El Parlamento Vasco ha acordado dar inicio de la tramitación de una reforma quirúrgica de la normativa autonómica del juego con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los bingos de los centros de jubilados en los que se abonan cantidades simbólicas por los cartones y se opta a premios de pequeño montante. El asunto llegó a la Cámara luego de una visita de la Ertzaintza al centro Bonaparte de Bilbao, donde hay instalado un sistema electrónico para la actividad, en aplicación estricta de la ley que regula las apuestas y los juegos de azar, que impide llevarlos a cabo sin licencia si tienen un componente económico.

Ha sido el PP el que ha abanderado la defensa de esta actividad incluso con una visita al bingo del Bonaparte en la que grabaron un vídeo para las redes sociales delante de su panel electrónico con computadora. El PP, en el pleno de este jueves, ha concitado los votos de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno, y también de Vox para abrir una ponencia legislativa. El resto de partidos, EH Bildu y Sumar, tampoco se han opuesto. Ahora se abre un período en el que tocará definir los ajustes concretos para que el bingo con cantidades simbólicas no sea perseguido legalmente. PNV y PSE-EE han sugerido ya que la redacción original del PP no es la más adecuada, pero tienen mayoría suficiente para plantear sus propios términos.

La 'popular' Ainhoa Domaica ha señalado que esta iniciativa legislativa puede parecer una “pequeña cosa”, pero ha puesto en valor “la política del día a día, de lo cotidiano, de esos problemas en los que se encuentran los ciudadanos y muchas veces no saben cómo se les puede dar respuesta”. “Por eso dimos un paso adelante”, ha expuesto en la tribuna. “Lo que queremos es devolver esa seguridad jurídica, esa tranquilidad a las personas mayores del hogar de Santutxu, que dedican sus tardes con un euro a jugar con sus compañeros, a huir de esa soledad no deseada, a relacionarse con otras personas. Creemos que una actividad que genera tantos beneficios sociales no puede estar prohibida por una ley, y mucho menos encontrarse en el disparate de que puedan enfrentarse a multas de 60.000 euros”, ha agregado la parlamentaria del PP.

Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa ha recordado que la ley ya permite el juego siempre que sea sin dinero (“aquí nadie ha prohibido jugar al bingo”), pero ha concedido que es deseable una reforma legislativa para que siempre que lo que se juegue sea una “cantidad simbólica” de dinero también pueda ser posible. Por parte del PSE-EE, Miren Gallástegui ha reconocido igualmente que “efectivamente hay determinados juegos de carácter tradicional que contribuyen a fomentar la convivencia, la participación y una cosa muy importante, que es el envejecimiento activo”, según ha indicado. Ahora bien, ha afeado que la solución del PP lo aborda “desde la inconcreción y desde la imprecisión”, por lo que ha confiado en que el trámite de enmiendas permita arbitrar una fórmula adecuada. La representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha ironizado con que la Policía va a terminar considerando “red de juego ilegal” las partidas de cartas familiares en Navidad.

Desde Sumar, Jon Hernández ha dicho estar de acuerdo “con el objetivo” de la reforma legislativa, pero ha pedido aprovechar la tramitación para cuidar también lo relativo a la “adicción al juego”. “Somos conscientes también de la dura realidad que padecen muchas personas en nuestro entorno con la adicción al juego”, ha planteado. En la misma línea, Gorka Ortiz de Guinea de EH Bildu ha aludido a que la propuesta del PP no garantiza la prevención de conductas “peligrosas o patológicas” con las apuestas. Y ha avisado de que legislar a golpe de titular puede generar que se abra la puerta a que también espacios con menores puedan organizar estas actividades. Ha añadido que la reforma debería haber provenido del Gobierno, lo que obliga a aportar una batería de informes que ahora no se han emitido.

La portavoz económica del PNV en el Parlamento, Alaitz Zabala, cara visible de los nacionalistas en los debates y negociaciones presupuestarios en los últimos años, ha sido designada asesora del consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. El salto de Zabala al Gobierno ha motivado su renuncia al escaño, al que accedió en mayo de 2019. Ainhoa Santisteban, que ya fue parlamentaria durante unos meses en la pasada legislatura, ha tomado ya posesión como nueva integrante del grupo nacionalista en el Parlamento Vasco en el arranque de la sesión plenaria de este jueves.

Zabala, nacida en Derio pero residente en Sondika, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y fue contable del Euzkadi Buru Batzar del PNV antes de entrar al Parlamento. “Desde muy joven he sido muy consciente de que soy euskaldun y abertzale. Mi aita y mi ama me lo enseñaron y así se lo quiero trasladar a mis hijos. Además, ambos aitites fueron gudaris y exiliados, y una amama se quedó viuda desde muy joven y sacó adelante a tres niños pequeños vendiendo leche. Gracias a ellas y ellos he tenido claro que nuestra patria es Euzkadi y que merece ser reconocida como tal”, contaba en su ficha previa a las autonómicas de 2024.

Fuentes del PNV y del Gobierno han confirmado a este periódico el nombramiento. Zabala se integrará como asesora en la estructura del equipo de D'Anjou. Se trata de un nombramiento que no tiene que pasar por Consejo de Gobierno y que será publicado directamente en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) próximamente. Tendrá funciones en materia de “política económica”, siempre según las fuentes consultadas.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha presentado como novedad para combatir los efectos en las listas de espera quirúrgicas de la huelga corporativa de médicos, que está ya en 78 días de media por 54 de finales de 2025, la derivación a centros privados concertados por Osakidetza de aquellos pacientes que superen los seis meses de demora, que son ahora prácticamente diez veces más que antes de las protestas, 1.794 frente a 89. “Ofreceremos a las personas que lleven más de 180 días la opción voluntaria de ser operados en centros concertados. Daremos la opción a los más vulnerables. Pueden elegirlo si así lo consideran”, ha explicado a los periodistas en el Parlamento Vasco el titular de Salud.

Sin embargo, se da la circunstancia de que un decreto aprobado en 2006 por el entonces consejero Gabriel Inclán ya prevé que quienes estén más de 180 días en espera puedan ser derivados a la privada con cargo a los presupuestos públicos. Baja incluso a 90 días para pacientes con problemas cardíacos y a 30 en el caso de los oncológicos. Este periódico informó en 2023 de que en 2021 y 2022, dos años de incremento de las esperas a causa de los efectos de la pandemia, de que Osakidetza había destinado del orden de 8,3 millones de euros en 21.960 actos médicos derivados a centros privados.

El consejero Martínez ha dado a entender que la novedad será la actitud proactiva de Osakidetza para informar de ese derecho existente desde hace veinte años. “Vamos a llamar a esas personas”, ha asegurado. El titular de Salud, del PNV, insiste en hacer ver que los problemas en los sistemas autonómicos causados por la huelga son consecuencia directa de la inacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. “La llave no está en nuestra mano”, ha repetido a los medios de comunicación.

Martínez, que lleva enfrentado a García prácticamente desde que accedió al cargo en 2024, se ha preguntado: “¿Hay alguien en el Ministerio de Sanidad?”. El consejero nacionalista ha repetido que Euskadi se ofrece a asumir todas las competencias para negociar el estatuto marco de los facultativos. “¿Para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad?”, ha lanzado ironizando que García parece estar pensando exclusivamente en su carrera como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, confirmada ya por ella misma.

El consejero, según ha explicado, está manteniendo reuniones con profesionales de diferentes hospitales, especialidades y “generaciones” para conocer directamente su opinión. Teme que las protestas -que duran una semana y que se repiten cada mes- se sucedan en mayo “e incluso en junio” por la falta de capacidad de diálogo de la ministra. Como contraste, ha enumerado “catorce” acuerdos profesionales alcanzados en los últimos tiempos y ha anunciado todavía más, aunque siendo consciente que la huelga es de ámbito superior al autonómico. Osakidetza, eso sí, aprobó su último convenio en 2008, hace 18 años.

Este lunes, primer día de la nueva tanda de huelgas, los paros fueron seguidos por un 16% en el turno de mañana y por un 4% en el vespertino. Osakidetza ha subido los servicios mínimos y garantiza que no hay demoras para casos de cáncer o patologías “tiempodependientes”. Como detalle, Martínez ha señalado que el interlocutor legítimo es el SME, cuarta fuerza sindical tras elecciones internas de 2024, y no el movimiento MUD, que algunas voces asemejan a 'Ertzainas en lucha', el movimiento asindical de la Ertzaintza de 2023.

El PSE-EE “no” contempla retirar de sus redes sociales la imagen generada con inteligencia artificial que mostraba a Aitor Esteban lanzándose a una piscina y que los nacionalistas vieron “indecente” desde el primer momento. “Nosotros no abrimos el capítulo” de las diferencias, ha dicho sobre las relaciones entre los socios en Euskadi el parlamentario socialista Pau Blasi, al tiempo que pedía a los nacionalistas la retirada de la iniciativa presentada en solitario para reformar la normativa de empleo público autonómica en lo tocante a las exigencias de euskera en las convocatorias.

