En España existe una organización fascista que en sus estatutos recoge abiertamente como fines la “exaltación” y el “enaltecimiento” de Francisco Franco, así como “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española”. La cosa no queda en declaración de intenciones. Sus miembros se dedican, efectivamente, a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor (“Franco no fusiló a nadie”). A intentar intimidar a cargos políticos y a artistas, presentando querellas infundadas y profiriendo amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia (“Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!”). A ofrecer asesoría para incumplir la ley (en particular, claro, la de Memoria Histórica). También a poner financiación pública y bienes de interés cultural al servicio de la apología del franquismo.

La realidad es que la Fundación Francisco Franco, con la Constitución y con la ley en la mano, no puede tener reconocida la naturaleza de “fundación”. Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general. El artículo 34.1 de la Constitución Española establece, en efecto, que “se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley”. A su vez, según el artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, “las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

¿Cómo es posible que siga existiendo una fundación que no solo no persigue ninguno de los fines mencionados en esa larga lista, sino que cuya actividad está directamente encaminada contra algunos de los más importantes allí enumerados? ¿Cómo puede ser legal una fundación que difunde el desprecio por los derechos humanos y por las víctimas de la violencia, que exalta la dictadura contra los valores constitucionales, los principios democráticos y la tolerancia, que vincula su forma jurídica y su patrimonio al servicio de intereses que rayan en lo delictivo y son absolutamente contrarios a cualquier noción razonable de interés general?

Según el Registro de Fundaciones, la Nacional Francisco Franco es inscrita el 11 de junio de 1977, cuatro días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. Por aquellas fechas, por cierto, se denegó la inscripción como partidos políticos a aquellas formaciones que incluyeran en su denominación alguna referencia a la república, lo que impidió que pudieran presentarse a estos comicios. La Fundación Francisco Franco, sin embargo, no tuvo problemas para inscribirse. Gracias, en parte, a un régimen legal preconstitucional que la propia Ley de Fundaciones hoy en vigor califica en su exposición de motivos como “vetusto” y del siglo XIX. No es tan fácil explicar, sin embargo, por qué esta organización ha sobrevivido a la Constitución y a dos leyes de fundaciones que vinculan esta forma jurídica a la persecución de fines de interés general.

Según el artículo 31 de la vigente Ley de Fundaciones, será causa de extinción de estas entidades, entre otras, el que “sea imposible la realización del fin fundacional”. Según la doctrina, esta imposibilidad puede ser tanto material, es decir, que sea fácticamente imposible conseguir el fin fundacional, como jurídica, esto es, que haya habido cambios en el ordenamiento jurídico que hayan convertido lo que era lícito en ilícito, que los fines de la fundación haya devenido contrarios a derecho, o que los medios para alcanzarlos resulten inidóneos para ello. La propia Ley (artículo 33.2) hace responsable al Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente del poder ejecutivo y encargado de controlar la legalidad de estos organismos, de instar a los tribunales a que extingan una fundación en estos casos. Es evidente que tanto la Constitución como las sucesivas leyes de fundaciones y la Ley de Memoria Histórica convirtieron hace tiempo el fin fundacional de la Fundación Franco en algo absolutamente contrario a cualquier noción de interés general, por muy indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico. Se ha convertido en un fin, además, ilícito, por vulnerar el derecho, legalmente reconocido, a la reparación moral de quienes sufrieron un régimen ilegítimo y fueron víctimas de la represión ejercida por parte de instituciones totalmente contrarias a derecho. La controversia sobre si la apología del franquismo debe o no ser considerada una conducta delictiva no puede en modo alguno ser una excusa para tolerar las actividades de un colectivo que solo existe como fundación en flagrante abuso del régimen legal y constitucional de esta forma de personalidad jurídica. La utilización en fraude de ley de la figura de fundación bien merece la aplicación de la doctrina del “levantamiento del velo”, y con ella una indagación seria sobre los intereses que yacen detrás de esa organización, atrincherada tras un reconocimiento legal que no le corresponde.

Va siendo hora de levantar el velo, también, de los ojos de las instituciones, y de que el legislador reforme la Ley de Fundaciones para establecer, de manera si cabe más meridianamente clara, la ilegalidad de fundaciones como esta. Pero, con la Constitución y la actual ley en la mano, más aún hace que viene siendo hora de extinguir la “fundación” Franco, como si de los dinosaurios se tratara. Aun con cuarenta años de retraso, será una buena ocasión no solo para poner fin a la flagrante vulneración del principio de igualdad ante la ley que supone la existencia de esta organización, y al desprecio a las víctimas de los crímenes franquistas que es parte fundamental de su actividad cotidiana. Lo será, también, como contribución a resignificar lo que política y jurídicamente debe significar “interés general”.

