El próximo jueves se celebra el 50 aniversario de la muerte de Franco, uno de los dictadores más longevos del siglo XX. La conmemoración coincide con el auge de los populismos, de tintes autoritarios, en Occidente y la consolidación de regímenes autocráticos en todo el mundo. Si el fin del Franquismo significó el principio de la era de mayor expansión democrática en el mundo, que culminó con la transición de los países comunistas y la consagración, como diría Francis Fukuyama, del “fin de la historia”, ahora parecemos asistir al principio del fin de las democracias.

Casi todas las organizaciones evaluadoras de la salud de la democracia están de acuerdo en que, como mínimo, la extensión de las libertades democráticas en todo el planeta, que hemos visto, con idas y venidas, desde las revoluciones francesa y americana de fines del siglo XVIII, se ha detenido momentáneamente. En el mejor de los casos, vivimos un paréntesis democrático. En el peor, estamos asistiendo al ascenso de las autocracias, en una escala no vista desde el periodo de entreguerras del siglo pasado.

La institución más enfática sobre el irreversible deterioro de la democracia mundial es el V-DEM Institute (disclaimer: está ubicado en mi departamento de políticas en la Universidad de Gotemburgo). Como indican los gráficos 1 y 2, sacados de su informe para 2025, la evolución en lo que llevamos de siglo es deprimente.

A principios de siglo había más países democratizándose (26) que haciendo el camino inverso (12) – una transición para el que, curiosamente, no existe verbo en español, aunque vamos a necesitar uno pronto y “autocratizarse” parece un buen candidato. Ahora las naciones que se están autocratizando son nada más y nada menos que 45. Llama la atención el deterioro de la libertad de expresión que –aunque en grados distintos, pues no es lo mismo en EEUU que en, digamos, Rusia– afecta a un también descorazonador grupo de 44 países.

Los datos del gráfico 2 hablan por sí solos. En 2004, menos de la mitad de la población mundial —el 49%— vivía bajo regímenes autocráticos; hoy lo hace el 72%. Hace dos décadas, solo un 7% de la humanidad habitaba países donde las libertades democráticas retrocedían; ahora esa cifra se eleva al 38%. Dicho de otro modo: casi cuatro de cada diez personas están presenciando en tiempo real el desmantelamiento de las libertades civiles y políticas en su país. Y más allá del deterioro cuantitativo hay otro cualitativo: existe la sensación generalizada, incluso en democracias consolidadas como la española, de desgaste de los sistemas democráticos. Los jóvenes, en algunas encuestas al menos, además de mostrarse más de derechas que nunca (desde que existen registros en España), tienen una conexión con la democracia más endeble que la de los mayores. Muchos dicen (otra cosa es que votaran o actuaran a favor de eso llegado el caso) que prefieren un hombre fuerte que limite las libertades si las circunstancias lo piden.

Pero ni el desencanto con la democracia en las democracias ni la consolidación del autoritarismo en los autoritarismos son indicativos, a mi juicio, de que nos espere un futuro autoritario. Que vayamos camino a una reedición de los fascismos de los años 30 o una recreación de los dictadores de las distopías, como el Gran Hermano de 1984 o la teocrática República de Gilead de El Cuento de la Criada. Ni mucho menos.

Mi hipótesis –que reconozco no basada en un mar de evidencia, sino más bien en la intuición y pruebas a lo sumo indiciarias– es casi la opuesta: creo que avanzamos hacia un mundo no solo sin dictadores sino sin tan siquiera poderes centrales; sin gobiernos ni corporaciones ni iglesias ni ONGs.

Sin instituciones. Porque, si hay algo que une a los populistas en ascenso, a los más proto-autoritarios como Orbán y Trump, con los más proto-anarcos como Musk o Milei (con Bukele en un término médio), es el desprecio, íntimo e instintivo, contra todas las instituciones. Eso es un contraste brutal no solo con los conservadores de toda la vida, que defendían las instituciones tradicionales (la iglesia, la empresa y el Estado policial; compara eso con los ataques actuales de la derecha trumpista precisamente a esas instituciones: las críticas de JD Vance a los papas, el anterior y el actual o las imprecaciones de Marco Rubio contra las “Big Corporations” o los rugidos de los seguidores de Trump contra el “deep state”) sino también contra el programa ideológico del fascismo. El partido nazi, los fascistas de Mussolini o los falangistas de Franco querían construir muchas instituciones (de sindicatos a un estado vigilante) y muy totalizantes.

Ahora, los disruptores no quieren erigir nada. Como dice aquel personaje de la película El Caballero Oscuro que se recuerda estos días, “algunos hombres solo quieren ver el mundo arder”.

Eso es lo que creo, debemos temer en estos días de conmemoración de la muerte de Franco. El dictador está enterrado y bien enterrado. No va a resucitar – aunque su fantasma sea muy útil para quienes justifican la continuación de la coalición de gobierno a toda costa, a pesar de no aprobar presupuestos desde 2022 ni prácticamente ninguna ley significativa; para estas personas agitar el miedo a Franco puede ser un pegamento para unir a un electorado fragmentado y poco movilizado. Pero, por mucho que suba la extrema derecha – Vox a nivel nacional o Aliança Catalana en Cataluña – su crecimiento no revela tanto la radicalización de la ciudadanía como la moderación de esos partidos. Lo hemos visto con Meloni en Italia. Puede que lo veamos con Le Pen en Francia. Si estos partidos ganan es porque van puliendo su mensaje para hacerlo tragable para las clases medias. No son sus políticas las que, a corto plazo, haya que temer.

Su riesgo, de nuevo desde mi punto de vista subjetivo, es a largo plazo. Estos partidos (y otros equivalentes en el otro extremo del espectro ideológico) están desparramando en la sociedad el veneno de la desconfianza en las instituciones. La idea de que no necesitamos instituciones que intermedien entre los individuos: ni gobiernos, ni empresas, ni ONGs ni iglesias ni, obviamente, medios de comunicación. Todas estas instituciones, proclaman estos supuestos salvadores, persiguen intereses contrarios al pueblo. Y “Sols el poble salva al poble”.

Ahí está el peligro. En que un día nos digan: no necesitas pagar los impuestos ni trabajar para nadie ni informarte a través de los medios ni seguir a ningún dios o ideal comunitario. Y nos ofrezcan un algoritmo que nos permita prescindir de cualquier intermediación. Y nos digan que nos podemos autoorganizar sin ayuda de ninguna institución colectiva.

Puedo estar equivocado. Deseo estar equivocado, porque ese mundo puede ser más siniestro aún que una dictadura explícita. Pero es lo que temo y por lo que he escrito “Inmanencia” (AdN), una novela distópica sobre el futuro que nos espera si continuamos por la senda de la antipolítica. No tengo miedo a un funesto dictador como Franco sino a la seductora idea que, en la novela, simboliza el algoritmo FRIDA: la promesa de un mundo de libertad total, sin ninguna atadura a ninguna institución.

¿Cómo puede ser que, a pesar de todos los escándalos de corrupción que hemos tenido (desde el Franquismo, escondidos pero ciertos), de todas las rasgaduras de vestiduras y de todas las reformas de financiación de los partidos y de la contratación pública, sigamos padeciendo esta plaga bíblica en nuestro país?

No cabe pensar que estemos gobernados por una gente particularmente mala, por una casta, porque todas las castas que nos gobiernan (de izquierdas o derechas) degeneran en comportamientos corruptos. No cabe pensar tampoco que nos falten mecanismos de control. No existe en ningún otro país una panoplia de organismos de lucha contra la corrupción más numerosa. Tenemos alrededor de una docena de organizaciones. Entre otras, la todopoderosa Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Conflictos de Interés, el Consejo de Transparencia, amén de dos fiscalías anticorrupción y dos cuerpos de policía nacionales (UCO y UDEF). Y estas sólo a nivel de la administración central. Luego hay que sumar, por supuesto, las agencias anti-fraude autonómicas y otros órganos locales. Entre todas, destaca el papel que puede jugar la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en la que hay legítimas expectativas de que, bajo la presidencia de Manuel Villoria, pueda impulsar una estrategia más unificada.

¿Qué falla pues? Las conversaciones interceptadas por la UCO nos dan unas pistas: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”. Ahí está la clave: en que cargos de designación política (en este caso, miembros de la presunta trama corrupta) cambian ad hoc las reglas para adjudicar los contratos públicos. Es eso lo que es prácticamente imposible en otras democracias consolidadas de nuestro entorno, de Finlandia a Portugal. Hay excepciones, siempre pueden ocurrir casos de corrupción, pero que alcancen la capacidad de retorcer adjudicaciones de contratos multimillonarios con esta facilidad, no. Al menos, no durante un periodo sostenido, como el que presumiblemente hemos padecido aquí. Y, por cierto, sólo se ha revelado gracias a que uno de los presuntos miembros de la trama (Koldo) decidió grabar sus conversaciones. Ninguna de la docena de órganos de vigilancia contra la corrupción lo detectó antes.

Si les preguntas a la inmensa mayoría de empresas contratistas con la administración, te dirán que no puede ser. Que ellas sufren una auténtica pesadilla de controles legales, que incluyen un papeleo redundante y creciente por momentos. Y, en muchos casos, para contratos de cuantía modesta, con márgenes de beneficio pequeños (cuando no raquíticos) y con pagos por parte de las administraciones contratantes que con frecuencia se retrasan.

Y es que este es el problema de la administración pública española: la doble dualidad, primero, entre un sector público que, en su 90%, se relaciona con las empresas mediante demasiadas regulaciones y, en un 10%, mediante regulaciones que pueden ser modificadas ad hoc; y, segundo, un sector público habitado, en un 90% por funcionarios de carrera altamente inamovibles, y un 10%, de cargos a dedo de los partidos políticos en las cúpulas de las administraciones. El resultado de esta doble deformidad es un exceso de procedimientos administrativos por un lado y de chapuzas por el otro. Esto es lo que hay que abordar.

Pero estas propuestas no son sexis. Lo más impactante cuando arrecian los escándalos de corrupción es decir que se va a ser implacable con los corruptos y los corruptores. Por ejemplo, castigando severamente a las empresas implicadas. Y, sí, los responsables deben pagar por sus desmanes, pero la responsabilidad de la empresa plantea problemas de implementación que, además, podrían llevar a la misma perversión que vemos con los castigos a la corrupción: a medida que nos ponemos más duros con los comportamientos corruptos, más incentivos tienen los grandes corruptores para diseñar sistemas para circunvalar esos castigos. Los castigos contra la corrupción desincentivan a los pequeños corruptores, pero los grandes jugadores invertirán recursos para, por ejemplo, en este caso, generar empresas-pantalla que les permitan esquivar las sanciones. Hay que aumentar los castigos, posiblemente sí. Pero todo indica que esta estrategia es insuficiente sin atajar los problemas estructurales de nuestras administraciones: el exceso de regulación y de politización.

En resumen, hay que poner en marcha una reforma de todo el sector público en nuestro país. Sin cambiar los fundamentos del Estado, la corrupción seguirá aflorando en la superficie.

La semana en la que el Goya fue para “El 47”, nos enterábamos de que España está la 46 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional (TI). Cuanto más alto en el ranking, menor es la corrupción (percibida) en el país. Así que no quedamos muy bien. España ha perdido diez posiciones en comparación con el año pasado y más de veinte en relación a principios de siglo.

Cuando salen estas clasificaciones, los gobiernos de los países que mejoran sacan pecho. Y los de los que no mejoran dicen que estos indicadores no sirven porque están basados en percepciones subjetivas y no en realidades objetivas de la corrupción. Pero hay que recordar a quienes ahora quitan hierro a la situación – y, sobre todo a la evolución a la baja de España – que las percepciones importan, pues nos movemos por percepciones tanto o más que por realidades (sobre todo, si no son cuantificables). Si eres un inversor, no llevas tu dinero allá donde en verdad no hay corrupción, sino allá donde crees que no hay corrupción.

Como señala una plétora de estudios, las consecuencias de estar bien o mal situado en este ranking de TI son notables. Bueno, en este indicador o en otros similares, como los elaborados por el Banco Mundial o el de la Comisión Europea que construimos en el Quality of Government Institute; porque, y esto es relevante: todos los indicadores están altísimamente correlacionados. En otras palabras, las percepciones heterogéneas parecen obedecer a una variable latente. Algo que podemos llamar “calidad de gobierno”.

Empleando metodologías diversas, las investigaciones apuntan a que, cuanto más alto apareces en un ranking como el de TI, mejor valorarán las agencias de calificación la deuda pública de tu país, más inversores atraerás, más crecerá tu economía y se reducirán las desigualdades; más años vivirán tus ciudadanos y gozarán de mejor salud; y un largo etcétera de efectos beneficiosos. Con lo que la posición de España, en la parte media-baja de la Unión Europea, junto a Chipre o República Checa, y por debajo de Letonia o Portugal, no es reconfortante.

Según los expertos, las causas del deterioro de la posición española en el CPI son múltiples. La fundamental es que los órganos que luchan contra la corrupción en España son muchos, demasiado poco coordinados y demasiado poco autónomos de los gobiernos (centrales o autonómicos). Pero hay responsabilidades concretas, tanto de la administración central como de las autonómicas y de los partidos.

En primer lugar, las reformas anticorrupción están paradas a nivel nacional. Para empezar, y lo que quizás es más importante, España aún no ha puesto en marcha un plan nacional de lucha contra la corrupción integral y participativo. La Estrategia Nacional Anticorrupción no se ha acabado de desarrollar y no se han desplegado otras leyes. Me gustaría destacar la ley reguladora de la protección de los denunciantes y de la lucha contra la corrupción, de la que se ha hablado mucho, pero su implementación dista mucho de proporcionar una protección efectiva de los funcionarios que deciden alertar sobre un comportamiento sospechoso de un colega o un superior en la administración. En algunos casos, parece que vamos para atrás y ahora ya no son seguros ni los Whatsapps que se envían los trabajadores de la administración con periodistas. Tampoco ha habido avances remarcables en la legislación relativa a los grupos de presión, que, para cumplir con los estándares de la OCDE, debería incluir, además del establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés, información sustantiva sobre las actividades de los lobbies. Queda también trecho recorrer en el desarrollo de la regulación sobre conflictos de intereses. Por ejemplo, la Oficina de Conflictos de Intereses carece de potestad sancionadora. Y, en lo que respecta al acceso a la información, perduran unos límites muy serios que deberían llevar a una revisión (ambiciosa) de la Ley de Secretos Oficiales.