Según Blasi, de la máxima confianza de Eneko Andueza en el PSE-EE, el debate sobre el 'meme' ha supuesto “desviar la atención” de lo relevante, el euskera. Estos días, mientras millones de personas veían en X el mensaje inicial y la respuesta de los nacionalistas, mientras incluso Ana Rosa Quintana se interesaba por las novedades que llegaban de Euskadi, se consumaba la brecha más grande entre los socios en Euskadi en lo que va de legislatura, la constatación de que no hay acuerdo en torno al euskera.

Blasi ha insistido en que el PNV “rompió” los términos del acuerdo de coalición el pasado año al lanzar en solitario una iniciativa y en que ha mantenido durante meses la negativa al acuerdo con posiciones maximalistas. Y ha añadido que la relación “está peor” que hace un año ahora mismo, cuando se ha cerrado el plazo de enmiendas sobre la política lingüística sin posibilidad de entendimiento. El PSE-EE ha presentado correcciones a la propuesta del PNV, un gesto político también inédito en la legislatura. El acuerdo de coalición ata a los socios a operar de modo coordinado en el Parlamento en todo momento.

Blasi, expresamente, ha pedido al PNV “parar” la tramitación del debate sobre el euskera. De hecho, ha indicado que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la ley de 2022, la que ahora se busca reformar. Eso sí, el PSE-EE se ha mostrado abierto a que el 100% de las plazas en 67 municipios con más de un 80% de población vascoparlante puedan estar perfiladas.

Otras visiones

Sobre la norma, el PNV ya ha dado por “fracasado” el intento de tener un acuerdo con el PSE-EE. Y ahora ha pedido expresamente a EH Bildu, que a su vez tiene una propuesta alternativa mucho más ambiciosa, que renuncie a la suya y tenga a bien “facilitar” la reforma legislativa, aunque sea con una abstención. A la coalición abertzale le ha parecido que “no es serio” intentar resolver así el entuerto, según ha expuesto en Euskadi Irrati Josu Aztiria.

En el Parlamento, reunido este jueves en pleno, el lehendakari, Imanol Pradales, no ha querido comentar con los periodistas la crisis entre PNV y PSE-EE. Tampoco el vicelehendakari, Mikel Torres, principal representante socialista en el Ejecutivo compartido. Fuentes socialistas confían en que las aguas volverán a su cauce con el tiempo.

Entretanto, el PP ha terciado en el debate señalando el “bochorno” que está viviendo la política vasca. El parlamentario Santiago López Céspedes ha ironizado que si toca reformar en 2026 la ley de empleo público de 2022 es que las cosas no se hicieron bien hace muy pocos años. Han pedido también medidas para la Administración más allá del euskera, como para evitar el “baile” de designaciones a dedo de altos cargos y asesores.

La portavoz 'popular' Laura Garrido ha añadido, además, que no se cree los amagos del PNV de dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez y abrirse a retomar sus acuerdos con el PP. “Obviamente, vemos que no tienen ningún ánimo de cambiar de socio a pesar de alguna pataleta espontánea”, ha asegurado. Ha añadido que el apoyo del PNV a Sánchez es tan “férreo” que no se ha modificado ni por los “casos de corrupción que salpican directamente al Gobierno de España” ni por asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz o el gran apagón de 2025.

Con una resolución estrictamente procesal y que no entra en ningún caso al fondo de los hechos, el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a juzgar como homicidio doloso o asesinato el crimen sucedido en la entrada de la antigua discoteca Mítika de Vitoria de febrero de 2025. El alto tribunal estima que no cabe un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial de Álava que, adelantándose al final de la investigación, estimó que los hechos, como mucho, eran constitutivos de un homicidio imprudente.

El asunto no es menor, ya que las penas que puedan pedirse son mucho más limitadas. En el primer supuesto, las peticiones de condena pueden ser superiores a los veinte años de prisión y, además, el juicio se desarrollaría con un jurado. En el segundo, se hará con un tribunal profesional. El Código Penal plantea penas de hasta cuatro años de cárcel en estos supuestos, aunque añade una inhabilitación de seis años en caso de que se halla realizado en un contexto profesional.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Eduardo de Porres redactaron el 16 de abril y firmaron el 24 un auto en el que inadmitían el recurso de casación formulado por los abogados de la familia de la víctima, Kerman Villate, un joven de 31 años en el momento de los hechos y que fue golpeado en la entrada del local por uno de los porteros, que tenía numerosos antecedentes. Estaba contratado por la empresa Le Basque, señalada como responsable civil de los hechos y multada ya en vía administrativa.

La sala ofrece una larga lista de resoluciones que pueden ser revisadas en casación por el Supremo y estiman que, a pesar de lo que ponía en el propio auto de la Audiencia Provincial objeto de polémica, éste no sería el caso. Y se inhiben. Recalcan que, además, eso no implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, aunque “contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno”.

La familia de la víctima ha encajado con enfado la decisión del Supremo. Creen que “la propia resolución de inadmisión incurre en errores elementales difíciles de justificar”. Expone, por ejemplo, que se menciona una supuesta decisión judicial de 2024, previa a los hechos, que nada tiene que ver con el caso. O que se diga ahora que no cabe una revisión en casación cuando en la instancia anterior sí la preveía. “Fue precisamente esa indicación la que nos llevó a interponer el recurso”, lamenta la familia en un comunicado.

¿Qué escenario le queda al caso? Ahora, la nueva magistrada instructora, Marta Escudero, que relevó a Álvaro Silván, que sí veía base para un juicio por “asesinato” u “homicidio doloso”, tendrá que decidir si accede a la prórroga de seis meses y si admite las nuevas peticiones de prueba de la acusación ejercida por la familia, como un informe sobre los riesgos de la seguridad en Mítika que podría reabrir el debate de si hubo o no dolo en el crimen. La Fiscalía, representada por Josu Izaguirre, siempre ha defendido como la defensa del agresor que se trató de un suceso sin premeditación.

Una publicación recogerá las biografías de las “setenta personas” que formaron parte del primer Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil en octubre de 1936 y con competencias en solamente una parte del territorio vasco por los avances de los sublevados franquistas. Según ha explicado en el Parlamento Vasco el director del Instituto de la Memoria (Gogora), Alberto Alonso (PSE-EE), las galeradas “ya están en imprenta”.

El Ejecutivo autonómico dio hace unos días desde el hotel Carlton de Bilbao, la que fuera la “Lendakaritza” o Presidencia de aquel Gobierno, el pistoletazo de salida a un año de reconocimientos por el nonagésimo aniversario de la constitución de aquel gabinete, una coalición de PNV, PSOE, PCE, ANV, Izquierda Republicana y Acción Republicana. Alonso, en la Cámara, ha asegurado que aquel Gobierno iba “mucho más allá” que la figura del lehendakari, José Antonio de Aguirre, del PNV.

Ha señalado que fue un “sueño” truncado por la dictadura y que implementó políticas de “modernización” del país. El libro recogerá 70 biografías de todos los cargos y detallará avances como el “primer plan de vacunas” de España, puesto en marcha por el consejero fusilado Alfredo Espinosa, republicano, o la primera “ley de protección del consumidor” e incluso “políticas activas de empleo”. Alonso ha indicado que han sido “dos años de investigación” por parte de expertos para poder alumbrar el trabajo.

Alonso ha comparecido en el Parlamento para hacer descargo anual del trabajo de Gogora y presentar los planes para el nuevo ejercicio. Es una obligación legal que su predecesora, Aintzane Ezenarro, nunca atendió en dos legislaturas. El Instituto de la Memoria se encarga del análisis de la Guerra Civil y la dictadura, de los diferentes terrorismos, incluido el de ETA, y de la violencia policial. El propio director de Gogora ha admitido que su exposición relataba planes e iniciativas ya conocidas, como los de acercar el pasado a las nuevas generaciones.

Desde la oposición, Eraitz Sáez de Egilaz de EH Bildu ha constatado que el volumen de iniciativas sobre memoria en el Parlamento Vasco se ha reducido en los últimos años y lo ha considerado algo “positivo” y ejemplo de distensión, aunque sí ha demandado acercar a la juventud figuras históricas como aquel Gobierno de Aguirre. Por parte del PP, Santiago López Céspedes, ha echado en falta más iniciativas de denuncia de ETA. Ha ironizado que en la intervención la única “eta” era la “conjunción copulativa” en la versión en euskera, extremo que ha negado Alonso. Y Amaia Martínez Grisaleña de Vox ha lamentado que no haya políticas de reconocimiento a las víctimas de los republicanos en la Guerra Civil.

Ya es oficial: PNV y PSE-EE han consumado su mayor brecha en lo que va de legislatura vasca. Terminado el plazo de enmiendas, los socios en el Gobierno de Imanol Pradales no se han puesto de acuerdo en torno a la reforma de la normativa autonómica de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en las convocatorias. Era algo esperado desde hace meses en la política vasca, pero el desencuentro ha adquirido cierto realce al coincidir con una imagen de Aitor Esteban generada por inteligencia artificial por parte de los socialistas para criticar otro tema, las eternas conversaciones para reformar el Estatuto de 1979. Los nacionalistas han llegado a pedir explicaciones a Pedro Sánchez en el Congreso y a suspender un encuentro “con Moncloa” -en verdad una reunión en Bilbao con Antonio Hernando, técnicamente secretario de Estado de Telecomunicaciones-, pero no han logrado que el presidente del Gobierno, públicamente, haya enmendado la plana a su secretario general vasco, Eneko Andueza.