"Podemos ha conseguido más de un millón de euros, aportados por un total de unas 4.300 personas. Esos préstamos serán devueltos cuando se ingrese la subvención por gastos electorales, explican los autores

La irrupción de Podemos ha desencadenado múltiples transformaciones en el panorama político a una velocidad inusitada. Una de ellas es la aparición ­y casi inmediata normalización­ de formas innovadoras de financiación en las formaciones políticas. Estas innovaciones tienen importantes consecuencias organizativas que afectan a algunos hábitos patológicos tradicionales de los partidos españoles. Es el caso de la financiación a través de microcréditos, préstamos directos con los ciudadanos, eje de la campaña de fundraising de Podemos para las próximas elecciones autonómicas.

Uno de esos hábitos patológicos es el endeudamiento bancario de las formaciones políticas. Según el último informe del Tribunal de Cuentas los partidos políticos españoles acumulaban casi 238 millones de euros en deuda con los bancos. Tan solo PP y PSOE debían a las instituciones financieras 126 millones de euros. Es imposible sostener honestamente que tal grado de endeudamiento no afecte al funcionamiento de los partidos, que no limita su capacidad de tomar decisiones políticas que sirvan a los intereses de la mayoría social. Los partidos están, en un sentido casi literal, hipotecados con unas instituciones que carecen de legitimidad democrática.

La inasumible deuda que tienen los partidos con los bancos está relacionada en gran medida con el modelo español de financiación de las campañas electorales basadas en el endeudamiento y el despilfarro. Los resultados de la campaña de Podemos en las elecciones europeas de 2014 y en las pasadas elecciones andaluzas demuestran que existen formas de movilización política efectivas menos dependientes del dinero y más de la gente.

En la campaña electoral de las elecciones europeas Podemos fue el partido que menos dinero gastó de entre los que obtuvieron representación, un total de 82 veces menos que el PSOE y 84 veces menos que el Partido Popular. Podemos ha gastado en la campaña electoral andaluza unos 410.000, el 10% de lo presupuestado por PP o PSOE. Dado que las subvenciones electorales tienen como límite el gasto electoral efectuado independientemente de la asignación correspondiente a los resultados obtenidos, las campañas electorales de Podemos supusieron un ahorro a las arcas públicas de 1.400.000 € en Andalucía y de más de 5 millones de euros en las elecciones europeas, si consideramos el conjunto las subvenciones contempladas por gastos generales y envío de propaganda electoral.

Podemos es el único partido con expectativas de obtener representación en las próximas elecciones autonómicas que no recurre a la banca para financiarse, cumpliendo con la máxima de hacer las cosas de forma diferente para evitar reproducir los problemas de los partidos tradicionales. El sistema de microcréditos, como el de crowdfunding,está inspirado en la economía colaborativa: en los préstamos p2p y en el crowdlending. Se trata de un modelo de financiación en el que muchos particulares prestan dinero a una start­up para posibilitar su lanzamiento. En tres semanas Podemos ha conseguido más de un millón de euros, aportados por un total de unas 4.300 personas. Esos préstamos serán devueltos cuando se ingrese la subvención por gastos electorales.

Estas iniciativas han llamado recientemente la atención de la fundación IDEA, organización intergubernamental para la promoción de la profundización democrática con estatus de observador permanente ante la ONU. IDEA ha elegido a Podemos como ejemplo de innovación en materia de transparencia y financiación participativa por su implementación del crowdfunding y de los microcréditos. Otros proyectos políticos transformadores, como Barcelona en Comú o Ahora Madrid, han asumido también modelos de financiación similares. La proliferación de este tipo de herramientas abre la puerta a la posibilidad real de transformar la forma en que se financian los partidos en nuestro país, haciendo avanzar el tan criticado modelo actual hacia uno basado en la participación, la corresponsabilidad, y el establecimiento de vínculos fuertes con la sociedad civil. ¿Lograrán la innovación y la ejemplaridad política lo que no han logrado tres décadas de fallidas reformas legales en materia de financiación de partidos? Más allá del rédito político particular que obtengan los partidos que adopten este tipo de herramientas, no cabe duda de que con la financiación participativa gana la democracia.