En segundo lugar, también hay un claro retroceso a nivel subnacional en algunas comunidades – donde, gracias a los acuerdos con Vox, se han desmantelado los mecanismos de lucha contra la corrupción. Se ha enterrado la oficina anticorrupción de Baleares, que se ha convertido en la primera autonomía (en España y quizás en Europa) en eliminar su oficina contra la corrupción. Y se ha intentado controlar políticamente otras, como la antifraude de Valencia, donde, por ejemplo, se ha derogado el comité de ética y, al menos temporalmente, el código ético, como denunciaba en estas páginas Joan Llinares.

En tercer lugar, existe también una parte de la culpa que recae en los partidos políticos. Las constantes (y muchas veces infundadas o, como mínimo, precipitadas) acusaciones mutas de corrupción tienen un efecto, tanto en los medios de comunicación como entre los propios expertos. No se trata de esconder los escándalos bajo la alfombra, pero tampoco de exagerarlos hasta el punto de pedir dimisiones por acusaciones poco sólidas a parientes o incluso amigos de parientes.

En España hay seguramente menos corrupción objetiva que en naciones que nos superan en este ranking, como Ruanda o Botswana. Pero no sólo se trata de que no haya, sino, también, de que no lo parezca. 

Me disculparán los lectores que, desde hace una semana, pagan 25 céntimos más por el litro de aceite de oliva virgen extra y 12 por el pan de masa madre, pero soy un gran partidario del IVA. Es un impuesto cristalino. No te requiere leer mil papeles para conocer las exenciones y deducciones. Es fácil de recolectar. No te exige rellenar mil formularios para pagarlo. Y es relativamente indoloro. Lo pagas en pequeñas dosis, permitiéndote ajustar su pago, y tu patrón de consumo, a tus circunstancias temporales. De los impuestos a disposición de un Estado democrático moderno –es decir, descartados diezmos, tallajes, y trabajos forzados– el IVA es el que más se acerca al arte de recaudar impuestos que, según Colbert (ministro de Luis XVI), consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznidos.

Las arcas públicas necesitan más dinero. Porque, como bien dice la izquierda, hay que luchar contra las formas más obvias de injusticia social y eso implica aumentar la cuantía de las prestaciones para las personas vulnerables y ayudar a los jóvenes a emanciparse, facilitando su acceso a la vivienda. Y, por otro lado, por lo que sugiere la derecha: hay que aumentar la efectividad de nuestras administraciones, lentas y anquilosadas, y eso significa invertir en tecnología y en atraer talento al sector pública. Se requiere money, money.

Dado que, con una deuda pública por encima del 100% del PIB, no podemos tirar mucho más de prestado, toca rascar el bolsillo de los contribuyentes. La retórica dominante es que hay que subir los impuestos “a los ricos”, pero parece un callejón sin salida: los ingresos por los impuestos a grandes fortunas son o muy pequeños, como el impuesto al patrimonio (tan discutido en España), o poco afortunados, porque desincentivan la actividad económica, como los impuestos a ahorros o inversiones (tan debatidos en el Reino Unido).

Para financiar políticas inclusivas necesitamos impuestos inclusivos, que paguemos todos, todos los días, como el IVA. No es una perversa casualidad que los Estados de Bienestar más avanzados tengan los tipos de IVA más elevados, del 24 o 25% para la inmensa mayoría de bienes y servicios, con pocas excepciones, sin esa caterva de categorías de reducidos e hiperreducidos, como tenemos en España. Y la mejor prueba de que el impuesto visto como más regresivo es el que permite las políticas más progresivas es que, como recuerda The Economist, en EEUU los republicanos históricamente siempre se han opuesto a las subidas del IVA. Sabían que era la forma más eficiente de construir un Estado de Bienestar. Pues, bien, con tanta reducción populista del IVA estos años parece que nuestros políticos saben cuál es la manera más eficaz de desmantelar el Estado de Bienestar.

En conclusión, si queremos mantener, ya no hablemos de incrementar, los bienes y servicios públicos la primera premisa sería defender una imposición más agresiva en un ámbito donde nuestra izquierda no siempre se siente cómoda, como la indirecta. ¡Viva el IVA!

La segunda premisa sería: ¡Vivan los Recortes! (en nuestras prestaciones poco redistributivas). España es, junto a Italia, uno de los países avanzados donde el Estado tiene menos capacidad para reducir las desigualdades sociales. Mientras en cualquier Estado de Bienestar que se merezca ese nombre la gente más vulnerable recibe más ayudas de las administraciones que la gente más adinerada. Lógico, ¿no? Pues España is different. Aquí el 20% de personas más ricas se llevan el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre.

Este hecho, como mínimo, comienza a ser conocido. Pero a pocos en las filas de la supuesta izquierda nacional, nacionalista o postnacional íbera (porque mira que tenemos izquierdas por aquí; una sopa de siglas, que, en teoría, reflejan todas las sensibilidades progresistas), se les ocurre atajar la raíz de ese problema: redistribuir las ayudas que, ahora, son proporcionales, y en una proporción escandalosa, a los ingresos de la persona beneficiaria. Es decir, lo progresista sería topar (con topes bajos) las bajas de maternidad y paternidad o los subsidios de desempleo o baja por enfermedad. Los ciudadanos privilegiados (ya sea por la lotería de la vida o por su esfuerzo) de los, de nuevo, auténticos Estados de Bienestar, cobran del Estado (por cualquier tipo de baja) una cantidad sustancialmente por debajo de sus sueldos. Eso, además, de desincentivar el parasitismo del Estado (que, como todos los vicios, se suele dar más entre la gente más pudiente), permite disponer de recursos para dar ayudar más generosas a quien de verdad lo necesita: la población más vulnerable.

En resumen, he aquí un mini-manifiesto para la izquierda de hoy: más IVA y menos ayudas a los más privilegiados (categoría en la que muy probablemente se encuentre también usted, querido lector y lectora).

El nivel de democracia que experimenta un ciudadano medio del mundo ha caído al nivel de 1985 A diferencia de principios de siglo, tenemos menos países democratizándose y más “autocratizándose” En democracia liberal, España ocupa la posición 24 del mundo, junto a Italia y Canadá.

Nadie puede asegurar que la democracia está muriendo en el mundo, a manos de una creciente ola autoritaria, pero nadie puede dudar que está enferma. Los optimistas afirman que, si adoptamos una perspectiva histórica lo suficientemente amplia, el retroceso, leve o pronunciado, de las libertades democráticas que han experimentado muchos países – de la India a EEUU, pasando por Turquía y el Este de Europa – es un simple paréntesis. Y que, tarde o temprano, volveremos a la inexorable senda histórica hacia mayores cotas de democracia. A fines del siglo XVIII sólo había una democracia en el mundo, EEUU, y, además, distaba de mucho de los estándares actuales, en términos de respeto a los más básicos derechos individuales. Ahora, hay 91 democracias en todo el planeta, frente a 88 autocracias. En este sentido, parece que somos una ligera mayoría.

Pero los pesimistas disponen también de un arsenal de argumentos, resumidos brillantemente en el último informe del estado de la democracia en el mundo del V-DEM Institute. Como mínimo, parece que el siglo XXI no le está sentando muy bien a la democracia. Mientras hace 20 años había un total de 35 países democratizándose y 18 “autocratizándose”, ahora se han invertido los términos: tenemos 42 naciones en proceso de autocratización y tan solo 11 en vías de democratización. El porcentaje de la población mundial viviendo en dictaduras era del 50% en 2003 mientras que en la actualidad es del 71%. Más preocupante todavía, menos de una de cada diez personas del planeta residía, a principios de este siglo, en un país donde se estaban recortando las libertades democráticas. Ahora, es una de cada tres. Un tercio de la población mundial, en estos mismos momentos, está sufriendo una regresión de la democracia en su propio país. Así, el nivel de democracia que experimenta un ciudadano medio del mundo ha caído al nivel de 1985.

La cuestión es qué contamos como democracia. Si, como muchos investigadores, pensamos que es como estar embarazada (o lo estás o no lo estás), un gran número de países caerían en la categoría de democracia porque, por ejemplo, tienen elecciones recurrentes. Si, como hace el informe del V-DEM Institute, u otros similares como The Economist Intelligence Unit, hacemos una gradación más sutil, nos encontramos con un mapa del mundo lleno de grises. O, como podemos ver en el gráfico 1, con distintas tonalidades de rojo (autocracias) y azul (democracias).

En particular, el índice de Democracia Liberal del V-Dem Institute captura tanto los aspectos electorales (¿Hay elecciones libres y competitivas en el país?) como los liberales (¿Se respetan los derechos civiles y políticos de la ciudadanía?). El índice recoge los elementos que Robert Dahl introdujo en su famosa articulación de “poliarquía”, como la calidad de las elecciones, los derechos individuales, así como las libertades de expresión, prensa y asociación. El índice también mide otros aspectos centrales del liberalismo políticos, como los controles y equilibrios del ejecutivo, el respeto a las libertades civiles, el cumplimiento del estado de derecho y la independencia del legislativo y del poder judicial.

En general, vemos un mundo dominado por el rojo, con la excepción de Europa (occidental) y América. Los países más grandes y más poblados suelen ser autocracias, con algunas notables anomalías como EEUU y Brasil, aunque en ambos casos hubo ligeros (o sonados) recortes de las libertades democráticas bajo las presidencias de Trump y Bolsonaro, respectivamente.

El gráfico 2 profundiza más en esta triste estadística. En 1973, el porcentaje de la población mundial que vivía en una democracia liberal era el 17%. El pico de ciudadanía global disfrutando de regímenes plenamente democráticos se alcanzó a principios de los años 90, con un 18%. Pero, desde entonces, se ha producido una lenta, pero irrefrenable, recesión y ahora sólo representamos un 13% de la población mundial aquellos que podemos disfrutar de un sistema de gobierno elegido libremente en las urnas y que respeta nuestros derechos esenciales. Casi nueve de cada diez habitantes del planeta viven bajo un gobierno que pisotea, en mayor o menor medida, sus libertades, y al que, de facto, no pueden elegir.

También es verdad, como puede apreciarse más claramente en la parte derecha de la figura, que las dictaduras más duras, las “autocracias cerradas”, como China o Cuba, han perdido peso, en favor de lo que los expertos llaman “autocracias electorales”, que encontramos en muchos rincones del planeta: Argelia, El Salvador, Burundi, Egipto, Hungría, India, Tailandia, Líbano o Rusia. Es un grupo variopinto de países, pero que comparten una misma idea: el poder (casi) omnímodo de ejecutivos que, a pesar de ser elegidos mediante elecciones, recurren a métodos antidemocráticos, y en ocasiones coercitivos, para perpetuarse en sus cargos.

Y ¿Cómo está España en democracia liberal? El gráfico 3 recoge los indicadores para cada país, así como los intervalos de confianza. España se sitúa en la posición 24 del mundo, entre Italia y Canadá. El otro índice más popular para catalogar democracias, el del The Economist Intelligence Unit, nos coloca en casi el mismo puesto: el 23. Es decir, no estamos en el decil más democrático del mundo, sino entre el 10 y el 20%. Es una posición decente, pero el problema no es tanto el nivel de la democracia en España como su evolución.

En el mismo gráfico se facilita la posición de España hace una década (2013) y, como sucede con Italia, hemos retrocedido un poco. No es una tragedia y todavía nos hallamos confortablemente situados entre las democracias liberales. Pero no estamos atravesando nuestro mejor momento. Las luchas políticas por el control del poder judicial, el clima de politización y la creciente percepción ciudadana de que es mejor no hablar, en público, de asuntos políticos son las causas, y los síntomas, de que nuestra democracia empieza a mostrar algunos signos de preocupación. La democracia no está muriendo en España, pero no goza de la mejor salud posible. 

En este artículo no te vamos a dar ninguna exclusiva sobre el 'caso Koldo'. No ofreceremos ninguna respuesta a tus preguntas sobre quién conocía qué, dónde y cuándo, pero sí intentaremos abordar una duda que te corroe desde que empezamos a saber sobre este escándalo: ¿Cómo es posible un conjunto de abusos tan obsceno en una democracia teóricamente tan avanzada como la española? ¿Somos realmente tan corruptos?

Hasta que la inteligencia artificial invente un corruptómetro fiable, nos tenemos que guiar por las evaluaciones internacionales. Hace un mes se presentaba uno de los más conocidos, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional, en el que España mantiene la puntuación del año anterior, pero baja un puesto en el ranking mundial. Ocupamos la posición 36 de 180 países, y la 14 entre los 27 miembros de la UE. Si queremos ver el vaso medio lleno, estamos en la media europea – que ya no es un club tan exquisito en lo que a control de la corrupción se refiere. Si queremos verlo medio vacío, estamos al lado de Qatar y lejos de Noruega.

Aquí os voy a presentar otros dos indicadores internacionales, el del Banco Mundial y el que elaboramos para la Comisión Europea desde la Universidad de Gotemburgo. En ambos casos, la medición no se restringe a la corrupción per se, que no deja de ser la punta del iceberg del mal gobierno. La corrupción (ilegal en cualquier sitio) es la parte visible de una forma (legal pero abusiva) de tomar decisiones: esta carreterita inútil por aquí, ese dinerito dilapidado por allá. Las violaciones de la norma de imparcialidad que caracteriza al buen gobierno son incontables. Pero, de alguna forma, se tienen que medir. En particular, ambos indicadores tratan de capturar lo opuesto a la corrupción: la calidad de gobierno, entendida como una administración pública que presta las políticas de forma no arbitraria (con imparcialidad) y limpia (sin corrupción). A pesar de sus innumerables problemas, estos indicadores descansan, fundamentalmente, en percepciones subjetivas, ya sean de la ciudadanía, expertos, inversores u organizaciones del tercer sector.

Y he aquí la primera sorpresa: a pesar de utilizar fuentes (y metodologías de agregación) tan diversas, el resultado que arrojan, como señala el gráfico 1, son muy parecidos. La percepción de calidad de gobierno (QoG) que los 135,000 encuestados de los 27 países de la UE (eje vertical) otorgan a sus países coincide mucho con la percepción de calidad de gobierno que hacen los expertos del Banco Mundial (eje horizontal).

Nota: El indicador del World Governance Indicators del Banco Mundial es una combinación de sus cuatro pilares:, ‘control of corruption’, ‘rule of law’, ‘voice and accountability’ y ‘government effectiveness’. El indicador del EQI es una combinación de sus tres pilares: ‘impartiality’, ‘quality of public services’ y ‘corruption’ (z-score standardized con media =0, desviación estándar.=1, y re-estandarizadas después de la agregación). Fuente: Bauhr, Charron, & Lapuente, 2024. The Geography of Quality of Government in Europe Subnational variations in the 2024 European Quality of Government Index. The Quality of Government Institute Working Paper Series.