PNV y PSE-EE retomaron las coaliciones en 2015, tras las elecciones municipales y forales de mayo de ese año. Venían de tiempos de enfrentamiento abierto, con los socialistas apoyándose en el PP para que Patxi López fuese lehendakari y algunas voces del nacionalismo cuestionando su legitimidad democrática. En 2016, hace ahora una década, dieron un paso más y pasaron a formar un bipartito en el Gobierno vasco con Iñigo Urkullu como lehendakari. Imanol Pradales ha heredado ese modelo. El PSE-EE ha pasado de gestionar hace diez años tres carteras de poca relevancia y apenas un 4% del presupuesto a tener el 18% y funciones de relevancia como Vivienda, Prisiones o la cartera compartida de Economía, Trabajo y Empleo.

Fueron Andoni Ortuzar e Idoia Mendia al frente de PNV y PSE-EE los que fraguaron la alianza, pero ahora son Aitor Esteban y Eneko Andueza los que le dan continuidad. Y es otro estilo en lo político y en lo personal. Andueza ya ha dicho públicamente que se entendía mejor con su predecesor, en un análisis compartido por otros líderes vascos como Arnaldo Otegi. El líder socialista, en su lustro al frente del partido y negándose expresamente a entrar al Ejecutivo como vicelehendakari, ha hecho bandera de mantener un perfil propio y criticar al PNV todas las veces que lo ha considerado. Esteban, acostumbrado a ser considerado un referente en Madrid, ha bajado en estos meses en Euskadi al día a día, a tener que lidiar con los socios, con la oposición y hasta con investigaciones judiciales como la de Getxo.

Las diferencias entre PNV y PSE-EE no son nuevas. Hay quien ve el bipartito como una suerte de matrimonio de conveniencia. EH Bildu, que busca ser alternativa, intenta meter cuña cada vez que puede buscando acuerdos en lo nacional/identitario con el PNV y en lo social con el PSE-EE. Se lo afeó en la última sesión de control al Gobierno en el Parlamento Vasco el lehendakari Pradales a su líder en la Cámara, Pello Otxandiano. El PP juega también a mostrarse como una mejor opción para los 'jeltzales' que el “sanchismo”.

El conflicto de la Vivienda

Las políticas de vivienda han sido la piedra más importante en el zapato de la coalición en los últimos años. Desde 2016 es una competencia en manos del PSE-EE y en 2023 se aprobó la ley estatal sin la concurrencia del PNV. En el Gobierno vasco, el ala nacionalista forzó un recurso de inconstitucionalidad contra el criterio del entonces consejero, Iñaki Arriola. Andueza dijo entonces de Urkullu que copiaba a los 'populares' Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno Bonilla. El actual responsable de la cartera, Denis Itxaso, ha tenido sus más y sus menos con el nuevo alcalde donostiarra, Jon Insausti.

Nacionalistas y socialistas han chocado también por la política migratoria, por la transferencia del puerto de Pasaia, por Marruecos y el Sáhara y por otras áreas sectoriales. Las discusiones de esta semana, en cambio, son temas de más largo recorrido que acumulan muchos capítulos de tensiones.

Lo que dio origen a la imagen creada con inteligencia artificial -algo inédito en la política vasca o, al menos, a este nivel- es la reforma del Estatuto, en ocasiones llamado también “nuevo estatus” de encaje de Euskadi en España. En puridad, fue una promesa de Urkullu cuando relevó a López, en 2012. Entonces, al calor de los procesos escocés o catalán, se hablaba de una consulta en Euskadi hacia 2015 ó 2016. Durante dos legislaturas, hasta antes de la pandemia, funcionó una ponencia en el Parlamento que alumbró un borrador de reforma. En realidad, fueron dos. El PNV pactó primero una bases de corte soberanista con EH Bildu y luego las recondujo con el PSE-EE y con la ya extraparlamentaria representación de Podemos. Todo quedó en nada.

Ahora, las tres principales fuerzas decidieron negociar fuera del Parlamento unas nuevas bases. PNV, PSE-EE y EH Bildu llevan meses en ello. Tantos que el primer interlocutor socialista era Santos Cerdán y tuvo que ser relevado por Antonio Hernando, el que iba a visitar Sabin Etxea este miércoles en nombre de “Moncloa”. Los plazos para alumbrar alguna propuesta se han ido flexibilizando. Esteban gustaba de usar la metáfora del agua en la piscina y eso es lo que motivó la imagen artificial del PSE-EE que los nacionalistas vieron “indecente”.

El PNV lamenta que Andueza aún no se haya dirigido en primera persona a Esteban para disculparse. Desde “Moncloa” sí ha habido un contacto en nombre de la “presidencia” para tratar la cuestión, expone en el entorno de Esteban, sin dar más detalles. Los socialistas vascos sienten que el PNV busca elevar a Madrid el conflicto, aunque aseguran desconocer el motivo de la maniobra.

El debate del euskera

Y luego está el euskera. En 2024 el Gobierno desarrolló un decreto para actualizar el sistema de perfiles lingüísticos, las exigencias de lengua vasca en la Administración. Desde entonces ha habido una cascada de resoluciones judiciales que a PNV y EH Bildu, como también a sectores del mundo euskaltzale, les han llevado a denunciar una “ofensiva” contra la lengua cooficial.

Así surgió la idea de “blindar” las convocatorias de empleo. El PSE-EE nunca estuvo de acuerdo ni con el diagnóstico de la “ofensiva” ni con la necesidad de tocar la normativa tras los cambios de 2024 -de hecho, sostiene que ya hay “excesos” con el marco actual en las OPE- y el PNV presentó en solitario una reforma legislativa. Eso, en sí mismo, ya supuso una ruptura del acuerdo de coalición, que los obliga a operar de manera coordinada en el Parlamento con la excepción de unas discrepancias previamente pactadas y que son áreas muy tasadas.

Durante este año, PNV y PSE-EE han mantenido conversaciones para intentar fijar una postura común. Markel Olano ha sido el portavoz nacionalista y Pau Blasi el socialista. No ha habido fumata blanca. En medio, EH Bildu lanzó su propio plan, mucho más ambicioso. Mira a Catalunya y Galicia para fijar por ley que, de saque, se pida castellano y euskera y que solamente después se fijen excepciones. Si esta segunda ley está aún viva es porque el PNV aceptó que pudiera tramitarse.

Ahora se ha cerrado el plazo de enmiendas después de sucesivas prórrogas. El PNV ha enmendado su propuesta, teóricamente para hacerla más asumible para el PSE-EE y no consumar la ruptura. Ahora bien, ha admitido públicamente lo “fracasado” de su puente con los socialistas y ha rogado a EH Bildu que posibilite la aprobación de su iniciativa. EH Bildu, que hace gala de su gran fuerza municipalista, también ha querido tender la mano a un acuerdo entre abertzales, a activar una gran mayoría latente que en la práctica no opera como tal, con unas enmiendas para matizar su propia iniciativa. Todo esto se irá tramitando en los próximos pero fuentes del PNV indican que al igual que no hay agua en la piscina para un acuerdo con el PSE-EE tampoco se plantean pactar con EH Bildu en ningún caso.

En Pamplona y en Madrid

Y las tensiones se dan también más allá de Vitoria. En Pamplona, la coalición del PNV, Geroa Bai, lleva días en posiciones más cercanas a las de UPN que a las de su socio el PSN en lo tocante al debate educativo y a la enseñanza privada concertada. Y, en Madrid, el PNV está atacando con dureza a los ministros de Sánchez de la parte de Sumar.

Mónica García lleva siendo una diana desde hace meses. Y eso que el consejero vasco del PNV, Alberto Martínez, es anestesista como ella. Osakidetza culpa abiertamente al Ministerio de Sanidad de no resolver una huelga corporativa de médicos que está destrozando las listas de espera, con subidas del 50% en operaciones tras los paros ya celebrados y la negativa a hacer 'peonadas' u horas extraordinarias por la tarde.

A ello se le suma que el gran acuerdo pendiente para completar el Estatuto de 1979 es el traspaso de la gestión de la Seguridad Social, en el que la cartera de Trabajo de Yolanda Díaz tiene mucho que decir. Con los primeros pasos del pasado verano el PNV ya criticó el centralismo de la coalición de izquierdas. Pradales llegó a pedir en La Moncloa a Sánchez que pusiera “orden” en su gabinete. Ahora, cuando se negocia el Fogasa, la consejera María Ubarretxena ha denunciado que ve “remolones” a altos cargos de Sumar y ha indicado que hasta le han suspendido una reunión de alto nivel en Madrid.