“Las herramientas del amo no destruyen la casa del amo”, escribió hace años la feminista americana Audre Lorde. Así, como suele citarse, fuera de contexto, es una frase extraña: no nos aclara por qué se supone que no lo hacen. Por el contrario, uno se imagina el martillo del amo y no aprecia en él ninguna propiedad mágica que impida comenzar a desmantelar con él la casa, una vez, eso sí, en la mano adecuada. Representado en algo tangible y manejable como un martillo (que hasta tiene un mango para agarrarlo bien), el poder es algo que puede tomarse, algo a lo que puede accederse. Se intuye, aun así, que hay mucho de cierto en la sospecha. Pero esa verdad no está en el martillo: que sea difícil destruir la casa del amo tiene más que ver con cómo funcionan las cosas y las personas dentro de la casa del amo.

Pensemos en lo ocurrido en Madrid durante la proclamación de Felipe de Borbón como rey, y en “el Derecho” como herramienta del amo, que es como lo percibe una parte creciente de la ciudadanía. Varios días antes de la proclamación, los medios de comunicación, quizás particularmente los de izquierdas, se apresuraron a informar sobre la prohibición de exhibir banderas y símbolos republicanos a lo largo del recorrido del nuevo rey, una medida que, decían, incluso contaría con el visto bueno jurídico de un informe de la Abogacía del Estado. Resulta interesante comprobar que la práctica totalidad de las críticas realizadas a esta decisión se realizaron desde la argumentación política y no la jurídica. Semejante prohibición engordó un poco más, sí, a ese elefante en el salón, imposible ya de ignorar, que es el carácter autoritario y antidemocrático de las políticas de orden público de la Delegación de Gobierno y de Madrid y del Gobierno en general. Pero pocos cuestionaron la legalidad de la misma, acostumbrados a que tanto las normas como la actuación política puedan ser arbitrarias, autoritarias y antidemocráticas.

Pero es que semejante decisión, la de prohibir la exhibición de banderas, es flagrantemente ilegal. En una democracia sana no debería hacer falta ser jurista para percibirlo y denunciarlo: para usar el derecho como herramienta de defensa. La argumentación aportada por la Delegación de Gobierno era tan pobre (porque los únicos conflictos que exhibir la bandera hubiera generado eran simbólicos o generados por la propia prohibición), que la propia Cristina Cifuentes tuvo que negar que se hubiera prohibido tal cosa y hacer un poco de “ingeniería jurídica” (igual de pobre) para justificar las detenciones que tuvieron lugar. Las detenciones no estuvieron motivadas por mostrar banderas, decía Cifuentes, sino por resistencia a la autoridad. Curioso y viejo argumento: uno tiene un derecho fundamental, sí, pero si la policía le impide ejercerlo, resistirse es delito. Pues no, no es así. Ya hemos hablado aquí del llamado “efecto desaliento”, que implica que esas medidas sean inconstitucionales e ilegales. Y es más, la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le responderían a Cifuentes que en semejantes circunstancias existe un derecho a la resistencia frente a los actos arbitrarios del poder público.

Dos aspectos de todo este asunto, por lo general inadvertidos. Primero: en un país que produce al año más de 10.000 graduados en derecho ¿dónde están las críticas jurídicas a algo tan manifiestamente ilegal? Lo segundo: ¿está en general tan mermada la cultura de los derechos en nuestro país que ni cuestionamos la legalidad de una medida como esta? ¿Hemos asumido que el derecho no solo no destruye la casa del amo, sino que lo natural es que destruya la nuestra? Hay que tener presente que esa percepción genera una buena dosis de aquiescencia generalizada hacia la destrucción de logros sociales. Cada bandera no mostrada simboliza cientos de personas situadas, más forzosa que voluntariamente, al margen del Derecho; personas que no lo usarán siquiera como herramienta defensiva. Las herramientas del amo, continúaa la cita de Audre Lorde “quizás nos permitan vencerle temporalmente en su propio juego”. No renunciemos a victorias temporales.

Apenas año y medio desde la última reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos en 2012 (una reforma que, con la excusa de apretar el cinturón a los partidos, eliminó el tope máximo de las donaciones privadas a las fundaciones políticas), el PP vuelve sobre el asunto. Con el título de Plan de Regeneración Democrática, el Gobierno mandó en febrero al Congreso elProyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por el que se modifican la ley de financiación de los Partidos Políticos, la Ley de Partidos Políticos y la ley del Tribunal de Cuentas. Una primera lectura del texto ha confirmado que el proyecto retoca unas pocas cosas para que nada cambie, al más puro estilo lampedusiano.

A continuación enumeramos algunos ejemplos de prácticas que en materia de financiación y partidos serán o seguirán siendo legales de aprobarse el proyecto en su estado actual.

