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Otro negocio más: privatizar la vivienda de alquiler

Aseguradas la educación privada, la gestión privada de la sanidad y del consumo energético, la compra de 3.000 viviendas del Plan joven del IVIMA por parte de dos fondos de inversión, abre el horizonte de un nuevo negocio.

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La fecha no pudo ser más precisa: a mediados de agosto y en la semana que más gente está de vacaciones, la Comunidad de Madrid anuncia la venta de 3.000 viviendas del Plan Joven del IVIMA a dos de fondos de inversión. Algunos dirán que es casualidad y siempre podrá justificarse que todo estaba perfectamente calculado para dejarlo listo antes de irse de vacaciones.

A diferencia de la Sanidad o de la Educación, la Vivienda es un sector en el que no existe concienciación social. No está entre los problemas que más preocupan a los españoles. No es "mediático". El inmenso problema "del ladrillo" ha fagocitado al problema de la vivienda para el ciudadano de a pie. Únicamente su manifestación más extrema, el caso límite de los desahucios, ha sido capaz de movilizar, además de los afectados directamente, a un pequeño sector de la ciudadanía sensibilizado por esa vergüenza social.

Para los partidos políticos madrileños tampoco es un problema de primera línea. El PP, que es quien toma las determinaciones en prácticamente todos los niveles de la administración, nos vendió en su programa electoral la creación de un importante parque público de vivienda de alquiler sabiendo que era imposible, que tendría que administrar miseria por los exiguos presupuestos que podría manejar -gran parte destinados a sueldos- lo ha incumplido sin complejos como ha hecho con sus programas sanitario, educativo, energético o medioambiental, como sin complejos el Ayuntamiento de Madrid acaba de transformar la deuda de la Empresa Municipal de la Vivienda en deuda del propio Ayuntamiento, manteniendo así de forma ficticia otra empresa pública sobredimensionada e insostenible, siguiendo el modelo del gobierno regional con Telemadrid.

El PSOE e IU aunque lo han intentado no han sido capaces de crear la conciencia social necesaria sobre el problema de la vivienda. Los bancos son intocables y su presencia, como la de los sindicatos, en el Consejo de Cajamadrid y posteriormente de Bankia, vendiéndose por un plato de lentejas sin denunciar lo que allí se estaba llevando a cabo, les daña enormemente y les quita legitimidad para abanderar la causa de la regeneración.

Su reciente entrada en la Asamblea de Madrid y en el consistorio de la capital –con la consiguiente virginidad que lleva aparejada en materia de corrupción- y su transversalidad ideológica, hacían de UPyD el perfecto posible catalizador de consensos. Pero esta formación, tan cargada de dogmatismo como rígida de cintura y vacía de voluntad de acuerdos, no ha sido capaz de articular propuestas de consenso realistas en materia de vivienda.

El resultado es que, si bien todos los partidos tenían en sus programas electorales propuestas de patrimonializar un amplio stock de vivienda para gestionarlo como alquiler “público”, escasamente dos años después de las últimas elecciones locales y autonómicas, las distintas administraciones se están desprendiendo masivamente de sus viviendas. Ojo: viviendas construidas con nuestros impuestos, terminadas y en uso.


Durante muchos años la vivienda protegida ha tenido como principales destinatarios a los jóvenes, que con trabajo –estable o no- y con alguna que otra ayuda familiar, se veían con capacidad de asumir la hipoteca. De ahí la proliferación de figuras como los “Planes Jóvenes de vivienda”. Hoy todo eso está obsoleto. Las personas de más de 35 años necesitan de la vivienda de alquiler tanto como los jóvenes.

Traspaso de la fuerza

Hablar de la creación de 170 puestos de trabajo entre directos e indirectos y que la Comunidad de Madrid se va a ahorrar el IBI y la tasa de basuras de esas viviendas es un sarcasmo, una menudencia, una pobre escusa y un signo de mala conciencia. El dato verdaderamente importante es que cuando pase la crisis -al menos en términos macro- el de la vivienda será un mercado cautivo en manos de unos pocos fondos privados. Cuando estos fondos controlen el mercado, es decir, cuando sean propietarios de la mayor parte de las viviendas puestas en alquiler, se sentarán a negociar con la administración en posición de fuerza –como hacen en la actualidad las compañías eléctricas- y la administración terminará regulando y legislando, si no claramente a su favor, sí con más sensibilidad para sus necesidades financieras que para las necesidades vitales de los usuarios.

