit público a un 3% del PIB, los gobiernos, primero del PSOE y después del PP, han realizado ajustes presupuestarios en gastos sociales cercanos al 10% del PIB. Teniendo en cuenta que el PIB español estuvo en estos últimos 5 años estancado en el entorno de 1,05 billones de euros, los recortes han totalizado unos 100 mil millones de euros. El déficit público, todavía en 2015, no ha alcanzado el 3% exigido por Bruselas y la corrección presupuestaria en relación al PIB no llega al 6%. La diferencia entre el 10% de rebaja en prestaciones sociales indicado más arriba y el 6% de la corrección presupuestaria está en partidas cómo el gasto financiero de la deuda pública derivada del rescate bancario que aumentó brutalmente. Del 35% de deuda sobre PIB en 2007 al inicio de la crisis, hemos pasado a un 100% en 2015. El pago de intereses ha pasado de 17 mil a 35 mil. Esto sólo ha supuesto un 1,5% sobre el PIB.
El catálogo de los recortes fue amplio e indiscriminado: en pensiones, desempleo, salarios, salud, educación, cultura, dependencia, etc. Y se manifestó como rebajas en partidas del gasto público, de dotaciones de recursos humanos y reducciones en inversión y mantenimiento.
Ese 10% de caída en el gasto social fue una auténtica demolición del estado del bienestar. El punto de partida de esta destrucción de derechos de los ciudadanos está en el reducido peso de lo público en España: en gasto estatal en España ocupa el quinto puesto por abajo con un 46% y el tercero por la cola en recaudación con el 37% sobre el PIB. Además, por el lado de los ingresos los ciudadanos salen doblemente castigados por la carga cada vez más regresiva de los impuestos: la tributación descansa mayoritariamente en los salarios, bajos y medios, y en los impuestos indirectos, liberando al capital de aportar el peso porcentual que le corresponde: grandes empresas y contribuyentes eluden pagar al estado la proporción de ingresos que deberían.
Este es el “paisaje” en el cual las políticas neoliberales proliferaron e impusieron una transferencia continuada de los servicios públicos a la “iniciativa” privada en nuestro país. En realidad los ajustes y recortes fueron la expresión de una agresión ideológica, no contable a los servicios públicos. La contracción presupuestaria del estado en materia social en esta segunda década del siglo XXI completa el retroceso en derechos ciudadanos iniciado a fines del siglo pasado con el traspaso de los servicios (luz, agua, gas) hasta entonces provistos por empresas de carácter público con el argumento de que el mercado resolvería más eficazmente la prestación de los mismos.
Ahora con la oleada indiscriminada de derechos sociales privatizados se están transfiriendo crecientemente los pagos fiscales de los contribuyentes a las empresas prestadoras como ingresos “cautivos” de éstas. Esto es: la mercantilización completa de los derechos de los ciudadanos. Primero fueron los servicios básicos y ahora los derechos básicos. Ingresamos a la sanidad privada nuestros impuestos cada vez que se privatiza un hospital. Lo mismo hacemos con la educación cada vez que una nueva escuela concertada reemplaza a un colegio público. Otro tanto sucede con la justicia cuando se arancela el acceso a su prestación, e incluso cuando nos obligan a pagar para recuperar judicialmente lo que no pertenece (los pleitos de los preferentistas)
La mercantilización incontrolada de los servicios públicos como electricidad, gas y teléfono (internet) etc, hace que hoy sea una dificultad para muchas familias climatizar adecuadamente un hogar o utilizar un electrodoméstico. Con la universalización del “internet de las cosas” ya no es posible tramitar administrativamente servicios públicos para quienes no disponen de la intendencia o infraestructura mínima en su casa. La cita previa y el formulario digital dejan marginados y excluidos a ciudadanos carentes de servicios globales de telecomunicaciones.
Una economía de servicios públicos y el estado del bienestar
La onda larga del crecimiento de la economía capitalista posterior a la II Guerra Mundial basada en la energía del petróleo permitió el desarrollo multiplicado de bienes de consumo duraderos y de nuevas ramas industriales (automóvil, línea blanca, electrónica). Con el tiempo, la competencia y el progreso técnico propiciado por la electricidad, la electrónica, la informática, la robotización y la automatización acrecentaron el nacimiento de nuevas actividades económicas. Unas estructuras productivas más complejas impulsaron una mayor división social del trabajo y de los instrumentos del trabajo. El sector servicios pasó a ser cada vez más relevante en la estructura económica de los países como aglutinador necesario de un proceso productivo cada vez más fragmentado. La racionalidad de infraestructuras se reveló imprescindible en sectores como el eléctrico y el energético por los altos costes de inversión y el carácter de monopolio natural que asignaban al estado el papel de agente suministrador de dichos servicios.
Sin embargo, la expansión de los servicios públicos fue expresión del desarrollo capitalismo competitivo y maduro pero también de la necesidad de las empresas de ahorrar en los costes de infraestructuras básicas. Economías externas, las llamarían los economistas. El aumento exponencial de la población en las ciudades por la expulsión de la población rural a las ciudades y la creciente socialización de las actividades productivas de la economía de fin del siglo XX obligó a desarrollar una dotación mínima de servicios sociales para los ciudadanos. La vida urbana, a diferencia de la rural y campesina, requiere de más infraestructuras básicas para el bienestar de la población: sanitarias, de transportes, de comunicaciones, de asistencia social, jurídica, etc.