La “ejemplaridad”

El Consejo de Gobierno de esta semana se ha reunido en miércoles por ser este martes festivo en Vitoria, la capital, con motivo de San Prudencio. Ello ha permitido tocar el asunto del 'meme'. Aunque las deliberaciones son secretas, ha trascendido que ha sido el propio lehendakari el que ha planteado el asunto y que, en la discusión, han tomado parte consejeros de los dos partidos. Pradales ha recordado que en agosto de 2024, en una sesión especial en el palacio de Miramar de Donostia, lanzó un decálogo sobre la “ejemplaridad” de la política que, entre otros puntos, incluía recomendaciones sobre la comunicación pública. La consejera-portavoz, Ubarretxena, le ha dado plena vigencia a ese documento aunque nunca llegara a aprobarlo en el Parlamento, como prometió.

El decálogo es la receta que ha encontrado ahora el equipo de Pradales para tratar de coser las costuras en la coalición. Hace unos meses, cuando el bipartito sufrió otro “resfriado”, el lehendakari recomendó “paracetamol” a Andueza. Voces del PSE-EE, en todo caso, piden que se observen también algunos comentarios de los nacionalistas hacia los socialistas. Citan el caso del exalcalde de Donostia, Eneko Goia, por ejemplo. “Preservar la coalición no es presentar una ley sin el socio, como con el euskera. La coalición tiene que estar engrasada, pero en las dos direcciones”, abundan en el entorno de Andueza.

El Parlamento Vasco lleva un año tramitando dos propuestas para reformar la ley de empleo público en busca de blindar las exigencias de euskera ante una acumulación de sentencias judiciales. Una es del PNV en solitario, sin su socio de Gobierno, el PSE-EE; la otra es de EH Bildu. A falta de acuerdos, por sí mismo ninguno de los partidos tiene apoyos suficientes para sacarlas adelante, como ellos mismos constatan. Ahora, tras varias prórrogas, se ha cerrado el plazo de enmiendas. Y ambos partidos han autoenmendado sus textos. El PNV, públicamente, ha pedido a EH Bildu que “posibilite” la aprobación de su propuesta al menos con una “abstención”. Los 'jeltzales' ya han adelantado que no apoyarán la alternativa de la coalición abertzale porque no ven “mimbres”, pero sí les piden responsabilidad a la inversa.

El PNV, que aspiraba blindar a las instituciones locales en sus convocatorias públicas frente a posibles recrusos, ha registrado tres enmiendas para una propuesta original de un solo artículo. Lo ha presentado como un “movimiento político” de calado y, dando por perdido el apoyo del PSE-EE por haber “fracasado” las negociaciones, ha apelado directamente a EH Bildu a que les apruebe la ley. Han afeado también a la formación abertzale que esté deslizando que el texto del PNV no tenga calidad técnica.

Según han explicado los dirigentes Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano, con sus enmiendas buscan que desaparezcan los índices “generales” fijados por el Gobierno vasco para que se creen unos nuevos índices en cada municipio o zona, siempre desde la “proporcionalidad”. El PNV también propone hacer obligatorio que en todas las convocatorias haya un porcentaje de plazas con requisito de euskera pero que podría cumplirse pasados unos años, con facilidades también para el estudio del idioma. “Que nadie diga que en las convocatorias se discrimina a personas que no tengan perfil [de euskera]”, ha señalado en euskera Olano. Se trata de “avanzar” en la euskaldunización “gradual” y desde la constatación de que ahora el 90% de los empleados públicos -sin contar los del Estado- tienen algún tipo de nivel de euskera por un 35% de hace tres décadas. “Es un mandato social”, ha añadido Olano, portavoz habitual del PNV en esta materia.

El PNV ha aludido también a la “elaboración posterior” de un decreto que desarrolle esta ley en sus puntos más concretos y a hacer una “evaluación” para comprobar si funciona y si verdaderamente da más seguridad jurídica. De salir adelante el plan político del PNV, la reforma legislativa tendría únicamente 27 votos a favor de 75 en el hemiciclo. A preguntas de los periodistas, Díez Antxustegi ha puntualizado que no es una “adhesión sin condiciones” lo que se le pide al socio potencial, sino un “ir por partes”.

EH Bildu, de inicio, quería ir a un modelo como el catalán o el gallego, con exigencias de ambas lenguas oficiales de entrada y regular después las excepciones. El PNV no ha presentado enmiendas a la ley de EH Bildu porque directamente no contempla aprobarla. A la contra, la formación abertzale ha planteado dos cambios al texto del PNV y accede a introducir cuatro modificaciones al suyo propio, algunas de ellas en busca también de “progresividad” en las exigencias de euskera.

“Hemos afinado y concretado el desarrollo de nuestra proposición de ley a través de cuatro enmiendas, principalmente para definir el índice de progresividad. Es decir, definimos la forma de calcular ese índice, cómo calcular en cuántas plazas se puede aplazar la exigencia del conocimiento del euskera en el acceso al empleo público. Incluir este índice en la propia ley dotará al sistema de una mayor seguridad jurídica, tal y como nos han recomendado varios juristas durante la tramitación”, ha argumentado Josu Aztiria. “Además, creemos que es una forma de expresar nuestra voluntad de consenso, porque concretar los términos de esa progresividad y flexibilidad puede facilitar un acuerdo inclusivo con PNV, PSE-EE y Sumar”, ha agregado en un comunicado.

Un total de 2.811 jóvenes en Euskadi perciben a la vez las ayudas Gaztelagun, de 300 euros de apoyo al alquiler, y Emantzipa, otros 300 euros de impulso a la emancipación, programas paralelos del Gobierno vasco, uno de la parte de Vivienda (en manos del PSE-EE) y otro de la de Juventud (del PNV). Son datos facilitados a este periódico por fuentes oficiales del Ejecutivo.

Los programas son legalmente complementarios y tienen requisitos diferentes. Gaztelagun, más veterano, está abierto a jóvenes de 18 a 35 años y los 300 euros son indefinidos mientras se cumplan los requisitos. En los próximos días entrará en vigor una flexibilización de la regulación para incrementar los beneficiarios potenciales y también para incrementar el precio de los pisos que dan posibilidad de pedir la ayuda, particularmente en zonas tensionadas como Donostia.

En cuanto a Emantzipa, cuya normativa para 2026 se ha presentado este martes y se podrá empezar a solicitar de nuevo a partir del 12 de mayo, es una opción para jóvenes de entre 23 a 29 años (hasta ahora estaba pensado desde los 25 años) y el cobro se limita a 24 mensualidades. La consejera responsable, Nerea Melgosa, no descarta elevar la edad máxima de acceso en línea con Gaztelagun, como planteó públicamente el pasado año, si bien sí recalca que, por el momento, se está priorizando intentar 'premiar' adelantar la edad de emancipación. Se da la circunstancia de que otro programa de Melgosa, los avales a jóvenes para la compra de vivienda, el llamado Gazte Aval, tiene como edad tope los 40 años.

Emantzipa, el proyecto estrella del final del mandato de Iñigo Urkullu, arrancó sin la fuerza prometida. La ejecución del dinero anunciado para su lanzamiento, 53 millones de euros, fue de apenas el 20%, como avisó la oposición en el Parlamento. Se denunciaron también retrasos en los pagos y otras incidencias. Se aludió a 12.000 beneficiarios potenciales pero, por el momento, en 2024 se sumaron 6.846 y en 2025 otros 2.754. Pasados ya dos años, la cifra será móvil en función de nuevas altas y las bajas que se den cuando se cumplan los 24 cobros. También hay casos de jóvenes que pierden la ayuda por ver sus ingresos propios mejorados y pasar de la barrera de los 30.000 euros anuales (a título individual) o 36.500 (en pareja).

La convocatoria de Emantzipa en 2026 está dotada con 36,25 millones de euros, lo que permitiría costear durante dos años los 7.200 euros totales de unos 5.000 nuevos beneficiarios. Son cifras mucho más ajustadas a la ejecución real del programa, indican desde el Gobierno. De hecho, la consejera Melgosa ha aludido a unas 4.000 nuevas altas en la presentación. La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha insistido también en que ha habido “cambios en el procedimiento” para abonar “en tiempo y forma” cada mes al principio las prestaciones reconocidas.

Melgosa ha insistido que Emantzipa es una “apuesta” para “seguir removiendo obstáculos” en la emancipación juvenil. Ofrece “estabilidad, oportunidades y un apoyo directo” por parte de la Administración. El plazo de nuevas altas se abrirá el 12 de mayo y estará abierto hasta el 30 de noviembre “salvo agotamiento” del presupuesto. Las solicitudes pueden ser telemáticas o presenciales, en las oficinas de atención ciudadana Zuzenean.

La empresa Acciona se ha llevado el mayor contrato actual del Ayuntamiento de Vitoria y, quizás, el mayor que la ciudad ha firmado nunca en su historia. La compañía ha resultado adjudicataria por 381,8 millones de euros de la contrata de limpieza y gestión de residuos para los próximos diez años, es decir, a razón de 38,1 millones anuales. Hace cinco años, como precedente más cercano, se firmó un contrato de 103,1 millones con la UTE de Cespa (Prezero) y la local Onaindia para cuatro ejercicios, es decir, no más de 26 millones.