1. El Consejo de Ministros podrá negar la concesión de subvenciones estatales anuales a los partidos… aunque no se sabe en qué supuestos. Nada dice el proyecto de por qué motivos, o en qué casos, el Consejo de Ministros puede acordar no autorizar las subvenciones. El principio de la división de poderes se ausenta cuando de regulación en materia de partidos políticos se trata.

2. Se prohíben las donaciones a partidos por parte de empresas... pero seguirá sin ser problema que las donaciones las hagan personas físicas vinculadas a ellas. La medida estrella de este proyecto de ley sería, según el Gobierno, la prohibición de las donaciones de empresas, algo común en otros países de nuestro entorno, como Francia. Sin embargo, la cuantía de donaciones empresariales que los partidos declaran oficialmente al Tribunal de Cuentas es escasa, comparada con otras fuentes de ingresos. Además, ningún control establece el proyecto sobre las donaciones de personas físicas vinculadas, en el grado que sea, a esa empresa que tiene prohibido donar. Un ejemplo: el Banco Santander no podría donar dinero, pero Emilio Botín, o alguien a su cargo, sí.

3. Las personas físicas podrán continuar donando la cantidad que quieran a los partidos... siempre que lo hagan en inmuebles. Y, sí, también si son extranjeros. El proyecto mantiene el máximo de 100.000 euros por persona y año como límite para donaciones de personas físicas a un partido político. Pero, mantiene también una excepción muy llamativa: si lo que se dona es un bien inmueble, no existe tal límite. Si un empresario quisiera donar 10.000.000 de euros a un partido, sólo tendría que comprarse un edificio que valga eso y luego donarlo. Todo perfectamente legal. ¿Que el empresario es extranjero? Ningún problema. Que no tenga derecho al voto no significa que no pueda inyectar algunos millones (gracias a las donaciones de inmuebles) en el sistema español de partidos. El proyecto mantiene el actual artículo 7 de la ley, que lo prevé expresamente.

4. Las empresas también podrán además seguir donando dinero ilimitadamente... eso sí, a través de las fundaciones de los partidos. La reforma de la LOFPP de 2012 ya se encargó de eliminar discretamente (nada se decía de eso en la exposición de motivos de la ley) el tope de 2007: 150.000 euros por año y donante a las fundaciones políticas. Uno de los aspectos de la legislación vigente que el Gobierno conserva en su plan de regeneración democrática.

5. Las fundaciones políticas podrán recibir, además, donaciones ilimitadas de empresas con contratos con la administración pública. En teoría, el proyecto hace extensible a las fundaciones políticas la prohibición de recibir dinero de personas físicas con contratos en vigor con las administraciones públicas. Nada dicen, sin embargo, ni la legislación actual ni el proyecto, acerca de contratos pasados o futuros. Además, el artículo 4.2 a), que es el que contiene esa prohibición, habla de personas físicas, y no de las jurídicas. De acuerdo al tenor literal del proyecto, una persona jurídica con contratos en vigor con la administración podría donar, ilimitadamente, dinero a las fundaciones de los partidos. Pero en realidad es más fácil que eso: el proyecto mantiene la disposición de la actual ley que establece que “no tendrán la consideración de donaciones, a los efectos de esta disposición adicional, las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto de la fundación o asociación, en cuanto tal actividad o proyecto se realice como consecuencia de un interés común derivado de las actividades propias del objeto societario o estatutario de ambas entidades”. Es decir, que si una empresa con contratos con la administración o no, decide financiar una actividad en la que tiene un “interés común”... ¡ese dinero no será siquiera considerado una donación!

6. Los partidos podrán recibir dinero... sin estar aceptando donaciones. Algo parecido a lo anterior ocurre con otra de las novedades del proyecto: la introducción de un procedimiento por el que los partidos pueden aceptar o rechazar donaciones privadas, estableciendo un plazo de hasta 3 meses tras la finalización del ejercicio anual. Debería ser un mecanismo para que los partidos se hagan responsables de verificar y rechazar desde el primer momento donaciones ilegales o dudosas. Otros países, como Reino Unido o EEUU, tienen bien establecida la necesidad de hacer las comprobaciones de la legalidad de cada donación en un plazo corto, por ejemplo 10 o 30 días, teniendo la obligación además de informar detalladamente de esas donaciones dudosas. El proyecto del Gobierno, sin embargo, convierte el régimen de aceptación de las donaciones en casi todo lo contrario: una especie de plazo para regularizar las cuentas antes de mandarlas al Tribunal de Cuentas. Imaginemos que, en enero de 2014, una empresa con contrato en vigor con la administración le entrega a un partido 500.000 euros en efectivo. Con la legislación en vigor, eso constituiría de por sí múltiples infracciones (de esas que no se han sancionado nunca), en la medida en que la entrega misma se puede considerar como la aceptación por parte del partido. Con el proyecto en la mano, el partido tendría, sin embargo, hasta marzo de 2015 para decidir si acepta o no ese dinero, es decir, si es o no una donación. Mientras tanto, el dinero estará en un limbo jurídico. Tal cosa generará bastante confusión en la rendición de cuentas, teniendo además en cuenta que el plazo para enviar la documentación al Tribunal coincide con el de aceptación de las donaciones, y que el nuevo plan contable para partidos políticos establece que “en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica”.