La provisión por el estado de estos servicios públicos pasó a ser una suerte de salario indirecto para los trabajadores y, en cualquier caso, un derecho universal para las personas dada la naturaleza de los mismos para la vida diaria de la gente. En la Europa occidental de posguerra y como resultado también de la presión de la movilización social, los servicios públicos quedaron ligados al concepto de estado del bienestar. Extendido como signo de identidad europea aludía indirectamente, entre otras cosas, al amplio abanico de servicios públicos al que los ciudadanos tenían acceso. Para universalizarlos, muchos de ellos fueron inicialmente subvencionados: desde las telecomunicaciones, pasando por el transporte y la energía, hasta los servicios sanitarios y de los cuidados y la asistencia social. El acceso sin restricciones a estos servicios les otorgó categoría de derecho ciudadano así las personas podrían disponer de una vida digna. En esto se materializó en gran parte el estado del bienestar.
Las privatizaciones: un negocio de rentabilidad inmediata y de futuro incierto
La crisis iniciada en los albores del año 2008 y continuada hasta nuestros días es una demolición por entregas del llamado estado del bienestar en favor de una recomposición incierta, pero incondicional a favor del capital. La Gran Recesión fue la excusa para el abandono más profundo por parte del estado del suministro de servicios básicos y de infraestructura para los ciudadanos.
Las privatizaciones fungieron como alternativa a la crisis de negocios y como propuestas rentables para el capital privado, especialmente el financiero. En términos ortodoxos fueron un intento de último recurso para una acumulación con ganancias rápidas del capital dañado por el estallido de la crisis. Esto, además de un ataque a las conquistas sociales se expresó como una entrega casi incondicional al capital privado de servicios para las personas hasta ahora excluidos del ámbito mercantil. La transferencia de propiedad se hizo con enormes ventajas para los adjudicatarios al conformarse los servicios públicos en mercados cautivos, esto es, constituidos y excluidos muchos de ellos de la competencia por ser monopolios naturales, o cuasi naturales. Los derechos universales convertidos en negocios de clientes seguros, es decir, actividades imprescindibles y necesarias para el “buen vivir” de las personas. La oferta y la demanda no interactúan, no hay agentes económicos sensibles a las señales del mercado. Los demandantes de bienes públicos son “inelásticos” en relación a los precios y estos no son una variable posible de ajuste. Así pasó, y seguirá sucediendo, con la electricidad, con la sanidad, con la educación e incluso con la justicia, un derecho hasta ahora no cuestionado como garantía de igualdad de todos los ciudadanos de ante la ley.
No es casualidad que la corrupción, también, haya anidado en la concesión de estos servicios públicos al capital privado. La tarta comercial en juego fue, y es suculenta, inmediata y apetecible por los rápidos retornos que dejan los mercados, como dijimos más arriba, ya constituidos, maduros y cautivos en ingresos. Los robos en comisiones han sido un regalo en relación al precio que deberían haber pagado por las inversiones ya amortizadas de los servicios adjudicados. Sólo la educación, la sanidad, la electricidad y el agua mueven más 120 mil millones de euros al año, un 12% del PIB. Corrupción por otra parte que ha contribuido al encarecimiento de los servicios y nada ha agregado, lógicamente, a la eficiencia económica.
Es insalvable e inevitable el conflicto inmediato que surgirá entre la demanda ciudadana de servicios públicos universalizados y de acceso asegurado y libre, con las aspiraciones de máximo beneficio de los prestadores privados. La mercantilización de los servicios públicos seguramente es la historia de una muerte anunciada.
El artículo refleja la opinión del autor. Economistas sin fronteras no coincide necesariamente con su contenido.
“Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten”
Somos uno de los países que más pagamos por la electricidad de Europa, la tercera más cara de los 27 y el que más pobreza energética creamos. Las familias no pueden climatizar su hogar a las temperaturas recomendadas ni en invierno ni en verano. El agua en Barcelona aumentó desde 2009 un 65%.
Según el INE el 10,2% de los hogares (1,8 millones de hogares) españoles tiene problemas para abonar los gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad, etc). El 42% tiene dificultades para gastos imprevistos, como puede ser un aumento desmesurado del precio de la luz, cosa que ha sucedido con frecuencia. El 22% de la población, un total de 10 millones de personas, están en riesgo de pobreza energética
Los llamados organismos reguladores de las privatizaciones son impotentes para condicionar la seguridad y competitividad de estos servicios traspasados.
Monopolio Natural: son aquellos que, valga la redundancia y debido a su naturaleza, no tiene sentido la competencia. Es decir, la existencia de muchos agentes que agregan más al coste que al beneficio: es el caso de los servicios de electricidad, gas y agua. Por ejemplo, no tiene sentido económico que haya varios suministradores de agua potable en los hogares: más cañerías de suministro de agua a un hogar en un edificio no incorporan ni eficiencia, ni competitividad económica, sino lo contrario.
