La tormenta por el impulso del bachillerato concertado por parte del Gobierno en funciones de Jorge Azcón no amaina. Este jueves ha sido el PSOE aragonés el que se ha reunido con sindicatos y con asociaciones de padres y madres para hacer frente común ante esta decisión que, según denuncian, supone utilizar “dinero público para privatizar la educación”. “Es un cambio total de modelo educativo”, ha lamentado la secretaria general de los socialistas, Pilar Alegría.

“La privatización del bachillerato es el mensaje que lanza Azcón, que tiene como prioridad asfixiar lo público y destinar dinero público para privatizar la educación, mientras que por otra parte sigue habiendo muchas necesidades en la educación pública”, ha valorado la dirigente socialista.

Por ello, junto al diputado socialista Jorge Pastor, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Aragón (Fapar), Nieves Burón; la secretaria del sector de enseñanza UGT Aragón, Medea Gracia (UGT), y la secretaria general de CCOO Enseñanza en Aragón, Esmeralda Gómez, con el objetivo de recoger sus reivindicaciones.

Alegría tiene “serias dudas” de que una medida “de ese calado tan profundo, como es cambiar el modelo educativo, con connotaciones y requisitos económicos para muchos años”, pueda ser adoptada por un gobierno en funciones. Así, ha aludido a la opinión de diferentes expertas en Derecho Constitucional que respaldan esa postura contraria a la orden del Ejecutivo de Azcón, al que ha reprochado el haber anunciado la medida “por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía”: “Cuando tú tomas una decisión que no es menor, que hablamos de cambiar el modelo educativo, lo que tampoco puedes hacer es esconderte. Lo mínimo que puedes hacer es dar la cara y explicar los porqués y hacerlo además donde debes”. En ese sentido ha recordado que este miércoles su grupo parlamentario solicitó la comparecencia del presidente en funciones en un pleno extraordinario.

Prioridades

La también secretaria general del PSOE Aragón ha lamentado que entre las prioridades de Azcón “no esté, por ejemplo, abrir un nuevo colegio en Parque Venecia en Zaragoza o poner en marcha un instituto público en Monzón, o preocuparse también por aquellos escolares que no tienen línea caliente en las cocinas de sus colegios o no atender la idiosincrasia de Aragón, con una presencia muy importante de la escuela rural, de colegios que se construyeron en los años 50 y 60 y que necesitan ser arreglados, remodelados y actualizados”, ha apuntado.

Alegría basa su rechazo a la concertación porque supone “privatizar la educación” en una etapa, que ha recordado, “no es obligatoria” y en una situación, en la que no ve “necesidades educativas” por cuanto hay unas 2.000 plazas públicas sin cubrir en Aragón.

El anuncio, dado a conocer en plenos contactos con Vox para lograr un pacto de gobierno, puede explicarse en el marco de esas negociaciones entre dos partidos que, en todo caso “representan el mismo modelo, las mismas políticas, las mismas prioridades y los mismos objetivos porque en esa defensa del modelo privatizador se entienden a la perfección PP y Vox”.

Al respecto, la líder del PSOE en Aragón ha vaticinado nuevas decisiones en esa línea: “Mucho me temo que estos planteamientos ideológicos de cambio de modelo educativo en Aragón, lo vamos a seguir viendo a lo largo de la legislatura, si finalmente consiguen ponerla en marcha”.

“Un ataque” a la escuela pública

Por su parte, la presidenta de Fapar, Nieves Burón, ha defendido que la concertación del Bachillerato es “un ataque directo” a la escuela pública: “Esto va mucho más allá de la libertad de elección de familias, que no es absoluta, no puede serlo, es un ataque frontal que va a hacer daño a la escuela pública”, ha lamentado.

Además, ha incidido en el “despilfarro” de la medida: “No es una necesidad, tenemos plazas públicas suficientes y estamos hablando siempre de que los recursos son limitados”, ha argumentado sobre una medida anunciada de la que ha destacado que haya sido anunciada “por un gobierno en funciones y una consejera de Educación saliente, autodespedida ella, y con una falta de presupuesto”.

El montante económico es otra de las cuestiones que para FAPAR cuestionan la decisión: “Se ha hablado de una cantidad de dinero que nosotros creemos que será bastante mayor, pero es que no tenemos presupuesto y no tenemos dinero para otras muchas cosas, y sin embargo se permiten anunciarlo para algo que es absolutamente innecesario”, ha criticado Burón.

Izquierda Unida y Teruel Existe han comparecido este jueves para anunciar la presentación de un recurso ante la Mesa y Junta de Portavoces y, si no hay rectificación, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el recorte en la financiaicón que han sufrido sus partidos en las Cortes de Aragón. Ambas formaciones han visto reducida la partida de personal en un 54%, lo que ya ha causado un despido en Teruel Existe e impide la contratación de nadie por parte de IU.

“Ya dijimos que esto que han pactado PP, PSOE y Vox es un atentado a la pluralidad política que se supone que representan estas Cortes de todos los aragoneses. Es la primera vez en democracia, y esto lo quiero subrayar, que se rompe el consenso para que todos los partidos políticos con representación parlamentaria estén lo suficientemente dotados económicamente como para poder defender a los ciudadanos que les han votado”, ha declarado Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón. “Mediante la insuficiente dotación económica para personal, se está indirectamente violando el derecho a la participación política. Por eso hemos presentado un recurso ante la Mesa y Junta de Portavoces para que reconsideren la posición.”