7. Si el partido recibe dinero ilegalmente por no saber ni de quién proviene... tendrá hasta tres meses una vez ha finalizado el ejercicio anual para ingresar el dinero a Hacienda y no tendrá responsabilidad por recibir donaciones anónimas. El proyecto incluso prevé que, cuando no se haya podido identificar al donante, el dinero se ingresará en el Tesoro público, sin más consecuencias. Un auténtico sistema de “blanqueo” del dinero de origen desconocido (ese dinero podría proceder de cualquier actividad ilegal) que parece destinado a dificultar la imposición de unas sanciones ya de por sí inaplicadas desde 1987. ¿Se imaginan que para que un juez estimara que un servidor público ha recibido un soborno el funcionario tuviera no sólo que recibir el dinero sino aceptarlo expresamente, o dejar pasar un ejercicio y tres meses sin rechazarlo?

8. Las identidades de los donantes seguirán siendo secretas… a menos que trabajes en la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas. Los partidos tienen que identificar a sus donantes en un documento contable llamado memoria, que queda excluida en la legislación vigente de la documentación que los partidos tienen que hacer pública por ley. Las organizaciones políticas tendrán que publicar en sus webs anualmente el balance y la cuenta de resultados, una obligación que los partidos han despachado desde 2008 con PDF de dos y hasta una página, en un ejercicio sorprendente de capacidad de síntesis (la contabilidad del PP filtrada el pasado junio ocupaba nada menos que seis gigas). El proyecto introduce, eso sí, una novedad: habrá que publicar la identidad de quienes realizan donaciones superiores a 50.000 euros. Pero según la redacción del proyecto se puede evadir la norma haciendo dos donaciones de 25.000 en vez de una de 50.000 euros: la técnica de fraccionar donaciones es la que durante años se utilizó para evadir los límites máximos gracias a las donaciones anónimas y siguió pasando hasta 2011.

9. Los partidos podrán seguir realizando operaciones de inversión de capital, a pesar de tener prohibidas las actividades mercantiles. Así lo prevé el proyecto, que mantiene el actual artículo 14 2 d) de la LOFPP.

10. Los partidos seguirán sin llevar correctamente la contabilidad a nivel local. El proyecto aconseja que la contabilidad a nivel local de los partidos se integre en la contabilidad provincial... “si es que existe”. Una cláusula muy laxa teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas lleva años denunciando la deficiente rendición de cuentas de las organizaciones locales, y exigiendo que se presenten cuentas consolidadas.

11. Las infracciones muy graves de la ley prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves al año. Menos de lo que normalmente ha venido tardando el Tribunal de Cuentas en elaborar sus informes. El informe anual sobre las cuentas de los partidos que el Tribunal de Cuentas ha sido capaz de elaborar más rápido en la última década es el del ejercicio 2011: tardó casi dos años desde que terminó el ejercicio (se aprobó el 30 de octubre de 2013). A día de hoy, las infracciones relativas a 2009 y 2010 (los informes de estos años se aprobaron a la vez que el de 2011, es decir, hace apenas seis meses) ya habrían prescrito. El lapso entre el final del ejercicio y la aprobación del informe del Tribunal de Cuentas ha estado históricamente entre 3 y 5 años. Si el plazo de prescripción comienza desde el momento en que se realiza la infracción, se podría dar el absurdo de que las infracciones leves hubieran prescrito incluso antes de que el partido le envíe su documentación anual al Tribunal de Cuentas. Ni la ley actual ni el proyecto prevén ningún otro mecanismo de denuncia ante el Tribunal, solo la presentación de las cuentas por parte de los propios partidos. Por cierto: incumplir la obligación (artículo 19 del texto vigente de la LOFPP) de remitir “cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora” sería, según el proyecto, una infracción leve. El incumplimiento de las obligaciones contables de la ley (por ejemplo: no llevar libros de contabilidad), sería una infracción grave según el proyecto. La pregunta es: sin contabilidad y sin colaborar con el Tribunal, y con plazos de prescripción de 1 y 2 años respectivamente, ¿cómo comprobaría el Tribunal que ha habido infracciones muy graves, que son las que prescriben a los 4 años?