La renovación de las condiciones propuesta inicialmente ya mejoraba sustancialmente tanto el canon anual, de unos 25 a unos 35 millones de euros, como la duración total del servicio, de cuatro a diez años. Sin embargo, un recurso del sector y la ausencia de ofertas dejó desierta la primera convocatoria y obligó a una prórroga del acuerdo con la UTE anterior. Finalmente, el Ayuntamiento se avino a subir aún más el presupuesto. Es prácticamente un 50% más de lo que se venía pagando hasta ahora. Acciona, que recibe esta adjudicación en un contexto en que su nombre ha aparecido en investigaciones de corrupción, ha sido la única licitadora y ha ofrecido una rebaja del 0,8% del precio de salida.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, del PSE-EE, ha señalado que la etapa de Acciona, que nunca antes había pasado por Vitoria para realizar el servicio de limpieza, “va a marcar un antes y un después”. Las previsiones es que la nueva contrata entre en vigor en junio.

La documentación oficial de la contrata plantea, por ejemplo, que se implementará una nueva aplicación móvil llamada 'City in touch'. Servirá para abrir los contenedores que requieran de identificación, como los de basura orgánica y fracción resto (el marrón y el gris), pero también en un futuro para denunciar incidencias y gestionarlas, entre otros servicios. Las pruebas han mostrado que este sistema, complementario al de la tarjeta física ciudadana, permite abrir los contenedores en un margen de entre ocho y diez segundos.

En general, la única oferta posible, la de Acciona, ha recibido 73,6 puntos sobre 100 en el apartado técnico, según el informe firmado por el alto funcionario municipal Joseba Sánchez. En él se alude a un sistema “puerta a puerta muy ambicioso” para la hostelería, por ejemplo, o a la calidad y “robustez” de los nuevos contenedores de “acero galvanizado” frente a los actuales, que se vuelan con facilidad. También son más firmes contra el “vandalismo”, dijo la alcaldesa.

La documentación muestra que se incorporarán a la flota vehículos eléctricos, en concreto barredoras de la marca Tenax o vehículos Renault Master. Habrá también barredoras de combustión de Ros Roca y la mayoría de camiones serán de la casa Iveco, salvo algunos Fuso (Mitsubishi) para la recogida de vidrio.

Otras novedades anunciadas por el Ayuntamiento son el “nuevo servicio de fregado de pavimento con la utilización de unas máquinas específicas para extraer la suciedad” que harán las calles más “pulcras”, equipos de “desbroce de la vegetación o retirada de la hoja en función de cada estación” y limpiezas intensivas de los barrios al menos una vez al año. Asimismo, desaparece el camión que hacía las veces de punto verde móvil y “se va a transformar con la colocación de veinte puntos fijos para el reciclaje de aceite de cocina, pilas, radiografías, residuos electrónicos, entre otros materiales”. “Se van a distribuir por diferentes espacios y barrios de la ciudad, para que se conviertan en pequeños Garbigunes, mucho más cercanos a la ciudadanía y no tener así ya que estar pendientes de la visita” del cambión, expuso Etxebarria.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, tiene ya listo el borrador de un decreto para realizar un ajuste en la estructura de su equipo y “reforzar” los servicios jurídicos autonómicos. En concreto, se busca crear un nuevo “gabinete técnico” y, además, adscribir al equipo del viceconsejero de Régimen Jurídico la dirección de Autogobierno.

En la exposición de motivos se remarca que la Viceconsejería de Régimen Jurídico ha de ser el “centro superior consultivo” del Gobierno vasco. De él dependen los servicios jurídicos centrales, que tienen doble función, la de asesoramiento y la de defensa en los pleitos a los que se enfrenta la Administración. Ahora, el “notable incremento del número de litigios, la complejidad normativa, la necesidad de garantizar una actuación homogénea y eficiente ante la Administración de Justicia y la creciente digitalización hacen imprescindible reforzar la estructura interna de la Viceconsejería de Régimen Jurídico”. Los cambios llegan tras el reciente fichaje de Kepa Bilbao como viceconsejero y la salida, por jubilación, del veterano Sabino Torre.

El refuerzo pasará por la creación de ese “gabinete técnico”, destinado a elaborar “informes y estudios jurídicos complejos”, a garantizar la “unificación de criterios”, a la búsqueda de “riesgos” en la elaboración y desarrollo de normativa, a la “formación interna” en materia jurídica y a la “optimización de recursos”. Después, se ha optado también por que el equipo de Autogobierno, que hasta ahora dependía directamente de la consejera, pase igualmente a estar en el organigrama de Bilbao, de modo que también “pueda recibir la asistencia” del nuevo gabinete.

La redacción que será aprobada indica que ese equipo nuevo “estará integrado por los letrados y letradas y el resto del personal técnico y administrativo que e determine” en una futura relación de puestos de trabajo. Asimismo, se detalla que las funciones del equipo de Autogobierno, muy protagonista en los últimos meses en las negociaciones de nuevas transferencias con el Gobierno central, seguirán siendo las de “coordinación” de todo el tema competencial, tanto con el Estado como con las instituciones forales, a pesar del cambio en su adscripción. Esta dirección es la responsable de los informes y personaciones en procesos judiciales ante el Tribunal Constitucional y órganos similares. Su titular es Begoña Pérez de Eulate, que ocupó ese mismo puesto con los lehendakaris Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu antes de hacerlo con Imanol Pradales.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado este lunes oficialmente el proyecto Sea Eight (o Aquacría Basordas, el nombre de la filial) para utilizar las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, nunca puesta en marcha como tal, como criadero de lenguados. Se trata de una inversión “público-privada” de 170 millones de euros en diez años, que va a generar “unos 200 empleos altamente cualificados de forma directa” y que permitirá “disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha explicado desde la zona el propio Pradales, acompañado de la consejera Amaia Barredo y de responsables de Sea Eight, que ya tienen proyectos en otras zonas como Asturias, Galicia o Portugal.

El PNV pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 la cesión de los terrenos de Lemoiz en Basordas y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ejecutó en 2019. Son unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. Desde el principio se planteó la posibilidad de aprovechar el lugar como piscifactoría, aunque hasta ahora no se había terminado de definir un proyecto y han sido años de idas y venidas, incluso de disputas con el Ayuntamiento de Lemoiz, en manos de EH Bildu.

Pradales ha iniciado su intervención recordando a cinco trabajadores de la entonces llamada Iberduero asesinados por ETA en su campaña contra las instalaciones nucleares. Son José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños. Se estiman en más de tres centenares los atentados y sabotajes de la banda terrorista contra el proyecto. Ha citado también a Gladys del Estal, venezolana que recibió un disparo de la Guardia Civil en el curso de protesta antinuclear en Tudela, en Navarra.

Según el lehendakari, “la central de Lemoiz evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje”. “Es una herencia incómoda y muy compleja que nos corresponde gestionar”, ha señalado. A su juicio, el plan de la mano de Sea Eight -que toma su nombre del que consideran el octavo mar, la actividad de acuicultura en tierra firme- “aspira a ser referente a nivel internacional”. Esta compañía ya tiene proyectos en marcha en otros puntos de la península, tanto en España como en Portugal. Su sede principal está en Gijón.

Lo que se hará en Basordas será “un proyecto integral” de “desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado” de unos 46.000 metros cuadrados. “Esto es mucho más que una simple piscifactoría [...]. Su producción nace con vocación de seguridad alimentaria y exportadora, y nos permitirá disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha dicho el lehendakari, que ha prometido una inversión global de 170 millones de euros -no ha especificado qué parte será pública- y la creación de 200 puestos de trabajo, así como colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

Se estima que el proyecto tenga “una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales” de lenguados. Se estima que el proyecto como tal arranque en 2027, que 2029 en se empiecen a criar los primeros peces y que lleguen al mercado, respetando sus “ciclos biológicos”, hacia 2030. Desde Sea Eight han explicado a este periódico que el período total de cuidado de los lenguados es de “unos veinte meses”. Los primeros los tienen en una “maternidad” o “nursery” y después los alevines pasan a la fase de “engorde” hasta que están listos para su comercialización.

Se da la circunstancia de que el pasado año el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, presentó para Gijón de la mano de Sea Eight la “mayor piscifactoría de leguados de Europa” aunque sus cifras eran más modestas que la de Lemoiz, ya que eran 55 millones de inversió y un centenar de empleos. En el acto de Basordas han estado Aritza Rodero, del grupo Atitlan, que es el inversor principal detrás de Sea Eight, y Jaime León, CEO de este proyecto.

“Es hora de abrir un nuevo ciclo para este espacio de Lemoiz. De hacer que sea un símbolo de transformación colectiva, y no la cicatriz de tiempos oscuros. De que salga del pasado, o de un presente congelado, para entrar en el futuro de Euskadi, generando riqueza, proyección y nuevas oportunidades. Éste es el primer paso de un camino largo que debemos recorrer juntos”, ha solemnizado Pradales, que ve “compatible” el Sea Eight con “otros usos e iniciativas que puedan llegar, tanto económicas, como ligadas a la memoria, la cultura o el ocio, desde la escucha, la colaboración y el acuerdo”. “Estamos muy contentos de estar aquí”, ha señalado igualmente la consejera Barredo.