¿Cómo está España? Pues, como revelan a menudo en estos indicadores, tenemos una posición media. O mediocre, según juzgue cada uno. Podemos enfatizar que estamos lejos de los mejores (como Finlandia o Dinamarca). También podemos subrayar que estamos lejos de los peores, situados por lo general en la Europa del Este (como Bulgaria, Croacia) y Mediterránea (como Grecia o Malta). Sin embargo, nos han superado ya países de ambas regiones (como Portugal, Lituania o la República Checa). Naciones con las que solíamos compararnos hace un lustro, como Estonia, nos llevan una notable ventaja. Es decir, el problema no es tanto nuestra posición actual (regular) como la evolución (mala).

El EQI (European Quality of Government Index) recoge la opinión de las ciudadanías de 210 regiones de la UE y se acaba de presentar en su edición de 2024. Mide las opiniones de las poblaciones de estos territorios – que, en casos como España, corresponde con unidades administrativas autónomas (nuestras CCAA), pero, en otros casos, las regiones tienen un poder residual o menor (como en Francia o los países nórdicos, así como en gran parte del Este) – en relación a tres aspectos de la calidad de gobierno: primero, la ausencia de corrupción; segundo, la imparcialidad en la prestación de servicios públicos básicos; y, tercero, la calidad de los mismos. En concreto, sobre la corrupción se les pregunta a los ciudadanos tanto sus percepciones como sus experiencias personales con la misma – algo que es absolutamente minoritario en países como España, pero muy frecuente en la Europa excomunista.

El gráfico 2 presenta el mapa para 2024 del EQI. Las regiones en azul están por encima de la media (y cuanto más oscuro, mejor) y las regiones en rojo por debajo (y cuanto más intenso el rojo, peor).

Fuente: Bauhr, Charron, & Lapuente, 2024. The Geography of Quality of Government in Europe Subnational variations in the 2024 European Quality of Government Index. The Quality of Government Institute Working Paper Series.

Como salta a simple vista, España es una mini-Europa. Las autonomías del cantábrico y la mitad oriental, con la excepción de Cataluña y Valencia, están por encima de la media europea. Otras están por debajo, sobre todo en la parte occidental de la península. Tradicionalmente, la mejor región en este indicador era el País Vasco, pero en esta ocasión es Cantabria. Y la que puntúa peor, Castilla y León. No son diferencias extraordinarias y, si exceptuamos a las mejores y peores, no son estadísticamente significativas. Pero sí llama la atención que España es uno de los países cuyas fronteras no podemos identificar mirando el mapa – a diferencia de lo que ocurre con otros países más homogéneos, como Alemania o los nórdicos –. España, junto con Italia, es una de las naciones más diversas o multicolor en calidad de gobierno. En esto, sí que parece que somos plurales.

Tomada en su conjunto, España aparece en el puesto 17 de los 27 de la UE en esta clasificación. De nuevo, parece que estamos en la media. Así que, en relación a la corrupción, podemos decir que somos medios y diversos. O mediocres y divididos. Elige tú el titular.

Junto al cambio climático, el mundo experimenta otro calentamiento, el de la política. Se están deshaciendo los dos estandartes de la globalización: el orden internacional y el liberalismo político. Por un lado, EEUU ya no puede ejercer de gendarme del planeta. La influencia china es lenta pero implacable. El régimen de Pekín lleva años esparciendo por todo el planeta inversiones millonarias y créditos para la construcción de infraestructuras públicas, convirtiéndose no sólo es un actor global con mayor capacidad de veto, sino también de iniciativa para alterar el status quo. El poder ruso es explosivo, pero igualmente incuestionable. Ya sea atacando directamente Ucrania o tejiendo una red con Teherán para desestabilizar Oriente Próximo, Moscú está debilitando las perspectivas democráticas en numerosas casillas del tablero global.

Pero el principal enemigo no está fuera, sino dentro de las murallas del mundo democrático: las naciones se vuelven más egoístas. Partidos ultranacionalistas están reemplazando a los liberales en todos los continentes. Los Republicanos de hoy --Trump, De Santis y cualquier candidato con opciones a las primarias para las presidenciales de 2024-- están en las antípodas de las políticas de puertas abiertas y de generosidad hacia el mundo exterior no sólo de los Demócratas, sino de los Republicanos de antaño. Modi en India representa también dos o tres pasos atrás, por no hablar de la extrema derecha latinoamericana, cuya estrella más reciente, Javier Milei, quiere “sacar a patadas en el culo” a los políticos. En la Europa occidental el nacionalismo cotiza al alza de la mano de Meloni y Le Pen y, en la oriental, las recientes elecciones en Eslovaquia o Polonia dejan como primeros partidos a populismos que se alimentan de la nostalgia y las teorías de la conspiración contra Bruselas y la modernidad.

El conflicto palestino-israelí no puede entenderse sin la regresión política en ambas sociedades. El culpable del ataque es Hamás, que llevó a cabo una acción deliberadamente criminal e inhumana. Pero la política, tanto de Gaza como en Israel, lleva años subiendo en la escala de egoísmo. Gaza ha pasado del posibilismo de la Autoridad Palestina y de un activismo que se enorgullecía de la resistencia no violenta (pensemos en los palestinos que, tras los acuerdos de Oslo protestaban frente a los soldados israelíes con ramas de olivo) al culto a la muerte de Hamás, cuyo interés parece residir en maximizar el número de muertes, tanto de israelíes (da igual que militares o civiles; aunque, seguramente, con preferencia por éstos) como de palestinos (guardando misiles en hospitales y mezquitas y lanzándolos desde las zonas más pobladas para que luego Israel mate más personas al responder). E Israel ha pasado del pactismo de Ehud Barak, quien negoció con Arafat bajo los auspicios del presidente Clinton, al gobierno ultranacionalista de Netanyahu con ministros de extrema derecha. Un ejecutivo que llevaba meses retorciendo el Estado de Derecho, intentado desactivar los poderes del Tribunal Supremo.

Desde esta perspectiva, ¿Cómo está España? ¿Hemos subido en el índice de egoísmo nacionalista? Creo que, si sumamos el procés y el subsiguiente ascenso de Vox, tenemos una dosis nada desdeñable de energías egoístas, de formaciones que velan por los intereses de su tribu, la que sea, frente a los valores liberales y cosmopolitas.

En España hay un poso de resentimiento mayor que en otros países de nuestro entorno. En un trabajo reciente para la revista European Journal of Political Research, Tom van der Meer y Patrick van Erkel exploran la evolución en 15 naciones de la Europa Occidental de una variable fundamental para sostener una democracia, la confianza política. Aunque no es fácil interpretar su evolución: la confianza de los ciudadanos de un país en sus representantes políticos naturalmente sube y baja con las coyunturas económicas y las crisis políticas. Si hay recesión, la gente desconfía más del gobierno, pero, si llega la recuperación, la gente vuelve a confiar. Así que Tom van der Meer y Patrick van Erkel miden la diferencia entre la confianza que deberíamos esperar en función de la coyuntura del momento y la confianza real que observan en cada país. Y esa diferencia tiende a cero en casi todos los países, como muestra el gráfico 1 para Suecia.

Pero hay dos excepciones: España y Francia. En ambos países vemos una divergencia negativa. La caída de la confianza ciudadana es mucho más pronunciada de la que esperaríamos en ambos países por la fuerte crisis económica y política de la última década (antes del Covid). Tanto en Francia como en España hay pues una frustración estructural, que no obedece a los vaivenes de la coyuntura, y eso es preocupante, porque nada alimenta más el egoísmo político que una población resentida.

Como ha quedado reflejado en varios estudios, como El poder de la influencia: Geografía del caciquismo en España (1875-1923), de José Varela Ortega, en España tenemos una fuerte tradición de caciquismo local. Era un fenómeno tan conocido que algunos se atrevían a dibujar un detallado mapa del caciquismo en España:

Gráfico 1. Mapa del caciquismo en España (1897, Revista Gedeón)

Pero la compra de votos por notables locales era un fenómeno ubicuo en todas las democracias de la época, empezando por EEUU, donde se intercambiaban votos por trabajos de cartero, hasta el fraude electoral sin contemplaciones cometido por los “hombres fuertes” en Escandinavia. Y sigue siéndolo en muchas democracias contemporáneas. Es difícil de estudiar, pero las respuestas de los ciudadanos sobre la presencia frecuente de la compra de votos en su país oscilan entre el 4% de los Países Bajos al 75% de Brasil. En las democracias ricas, como los países de la OCDE, la media (de estas percepciones) es del 12%. Es decir, estamos ante un fenómeno marginal, pero no inexistente.

Así pues, los escándalos de compra de votos que se acumularon en los días anteriores a estas elecciones locales y autonómicas encajan dentro de las dinámicas propias de una democracia avanzada, pero que, como todas, presenta algunas lagunas. De hecho, que sean descubiertos puede ser indicativo de que, a diferencia del pasado, se combaten de forma más enérgica. Porque España, con el paso de los años, está dejando de cumplir las tres características que alimentan, según los expertos, la compra de votos: primero, bajo nivel socioeconómico, que permite que ofertas masivas de compra de voluntades resulten atractivas (eso es cada vez más complicado en prácticamente todo el territorio nacional, con la excepción de algunos lugares muy concretos); segundo, una escasa implantación de los partidos políticos, que les haga descontar los costes reputacionales (también eso ha cambiado, pues PP y PSOE son organizaciones más maduras que cuidan su credibilidad con esmero); y, tercero, unas instituciones del Estado débiles (y aquí la diferencia con los años de la Transición es remarcable: las fuerzas de seguridad, la fiscalía, las juntas electorales, las delegaciones de gobierno, los instrumentos públicos para detectar y atajar el fraude electoral son numerosos y poderosos). Si nos fijamos en los casos más conocidos de compra de votos en nuestro país, por lo general han tenido lugar en sitios con bolsas de pobreza relativamente grandes (como barrios muy determinados), por parte de formaciones políticas con escasa implantación (como Coalición por Melilla), y en zonas periféricas a las que, tradicionalmente (ahora ya no), al Estado le costaba llegar más (como Melilla, Galicia o Andalucía).

Como vemos en el gráfico 2, en el que los números más altos indican una mejor capacidad para “evitar” la compra de votos, históricamente España ha sufrido tantos o más problemas que Argentina, uno de los países del mundo más tradicionalmente asociados a la compra generalizada de votos. Durante las experiencias democráticas previas a la dictadura nos acercamos algo a los niveles de control de los grandes países del continente, como Francia o Alemania, y, desde la Transición, casi nos hemos igualado a ellos. “Casi”, pero no del todo. Subsiste pues, en nuestro país, algún residuo de compra de votos, a nivel local, en municipios concretos y bajo circunstancias particulares.

Gráfico 2. Estimación del nivel de erradicación de la compra de votos

Sin embargo, la pureza de unas elecciones no se mide sólo por el nivel de existencia de (bolsas mínimas de) compra de votos. Si tenemos en cuenta todos los elementos que hacen que las elecciones en un país sean libres y justas, y que no supongan una ventaja para los gobiernos o los intereses económicos, llevándose a cabo en un entorno de medios de comunicación libres e independientes, entonces España puntúa todavía mejor. Según el índice que publica el V-DEM Institute, ocupamos la posición 11 del mundo, por detrás de naciones democráticas de tamaño pequeño (donde es más fácil equilibrar el debate público), como los países nórdicos, Estonia, Luxemburgo o Nueva Zelanda. De las democracias grandes, sólo estamos por detrás de Francia (que ocupa el puesto 10), y estamos por delante de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Australia y otras muchas democracias con más experiencia. 

El gráfico 3 representa la evolución de este índice compuesto sobre la calidad electoral de cuatro democracias que han sufrido unas notables crisis desde la Gran Recesión. Tanto en Italia como en Polonia, Estados Unidos y España, los sistemas políticos han vivido un auténtico tsunami, con la irrupción de fuerzas políticas nuevas, polarización, tensión y agitación social. Sin embargo, con la excepción de Polonia, cuya calidad electoral ha caído de forma notable, en las demás se mantiene alta. Y, enlazando con lo anterior, la española es la que mejor resiste.

Gráfico 3. Índice de Democracia Electoral

En definitiva, nos pueden gustar más o menos los resultados electorales del 28M, y encontrar más o menos llamativos los casos de supuesta compra de votos que han surgido durante la campaña. Pero la democracia española, que tiene dolencias (como casi todas), no tiene un problema en el auténtico corazón del sistema: la limpieza de las elecciones. Eso no quiere decir que no haya que actuar con prontitud ante las sospechas de compra de votos y tapar todas grietas que pudieran posibilitar esta práctica, como garantizar de forma más efectiva el voto secreto, tal y como reclamaba hace unos días aquí Lluis Orriols. Pero, como él, hay que concluir que, tras un diagnóstico completo, las elecciones españolas gozan de buena salud.

Los politólogos somos incluso más siniestros que los meteorólogos. Ambos sabemos que conseguimos más atención pública advirtiendo de la llegada de peligrosas tormentas (en nuestro caso, la crisis de la democracia, la implosión del Estado de Derecho) que de la de un calmado anticiclón. Pero los hombres y mujeres del tiempo están sometidos al control de la realidad. La ciudadanía, y no hablemos de los dueños de restaurantes en la costa, constata rápidamente si ha habido una previsión catastrófica desmedida. Pero los analistas políticos, y hasta cierto punto los economistas con algunos de sus pronósticos, podemos escaparnos de ese escrutinio. Siempre podemos recurrir a decir algo como: “ahora, con esta medida autoritaria de este gobierno, no se ha hundido la democracia ni roto España (aunque nosotros dijimos que sí e incluso alentamos manifestaciones asegurando que se había cruzado una línea roja), pero, ay, esto es solo principio, ya veréis en unos meses; lo que viene es terrible. Lo nunca visto”. Lo que la ciudadanía percibe como el aleteo de una mariposa siempre se puede vender como los primeros síntomas de la tormenta del siglo.

La gran perturbación política de nuestra era, la que alimenta más las fantasías de muchos en nuestra profesión, es la crisis de la democracia. Han corrido ríos de tinta con todo tipo de predicciones sobre la debilidad de las democracias en el mundo. Y es cierto que, si nos concentramos en algunos indicadores, como los del V-DEM Institute, hay un deterioro de las libertades civiles y políticas en gran parte del planeta. El porcentaje de población mundial viviendo en autocracias ha pasado del 49% en 2011 al 70% en 2021. La “autocratización” es un fenómeno que afecta a muchos países que, además, son actores regionales relevantes, como Brasil, India, Polonia, Serbia o Turquía. En estos momentos, el 36% de la ciudadanía mundial vive en países que están experimentando ese proceso de degeneración de las libertades democráticas.

Pero hay varias razones para mantener una opinión más optimista sobre el futuro de la democracia. En primer lugar, todavía no tenemos una perspectiva histórica suficiente como para afirmar que las democracias están siendo sustituidas por autocracias. Depende de dónde pongamos el punto de comparación. Si es hace 10 o incluso 20 años, estamos peor. Pero, con una mirada más amplia, la historia de la humanidad en los últimos dos siglos ha sido de un avance, lento a veces, y con pasos atrás puntuales, de la democracia.