Esta sensación la tenemos a día de hoy los consumidores de energía. No podemos entender que impuestos como el reciente “Peaje de respaldo” que tendrá que pagar quien tenga instalada una placa solar en su tejado –o cualquier otro sistema de producción de energía renovable- esté pensado para nuestro beneficio y no para paliar la brecha que se les abre en la cuota de mercado a las compañías eléctricas.

Tiene razón el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, al decir sobre este asunto que "los grandes ahorradores mundiales vuelven a España, vuelven a ver en España un mercado atractivo". Pero ¿quiénes son esos “grandes ahorradores”? Estas 3.000 viviendas estarán en manos de un importante fondo de inversión -Azora- respaldado técnicamente por una excelente gestora -Lazora-, con gran experiencia en la gestión de viviendas de alquiler. Centenares de viviendas compradas a la EMVS de Madrid engrosan su patrimonio. La presencia de estas dos entidades es una garantía de correcto funcionamiento inmobiliario.

Pero, ¿qué pasará cuando terminen los contratos de arrendamiento en vigor? Ahí entra el otro componente de la parte compradora: Goldman Sachs. Su presencia desde hace años en los diferentes escenarios de la crisis mundial nos deja claro que no se trata precisamente de una ONG. Dentro de pocos años, las administraciones públicas deberían pensar en primer lugar en los empobrecidos arrendatarios a la hora de venderles la vivienda o renovar los contratos de alquiler. Goldman Sachs, uno de esos “grandes ahorradores mundiales”, sin supervisión alguna de la administración y soberano de su patrimonio inmobiliario, ¿también lo hará? Enfatizo el adjetivo “empobrecidos”: la mayor parte de este segmento de población no estará en condiciones de recibir créditos bancarios y su precariedad laboral les hará residir allá donde se encuentre el trabajo, por tanto seguirán viviendo de alquiler. Constituirán el perfecto mercado cautivo.

Para terminar quiero ser propositivo: no hay programas de actuación sobre sectores urbanos, ni operaciones puntuales sobre ámbitos de la periferia degradada de las ciudades, ni másters universitarios de urbanismo o de regeneración de barrios ni planes generales de ordenación urbanística que, en materia de vivienda, no planteen operaciones público-privadas para los programas de alquiler e incluso de alquiler con opción a compra.

Consisten básicamente en que las administraciones –cualquiera de ellas- orienten, lideren y controlen con muy pocos recursos el amplísimo mercado de vivienda en alquiler que se nos abre en España. El personal de una empresa municipal o regional de vivienda puede “gestionar” en exclusiva un determinado número de promociones inmobiliarias de alquiler. En el caso de operaciones público-privadas -PPP- ese mismo número de personas puede “controlar” el triple de promociones.

Pero seríamos unos ingenuos si pensáramos que esto va de optimizar los recursos públicos. Aquí hay un gran negocio detrás. Uno más a añadir a la lista. Ya están asegurados –y también con los usuarios cautivos- los negocios de la educación privada, la gestión privada de la sanidad y el consumo energético. En proceso están el suministro privado del agua -privatización el Canal de Isabel II- y la explotación del territorio -Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que está redactando el gobierno y Ley de Viviendas Rurales sostenibles de la Comunidad de Madrid-. De forma que, sin querer hablar de otros grandes negocios –para algunos- en la órbita de las “comunicaciones” y los “transportes, infraestructuras y vivienda” como las autopistas infrautilizadas, los aeropuertos sin aviones, los AVES innecesarios, la privatización de Telemadrid, el desmantelamiento de Iberia o Eurovegas, la próxima pieza a cobrar es el enorme negocio de la vivienda colectiva de alquiler que asoma por el horizonte.

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