En paralelo, han arrancado ya las obras de un nuevo dique para proteger el espacio. Euskadi asumió en 2025 la competencia de gestión del litoral. Según se informó, tendrán un coste de 2,5 millones de euros. “Los trabajos, que ya han comenzado y se prevé duren 10 meses, incluyen el refuerzo del talud exterior mediante la colocación de 415 bloques de hormigón de alta densidad de 45 toneladas cada uno en 200 metros del dique con daños. Los 100 metros restantes conservan su estructura original de bloques de piedra caliza”, informó en marzo el Ejecutivo.

El exalcalde de Donostia hasta finales de 2025, Eneko Goia, del PNV, se incorporará a la fundación del PNV, la Sabino Arana. Según ha adelantado 'El Diario Vasco', realizará labores de asesoría para la nueva presidenta de la entidad, la también 'jeltzale' guipuzcoana Arantxa Tapia, exconsejera con Iñigo Urkullu, durante un período temporal acotado de entre doce y dieciocho meses, siempre según esa fuente.

Goia fue relevado en octubre de 2025 de la alcaldía de Donostia, un cargo que ocupaba desde 2015. Mediada la legislatura y con 56 años, aseguró que ponía fin a esa etapa de su vida política y cedió el bastón de mando a Jon Insausti, que ahora se esfuerza en darse a conocer como nuevo candidato del PNV, pero desde el escaparate del Ayuntamiento. “Creo que es bueno que existan ciclos con un principio. Saber hacer un buen relevo y de forma ordenada. Tenía muy claro que la alcaldía era un ciclo. Siempre estuvo en mi mente el límite de diez años”, justificó Goia.

El exregidor, que antes fue parlamentario vasco, diputado foral guipuzcoano o concejal del PNV en la oposición en Donostia, aseguró que se iba a tomar un tiempo de desconexión y a prestar más atención a su familia. Está casado y tiene cuatro hijos. Eso sí, siempre manifestó que seguía activo en la política, su pasión.

Ahora encuentra acomodo en la fundación Sabino Arana, una entidad adscrita al PNV en la que Aitor Esteban ha situado en los últimos meses a una de sus personas de máxima confianza en Gipuzkoa, la exconsejera Tapia. Antes, en 2024, renunció a competir por la presidencia del partido en Gipuzkoa, que recayó en María Eugenia Arrizabalaga tras el final de la larguísima etapa de Joseba Egibar.

La Guardia Civil ha sido condenada a pagar una indemnización de 6.944,59 euros a un agente de la comandancia de Álava y con destino en el aeropuerto de Foronda por un “incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales” en lo tocante a las prácticas de tiro con armas de fuego. Hubo una primera sentencia de un juzgado de Vitoria a mediados de 2025 que dio la razón al demandante y la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha admitido el recurso de la Abogacía del Estado y ratificó la condena.

El guardiacivil protagonista de la historia nació en 1979 y se incorporó al cuerpo en 2008. Además, es miembro de la asociación AUGC. El funcionario estaba en la academia de Baeza, en la provincia de Jaén, cuando en 2006 se produjo un accidente en una “actividad formativa” en el que murió un compañero y varios más resultaron heridos. Según Efe, el instructor estaba haciendo una demostración con un arma cargada y, al apretar el gatillo, la bala atravesó el costado de un auxiliar, impactó en el pecho del fallecido y, al tirar la pistola al suelo, se disparó y una segunda bala atravesó la bota de una joven aspirante de 19 años.

Años después, en 2015, el agente presenció otro caso similar en la base militar vitoriana de Araka durante unas prácticas, aunque esta vez sin heridos. La Guardia Civil de Álava se entrena en las instalaciones del Ejército de Tierra y, durante una actividad de reciclaje, el monito apretó el gatillo de un arma pretendidamente descargada y se produjo un disparo que atravesó una pared de pladur, cruzó todo el gimnasio anexo y acabó impactando en una pared de ladrillo. Con síndrome de ansiedad, el agente fue dado de baja y le retiraron el arma reglamentaria.

Regresó a sus funciones a comienzos de 2016 y, desde entonces, empezó a hacer escritos de queja para mejorar los protocolos en las actividades de práctica de tiro. Hasta 2023 no tuvo más bajas, pero ese año acudió a una psiquiatra y asesiones de psicoterapia. Se demostró que había desarrollado “un trastorno de estrés postraumático” originado en el accidente de 2015. El problema se “reactivaba” cada vez que lo tocaba “volver a exponerse” a esas actividades.

El juzgado de Vitoria dio por probada la insuficiente respuesta de la Guardia Civil a las necesidades de su agente. Y fue ahí donde fijó la cuantía de la indemnización en 6.944,59 euros, así como la obligación de realizar la “oportuna evaluación de los resigos psicosociales”. El cuerpo, sin embargo, presentó un recurso, pero los magistrados Pablo Sesma, Florentino Eguaras y Maite Alejandro han refrendado en su integridad la primera resolución. Tampoco han accedido a las pretensiones del policía de endurecer la pena. La Abogacía del Estado, representante legal del instituto armado, ha defendido en todo momento que la comandancia de Álava, con base en Sansomendi, ha operado correctamente.

Este miércoles, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, defendía la importancia de las 'bodycam', las cámaras de grabación que portan en sus uniformes los ertzainas ya de forma generalizada desde hace unos meses. No negaba que había reticencias para su uso -de hecho, ha habido algunos expedientes disciplinarios por ello-, pero insistía en que son buenas para detectar abusos pero también para demostrar cuando la Policía hace las cosas bien frente a quejas infundadas. A instancias de EH Bildu, el propio Zupiria ha entregado al Parlamento el protocolo de uso de esta nueva herramienta. En él se indica que solamente se emplearán en casos de “peligro concreto” y nunca en viviendas, por ejemplo.

El documento es la Instrucción 42 de la Ertzaintza y está firmado por la directora del cuerpo, Victoria Landa. El cuerpo tiene muchos más de estos protocolos. La Instrucción 67 regula la videovigilancia en general, por ejemplo. Históricamente, el más conocido fue la Instrucción 53, con medidas de autoprotección por la amenaza terrorista de ETA. La Instrucción 79 analizó todo lo relacionado con el yihadismo.

El protocolo es bilingüe y tiene 19 folios. Es de 2023 y ha sido revisado ya en cuatro ocasiones, tres veces en 2024 y la última en marzo de 2025. Arranca explicando que hay que diferenciar estas grabaciones de otras que se han podido venir haciendo para investigaciones. La cámara móvil o 'bodycam', que también registra sonido, es ya parte del equipamiento “ordinario” de los agentes de Seguridad Ciudadana y tienen su propio anclaje en el uniforme. Cada una de ellas posee un geolocalizador.

La Ertzaintza señala que han de ser usadas siguiendo el “principio de proporcionalidad”, así como el de “idoneidad”. La premisa añadida es la de “intervención mínima”, porque su empleo toca derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad de detenidos, implicados en las intervenciones o incluso de terceros. La instrucción señala que “la utilización de cámaras móviles por parte de la Ertzaintza exigirá la existencia de un peligro concreto”. Ahora bien, no son admisibles imágenes o sonidos dentro de una casa, pero tampoco en el vestíbulo. Solamente se levantará esta prohibición con autorización judicial o del propietario. Los policías están avisados de que no pueden captar conversaciones “de naturaleza estrictamente privada”. Y que deben cuidar si hay menores o personas de “especial vulnerabilidad”.

¿Cómo se mide ese peligro “concreto”? Se citan casos “flagrantes” de infracciones penales o administrativas, de “riesgo para la vida” de los agentes, de los detenidos o de terceros, “amenazas”, “enfrentamientos”, “acciones tumultuarias o perturbaciones con afectación grave a la seguridad ciudadana”, “incidentes con presencia de armas” o casos de “violencia o intimidación”. Obviamente, no es lo mismo un dispositivo “planificado” que otro “sobrevenido”, de modo que es cada agente el que debe valorar en el terreno todos los condicionantes. Eso sí, hay un “deber legal” de avisar de que se presiona el botón de 'Rec'. Con claridad, se deberá decir en euskera “Jakin ezazu polizia-jardun hau grabatu egingo dela” o “Le comunico que esta actuación policial va a ser grabada” en castellano. Si no se ha podido hacer esto por las circunstancias urgentes, “se dejará constancia” en el informe. Ese reporte deberá incluir el identificador de la cámara, la persona autora de la grabación y otros datos para preservar la “trazabilidad”. La cámara tiene un modo “sigilo” que le permite operar sin la luz roja o señales acústicas por motivos de seguridad.

Si la grabación detecta un delito, se trasladará a un juzgado como mucho en 72 horas. Es el mismo plazo para poner a disposición judicial a un detenido. Si se aprecian ilícitos administrativos (la ley de Seguridad Ciudadana o 'mordaza) se enviarán “de inmediato” a la autoridad competente. Estos materiales serán conservados, pero el resto se destruirán en tres meses.