En segundo lugar, como muestra la experta Pippa Norris en el siguiente gráfico, en Europa la democracia no produce tanto desencanto como solemos oír de muchos analistas. La línea para cada país une las respuestas de “muy” o “bastante satisfecho” con la democracia de sus ciudadanos (con datos del Eurobarómetro).

Gráfico 1. Satisfacción con la democracia en países europeos (autora: Pippa Norris)

Una primera conclusión global es que no parece haber conclusión global. Cada nación parece seguir unos patrones específicos. Son, además, unos patrones altamente volátiles, con lo que tampoco podemos identificar en cada nación una tendencia concreta. Si acaso, la democracia parece, a día de hoy, generar un nivel de satisfacción relativamente alto. Obviamente, como los analistas vivimos de vender tormentas, en cada país seguramente sólo tienen repercusión mediática los movimientos descendientes en este gráfico. Pero, como podemos comprobar, casi todas las naciones tienen bajadas, pero también subidas. España es, como en tantas otras cosas, un caso estándar: declives más o menos notables con las crisis (económicas y políticas) de principios de los 90 y de la Gran Recesión y, después, ascensos. Y, a nivel general, a pesar de la postpandemia, la crisis energética, la inflación y la guerra en Ucrania, no parecemos estar los europeos atravesando un momento de particular desencanto con la democracia.

Hay un tercer motivo para el optimismo. En un interesante trabajo en la revista científica Journal of Democracy, los investigadores Milan Svolik, Elena Avramovska, Johanna Lutz y Filip Milačić plantean a encuestados de siete países europeos un dilema experimental sobre su tolerancia hacia actitudes políticas autoritarias. Les preguntan si votarían a candidatos ficticios que proponen unas determinadas políticas (más o menos de izquierdas o derechas), pero que, en el caso de algunos de ellos, presentan además rasgos proto-autoritarios. Por ejemplo, porque están dispuestos a controlar a los medios de comunicación o a los jueces díscolos con el gobierno. Mirando a la diferencia entre el apoyo a un candidato X y a otro Y, idéntico pero con esas tendencias autoritarias, los investigadores calculan el nivel de “resiliencia democrática” de los votantes de los principales partidos en esos países.

Gráfico 2. Resiliencia democrática en Europa.

Los resultados indican que los votantes de todos los partidos castigan a los candidatos autoritarios. En otras palabras, no hay ningún partido en estas siete democracias europeas en las que los políticos resulten más atractivos por ser más autoritarios. Sin embargo, no todos los votantes reprenden por igual las características autoritarias de sus candidatos. Y los dos grupos relativamente más tolerantes con el autoritarismo, en todos los países, son los partidos de la extrema derecha y los abstencionistas. Éstos, como muestran los autores del estudio, son además personas que, en el caso de decidir ir a votar, tenderían a inclinarse también por las formaciones de derecha radical. En definitiva, estamos hablando de una misma bolsa de votantes relativamente poco democráticos. Pero, de momento, tampoco decididamente autoritarios.

Y ése sería el corolario: la democracia quizás no goza de una salud excepcional, pero la autocracia está peor.

PD: Sí, en España, los votantes más dispuestos a sacrificar sus políticas públicas preferidas por defender la democracia son los de Ciudadanos y Unidas Podemos. Serán partidos pues con muchos problemas, pero el tener un electorado autoritario no está entre ellos.

El problema de la inmigración ha beneficiado a la derecha radical en todo el mundo, pero las soluciones a la inmigración podrían favorecer a la izquierda moderada. Si es inteligente.

Durante mucho tiempo, todos los partidos europeos de izquierda, y también de la derecha tradicional, han intentado esquivar la palabra inmigración, o la integración social de la gente llegada de otros países, y sobre todo otras religiones, en cualquier asunto: de la segregación escolar a la igualdad de género, pasando por el mercado laboral o el abandono escolar. Era anatema. Y tenía sentido. Es fácil estigmatizar a colectivos enteros aludiendo públicamente a lo que, en el bar, en el rellano de la escalera o en la salida del colegio, mucha gente habla, murmura. O no dice nada, pero se muda del barrio o saca a sus hijos e hijas de la escuela pública. Todos conocemos algún ejemplo, acompañado de la coletilla: “no soy racista, pero…”.

Esta distancia entre las élites políticas de toda la vida y lo que piensan muchos ciudadanos quizás es una ficción. Pero, algunos datos parecen avalar que, como mínimo en algunos países, las preferencias del votante mediano y del representante político medio divergieron bastante durante bastante tiempo en bastantes temas relacionados con la inmigración. Es el caso de Suecia, donde, en casi todos los asuntos, del nivel de impuestos a la pertenencia a la OTAN, las opiniones de la gente y de sus políticos tiende a converger. Pero, en inmigración, durante muchos años los representantes políticos, de todo el espectro ideológico (excepto la entonces inexistente o irrelevante ultraderecha), mantuvieron unas políticas más aperturistas que las deseadas por el sueco o sueca de a pie.

La de los políticos escandinavos fue una actitud bienintencionada, encomiable y, añadiría, noble. Y, posiblemente, también beneficiosa para la prosperidad de un país que, en pocas décadas, vio cómo su población crecía un 24%. Según datos del politólogo Peter Esaiasson, Suecia ha pasado de ser una sociedad prácticamente homogénea a una de las más diversas de Occidente, superando incluso a EEUU en algunos indicadores. En total, los inmigrantes representan el 20% de la población, y el 30% si se cuenta a sus hijas e hijos. Entre los menores de 40 años, el 50% (de nuevo, contando a los de segunda generación). En algunas ciudades, como Malmö y Södertälje los extranjeros de países fuera de la OCDE representan más de la mitad de la población. Es precisamente en algunos barrios de esas ciudades donde el partido Nyans, con lazos al régimen turco y que apela al voto del miedo de los inmigrantes musulmanes, ha obtenido el 25% de los votos, alimentado por una subcultura antioccidental donde proliferan teorías conspiranoicas como que los servicios sociales suecos roban a los bebés de las mujeres inmigrantes. Esos barrios desconectados del resto de la sociedad –en paro, educación, pero también en vacunación contra la Covid– han provocado que la pacífica Suecia se haya convertido en una de las principales cunas (dentro de Occidente) de guerreros del Estado Islámico. Jóvenes criados, y en muchos casos nacidos, en el país más democrático del mundo (según muchos indicadores) y que sienten lealtad a la más intransigente de las ideologías teocráticas. La prensa sueca documentó el caso de algunos guerreros que habían estado combatiendo en Siria mientras cobraban la baja paternal del Estado sueco.

Si los partidos del establishment han hablado poco de la integración de los inmigrantes (repito: quizás con buen tino), la extrema derecha ha hablado demasiado. Por eso, en una campaña electoral centrada en el aumento de la criminalidad –un ascenso objetivo en términos comparativos con otros países, aunque no dramático– como lo fue la de las elecciones del 11 de septiembre, lo lógico es que los ultraderechistas Demócratas de Suecia se llevaran el gato al agua con un discurso cínico y oportunista, que capitalizaba los miedos (por infundados que fueran) de muchos ciudadanos. Y más ciudadanos que ciudadanas, porque el voto a la ultraderecha sigue siendo mayoritariamente masculino.

Pero, si la ultraderecha ha dado con un diagnóstico que cala en la sociedad, es incapaz de ofrecer una medicina que encaje con la realidad. Sus propuestas –cerrar las fronteras, expulsar inmigrantes– son hijas del miedo: irreflexivas e irrealizables en una sociedad moderna. Hasta los conservadores británicos están ahora intentando que más inmigrantes lleguen al país para sostener la economía y el Estado de Bienestar. De forma parecida, el resto de fuerzas de derechas en Suecia, pero también en otras naciones europeas, ha entrado en una espiral de propuestas a cual más radical para reducir la inmigración. En esa competición para ver quién es más radical, la extrema derecha tiene las de ganar. Véase Suecia, pero después Italia y antes Francia.

Al contrario, la situación de derrota en el “marco de discusión” de la izquierda, al tener que hablar de un tema que no les beneficia como la inmigración, se puede convertir en una oportunidad para salir reforzada. Los debates de las elecciones suecas –que, por cierto, ganó la socialdemocracia con el 30% de los votos y un margen notable con respecto a los segundos; a pesar de que, en conjunto, el bloque de izquierdas marginalmente perdiera la contienda– nos dan una pista. En ellos, la izquierda –algunos dirán que “renunciando a sus principios”, “acercándose a los postulados de la extrema derecha” o “comprando su discurso”– presentó una batería de medidas para favorecer la integración que estaban en las antípodas de las de la derecha: eran propuestas, como mínimo avaladas por expertos, como invertir más recursos en colegios problemáticos, destinar más trabajadores sociales a determinados barrios (propuestas de los socialdemócratas) o construir viviendas públicas de alquiler en barrios acomodados para combatir la segregación (iniciativas de la izquierda alternativa). La sensación que daban es que, mientras la derecha gritaba contra los inmigrantes, la izquierda ofrecía soluciones.

A corto plazo, el grito es más rentable. Pero, a la larga, la izquierda tiene un mejor arsenal para conectar de nuevo con el votante mediano. Y, sobre todo, para volver a tejer los hilos de una sociedad que, a sí misma, se percibe cada vez más rota.

Si unos extraterrestres llegaran a nuestro planeta para instalarse a vivir plácida y discretamente entre nosotros –es decir, no para invadirnos o para apoyar a regímenes como la Rusia de Putin, sino buscando un lugar moderno con alta calidad de vida, democracia y cohesión social, y baja desigualdad, crimen y corrupción– ¿Qué nación elegirían? Con una probabilidad muy alta, escogerían, en prácticamente todos los continentes, un país con una forma particularmente anticuada de jefatura del Estado: una monarquía parlamentaria. Como Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Reino Unido o España en Europa, Canadá en América, Australia en Oceanía o Japón en Asia. Naciones de culturas e historias variopintas que combinan un sistema democrático (puntero además) con un jefe de Estado hereditario. 

¿Un anacronismo? Es lo que pensó el antropólogo norteamericano Edward Banfield, cuando viajaba por el sur de Italia durante la postguerra y le preguntó a un viejo campesino cuál era, a su juicio, la forma ideal de gobierno. Y este le respondió que la monarquía, porque el rey es el dueño del país y, como el dueño de una casa, tiene más interés en mantener en buen estado el edificio que el inquilino que lo ocupa durante sólo cuatro años. Muchas décadas después la evidencia empírica parece apoyar la intuición del campesino, tal y como hemos recogido en el libro Las Monarquías Parlamentarias del Siglo XXI: Reinventando la Tradición (Aranzadi 2022), que he tenido el placer de coordinar, o en el capítulo sobre la Monarquía en el recientemente publicado Informe de la Democracia de la Fundación Alternativas, que he tenido el placer de escribir. 

Las monarquías parlamentarias parecen tener una cierta ventaja comparativa no sólo en relación a los regímenes autoritarios (incluidas las monarquías), sino también en relación a otros sistemas democráticos, como las repúblicas. Podría ser al revés, claro. Es decir, cuando a tu país le van bien las cosas –pensemos en las plácidas Dinamarca, Noruega o Suecia–, nadie quiere desterrar, o cortarle la cabeza, al rey. Al contrario, en Francia (o España en el pasado), el descontento social se llevaba por delante al rey de turno. Dicho de otro modo, el hecho de tener una monarquía parlamentaria no afectaría al desarrollo económico más que, por ejemplo, que las banderas del país ondee limpias y pulcras, pues ambas circunstancias (banderas bonitas y una familia real) serían consecuencia, y no causa, del desarrollo. 

Pero hay motivos para pensar que, aunque ciertamente la prosperidad económica prevenga las revoluciones con guillotina, también puede existir un efecto positivo de las monarquías sobre el bienestar socioeconómico de un país. Quien lo ha trabajado más metódicamente es el sociólogo y economista Mauro Guillén. Tras analizar la evolución de numerosos indicadores económicos de 137 países en el periodo entre 1900 y 2010, Guillén vio cómo los derechos de propiedad y otras variables ligadas al crecimiento económico estaban mejor salvaguardadas en las monarquías parlamentarias. ¿La razón? Pues que, o bien con su sola presencia o bien por algún tipo de influencia soterrada, los monarcas impiden que sus (electos) primeros ministros o presidentes del gobierno abusen de sus poderes como los (también electos) presidentes de república. Como desgraciadamente hemos visto de Venezuela a Rusia, pasando por muchos países del Este de Europa. Y también a lo largo de la historia. Si hubieran sobrevivido algunas monarquías en el centro de Europa tras la Primera Guerra Mundial, empezando por Alemania, hubiera sido mucho más difícil que tiranos como Adolf Hitler se hubieran entronizado en el poder. 

Como siempre ha señalado la reina Isabel II, toda monarquía descansa sobre el consentimiento del pueblo

No obstante, como siempre ha señalado la reina Isabel II, toda monarquía descansa sobre el consentimiento del pueblo. Quizás es un consentimiento pasivo, pero se puede convertir en activo en cualquier momento –por ejemplo, con un repentino referéndum sobre la forma de Estado–. Y ahí es donde tiene un problema Felipe VI, a pesar de que no se encuentre ahora en su peor momento de popularidad. La dificultad es estructural, como muestran los politólogos Ariane Aumaitre y Alberto Penadés en su capítulo de Las Monarquías Parlamentarias del Siglo XXI. En España, la monarquía goza de muy poco apoyo entre la gente de izquierdas y las generaciones jóvenes. Su sostén son, sobre todo, las personas mayores y de derechas. Si a ello le añadimos la complicación territorial – es decir, la bajísima popularidad de la monarquía en varias regiones de la España periférica –, la monarquía en España tiene un serio hándicap de legitimidad.

¿Cómo solucionarlo? Aquí quien mejor ha pensado sobre el tema es el investigador principal del Real Instituto Elcano Ignacio Molina. Y me gustaría destacar cuatro de sus exhaustivas propuestas (también en Las Monarquías Parlamentarias del Siglo XXI) para modernizar la monarquía en España que me llaman la atención no tanto por su complejidad, sino precisamente por su relativa sencillez. Y, sin embargo, apenas aparecen en el debate público. 

En primer lugar, la legitimidad de la Corona aumentaría automáticamente –y, bueno, la calidad de nuestra democracia también– con la eliminación inmediata de la preferencia por el varón en la sucesión a la Corona. 