12. El Tribunal de Cuentas será independiente... pero no quienes lo componen. El paquete de reformas del Gobierno modifica la Ley del Tribunal de Cuentas para establecer que este organismo tenga “competencia para todo lo concerniente al Gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su servicio, y podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización”. ¿Independencia, al fin? Del sistema de elección de los consejeros del Tribunal, considerado como altamente controlado por los partidos hasta por sentencias del Tribunal Supremo, no se modifica ni una letra.

13. Habrá una persona encargada de elaborar las cuentas para el Tribunal de Cuentas… que servirá de fusible y tendrá todas las papeletas para cargar con la responsabilidad por las posibles irregularidades. fusibleAunque es necesario asignar responsabilidades de control y supervisión dentro del partido, el riesgo de este tipo de cargos es que se utilice para limitar la responsabilidad política y penal en una persona fácil de quemar y sustituir sin que el resto del partido sufra las consecuencias. La alternativa pasa por empoderar a los militantes para que así tengan mayor responsabilidad en la supervisión interna, así como órganos de control y arbitraje interno elegidos por ellos, independientes de la dirección del partido. Además, cada unidad de organización del partido, ya sea local, regional o nacional debería determinar los responsables de firmar la contabilidad (un tesorero, la presidencia y un interventor) y hacerse responsable de cualquier irregularidad, como en la ley alemana de partidos.

14. Los responsables de la gestión económico-financiera de los partidos comparecerán ante el Congreso... siempre que la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas (compuesta por diputados) lo considere necesario. ¿Quién va a actuar contra un gobierno con mayoría absoluta?

15. La democracia interna, fuera de la ley: no se menciona ni una sola vez en el proyecto. La legislación española en materia de partidos permite que en la práctica los partidos se autorregulen libremente: el resultado son cúpulas que convocan congresos a su conveniencia, candidatos elegidos por cooptación, nepotismo y una exacerbación de la importancia de relaciones oligárquicas de lealtad y patronazgo. Regular el funcionamiento mínimamente democrático pasa por establecer mecanismos internos de participación política efectiva, que favorezcan el reciclaje y renovación de élites, el control y la rendición de cuentas y la depuración de responsabilidades de manera democrática.

16. Las infracciones de la ley cometidas por particulares… no serán infracciones. Nada dice específicamente el proyecto sobre imponer sanciones a particulares, más allá de la posibilidad de imponer multas coercitivas en casos de infringir los deberes de colaboración.

17. La financiación ilegal de partidos políticos seguirá sin ser delito. A pesar de que cotidianamente se hable en los medios de comunicación del “delito de financiación ilegal de partidos”, nunca, en 30 años de escándalos de financiación ilegal, se ha introducido tal delito en el Código Penal español. Ante estos casos, las acusaciones y jueces acuden a otras figuras delictivas: cohecho, delitos fiscales, falsedades, blanqueo de capitales, etc., lo que complica aún más los ya plagados de dificultades procesos penales. Pese a que el Gobierno afirmó el año pasado que introduciría un nuevo delito, no hay ni rastro de él en el proyecto.

18. Los partidos seguirán debiéndose a los bancos y no a sus militantes. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, los partidos deben 275 millones, y 17 de ellos tenían patrimonio neto negativo. Es decir, sin renegociar los créditos habría formaciones que ni podrían continuar su actividad y pagar sus facturas. Las dependencias financieras crean dependencias políticas y para acabar con ello es necesario limitar el endeudamiento de los partidos como ha repetido insistentemente el Consejo de Europa en sus informes.

19. Las fundaciones seguirán fuera de control. No hay ninguna provisión relevante en la propuesta del PP para mejorar los controles de las fundaciones. Los nuevos mecanismos son fáciles de sortear (mantener, por ejemplo, una participación en el patrimonio fundacional del 49% y una organización formalmente independiente sería suficiente) y así evitar ser fiscalizadas. Las disposiciones en materia de fundaciones son tan laxas que quedarán fuera de las competencias del Tribunal de Cuentas parcelas muy amplias de la vida financiera de las fundaciones de los partidos políticos.