Una mujer, con dos niñas de 8 y 14 años a su cargo, ha sido desahuciada este viernes de su vivienda de alquiler social gestionada por la sociedad autonómica Alokabide en el barrio vitoriano de Salburua, al este de la ciudad. El Sindicato Socialista de Vivienda ha denunciado que ella, además, es víctima de violencia machista.

Fuentes del Gobierno vasco han confirmado a este periódico que se ha dado la orden de “lanzamiento”, pero recalcan que solamente se actúa de esta forma en circunstancias extremas, es decir, cuando hay deudas muy altas que son continuadas e injustificadas y no se ve una voluntad de corregir la situación. Recalcan que son pisos sociales con rentas mensuales muy bajas -menos de la mitad del precio medio del mercado en Vitoria, en este caso- y que hay demanda para acceder a ellos por parte de familias que sí quieren cumplir con los requisitos.

Desde Vivienda añaden que los servicios sociales municipales de Vitoria no han emitido un criterio contrario a la ejecución del desahucio. Fuentes del Ayuntamiento consultadas, en cambio, no ofrecen ningún dato sobre este caso remarcando que se trata de circunstancias particulares sujetas a protección de datos.

En carteles aparecidos en el barrio de Salburua, el Sindicato de Vivienda, que forma parte de las organizaciones articuladas alrededor de GKS, denuncia que “en plena crisis de vivienda, las instituciones públicas actúan igual que los propietarios privados”. Insisten en que están “priorizando la rentabilidad económica y dejando de lado el bienestar de las capas más empobrecidas y vulnerables de la clase trabajadora”. Según este colectivo, no se trata de un “caso aislado” porque Alokabide, solamente en Álava, desalojó a “una familia al mes” de viviendas de alquiler social. El desahucio se ha producido en medio de una protesta. La Ertzaintza se ha desplegado en la zona y se han registrado algunos momentos de tensión.

El conocido pastelero y repostero vitoriano Luis López de Sosoaga, inventor del postre Goxua, muy popular y uno de los platos más conocidos de la gastronomía alavesa y vasca, ha fallecido este viernes a los 78 años. López de Sosoaga estaba al frente de la Confitería Sosoaga, que data de 1868 y de la que representaba una cuarta generación.

En su empresa recuerdan que López de Sosoaga había recibido “innumerables distinciones y reconocimientos”, como las medallas de oro de Barcelona y Castellón, el Celedón de Oro en Vitoria en 1998 y hasta “cofrade de honor” de la patata alavesa, otro buque insignia de la gastronomía local, o representante de las familias de la escuela concertada. Durante décadas ejerció también como presidente de la Asociación de Pasteleros de Álava y no era infrecuente verle entregando dulces a las autoridades antes de festividades como la de San Prudencio, que precisamente se celebrará en los próximos días. El Goxua es un postre por capas, servido preferentemente en tarrina de barro.

“Se nos ido Luis López de Sosoaga, un referente de la repostería alavesa. Un hombre que dedicó su vida a endulzar momentos, a mantener viva una tradición familiar centenaria y a innovar sin perder nunca las raíces. Generoso, apasionado por su oficio, entendía que detrás de cada dulce había emoción, recuerdo y celebración. Su creación, más conocida, el Goxua, forma ya parte de nuestra identidad”, ha escrito de él el diputado general de Álava, Ramiro González. Y ha añadido: “Nos queda su legado. Y ese sabor a casa, a ocasión especial y a felicidad”.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha recordado que en 2026 no ha podido participar en la ya tradicional entrega de una tarta de San Prudencio. “Se confirma la peor de las noticias”, ha lamentado en X. Lo ha considerado un “líder” que “siempre supo trasladar el cariño del sector por las tradiciones vitorianas y alavesas”. “Deja dulzura, cercanía y cariño”, ha añadido la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal. El obispo, Juan Carlos Elizalde, también ha destacado su cercanía con entidades religiosas de la ciudad.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, han mantenido el 'cara a cara' de mayor voltaje político en una sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco ahora que se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. ¿El tema? La política migratoria, que va ganando espacio en la agenda pública vasca. Otxandiano ha acusado a Pradales de haber dinamitado la “unidad” detrás del pacto vasco migratorio al haber impulsado dar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza incluso con su socio el PSE-EE en contra y algunos alcaldes del PNV, como el de Bilbao. Y Pradales ha replicado comparando el comportamiento de EH Bildu con el de la “extrema derecha”, que luego se ha valido de esos mismos datos para atacar a las personas que se están “importando” últimamente.

Otxandiano ha ofrecido en el pleno un estilo diferente al de otras de sus intervenciones. En primer lugar, ha empleado casi exclusivamente el castellano en todo momento, con apenas algunas frases en euskera. En segundo lugar, se ha guardado tiempo para la réplica, a diferencia de lo sucedido en sesiones de control anteriores, para seguir lanzando dardos contra Pradales.

Desde el inicio, Otxandiano ha insistido en que el PNV “ha roto el pacto vasco de migración” que heredó de la pasada legislatura. Se refería a la decisión de la Ertzaintza de ofrecer en sus notas informativas datos de origen de los arrestados. Es algo que han copiado otros cuerpos como la Policía de Donostia, pero no ha ocurrido así con las de Bilbao y Barakaldo, ambas controladas por el PNV, o la de Vitoria, con alcaldesa del PSE-EE. Los socialistas han criticado desde el Gobierno vasco esta decisión de sus socios en el Ejecutivo. Las voces críticas han llegado incluso de mandos de la Policía Nacional, que lo ven completamente innecesario para luchar contra la criminalidad. El Ararteko analiza este cambio de criterio porque, en su momento, consideró que era algo que alimentaba la estigmatización de determinados colectivos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado a Pradales que “allá donde las encuestas muestran más sensación de inseguridad”, en referencia a Bilbao y Barakaldo, los alcaldes nacionalistas “no comparten” la visión del Gobierno vasco. “Han roto la unidad”, ha insistido Otxandiano, leyendo un fragmento del apartado segundo del pacto migratorio. “Usted es lehendakari de todos los vascos y vascas. No puede desdeñar la opinión mayoritaria de este Parlamento. Mezclar la inmigración con la seguridad tiene riesgos. Hay una estratega de la derecha extrema que se quiere valer de esto. Esto se puede escapar de las manos. Volvamos al espacio de consenso”, ha dicho en castellano Otxandiano.

En el primer turno, Pradales ha dicho estar “de acuerdo” con el “criterio” de informar del origen de los detenidos. “El mundo no se ha puesto patas arriba desde que se da esta información”, ha justificado. En el segundo, se ha extendido un poco más: “Este Gobierno no rehúye ningún debate que esté en la calle, por muy incómodo que sea. Vamos a afrontar la realidad”. Ha considerado que la sociedad es “adulta” y que “exige disponer de información objetiva”, “sin controles ni paternalismos”. “Ustedes disponen de toda la información de las personas detenidas, ¿por qué quieren ocultársela a la sociedad? Ha mezclado los conceptos. Me ha recordado usted a lo que hace la extrema derecha en la Cámara. Ha querido enredar y polarizar”, ha apostillado.

Después, ha contado que en Semana Santa leyó un libro de Cas Mudde, politólogo neerlandés,. Era sobre la extrema derecha. Y se explicaba que “el populismo es simplista” y que buscar diferenciar entre un pueblo “puro” y una “elite corrupta” ('ustela', en euskera). Y ha preguntado a EH Bildu si se considera el único representante “puro” de la ciudadanía vasca y considera al Gobierno de PNV y PSE-EE como esa “elite corrupta”. El lehendakari ha sugerido que EH Bildu busca meter cuña entre los socios, también en el debate sobre la reforma de la ley del euskera.

La “prioridad nacional”

El debate migratorio ha seguido marcando la sesión de control. Desde la bancada del PP, Javier de Andrés ha manifestado que los miles de hispanoamericanos que están llegando no disponen de modelos educativos en castellano y se ven forzados a hacerlo en euskera. Pero, sobre todo, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, se ha valido precisamente de los datos facilitados por la Ertzaintza para sentenciar que en Euskadi se están “importando” personas, como si fueran objetos, de países que “distan mucho” de los valores vascos. “Existe una correlación directa” entre algunos países que ella ha mencionado con el incremento de delitos, ha sentenciado Martínez Grisaleña.

En su caso, el debate ha sido con el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. El consejero del PNV ha iniciado su contestatación a Vox exponiendo que la “prioridad nacional” vasca es la “acogida humanitaria a quien ha venido a Euskadi y quiere vivir en paz” y “dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí”. “Me ha gustado su entrada. Prioridad nacional. Me suena [...] No es racismo. Es realismo [...]. Sin complejo a alguno a llamar las cosas por su nombre”, se ha congratulado la representante de la ultraderecha. Después, ha escuchado de Zupiria que “Euskadi es una de las comunidades más seguras del Estado español”. Pradales también ha dicho que en Euskadi no se le tiene “miedo” a Vox.