En segundo lugar, viene un tema más espinoso, pero que, de nuevo, debería hacer reflexionar a nuestros dirigentes políticos (y a los asesores del monarca): la neutralidad política. ¿Cómo hacer para que el monarca, que en ocasiones (pensemos el discurso del 3 de octubre de 2017) parece que actúa con una finalidad política (sea esta mayoritaria o no), mantenga una imagen de escrupulosa neutralidad política? Creo que lo más sensato es alejar al monarca de toda iniciativa política y, en particular, dejarlo fuera del proceso de investidura, tal y como sugiere Molina. Además, en un periodo de fragmentación parlamentaria casi extrema donde resulta cada vez más complicado saber qué candidato está mejor preparado parlamentariamente para ser elegido presidente, estamos a una elección o dos de que el rey se vea forzado a tomar algún tipo de decisión política discrecional que podría ser interpretada como partidista. Para evitarlo, lo lógico sería seguir la evolución de la monarquía sueca, que hace cuatro décadas que se desligó formalmente del proceso de investidura. Es decir, el modelo británico, con la reina despachando con los primeros ministros y teniendo, formalmente (no realmente) una presencia tan notable en la vida política del país , podría ser crecientemente peligroso en nuestro contexto político. 

En tercer lugar, un monarca en democracia no puede mantener la inviolabilidad por sus actos privados. Es un anacronismo inaceptable. Urge pues distinguir la responsabilidad que el rey tenga por sus actividades públicas de la que se deriva de sus acciones privadas. 

En cuarto lugar, viene la reforma más intangible y quizás la más importante: un cambio en el simbolismo de lo que es y lo que hace el monarca y, por extensión, la familia real. El rey debe estar más cerca del pueblo, en palabra (utilizando todos los idiomas oficiales y haciendo discursos alabando no sólo las gestas de los grandes empresarios o deportistas, sino también de los ciudadanos y ciudadanas de a pie en todo tipo de iniciativas sociales), en obra (utilizando los servicios públicos, incluyendo los hospitales de de la sanidad pública y los colegios públicos, amén de obviamente cumplir con sus obligaciones fiscales), y en omisión (evitando los actos abiertamente confesionales que nos retrotraigan al binomio Estado-Iglesia del pasado, así como, por si faltara recordarlo, las acciones éticamente reprobables del rey emérito).

En resumen, no es descabellado pensar que, en las monarquías parlamentarias, los reyes ejercen un influjo disuasorio sobre los aprendices de dictadores que han sido democráticamente elegidos y que, una vez en el poder, abusan del mismo. Pero, claro, para que ejerzan esa función arbitral en la sombra, los monarcas deben no sólo ser impecablemente ejemplares, sino parecerlo. Está pues, en las manos del rey Felipe, así como de los partidos políticos mayoritarios, hacer que la monarquía sea vista como elemento modernizador o, por el contrario, como un privilegio arcaico.

Verano de 1992. Estás escuchando en la radio los 40 Principales cuando alguien llama la puerta. Es una mujer con gafas de sol y vestida de cuero negro, parecida al personaje de Trinity en Matrix, película que se estrenará en unos años. Te quiere vender un servicio personalizado llamado Matriz (o Madriz; no lo recuerdas bien) y que consiste en lo siguiente: durante las 24 horas del día, los 365 días del año, tendrás a tu lado un mayordomo discreto y diligente, vestido con elegante traje y chaleco, y que lleva un aparato de Fax debajo del brazo. Su misión será pasarte toda la información que desees sobre cualquier cosa en el mundo, garantizando que la tendrás en un tiempo máximo de 3 segundos.

Cuando quieras saber quién era el presidente de EEUU en 1900, cómo se construyó un templo de Micenas o qué artículos tiene la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bastará con que se lo escribas en un papel y el mayordomo se comunicará con walkie-talkie con su equipo. Y no es un equipo pequeño, sino el mayor ejército de empleados de la historia: millones de personas que permanecen sentadas junto a media docena de libros cada una y que, gracias a haberse entrenado durante años en el Himalaya con monjes shaolin, son capaces de desplazar sus manos velozmente por las páginas de los libros que custodian y así poder trasladar la información requerida al mayordomo, ya sea oralmente por walkie-talkie o por fax si es una foto. Huelga decir que el fax es ultrarrápido y te puede imprimir En Busca del Tiempo Perdido o la última novela de Michael Crichton en un abrir y cerrar de ojos. El mayordomo también puede traerte cualquier sonido o vídeo guardado en decenas de miles de fonotecas de todo el planeta, de la música de Vanuatu a los discos de Camarón o los discursos de Clinton. Palomas ultrasónicas trasladarán el disco CD o DVD desde el lugar más remoto a donde tú y el mayordomo os encontréis. Aunque tu prestación favorita es que la empresa tiene contratado a un meteorólogo en cada uno de los municipios del mundo, que puntualmente recoge todos los parámetros atmosféricos y te puede calcular la previsión del tiempo para los próximos 10 días. También te fascinan los miles de personas que se dedican a sacar fotos de todas las calles y casas del mundo y se las pueden pasar al mayordomo también a velocidad del rayo.  

¿Cuánto hubieras pagado en 1992 por este servicio, que despegaría poco después con el nombre de Internet y del que ahora disfrutas en tu teléfono móvil por un precio irrisorio? ¿Cuánto le hubiera costado a la economía mundial montar este servicio para disfrute de una sola persona? Ni aunque los 5.600 millones de habitantes del planeta hubiéramos sido súbditos del líder norcoreano Kim Jong-il, completamente entregados a satisfacer la curiosidad del dirigente supremo, habríamos logrado darle los textos, las canciones o las imágenes que hoy podemos obtener todos con un clic en la pantalla táctil de nuestros aparatos digitales.

Esto es solo un ejemplo, quizás el más palpable, del bienestar que hemos ganado con el paso de los años. En conjunto, todos vivimos mejor y, a veces, en medio de tanto ruido y tanta furia, deberíamos parar a deslumbrarnos ante el progreso humano. Una persona media de un país occidental ha pasado de disponer de unos 2 o 3 dólares de renta al día a más de 100 en unas pocas generaciones. Y en el resto del planeta al ascenso ha sido de 2 o 3 dólares a unos 30. Menos, pero, aun así, una mejora enorme. Y, además, más rápida, porque esa mayor velocidad de desarrollo de las naciones más pobres es una de las constantes menos visibles en el debate público mundial: la desigualdad global está descendiendo. Los países pobres se acercan a los ricos. La brecha entre ricos y pobres no aumenta, como muchos podrían interpretar a juzgar por lo mucho que se habla del crecimiento de la desigualdad, sino que disminuye. Donde despunta la desigualdad es dentro de los países y, sobre todo, en las naciones más desarrolladas, como la nuestra.

Como comenta jactanciosamente la economista Deirdre McCloskey, si tu preocupación son los pobres del mundo, tienes que estar de celebración con la evolución económica del mundo estas décadas. Si solo te preocupas de los pobres de tu país, entonces no. Y es paradójico que sean precisamente las personas más cosmopolitas, las que más deberían destacar el progreso socioeconómico de la humanidad desde, como mínimo, la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, las que, sin embargo, más se quejen del aumento de la desigualdad. En opinión de McCloskey, incluso el crecimiento de la desigualdad dentro de nuestro rico Occidente es cuestionable, pues, además del ejemplo inicial del teléfono móvil, cualquier bien de hoy día produce unas prestaciones mayores que antaño, de los frigoríficos a los neumáticos (¿recordáis qué frecuente era cambiar la rueda en el pasado en comparación con lo infrecuente que es sufrir un pinchazo hoy?). El de McCloskey es un punto de vista radical, pero vale la pena planteárselo como sano contrapunto a las omnipresentes denuncias sobre el aumento de la desigualdad.

Vale, Víctor, pero ¿qué problema hay en señalar la creciente desigualdad (de ingresos, no tanto de riqueza) que sufre un país como España? Ninguno, si se hace con moderación. De hecho, todo lo contrario. Al visibilizar un problema que ciertamente existe podemos discutir fórmulas para mitigarlo – aunque siempre conscientes de que no ha existido sociedad sobre la faz de la tierra que haya erradicado completamente la desigualdad: de los finlandeses hoy a los aborígenes australianos, los grupos humanos teóricamente más iguales esconden desigualdades – y mitigar la desigualdad me parece, personalmente, un fin muy noble.

Pero, y aquí está la cuestión, tanto la evidencia experimental como de encuestas sugiere que si la desigualdad se convierte en una cuestión de discusión permanente, de forma similar a como está ocurriendo en nuestras sociedades, en las que el marco de referencia para discutir muchos asuntos es crecientemente la injusta desigualdad en la que vivimos, entonces los ciudadanos adoptan la actitud exactamente opuesta a la deseada por quienes quieren reducir la desigualdad. El planteamiento de que una sociedad es profundamente desigual, en primer lugar, agudiza en los individuos la necesidad (ya de por sí gravosa) de alcanzar un elevado estatus social; y, en segundo lugar, lleva a que los individuos crean que ese estatus no se puede lograr mediante las buenas obras (en términos psicológicos, el “prestigio”), sino a través de la imposición (en términos psicológicos, el “dominio”). Los individuos abandonan el discurso racionalista y adoptan visiones confrontacionales del mundo. En pocas palabras, acentuar demasiado la desigualdad nos brutaliza.

Abramos los ojos a las injusticias sociales, pero no los cerremos a las bendiciones del mundo moderno.

¿Qué es el Estado? Si miramos a Ucrania, la definición de Weber – el Estado como monopolio de la violencia – parece más ajustada que nunca. Pero, si tomamos un poco de perspectiva, el Estado moderno es una criatura crecientemente compleja, que se enfrenta a retos inesperados, como pandemias o crisis económicas, y cuyas características más destacadas no son siempre visibles. Al contrario, lo que parece distinguir a los Estados más capaces de los menos son elementos intangibles. Echemos un vistazo al gráfico 1, de un reciente artículo en The Lancet que valora la respuesta a la pandemia en 177 países.

Llama la atención, en primer lugar, que los índices de preparación frente a las pandemias, como los indicadores de seguridad sanitaria, no parecen estar asociados con un menor número de contagios o una mayor mortalidad del virus. Ninguna de las más de 20 variaciones de estos índices analizadas tiene un impacto estadísticamente significativo. Es curioso, porque estos índices han alcanzado bastante notoriedad durante esta epidemia y tanto expertos como políticos en varios países se han conjurado para que su nación invierta en cumplir con los requisitos de esos índices. Todavía más extraña es la ausencia de impacto que parecen tener otros medidores objetivos del sistema sanitario, como el número de camas de hospital o el porcentaje de gasto sanitario por persona. ¿Quiere decir esto que no debemos poner dinero para reforzar nuestra (bastante precaria y muy estresada) sanidad pública? En absoluto. El gasto en sanidad pública está asociado con muchos indicadores de bienestar, empezando por la esperanza de vida. Pero, en relación a las pandemias, y aunque podría existir un efecto indirecto no capturado en este estudio, no emerge como decisivo.

¿Qué es lo que realmente funciona contra las pandemias? Si nos movemos a las filas inferiores del Gráfico 1, vemos que tan sólo tres elementos aparecen en verde; es decir, están estadísticamente asociados con mejores (o peores) resultados en la lucha contra la pandemia. Empecemos por el factor negativo: la corrupción. Obviamente, por su propia naturaleza, no es un fenómeno fácil de medir, con lo que estos indicadores comparados están basados en percepciones subjetivas – por lo general, de ciudadanos, inversores o expertos – . En el gráfico vemos cómo cuanto más elevada es la percepción de corrupción en un país, mayor ha sido el número de contagios per cápita.

Por el contrario, otros dos factores también subjetivos – la confianza interpersonal y la confianza en el gobierno – están inversamente correlacionados con los contagios. En aquellos países donde la gente confía más en la gente que no conoce personalmente (es decir, la confianza social o interpersonal) el coronavirus ha infectado a menos individuos, controlando por otros factores. Este hallazgo ya se había detectado en estudios previos (aquí un resumen reciente y nueva evidencia) pero es curioso que, tras explorar un número elevado de características de una sociedad que pudieran estar relacionados con la gestión de la pandemia, los aspectos estadísticamente significativos no son objetivos y materiales, sino inmateriales y basados en percepciones subjetivas.

En el gráfico 2 podemos ver el efecto que parecen ejercer estos tres intangibles (confianza social, confianza en el gobierno, y percepciones de corrupción) sobre otra variable fundamental en la pandemia: el porcentaje de población vacunada. El impacto más relevante es el de la corrupción, pero el nivel de confianza social también está fuertemente asociado con la vacunación.

El gráfico nos permite también situar a España y, por tanto, ver nuestras ventajas y desventajas en estos intangibles. Donde estamos mejor es en confianza social. Y, además, estamos colocados sobre la misma línea de regresión. En otras palabras, nuestro nivel de confianza en los demás predice exactamente (lo cual no quiere decir que explica totalmente) el porcentaje de vacunación. Pero en corrupción, y como también hemos señalado en varias ocasiones (aquí un post reciente de Pablo Fernández-Vázquez), tenemos una percepción claramente por detrás de las democracias más avanzadas. Y, por tanto, muy mejorable.

Donde claramente estamos a la cola, no ya de Europa, sino de las economías de la OCDE, es en confianza en el Gobierno. El gráfico 3 muestra el porcentaje medio de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos para el año 2020. España aparece claramente por debajo de la media de la OCDE, pero lo que resulta más preocupante es la caída desde 2007. Mientras en la mayoría de países los ciudadanos aumentaron (aunque fuera de forma ligera en muchos lugares) su confianza en el gobierno, en nuestro país se produjo un sonoro descenso, sólo superado por Colombia, Chile y Bélgica – países que, cada uno a su manera, han padecido crisis significativas estos años –.

En resumen, podríamos decir que España saca entre un bien y un notable en confianza social, pero solo un aprobado en lucha contra la corrupción, y un suspenso en confianza en el Gobierno. Esta es una de las grandes tareas pendientes para nuestro sector público. No basta con tener una sanidad (o un sistema educativo) que “objetivamente” puntúe muy alto en los indicadores tangibles, como el gasto per cápita en ese negociado. Sin duda, invertir dinero es necesario, pero no suficiente. Para que la acción pública tenga un impacto significativo es indispensable también el concurso de la población: si la ciudadanía no confía en el Estado, las cosas no funcionan.

La gran pregunta es obviamente cómo conseguir que la gente se fíe de los gobernantes. Una pregunta difícil de responder en estos días de tanto ruido y furia política. Las sospechas de enriquecimiento de familiares de políticos, o de espionaje a rivales o compañeros de partido, transmiten unos pésimos intangibles.