20. Se regulará la vida interna de los partidos… por la vía del Código Penal. Se consolida así la tendencia a evitar los mecanismos de responsabilidad política democrática en favor de los mucho más farragosos procesos penales. Es decir, todo lo que no es delito, es legítimo, y hasta que un juez no se pronuncie, aquí no ha pasado nada. Se evita regular de cualquier forma la democracia interna de los partidos, a cambio de introducir la necesidad de que éstos tengan sistemas de control interno para evitar la comisión de delitos. Lo más parecido a una regulación de la vida democrática interna de los partidos estará, así, en el Código Penal, y no en la propia ley de partidos, su lugar natural.

21. Seguirá siendo perfectamente legal y democrático que los partidos legislen sobre sí mismos sin ningún procedimiento especial de participación de la sociedad civil. Si en algún ámbito tiene especial sentido experimentar con nuevos sistemas de participación legislativa es, quizás, en el de los partidos políticos: tienen en exclusiva el estatus de reguladores y regulados. El proyecto de ley fue enviado al Congreso sin ni siquiera haberse hecho público antes. Su tramitación ha sido menos participativa que, por ejemplo, la de la ley de transparencia, cuando afecta a las instituciones de participación política por excelencia. Afrontar el problema de la financiación ilegal de partidos pasa por dar un giro en cómo se legisla en esta materia.

El plato que nos han servido con ocasión de las marchas del 22M nos sabe a viejo. Un poco de grupo de violentos por aquí, una actuación policial desproporcionada y arbitraria por allá. Sabe a viejo la reacción de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, apresurándose a aprovechar la ocasión para criminalizar a los manifestantes. Hasta la última reacción del Gobierno anunciando cambios en el texto del proyecto de nueva Ley de Seguridad Ciudadana, por el cuestionamiento de su constitucionalidad por parte del CGPJ, tiene un regusto ya familiar. Ya lo han hecho antes, jugando, como hacen, a generar confusión sobre cuál es la ley vigente en la mayoría de personas que no sigue los detalles de su tramitación. Y testando el terreno, como globo sonda que es el anteproyecto, para los demás que sí lo siguen. Querrán presentar como mérito que eliminan las disposiciones más abiertamente inconstitucionales del texto. Tiempo al tiempo.

Pero no nos equivoquemos: hay ingredientes nuevos tras ese sabor a viejo, a rancio. Que Cifuentes mantenga el mismo 22M, en televisión, que la manifestación ha sido pacífica y hasta “un éxito”, y prácticamente al día siguiente incoe un expediente sancionador contra sus organizadores, expresa algo nuevo: los ingredientes de un nuevo sistema de control social. Uno basado en una idea también vieja: que tenemos que pagar por ejercer derechos. ¿Acaso no quieren que paguemos por la sanidad, pese a estar reconocida como derecho universal en la Constitución? Pues también desean que paguemos por ejercer derechos políticos, por manifestarnos, protestar, o usar el espacio público. ¿La manifestación? Pacífica. ¿La participación? Un éxito. ¿La reacción administrativa? La sanción más alta legalmente posible. Sí: nos van a intentar hacer pagar, por mucho que ahora quieran demostrar disposición a negociar, con una mezcla de ingredientes viejos y nuevos que en distinta proporción está ya en la actualmente vigente Ley de Seguridad Ciudadana (que es la que está aplicando hoy Cifuentes), está también en el anteproyecto filtrado hace meses, y estará en sus futuras versiones, si no lo remedia nadie. Ingredientes que hay que aprender a paladear, para entrar en la cocina y exigir que nos los retiren del plato. O llegado el caso para poder escupirlos, pedir el libro de reclamaciones y si es posible irse sin pagar la cuenta.

¿Qué habrá de viejo en la nueva ley de Seguridad Ciudadana? Mucho. Bajo la etiqueta infrapenal de la “sanción administrativa”, tanto en la legislación sobre seguridad como en las ordenanzas municipales, aparecen amalgamados conflictos sociales muy diferentes. Así ha ocurrido hasta ahora, y así se va a mantener. Se seguirán eludiendo debates sociales y políticos de envergadura, como el del consumo de drogas o el de la prostitución: la nueva ley ya tiene previsto forzar su solución punitiva, sin más medias tintas. Bajo el totum revolutum de la noción de sanción administrativa se insistirá en naturalizar el castigo, equiparando moralmente al macarra que con su moto no deja dormir al vecindario y al activista que blande un megáfono para llamar a la protesta ciudadana, o al gamberro que destroza y guarrea los parques infantiles y al indignado que pinta las paredes con las letras y los colores de la movilización social. La atmósfera banal de la sanción administrativa lo seguirá envolviendo todo hasta ocultarlo, eso sí, de manera dual y diferenciada. En el nuevo enfoque de control “securitario” se han venido desarrollando dos grandes líneas de ejecución que a la postre implican a una amplia red de poderes institucionales: por un lado el modelo de “proximity police”, con sus efectos –digamos- ambivalentes en los barrios más empobrecidos (en donde también actúan próximos y circundantes al vecindario distintos dispositivos de protección social que en la práctica generan más control y más exclusión de la población pobre e inmigrante); y por otro, la hipertrofia del marco sancionador administrativo, lo que podría representarse con la imagen inquietante y nebulosa de un Leviatán de proximidad.