El Parlamento Vasco propondrá la semana próxima al Senado a los juristas Xabier Arzoz y Javier García Roca como candidatos al Tribunal Constitucional. Son nombres lanzados por PNV y PSE-EE, respectivamente. Por diferentes circunstancias, los intentos de 2013, 2015, 2016 ó 2022 de activar ese procedimiento no se llevaron a término y es algo que no se somete a consideración de la Cámara desde 2008. Pero no es un mero trámite. Hace 18 años se plantearon también dos nombres, los de José Luis Aurtenetxe y Adela Asua. Y la segunda, propuesta por los socialistas, acabó como magistrada y vicepresidenta de la corte de garantías.

Arzoz, el propuesto por el PNV, tiene un amplia formación en derecho, es catedrático de la UNED y ha sido letrado en el Constitucional precisamente al lado de Asua primero y después del ahora presidente, Cándido Conde-Pumpido. Ha participado como asesor de la Defensoría del Pueblo estatal en el proceso de reparación de las víctimas de violencia sexual en la Iglesia católica y tiene 150 publicaciones y una veintena de libros entre obras propias, compartidas o coordinadas. Están hechas en castellano, euskera, inglés y alemán.

Se da la circunstancia de que Arzoz compareció en noviembre de 2025 en el Parlamento en el marco de la reforma sobre la normativa de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en la Administración tras una sucesión de recursos y sentencias judiciales. Se trata de una doble tramitación que sigue abierta, aunque ya es público que hay una brecha en el Ejecutivo de PNV y PSE-EE. Por un lado, se analiza una propuesta de artículo único del PNV para dotar de “seguridad jurídica” a las instituciones locales en sus convocatorias modificando los índices de obligado cumplimiento preexistentes; por otro lado, EH Bildu ha planteado un articulado más amplio para solicitar de entrada ambas lenguas oficiales, inspirada en el modelo catalán o gallego, y luego regular las excepciones.

Arzoz, el ahora candidato del PNV, no fue precisamente benévolo con la iniciativa legislativa de ese partido. Mencionó que el texto de los nacionalistas “no era muy comprensible” y que, en lo tocante a la seguridad jurídica, no preveía grandes cambios en las sentencias, es decir, que la propuesta fuese a ser “efectiva”. La calificó de “parche”. Después aludió al texto de EH Bildu, mencionó su inspiración gallega y catalana y señaló que el Constitucional, órgano al que aspira a entrar, no las ha anulado, aunque con el relevante matiz de que el alto tribunal tampoco ha ofrecido un “cheque en blanco” a exigencias de todo lo que no sea castellano. El portavoz del PNV en la ponencia legislatura, Markel Olano, encajó la intervención asumiendo que habían recibido “palos”. “Elijamos la fórmula que elijamos, no tendremos seguridad del 100%”, se defendió, poniendo en valor a sus juristas.

García Roca, de su lado, es licenciado en derecho y diplomado en economía. También ha sido letrado del Constitucional y miembro de diferentes órganos jurídicos. En su currículum se mencionan, igualmente, hasta once obras relativas al constitucionalismo, incluidas una “pautas para una reforma”, editado en 2014.

De los doce integrantes del Constitucional, cuatro los designa el Senado. La Cámara alta de las Cortes Generales, a su vez, pide dos nombres a cada uno de los Parlamentos autonómicos. En ese contexto, el presidente, Pedro Rollán, escribió a su homóloga vasca, Bakartxo Tejeria, y se los solicitó. El pleno los visará la semana que viene. Solamente PNV y PSE-EE han propuesto sus candidatos, de modo que se da por hecho que serán elegidos Arzoz y García Roca, ya que ambas formaciones gozan de mayoría absoluta. Tras varios intentos fallidos por disoluciones o del Senado o del Parlamento Vasco, hay que remontarse a 2008 para encontrar una votación similar. De los 65 participantes en aquella sesión solamente quedan dos en la actualidad, la propia Tejeria, entonces parlamentaria rasa del PNV, encabezado por Juan José Ibarretxe como lehendakari, y Laura Garrido del PP. La izquierda abertzale de entonces, EHAK, no participó, y tenían presencia partidos como EA, Aralar y EB (la marca de entonces de IU). En el grupo del PP ocupaba un escaño Santiago Abascal, actual líder de Vox.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, tiene ya listo el borrador de un decreto por el que se creará en Euskadi un organismo llamado Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Se trata una nueva agencia con, entre otros objetivos, la coordinación de la respuesta a epidemias o pandemias, la realización de seguimiento estadístico de enfermedades, la vigilancia alimentaria y ambiental (aire, agua de consumo o zonas de baño), la prevención de adicciones o la realización de análisis de laboratorio.

El Instituto Vasco de Salud Pública fue regulado por ley en 2023. Se hablaba entonces de un plazo de año y medio para su configuración por decreto. En 2025, la oposición denunció en el Parlamento los retrasos en la puesta en marcha de la iniciativa. La portavoz de EH Bildu, Rebeka Ubera, llegó a manifestar también en ese debate en la Cámara que el Gobierno de Imanol Pradales había contratado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) la elaboración del borrador de los estatutos (66.308,00 euros) y a LKS un plan de acción.

Medio año después de aquella sesión y casi tres años después la aprobación de la ley, el consejero Martínez ha firmado ya la orden con la aprobación con “carácter previo” del decreto de creación de Osasungintza. Lo hizo este martes a las 12.23 horas, según la documentación consultada. El decreto consiste en una exposición de motivos, en unos pocos artículos que regulan la subrogación de los medios y personal de la actual dirección de Salud Pública por parte del nuevo ente llamado Osasungintza y en los estatutos, de más de 30 páginas.

Osasungintza quiere ofrecer “de forma integral” una respuesta a todas las necesidades de salud pública de la comunidad autónoma. Tendrá un alto cargo al frente, no se especifica dónde estará su sede y plantea operar en euskera y castellano, pero también en otras lenguas “cuando así lo requiera la mejor atención a las personas residentes en Euskadi”. Los estatutos aluden a la importancia de la “universalidad” en las prestaciones sanitarias y cuelan también una idea que lleva tiempo repitiendo el consejero Martínez, el concepto “one health” o 'una sola salud', en castellano, que implica también prestar atención a la salud de animales y ecosistemas porque ello incide en la de los seres humanos.

El nuevo organismo tendrá un consejo de administración en el que se situará al frente el propio consejero. Habrá también un vicepresidente, que será el viceconsejero, y siete vocales, uno de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), uno de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo), uno de Educación, uno de Seguridad, uno de Medio Ambiente, uno de Agricultura y otro de Patrimonio. Asimismo, habrá una dirección, un alto cargo de “reconocida experiencia” en la materia designado por el consejero de Salud y equivalente al puesto que ahora ocupa Guillermo Herrero, director de Salud Pública dentro del equipo de Martínez.

Osasungintza tendrá cinco áreas o subdirecciones. Son “Vigilancia, prevención y control de enfermedades” (todo lo tocante a virus, infecciones de transmisión sexual y alertas), “Protección de la salud” (seguridad alimentaria, zoonosis, aguas, legionela, sanidad mortuoria, calidad del aire y químicos o playas), “Promoción de la salud y prevención de adicciones” (información y educación desde “el enfoque de salud en todas las políticas”), “Laboratorio” (analíticas e informes) y “Administración y Servicios Generales” (informes, sanciones y recursos). También habrá una delegación por territorio, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El decreto prevé que Osasungintza asuma los “derechos y obligaciones” de la actual dirección de Salud Pública. “El personal funcionario, de carrera o interino, y el laboral que, en la fecha de entrada en funcionamiento de Osasungintza ejerza en el Departamento Salud [sic] funciones técnicas o administrativas coincidentes o vinculadas con las que tiene asignadas Osasungintza, se integrará en [él] manteniendo su condición originaria y las condiciones que ostenta”, se indica.

Como detalle, Salud trasfiere a la nueva agencia todas las atribuciones de “planificación, gestión, evaluación y optimización” de los registros estadísticos. Este periódico ha publicado que el del cáncer, la patología con mayor incidencia en Euskadi, lleva sin datos nuevos desde 2019 y que el de anomalías congénitas está parado desde 2015. Ambos serán ahora gestionados por Osasungintza, incluido el segundo aunque Martínez dijera en el Parlamento, cuando preguntó por ello EH Bildu, que no iban a retomarlo porque no era “obligatorio”. Los estatutos de Osasungintza, en concreto, prevén también registros de enfermedades de declaración obligatoria, vigilancia microbiológica, mortalidad, altas hospitalarias, abortos, adicciones y enfermedades raras.

La ley que regula Osasungintza es de la pasada legislatura, con Gotzone Sagardui al frente de Salud. Salió adelante merced a la mayoría de PNV y PSE-EE en la Cámara, pero sin la oposición. La propuesta original del Gobierno no contemplaba la creación de un Instituto de Salud Pública pero se acordó en el trámite de enmiendas. La consejera consideró esta norma “todo un hito”, aunque lo que se destacó de ella es la cláusula que permitía la contratación de médicos extracomunitarios.