Hasta desde el Gobierno se reconoce que el “gran desafío” de nuestro país es la ejecución de los miles de millones de fondos de recuperación que vamos a recibir de Europa en los próximos meses. Los precedentes no son buenos. España está a la cola en la capacidad de absorción de los fondos que nos llegan de Bruselas regularmente. Ejecutamos sólo el 45% de lo presupuestado, sólo por detrás de Italia (44%) y muy lejos del mejor implementador: Finlandia (79%). Y, si nos cuesta lidiar con el dinero regular de los fondos estructurales, gestionar los hasta 140.000 millones que extraordinariamente podemos llegar a obtener parece una misión titánica. Hay que organizar, acelerar y engrasar convocatorias de licitaciones para inversiones públicas, subvenciones y todo tipo de convenios.

Este reto debería ser una oportunidad para modernizar el diseño e implementación de las políticas públicas en España que, en estos momentos, sufren dos grandes problemas. Dos agujeros negros en dos puntos fundamentales del circuito de las políticas: ausencia de planificación (técnico-política) a largo plazo; y ausencia de evaluación de las políticas públicas. Vayamos por partes.

1.Planificación de las políticas a largo plazo

En España se gobierna más mediante decretos impuestos que mediante leyes pactadas con otras fuerzas políticas. Pero eso es sólo la punta del iceberg de un problema más hondo: cuando el parlamento español ha ganado relevancia objetiva (porque se han acabado las mayorías absolutas) es justo cuando menos poder tiene.

España ha pasado de ser el Reino Unido (con dos grandes partidos alternándose en el poder) a Países Bajos (con 15 partidos de todos los tamaños y colores) en un suspiro en términos históricos. Hemos transitado de un bipartidismo de facto (seguramente, el más puro en Europa occidental después del británico) a un multipartidismo extremo (en línea con el neerlandés y camino del parlamento de taifas israelí). Y, a diferencia de los holandeses, escandinavos y otros países acostumbrados a la disciplina de la métrica parlamentaria, a los españoles nos falta práctica de negociación en el Congreso para atar presupuestos a corto plazo; y también nos faltan instituciones parlamentarias, formales e informales, para diseñar políticas públicas a largo plazo.

“Piensa en cualquier política icónica del bienestar de los países nórdicos: la 'flexiguridad' danesa, las pensiones suecas, etc...”, me dijo un experto sueco en políticas públicas, “detrás de todas ellas hay una comisión parlamentaria”. Es decir, una consulta sistemática a expertos, que presentan diversas vías de actuación para atender a un problema de fondo, o “de Estado” como nos gusta llamarlo a nosotros, una cuestión que, de forma más particular que otras políticas, puede afectar a largo plazo a una o varias generaciones de ciudadanos.

Los expertos proponen, pero los políticos disponen. Son los partidos políticos los que, en pactos más o menos amplios, adoptan la política que mejor casa los argumentos técnicos de los expertos con sus razones políticas. Porque, en las pensiones o las relaciones laborales, por citar dos cuestiones de relevancia en el debate español de estas semanas, no hay soluciones técnicas y asépticas, sino que todas implican costes (o beneficios) concretos para unos colectivos (empresarios, trabajadores, jubilados hoy o mañana). Así, en función del color de la mayoría parlamentaria, sus señorías eligen, de entre el abanico de escenarios proyectados por los expertos sobre la base de distintas vías de acción (ej. mochila austríaca, contrato único) el que más ajusta a sus preferencias. Con un parlamento más de izquierdas saldrá una política más de izquierdas; con uno de derechas, una más de derechas. Pero difícilmente saldrá una política radicalmente de izquierdas o derechas.

En España no hay cultura de estas comisiones. Las nuestras son más inquisitivas – sobre escándalos de corrupción del partido de turno – que exploradoras – sobre reformas a futuro –. Las nuestras son más particulares – sobre casos concretos – que generales – sobre políticas amplias –. A nosotros nos gusta traer a divertidos comparecientes como el excomisario Villarejo antes que a aburridas expertas internacionales sobre un tema.

Es cierto que esta dinámica puede cambiar, pero no es menos cierto que esta dinámica ya podría haber cambiado y, de momento, se ha logrado poco. Y, en algunos casos, hemos dado algún paso atrás. Por ejemplo, a juicio de varios expertos en pensiones, el espíritu apartidista y técnico del Pacto de Toledo inspira cada vez menos las reformas de las pensiones en nuestro país.

2. Evaluación de las políticas.

Es el grito más repetido entre los estudiosos de las políticas públicas en España: no evaluamos su impacto real en la sociedad. No es tarea fácil. ¿Cómo se mide el rendimiento de un policía? ¿por el número de casos resueltos? Entonces, posiblemente se concentrará en los fáciles, desatendiendo los crímenes más difíciles. Ni tan siquiera podemos evaluar el desempeño público en las actividades más cotidianas, como tiempo en el que una ambulancia tarda en llegar hasta una persona que ha sufrido un ataque al corazón y conducirla a un centro médico. Recordemos qué ocurrió en algunas zonas sanitarias del Reino Unido: algunas ambulancias se negaban a responder las llamadas de auxilio cuando venían de barrios alejados de un hospital y que, por tanto, les podían arruinar las estadísticas.

Pero, precisamente porque es complicado, debemos invertir esfuerzos en evaluar el efecto que tiene el dinero público (de todos) que los políticos han decidido gastar en X. Los cursos de formación para desempleados, una de las políticas con más historia (y, por tanto, datos) en nuestro país es un ejemplo. Una evaluación moderna, como la que se sugiere desde la Comisión europea, consistiría en averiguar si realmente la gente que atiende un curso de formación (en programación, macramé o lo que fuere) es más empleable después. Para eso no basta con comparar las tasas de empleabilidad de los desempleados que asistieron al curso (pongamos que un 60% consiguió trabajo 6 meses después) con la media de empleabilidad del resto de parados (pongamos que sólo el 20% estaba trabajando 6 meses después), lo que nos podría dar una imagen falsamente positiva, sino que hay que comprobar que efectivamente atender al curso fue clave para que esas personas consiguieran el trabajo. Si, por ejemplo, quienes se apuntaron al curso ya tenían un gran potencial de empleabilidad – porque estaban más formados, eran mujeres de cierta edad particularmente motivadas, etc.. – entonces, dicho en plata, el Estado podría haberse ahorrado ese curso de formación y el resultado hubiera sido el mismo.

Es decir, ese dinero se podría haber invertido en, por ejemplo, un subsidio de desempleo (o un Ingreso Mínimo Vital) más generoso. Una evaluación seria exige controlar por todos estos factores, ya sea mediante experimentos o comprobando la trayectoria laboral de personas casi idénticas con la sola diferencia de que unas atienden el curso y otras no.

Con alguna excepción puntual, esto no ocurre en España. En teoría, esto va a cambiar completamente, tal y como nos aseguran los responsables políticos de gestionar los fondos Next Generation. Pero, de nuevo, esto ya iba a cambiar hace mucho tiempo, con la potente agencia de evaluación de políticas públicas de la que se dotarían tanto la administración general del Estado como las CCAA. Y, como de costumbre, esas promesas no se han cumplido.

Ahora será diferente, nos repiten. Ahora, de verdad, las cosas van a ser distintas. Quizás, pero permitan que mantenga un cierto escepticismo.

Como cada cuatro años, llega el Índice de Calidad de Gobierno de las regiones europeas: el European Quality of Government Index (EQI). En general, el resultado para nuestras comunidades autónomas es regular – la media nacional está cerca de la total de la UE, pero debajo de los países de la Europa Occidental con la que nos gusta compararnos – y a la vez irregular – las hay que puntúan muy alto (País Vasco o La Rioja) y las hay que bastante bajo (Andalucía o Cataluña).

El EQI es un índice que captura las percepciones ciudadanas sobre la gestión de servicios públicos fundamentales (como la educación, sanidad o ley y orden), no la gestión per se. Por una parte, esto es relevante: ¿Y si regiones con malas valoraciones, como Cataluña, Liguria en Italia o Centru en Rumanía (por escoger tres regiones con puntuaciones relativamente negativas y casi idénticas) en realidad tuvieran mejores servicios públicos que otras, como País Vasco, Trento o Estonia en su conjunto? No es posible saberlo a ciencia cierta. Pero, por otra parte, hasta cierto punto esto es irrelevante: si tus ciudadanos creen que prestas mal los servicios, tienes un problema. Además, hay un aluvión de estudios que muestran los efectos que tienen estas percepciones de calidad de gobierno regional sobre diversos aspectos fundamentales del bienestar de los ciudadanos de estas regiones europeas, como la innovación económica, el comercio, la cohesión social, o el (bajo) voto a fórmulas populistas. Las percepciones de calidad de gobierno regional están asociadas estadísticamente con prácticamente todo lo bueno que ocurre en esas regiones. Así pues, mejorar las (percepciones de) calidad de gobierno debería ser una tarea prioritaria para nuestros políticos, tanto nacionales como regionales.

El EQI lo elaboramos en la Universidad de Gotemburgo para la Comisión Europea desde 2009 y presentamos ahora la cuarta ronda. En esta ocasión, hemos hecho 129,000 encuestas en 208 regiones (NUTS1 y NUTS2, en la jerga comunitaria) de los 27 países miembros. Y, como en las rondas previas, hemos agregado las valoraciones que los ciudadanos tienen de los servicios públicos en sus regiones – no de sus regiones; en algunos países, la sanidad o la educación, por ejemplo, permanecen en manos de los gobiernos nacionales y, aún así, hay destacables diferencias regionales: algo, que no sabemos exactamente qué es, hace que las instituciones en un territorio, sean nacionales, regionales o locales, funcionen en línea (para bien, o para mal) –. Interrogamos a los ciudadanos tanto por su experiencia personal como por sus percepciones generales, y tanto de la calidad de los servicios como de la imparcialidad y (ausencia de) corrupción con la que se prestan. Usando métodos estadísticos estándar en la construcción de indicadores compuestos, y cerciorándonos de que las respuestas dentro de una región son homogéneas y estables, obtenemos el Índice de Calidad de Gobierno de las regiones que vemos en este mapa.

Gráfico 1. European Quality of Government Index, 2021.

Las regiones de azul están por encima de la media europea y las de rojo por debajo. Cuanto más intenso el azul, más por encima de la media (como vemos en muchas regiones de los Países Bajos o Escandinavia), y cuanto más intenso el rojo, más por debajo de la media (como en el sur de Italia o en la mayoría de Rumanía y Bulgaria). La primera novedad del EQI 2021 es que no hay grandes novedades. Como observamos en el gráfico 2, que muestra el mismo índice para 2009/10, las percepciones de calidad de gobierno no han variado mucho.  

Gráfico 2. European Quality of Government Index, 2009/10.

Curiosamente, también Cataluña aparecía entonces como la región peor valorada (por sus ciudadanos) de España. En ese momento, algunas voces subrayaron con tino que, como el trabajo de campo se había hecho justo cuando estallaron sonados escándalos de corrupción en Cataluña, como el caso Palau, quizás eso había hecho bajar la media de las percepciones ciudadanas. Sin embargo, 12 años después, la población de Cataluña sigue teniendo una visión claramente negativa de la calidad de sus instituciones. Me constan los intentos loables por parte de la administración de la Generalitat de mejorar la transparencia y el Buen Gobierno. Se han hecho pasos importantes, pero, sea por lo que sea, no consiguen permear en la ciudadanía.

Lo podemos ver con más detalle en el gráfico 3, que fotografía la evolución del European Quality of Government Index para nuestras CCAAs en las cuatro rondas. A primera vista, advertimos un efecto “norte”, con las primeras posiciones casi todos los años ocupadas por comunidades al norte de la península, como País Vasco, Navarra, Asturias, La Rioja o Cantabria, con alguna excepción parcial, como las buenas prestaciones de Extremadura. Por el contrario, Andalucía Canarias y Cataluña, suelen ocupar el furgón de cola.

Gráfico 3. Evolución del European Quality of Government Index en España

Lo más llamativo es que nuestras dos comunidades históricas por antonomasia, País Vasco y Cataluña, ocupan, normalmente, posiciones extremas: País Vasco la mejor; Cataluña la peor. Los porqués quedan fuera de nuestro análisis, pero deberían ocupar un espacio muy importante de discusión política en España. Es posible que importen factores institucionales – desde el cupo vasco, que riega de dinero a esta comunidad, al reclutamiento relativamente meritocrático de altos cargos en País Vasco en comparación con la cultura de politización de la administración propia de Cataluña –, pero también políticos – los casos de corrupción alrededor de la Generalitat o el “procés” –. Investigarlos es una prioridad si queremos mejorar la calidad de nuestras administraciones.

Como indica el gráfico 4, que recoge las puntuaciones del EQI para los 27 miembros de la UE, vemos que las diferencias entre regiones de un mismo país son bastante notables. Pero hay tres países con divergencias extraordinarias entre sus regiones: Francia, Italia y España. El caso francés es peculiar, pues las regiones con mala puntuación son por lo general territorios de ultramar, como Guadalupe y Mayotte. Pero en Italia y España las variaciones son particularmente preocupantes: regiones que se tocan, y que cultural e históricamente se asemejan, presentan resultados muy dispares.

Gráfico 4. European Quality of Government Index, 2021, por países.

Concluyo con la reflexión inicial: ¿Son “reales” estas diferencias de calidad de gobierno entre comunidades autónomas? ¿Refleja este indicador la verdadera calidad de las instituciones públicas en nuestras regiones (y las del resto de Europa)? No lo sé, pero averiguar la fuente de tan variopintas opiniones sobre nuestras administraciones tiene que situarse en lo más alto de la agenda política nacional. De momento, los números indican que sí, que tal y como muchos hemos soñado durante mucho tiempo, algunos españoles, sobre todo los vascos, se acercan a los niveles de calidad de gobierno (percibidos) en los países referentes, como Dinamarca o Alemania. Pero, otros, la mayoría, vivimos en regiones por debajo de la media europea. Y todos habitamos un país, España, cada vez más desigual territorialmente. En calidad de gobierno, como en tantas otras cuestiones políticas, nos vamos italianizando.  

Hace unos días causé cierta polémica con mi propuesta contra el Sindiós político de nuestro país: tener elecciones concurrentes. Para evitar que los partidos estén inmersos en una continua campaña, recortemos la posibilidad de que los presidentes de gobierno, central y autonómicos, aprieten el interruptor electoral. Otras democracias, como EEUU o Suecia, tienen fijado un día concreto para celebrar determinadas elecciones. El primer domingo de septiembre, el primer martes después del primer lunes de noviembre, da igual. Lo importante es hurtar a los actores políticos la posibilidad de decidir estratégicamente cuándo acaba la función. Mejor que todos sepan que la espada de Damocles caerá implacablemente tal día de tal año que no que el Sánchez, el Aragonès o la Ayuso de turno la hagan caer a su conveniencia cuando deseen.