Esto que se acaba de explicar no es nuevo. Pero es dinámico y está cambiando. Todo indica que en nuestra época la sanción administrativa está situándose en el centro del sistema de control y castigo. Por eso, antes de entrar en la polémica de la nueva ley de Seguridad Ciudadana, deberíamos definir bien la función política de la sanción administrativa en la represión de la protesta y la conflictividad, lo que en el ámbito de los movimientos sociales más activos ha empezado a llamarse “burorrepresión”: una vertiente poco estudiada de las actuales sociedades de control que, sin embargo, se podría rastrear históricamente en la España contemporánea analizando el interesado uso político que distintos regímenes y gobiernos han hecho de las normas de “orden público” y las “multas gubernativas”.

¿Y qué habrá de nuevo en la nueva ley de Seguridad Ciudadana? No tanto como parece, pero sí muy profundo. Las diferencias y desproporciones punitivas entre la “ley Corcuera” (hoy vigente) y la que presenta el actual titular de Interior ya han sido enumeradas y rechazadas con muchos argumentos propios y ajenos al compararla con otras homólogas de países cercanos como Alemania. La tendencia compulsiva del gobierno del PP a recurrir a la mano dura policial y a la multa exagerada no es, pues, una cuestión menor en estos tiempos. Pero no es menos cierto que, históricamente hablando, esta nueva ley de Seguridad Ciudadana, junto con otras como la de Seguridad Privada, se sitúa en las coordenadas de una nueva era de las políticas de control en las sociedades occidentales: si, por un lado, se implementa la fuerza penalizadora de los viejos mecanismos de control disciplinario y penal (el policial, el judicial y el penitenciario), por otro, se extienden las nuevas técnicas de criminalización y control-sanción propias del nuevo Estado “securitario”. No es pura carambola que esa nueva ley de Seguridad Ciudadana sea el resultado lógico de una reforma previa del Código Penal.

Lo trascendente, lo que previsiblemente tendrá repercusiones históricas, no es que la nueva ley de Seguridad Ciudadana sea más autoritaria, sino que esa misma ley estará pensada para blindar el ejercicio mismo del autoritarismo al crear una suerte de “nueva jurisdicción punitiva especial” ―la administrativa― que, al fin, podrá funcionar de forma autónoma y por debajo del radar de los derechos fundamentales, mientras queda salvaguardada frente a eventuales controles jurisdiccionales. Es verdad que sólo parece un ejercicio “blando” de control, una represión de baja intensidad sin pelotas de goma, sin porrazos, que logra escamotear de la mirada pública su alcance disuasorio para evitar posibles muestras de solidaridad con las personas represaliadas. Sin embargo, forma parte de una empresa de derribos del garantismo jurídico. Por eso no son antisistema las personas y entidades que más se han alarmado.

La polémica suscitada a propósito del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana apenas se ha iniciado. Todo indica que acabará sonrojándonos, como ciudadanos de un Estado democrático, por más que el ministro responsable conteste airado a las críticas que le llueven hasta desde sus propias filas, y se muestre proclive a pulir las peores aristas. A nadie con sensibilidad democrática se le escapa que en España estamos sufriendo una auténtica deriva autoritaria. Esa ley, si finalmente prospera, formalizará lo que ya ocurre formal e informalmente. Para eso se está tramitando. Que se lo digan, si no, a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que han sancionado administrativamente a miles de activistas entre 2011 y 2013 y obtenido, en no pocas ocasiones, un sonoro reproche judicial.

Cuando terminaba 2011 no era descabellado barruntar que el PP se podría sentir tentado de quitarse de en medio algunos de los controles que han perdurado en nuestro ordenamiento jurídico, porque alcanzaba, además de la mayoría absoluta y el gobierno del país, una amplísima cota de poder en todo el entramado del Estado, y porque lo conseguía cuando arreciaban tanto la crisis económica como el nuevo ciclo de protestas que había eclosionado con el movimiento 15-M. Lo que choca más en el entorno de las democracias demoliberales, es que de forma tan contumaz y acelerada el PP se haya decidido a transitar el camino de lo que Loïc Wacquant ha definido como el paso del Estado Providencia al Estado penal.