Pero, a pesar de que muchos ciudadanos están hartos de vivir permanentemente en una campaña electoral, existen muchas reticencias a restringir la capacidad de los gobiernos –sobre todo, de los más “importantes”: el nacional y las comunidades más históricas, como Cataluña o País Vasco, y las más postmodernas, como Madrid– para elegir libremente el momento de enfrentarse a las urnas. Los muchos amantes platónicos de la democracia de nuestro país consideran que, si todos los representantes políticos fueran elegidos el, pongamos, primer martes de febrero cada cuatro años, se perdería cierta magia democrática, o incluso se adulteraría la competición. Sería peligroso que, en el mismo momento, los ciudadanos depositáramos una papeleta para elegir a los concejales, otra para los diputados autonómicos y otras dos para Congreso y Senado. Nos liaríamos. Seríamos incapaces de distinguir quién es responsable de qué y votaríamos en bloque, por el mismo partido.

Pero la verdad es que, para empezar, ahora tampoco sabemos discriminar responsabilidades. De hecho, es peor. Por ejemplo, el liderazgo abrumador de Ayuso en las encuestas de las elecciones madrileñas no se puede explicar por su gestión al frente de la Comunidad. En prácticamente cualquier indicador de gestión de la pandemia, empezando por el exceso de mortalidad durante los meses más duros, Madrid es una de las peores, por no decir la peor, región de toda Europa. Sin embargo, Ayuso puede ganar porque lo que se dirime, a ojos de los electores, no es la gestión de la Comunidad (pésima) frente a la potencial gestión de un gobierno de Gabilondo, sino frente a la gestión de Sánchez para todo el país (mediocre). Es ahora, con las elecciones autonómicas y generales celebrándose en momentos distintos, cuando no es posible separar las esferas de responsabilidad de cada uno. Todas las contiendas son un referéndum sobre la política general.

Hagamos el siguiente ejercicio. Si el 4M hubiera también elecciones generales, un votante de centro descontento tanto con el extremismo de Ayuso como con el intervencionismo de Sánchez, podría castigar a ambos, optando por Gabilondo en las autonómicas y por Casado en las generales.

¿Es quimérico pensar que la gente vote a partidos distintos el mismo día? En primer lugar, me parece arrogante suponer que el electorado no está capacitado para hacer un juicio razonable. Pero, aunque al principio fuera difícil, iríamos aprendiendo con el paso de los años.

Es lo que ha pasado en otros países que, iluminados por una varita mágica en un momento dado, decidieron imponer elecciones concurrentes, como Suecia en 1970. La primera vez que los suecos tuvieron que introducir todas las papeletas en las urnas el mismo día (primer domingo de septiembre) votaron de forma bastante homogénea. Sólo un 6% votó a un partido en las locales y a otro en las nacionales. Pero desde entonces el voto diferenciado ha subido de forma constante y, en los comicios de 2018 (sí, hace casi tres años, y desde entonces no ha habido elecciones ni campañas en el país y los políticos se han tenido que entretener…gobernando) un 31% optó por partidos distintos para el gobierno local y el nacional. Es decir, parece que los electores son capaces de valorar de forma distinta a cada uno de los niveles administrativos: local, regional y nacional.

Los expertos detectan una segunda ventaja del voto simultáneo. Si las elecciones se celebran de forma separada, como ocurre en España, la probabilidad de que la gente haga un voto protesta es muy elevada. Por el contrario, las elecciones simultáneas reducen la relevancia del voto protesta y los electores se sienten menos inclinados a usar su voto para mostrar insatisfacción con el sistema.

Otra razón más para que votemos a todos nuestros representantes el mismo día. Por una democracia mejor, recortemos las elecciones.

Querría lanzar cuatro piedras de papel sobre cuatro mitos sobre las elecciones de ayer en particular y la política catalana en general:

Mito 1: El ganador de las elecciones es el PSC

Sí y No. Aunque más No que Sí. La urgencia mediática y la necesidad creciente de tratar las elecciones como acontecimientos deportivos nos llevó a declarar al PSC como ganador en la noche electoral. Pero en un sistema parlamentario (y ni más ni menos que con 9 partidos) ganador es quien puede formar gobierno y de forma realista el PSC no puede. Apuntándonos a la metáfora deportiva Illa fue el MVP (Most Valuable Player), el Lebron James que se anotó más diputados que nadie, pero el equipo ganador fue, de nuevo, el independentismo en general y ERC en particular.

De hecho, las posibilidades del PSC de entrar en el gobierno eran inversamente proporcionales a su puesto en la competición entre los tres grandes que se jugaban la victoria anoche: PSC, ERC y Junts. Si, como ocurrió, el PSC quedaba primero se esfumaban las (seamos sinceros, pequeñas) posibilidades de un Tripartito o coalición de izquierdas. Porque para ERC sería extremadamente difícil salir del bloque independentista y buscar al PSC como pareja de baile en un gobierno de izquierdas (aunque privadamente lo deseen algunos en ERC). Pero la tarea es prácticamente imposible si ERC no es el socio mayoritario (quedando por encima del PSC en votos y escaños) y, como ocurre ahora, Aragonés tendría que ceder el sillón, o como mínimo compartirlo, con Salvador Illa. La revuelta en las filas republicanas sería tal que los dirigentes de ERC (insisto, aunque a algunos no les molestara) no podrían ahondar en ese camino.

La victoria del PSC (por un estrecho margen) lo excluye pues paradójicamente de cualquier quiniela de gobierno. Así, si en 1996 los socialistas cosecharon a nivel nacional una dulce derrota, ayer consiguieron una amarga victoria. 

¿Puede ser relevante el PSC? Sí, y más que en la pasada legislatura. Lideran el bloque constitucionalista, pueden llegar a acuerdos concretos con ERC, apoyando diversas leyes, y promocionando algunas reformas que Cataluña necesita. Pero, ganar, ganaron los independentistas de forma inapelable. Lo que nos lleva al segundo mito.

Mito 2: Es hora de pasar página del procés  

Es uno de los mantras más repetidos en los últimos dos años. El suflé independentista se ha desinflado. Un mito repetido, sobre todo, por quienes no viven en el entorno socio-político-mediático del independentismo, claro. Porque, por mucho que el apoyo explícito al independentismo – y, en concreto, a la vía unilateral – haya descendido, se trata de una retirada táctica, no de una derrota.

La maquinaria asociativa-política del independentismo está a pleno rendimiento. La épica no la ponen ahora las marchas y los referéndums ilegales, sino la situación de los presos y la supuesta opresión del Estado español. Una prueba de la fortaleza del movimiento es que un grupo de exmiembros del secretariado nacional de la ANC, agrupados en Catalans per la indepèndencia, fueron capaces de forzar a todos los partidos independentistas a firmar un documento en la campaña conforme al cual se comprometían a no pactar con el PSC. Se ha hablado mucho del fondo, pero poco de la forma: que una asociación sociocultural de nuevo cuño (y sin experiencia) es capaz de imponer el punto programático más importante a los partidos de la mayoría parlamentaria. El nivel de sumisión (bueno, para unos será sumisión y para otros rendición de cuentas) de los partidos a agentes externos a la política es asombroso. Y nos vuelve a recordar que esos “agentes externos” están ahí, y que no son Puigdemont (moviendo los hilos desde Waterloo) ni un grupo de zelotes. Es un magma difuso, de múltiples cabezas, pero fuertemente cohesionado en su mensaje de fondo: hemos roto con España. Y eso es inamovible.

Mito 3. Ganan los pactistas (PSC y ERC)

Por una parte, es verdad. Es cierto que, dentro de cada uno de los dos (solidificados) bloques, han ganado esta vez partidos más pactistas. El PSC ha sustituido al más duro Ciudadanos. Y ERC, a la irredenta Junts. Esto tiene valor, porque refrenda (para el electorado catalán; el español es otro cantar) la estrategia de acercamiento de Sánchez y Rufián, con Iglesias de celestino. Había mucho temor en las filas republicanas por la huida de votantes a Junts, que se ha mantenido más fiel a las esencias rupturistas del 1 de Octubre. Pero ERC ha superado con nota la prueba. Hace falta ver si lo que ha calado en el votante republicano es la pedagogía de Rufián y la firma del veto al PSC en medio de la campaña.

Dicho esto, tan cierto es que han ganado los más pactistas en cada bloque como que han crecido con fuerza también los dos más intransigentes: CUP y Vox. Así, los perdedores han sido las formaciones que se han quedado en medio, entre el pactismo de los ganadores de cada bloque (PSC y ERC) y el radicalismo de quienes más suben (CUP y Vox); es decir Junts-PdCAT en el frente independentista y PP-Ciudadanos (más parcialmente, los Comunes) en el unionista.

Y es que, en el fondo, la política catalana es la gestión de un Gran Conflicto y en cada bando de todo conflicto cristalizan dos actitudes: Palomas y Halcones. Es lo que vemos en Cataluña: tanto las Palomas (PSC y ERC) como los Halcones (CUP y Vox) se han llevado el gato al agua.

Mito 4. Las izquierdas suman

Durante la campaña y la noche electoral se habló mucho de las dos mayorías posibles: la independentista (Junts + ERC + la CUP si hace falta) y la de izquierdas (una recreación del Tripartito, con ERC + PSC + Comunes). Pero ahora debería quedar claro que las alternativas son o un gobierno netamente independentista (reeditando el de Torra, pero con Aragonés al mando) o versiones del mismo (ERC con apoyo regular o puntual de Junts y los Comunes). O sea, un gobierno muy independentista o uno bastante independentista.

Las posibilidades que tiene a disposición el incontestable ganador de las elecciones de ayer, Pere Aragonés, son amplias. Una coalición independentista, un pacto de investidura y/o de legislatura independentista, gobierno en minoría con métricas variables, etc.. 50 tonos de independentismo. Pero independentista será el color del Ejecutivo, de eso no hay duda. No hay opción de gobierno de izquierdas, por mucho que la legislatura permita aprobar leyes de izquierdas dada la geometría variable del Parlament.

Porque es el más guapo. Porque es el más intrépido. Porque es el más resistente. O más resiliente, como dicen sus admiradores más puestos en jerga moderna. O porque, aprovechando la coyuntura de la sentencia del caso Gürtel, Sánchez no tuvo escrúpulos en aliarse con los enemigos de España, de la libertad e incluso de la “razón”, como esgrimen sus detractores. Estos argumentos ad hoc encuentran acomodo en muchas narrativas, pero creo que en el debate nacional hemos dejado de lado las fuerzas globales que explican por qué, cuando la socialdemocracia se daba por muerta, resiste en el poder en lugares concretos de Europa como la península ibérica y la escandinava. Y por qué, curiosamente, puede volver a otros países.

Desde finales del siglo XX, y con especial fuerza, en las dos primeras décadas de éste, la izquierda occidental se ha visto sometida a dos fuerzas opuestas, a dos vientos estructurales que soplan en direcciones contrarias. Por un lado, ha habido un deterioro de la coalición histórica que sostenía el voto a los partidos de centro-izquierda o socialdemócratas, la formada por los trabajadores industriales y los empleados del sector público. Tal y como documentan Giacomo Benedetto, Simon Hix y Nicola Mastrorocco tras analizar la evolución histórica de los partidos socialdemócratas en 31 países desde 1918 hasta nuestros días, los factores que mejor explican el voto a la socialdemocracia en un país no es el carisma, la belleza o los escrúpulos del líder, sino la producción industrial y el gasto público. La caída de ambas variables, fruto de la globalización y de las políticas de austeridad neoliberales, explica el desplome en el apoyo a los partidos socialdemócratas. Partidos que llegaron a disfrutar de un 40% de votos en prácticamente cualquier rincón del continente, ahora cosechan, los afortunados, el 20, 15, o 10%, mientras que muchos han desaparecido.

Por otro lado, durante este periodo ha habido un ascenso de lo que Jonathan Hopkin llama política anti-sistema: ciudadanos descontentos con el aumento de la desigualdad económica. Y precisamente en aquellos países donde la distancia entre los ricos y los pobres ha crecido más, encontramos más manifestaciones de insatisfacción con la élite política: el Brexit en el Reino Unido, Trump en EEUU, Cinco Estrellas en Italia, Syriza en Grecia y Podemos (también el separatismo catalán) en España.

Los votantes se han sentido crecientemente decepcionados por sus representantes políticos de toda la vida. Hopkin utiliza una atinada metáfora: la ciudadanía empezó a percibir a los partidos como el cartel de comerciantes descrito por Adam Smith: unidos en una “conspiración contra el público”, impidiendo la entrada de nuevos competidores y engañando a sus clientes.

Esta situación ha sido capitalizada por la derecha nacional-populista de Trump, Farage y la derecha radical que se sienta en prácticamente todas las democracias occidentales. Pero, también y crecientemente, por emprendedores políticos fuera y dentro de los viejos partidos laboristas y socialdemócratas. Algunos fallan, como Jeremy Corbyn, que no fue capaz de generar suficiente apoyo social. Pero la derrota de Corbyn no significa la muerte de este radicalismo, sino el preludio de otros intentos parecidos. Con caras y estrategias nuevas, pero con la misma pulsión por poner encima de la mesa la justicia social.

Con la pandemia, este viento a favor de la izquierda ha arreciado. Todos los datos indican que las ya altas tasas de desigualdad crecerán todavía más, con lo que aumentará la demanda por políticas de izquierdas. Pero es que, además, el viento en contra de la izquierda, la crisis estructural de la producción industrial y el sector público, podría estar virando. Todo apunta a una revitalización de la industria en Occidente. Hay una renacionalización de ciertas producciones y hay también un aumento de las tasas de afiliación sindical en algunos países, apuntando a una vuelta a la coordinación de los trabajadores, como mínimo como reacción a la uberizacion de la economía en los pasados años.

Y todo indica también una revalorización de, como mínimo, ciertos aspectos esenciales del Estado de bienestar, como la sanidad (primaria, hospitalaria y domiciliaria) y el cuidado de los mayores, pero también otros como las ayudas a la dependencia y la conciliación. Las tijeras en lo público no van a ser bienvenidas. Por el contrario, y aun con restricciones presupuestarias, cabe esperar un aumento de la presión para desarrollar más servicios sociales.

Es decir, la socialdemocracia, en lugar de estar moribunda, podría estar entrando en una segunda juventud. Pero, si es así, ¿Por qué la resurrección ha empezado en las penínsulas ibérica y escandinava? Creo que, como en otros momentos de la historia (en los años 30 del pasado siglo, Suecia y España estuvieron entre los primeros países donde llegó al gobierno el partido socialista), los cambios comienzan en la periferia.

Para empezar, las sociedades que dan al Atlántico son pioneras en cambios sociales. No sé si es el aire del mar, las conexiones con América, o la corriente del golfo de México, pero españoles (también los franceses occidentales), holandeses y escandinavos somos los países más tolerantes del mundo en lo que se refiere a derechos de las minorías sexuales, o los más sensibles con la igualdad entre hombres y mujeres. Eso hace que un votante tradicional de izquierdas sueco o español, a diferencia de su correligionario en el Centro, por no hablar del Este, de Europa, sea más reacio a dejarse convencer por los mensajes tradicionalistas y reaccionarios de la extrema derecha.

Y, en segundo lugar, tanto en Escandinavia como en Iberia, los partidos socialistas tienen el “copyright” del Estado de Bienestar. Son identificados por los votantes como los creadores de las políticas de protección social icónicas y los responsables de la universalización y gratuidad de la educación y la sanidad. En otros países, de Francia a Polonia, pasando por Alemania e Italia, la paternidad del Estado de bienestar está más disputada y, en muchos casos, los impulsores fueron nítidamente los partidos democristianos.

En tercer lugar, los socialdemócratas nórdicos e ibéricos han puesto en marcha un nuevo modelo de coalición política, inédito en la Europa de postguerra: juntar (a veces de forma explícita y otras con acuerdos implícitos) todo lo que hay desde la extrema izquierda hasta bien entrado el centro-derecha liberal. De Unidas Podemos a Ciudadanos en España y de la izquierda postcomunista a los partidos liberales en Suecia. Este pragmatismo en las alianzas combinado con una vehemencia en el mensaje de justicia social explica el sostenimiento en el poder de políticos, como Sánchez en España o Löfven en Suecia, por los que nadie hubiera apostado hace muy pocos años.

Estamos viviendo el reverso de lo que ocurrió durante la Europa de postguerra y hasta principios de este siglo. Los partidos proscritos, aquellos con quienes no se podía pactar, estaban en la izquierda: eran los comunistas (y postcomunistas). Esta división impidió a muchos partidos de centro-izquierda trazar coaliciones amplias y muchos partidos quedaron como peones de los partidos de centro-derecha. Pero ahora, los proscritos están, fundamentalmente, en la derecha: son la derecha radical. Y, en alguna ocasión, llegan a pactos con la derecha de toda la vida, como los acuerdos entre PP y Vox. Pero son acuerdos que producen mucho desgaste e impiden hacer coaliciones amplias. Además, dividen el voto de la derecha, haciendo que, en un escenario como el español, resulte muy complicado (todo puede pasar, sobre todo si hay una crisis sistémica), que lleguen a obtener mayoría absoluta en el Parlamento. Curiosamente, tanto en Suecia como en España, costó mucho que surgiera una derecha nacional-populista. Pero, cuando ha salido, gracias al tirón mediático de Jimmy Åkesson y Santiago Abascal, el principal beneficiario ha sido en ambos países la socialdemocracia.

En conclusión, la socialdemocracia puede estar dando sus últimos coletazos antes de desaparecer, pero hay motivos para pensar que, partiendo de la experiencia escandinava e ibérica, quizás está a punto de reconquistar de nuevo toda Europa, no necesariamente con la etiqueta de socialdemocracia, pero sí con el mismo impulso por la reforma social. Con estos argumentos, lo raro no es que nos gobierne Sánchez, sino que no nos gobernara alguien como Sánchez.

El mundo de los analistas se divide hoy en dos grandes grupos: aquellos que creen que la pandemia de la COVID-19 lo va a cambiar casi todo (cómo trabajamos, consumimos, nos comunicamos, amamos o votamos, entre muchos otros ámbitos); y aquellos que piensan que lo va a cambiar todo. Como muchos de los más fervientes creyentes en la transformación radical de la sociedad que se nos viene encima son los mismos que, hasta bien entrada la epidemia, seguían considerando que el principal problema era la histeria social, mofándose del uso de mascarillas, permitidme que sea un poco escéptico. 

No creo que el coronavirus cambie las grandes tendencias globales, pero sí creo que acelerará algunas. En particular, me temo que agudice la erosión de la democracia que estamos viendo en todo el mundo desde la crisis de 2009. En una década, las democracias libres han pasado de representar el 54% de los países del mundo al 49% - según el último informe del V-DEM Institute.

Lo podemos ver en el gráfico 1, que muestra la calidad de la democracia liberal en 2009 y 2019. Si tu país está por encima de la diagonal, ha mejorado tu democracia. Es el caso de Túnez, Armenia, Ecuador, Gambia y muchos otros más. Pero, si estás por debajo, tu democracia ha empeorado. Algunos países han sufrido deterioros pequeños, casi cosméticos, como Suecia o España. Otros, más importantes, como EEUU, República Checa, Croacia o Rumanía. Y en otros muchos, la democracia ha retrocedido de forma significativa, como en India, Brasil, Polonia o Hungría. Esta última ya no es técnicamente una democracia. Es decir, la Unión Europea ha dejado de ser un club exclusivo para democracias.

Gráfico 1. Democracia liberal en el mundo en 2009 y 2019

Fuente: V-DEM Institute. Democracy Report 2020.

En el mundo, las dictaduras están avanzando más que las democracias. Mientras que, en estos momentos, unos 600 millones de personas viven en países donde se ganan libertades, unos 2.600 millones residen en naciones donde se están perdiendo esas libertades. Es cierto que, junto a unos líderes autoritarios que acumulan más y más poderes y recortan más y más libertades, el año 2019 ha supuesto también un récord en cuanto a resistencia popular contra los dictadores. Nunca ha habido tantos movimientos pro-democracia sobre la faz de la tierra como el año pasado. Y, sin embargo, son insuficientes, dados los ingentes recursos económicos y tecnológicos de los que disponen los césares de hoy en día para controlar y domar a sus poblaciones.

Los expertos que llevan tiempo advirtiendo sobre esta “ola de autoritarismo” expresan ahora el temor a que, con las oportunidades para acumular poder en los ejecutivos que propicia la crisis del coronavirus, esta ola se convierta en un tsunami. Dentro de la UE, varios países, y sobre todo Eslovaquia, Hungría y Polonia, han adoptado legislaciones que, amén de concentrar poderes extraordinarios en el ejecutivo, recortan la libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos.  

La democracia en España no está en peligro. Según todos los indicadores internacionales, los aspectos formales – la garantía de libertades individuales, así como la existencia de elecciones libres y competitivas – mantienen buena salud. Pero los elementos informales – un clima de tolerancia del adversario político y una autocontención de los gobernantes al tomar medidas legales, pero percibidas como ilegítimas, las características que, de acuerdo a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, sostienen las democracias a largo plazo – no atraviesan un buen momento. Y ya antes de la COVID-19. Como vemos en el gráfico 2, el respeto a los contraargumentos de los oponentes políticos ha caído notablemente en España, de acuerdo con los expertos preguntados por el V-DEM Institute. Antes de la crisis financiera, el clima político en España no se distinguía del de democracias punteras, como Holanda o Suecia. Hoy, en cambio, estamos mucho más polarizados.

Gráfico 2. Respeto a los contraargumentos políticos en España, Holanda y Suecia

Fuente: V-DEM Institute dataset.

¿Iremos a peor en el futuro? No lo sabemos, pero los signos no son halagüeños. El gobierno de la nación mantiene una actitud de desconfianza hacia los partidos de la oposición, así como hacia sus (teóricos) socios parlamentarios y hacia el conjunto de la población española, tomando decisiones de forma unilateral, sin negociación y con escasa transparencia. La oposición no está mejor, utilizando de forma oportunista toda ocasión que puede para sacar rédito electoral.

Por un lado, hay motivos para la esperanza. En Europa occidental, no parece de momento que los movimientos populistas anti-democráticos estén aprovechando la situación para crecer. De España a los países nórdicos, pasando por Alemania, la ultraderecha no despega en las encuestas. En muchos casos, se ha revertido su tendencia al alza.

Por otro lado, hay razones para la preocupación. En algunos países se imponen los políticos con perfil moderado e inclinados a los pactos transversales, independientemente de su color político, pues los hay socialdemócratas (Mete Frederikssen en Dinamarca), liberales (Macron en Francia) o conservadores (Merkel en Alemania). Son, es verdad, políticos más bien aburridos, gestores, hombres y mujeres del traje gris. Los nuestros son más entretenidos: copan constantemente las portadas con sus ocurrencias y sus fotos. Nos abrasan con declaraciones interminables y tuits subidos de tono. Es justo lo contrario a lo que necesitamos ahora para salir de la crisis y para evitar que la democracia se contagie del virus como ocurre en tantos otros países del mundo.

Absortos en la plácida imagen de los ministros del gobierno de coalición PSOE-UPs en su bucólico retiro de fin de semana campestre, no podemos obviar que en todo el mundo se está librando una intensa guerra por el alma de la izquierda. El terreno de combate es, estas semanas, los EEUU. La primera batalla fueron los caucus de Iowa. La segunda serán las primarias de New Hampshire. Más allá de su importancia para la política doméstica americana, la elección del candidato que se enfrentará a Donald Trump en las presidenciales de este año marcará el camino a seguir para partidos progresistas en todo el mundo. Entender qué está en juego en New Hampshire es esencial para comprender el rumbo de las políticas de izquierdas del futuro.

Y, básicamente, las primarias Demócratas son un choque entre dos formas distintas, antitéticas, de hacer política progresista: la radical y la reformista. Radical es, sobre todo, Bernie Sanders y, en menor medida, Elizabeth Warren. Y reformistas son Pete Buttigieg y Joe Biden – amén de Michael Bloomberg, que no se presenta en las primarias de enero-febrero y se reserva para el “supermartes” el 3 de marzo, cuando 15 estados decidirán su candidato –. Radicales y reformistas difieren en políticas públicas concretas. Pero, sobre todo, en la meta de una política de izquierdas en tiempos de digitalización, estagnación económica y desigualdad.

Los radicales quieren refundar tanto el sector público como el privado. En el público, quieren nacionalizar las prestaciones sanitarias básicas. Reemplazar el actual sistema, que aunque sea heredado de Obama, mantiene una lógica privada, por un sistema como el nuestro: que el Estado sea el pagador único de los servicios sanitarios básicos. Esto no suena a radical en Europa, pero en EEUU es considerado por muchos como toda una revolución socialista, porque la sanidad representa un porcentaje muy elevado del PIB. En el sector privado, Sanders y Warren también quieren un cambio de raíz: forzar a las empresas a dar poder a los trabajadores. Sanders propone que las grandes corporaciones den un 20% de sus acciones y un 45% de los asientos en los consejos de administración a los trabajadores. Warren sugiere un porcentaje menor, un 40% de los puestos en los consejos de las empresas, pero, aun así, es un giro muy notable en relación a las medidas más modestas del trío B (Buttigieg, Biden y Bloomberg). Estos, en palabras de la politóloga Sheri Berman, proponen políticas que encajan más con la social democracia europea que con el socialismo democrático de Sanders.

¿Qué izquierda es mejor, la cara B o la cara auténticamente progresista? La respuesta tiene dos partes, que corresponden con los dos dilemas de la izquierda contemporánea: el estratégico y el moral.

Desde el punto de vista estratégico, ¿qué izquierda motiva más a los simpatizantes del partido? En principio, parece que los radicales parten con ventaja. Uno de las explicaciones más recurrentes del éxito de Trump es que los Demócratas no tenían un candidato que jugara su mismo juego (relativamente sucio), e intentara movilizar a las bases con un lenguaje áspero. Pero, como mínimo, los estudios preliminares de voto en los caucus de Iowa no confirman esta hipótesis: no ha habido una movilización particularmente alta de los jóvenes y los desconectados con el partido Demócrata. Además, el análisis de los resultados de las elecciones americanas durante varios años indica que los candidatos radicales son peores que los moderados porque, aunque movilicen más a sus militantes, también excitan en demasía a las de los adversarios políticos. Las elecciones mid-term de 2018 fueron ganadas por los Demócratas porque confiaron en candidatos centristas que fueron capaces de seducir a votantes que, en su momento, se habían inclinado por los republicanos. Este electorado es clave para los estados decisivos en la contienda presidencial de este noviembre.

Ese es un argumento poderoso a favor de los candidatos reformistas. Pero eso no quiere decir que los radicales no tengan ninguna premisa a su favor: Trump ganó no porque tuviera las mejores propuestas, sino porque la batalla electoral se dirimió en el terreno de juego que él decidió (como el muro con México, la corrupción de las élites políticas, el feminismo supuestamente radical, etc..). Con lo que, los demócratas necesitan un “Trump de izquierdas”, que resitúe la batalla en el campo donde los Demócratas se encuentran más cómodos: sobre todo, la desigualdad socioeconómica. El corolario sería pues que los Demócratas deberían elegir un candidato moderado pero, hasta entonces, deberían dar la máxima voz posible a los candidatos que proponen reformas más radicales, aprovechándose de su capacidad para centrar los temas de debate.

Esto nos lleva al aspecto menos discutido, pero más relevante para la política americana (y de las democracias contemporáneas) a largo plazo: la dimensión moral de hacer campañas radicales o reformistas. Nuestras sociedades se han tribalizado, fragmentado en bandos cada día más irreconciliables. Esta “criba social” (social sorting) es la enfermedad colectiva de nuestro tiempo. Lo vemos en Cataluña de forma muy palpable, pero también en otras partes de España.

En el caso de EEUU la polarización ha conllevado incluso una segregación territorial de los votantes – aunque no es algo muy distinto a lo que crecientemente vemos en España: cada autonomía, cada provincia incluso, parecer ser “de un partido” (o tribu). En 1970, apenas un 25% de los americanos vivían en distritos electorales “muy rojos” o “muy azules”, lugares donde o bien los Republicanos a los Demócratas ganaban por más de 20 puntos las elecciones. Ahora, ese porcentaje es del 65%. Dentro de esos ghettos políticos, la hostilidad hacia el partido rival crece, con cuatro de cada diez votantes que creen que los simpatizantes del partido opuesto son malvados.

Ese es el problema fundamental de la sociedad americana. Es por eso que, más allá de qué candidato demócrata sea estratégicamente el mejor para derrotar a Trump, haya que preguntarse qué candidato está mejor preparado para intentar frenar, o incluso revertir, la creciente tribalización de EEUU. Los Demócratas en particular, y todos los americanos en general, necesitan un nuevo Obama. ¿Quizás Pete Buttigieg?

Esta fractura se reproduce en muchas otras democracias. Por ejemplo, entre partidarios y detractores de la ruptura con la UE en el Reino Unido, o liberales laicos contra ultraderechistas religiosos en Francia, Polonia o Hungría, sin olvidar las divisorias creadas por Jair Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en India o Rodrigo Duterte en Filipinas. Y en España no estamos al margen, con nuestros Ebros entre la izquierda y la derecha, y los constitucionalistas e independentistas en Cataluña.

Este objetivo moral de calmar los ánimos nacionales debería ser también una meta del nuevo gobierno español.