Por su parte, la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que “esto supone una rotura del consenso histórico. Estos partidos llevan dos meses en conversaciones para formar gobierno y no hay manera, y en dos minutos se ponen de acuerdo incluso con la oposición para repartirse el dinero. Este reparto no es una cuestión técnica, sino una decisión política que recorta derechos democráticos y limita la capacidad de quienes representamos a una parte importante de la mayoría social para hacer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

Guitarte ha subrayado además “la tremenda hipocresía de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que son incapaces de pactar nada que sea constructivo para los ciudadanos, pero que se han puesto de acuerdo para repartirse el dinero de estas Cortes de Aragón. Eso no vamos a permitir que se olvide cuando vuelvan a escenificar sus desacuerdos ideológicos. Parece que el dinero es el pegamento más eficaz cuando se trata de llegar a acuerdos”.

En este sentido, Abengochea ha advertido de que “aplicar un criterio aparentemente proporcional sin garantizar mínimos suficientes lo que hace es impedir que los grupos pequeños puedan desarrollar su labor, vaciando de contenido el pluralismo democrático y reforzando a quienes ya tienen más poder institucional”.

Guitarte ha explicado, además, su intención de “ir hasta el final”: “Si este recurso no prospera, seguiremos por otras vías. Si la Mesa y Junta de Portavoces ante esta queja no reconsideran su posición, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que han hecho es romper un consenso que viene de las primeras Cortes de esta democracia, y todo por el dinero”. Abengochea ha insistido en que “es un ataque al pluralismo político, porque además, en las agrupaciones pequeñas la carga de trabajo es proporcionalmente mayor”. 

Respecto a la justificación de que el recién aprobado reparto refleja mejor los resultados de las urnas, según Guitarte, “negamos la mayor. PP y PSOE perdieron diputados tras las últimas elecciones y, aun así, se reparten más dinero. Izquierda Unida mantiene la misma representación y se le ha reducido la partida para personal drásticamente. Las cuantías totales son las mismas, no hay ahorro, lo que cambia es que ahora los partidos más grandes han decidido quitar recursos a los partidos más pequeños. Esa es la única verdad detrás de todo esto”. 

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha solicitado la comparecencia urgente del presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, para que explique la decisión de concertar primero de Bachillerato a partir del próximo curso. Una medida que, según ha denunciado, supone un “profundo cambio de modelo educativo” y una “privatización” de esta etapa formativa.

En una rueda de prensa, Alegría ha criticado duramente el anuncio del Ejecutivo aragonés, al considerar que se destinarán recursos públicos a financiar una etapa no obligatoria que, además, ya cuenta con suficientes plazas en la enseñanza pública. En este sentido, ha señalado que existen más de 1.300 vacantes disponibles que permitirían garantizar la escolarización del alumnado sin necesidad de recurrir a conciertos educativos.

Ante esta situación, el grupo socialista ha registrado formalmente la solicitud para que Azcón comparezca en un pleno extraordinario de las Cortes de Aragón. El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que el presidente dé explicaciones sobre una decisión adoptada en un contexto político marcado por la interinidad del Gobierno autonómico y la prórroga presupuestaria.

Alegría ha insistido en que la medida tiene un alcance estructural que afecta al modelo educativo aragonés, por lo que considera imprescindible que se debata públicamente. “No se puede tomar una decisión de esta envergadura y esconderse”, ha afirmado, reclamando transparencia y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

Las formas y el fondo

La dirigente socialista ha cuestionado tanto el contenido de la iniciativa como la forma en la que se ha dado a conocer. A su juicio, el anuncio se ha realizado “con nocturnidad y alevosía”, sin diálogo previo con la comunidad educativa ni con los grupos parlamentarios.

Además, ha criticado que esta decisión llegue en un momento en el que, según ha señalado, el Gobierno de Aragón lleva meses “paralizado” y sin atender otras necesidades prioritarias de la ciudadanía. “Un presidente en funciones, que ha sumido a la Comunidad en la inacción durante cuatro meses, sale ahora de su letargo para anunciar una medida que asfixia a la escuela pública”, ha sostenido.

Alegría ha advertido de que la concertación del Bachillerato podría derivar en una reducción de recursos para la educación pública, al desviar financiación hacia centros privados concertados. “Nunca antes se había vivido en Aragón una situación así, privatizando con dinero público una etapa educativa no obligatoria”, ha subrayado.

Defensa de la educación pública

La portavoz del PSOE ha enmarcado esta decisión dentro de una estrategia más amplia del Gobierno autonómico que, a su juicio, busca debilitar el sistema público. “La prioridad del señor Azcón es liquidar lo público”, ha afirmado, insistiendo en que el Ejecutivo no ha mantenido diálogo con los representantes de la educación pública en los últimos meses.

En este sentido, ha denunciado la falta de interlocución con el sector educativo y ha reclamado que cualquier reforma de calado se aborde desde el consenso y la planificación, teniendo en cuenta las necesidades reales del sistema y del alumnado.

La propuesta de concertar primero de Bachillerato abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre la enseñanza pública y la concertada en Aragón. Mientras el Gobierno autonómico defiende la medida como una forma de ampliar la oferta educativa, el PSOE considera que supone un cambio de modelo que puede tener consecuencias a largo plazo. Por ello, los socialistas han insistido en la necesidad de que el presidente comparezca y explique los criterios que han motivado esta decisión, así como su impacto en la red pública de centros educativos.

Con esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Socialista busca trasladar el debate al pleno de las Cortes y forzar al Ejecutivo a dar explicaciones sobre una medida que, según sostienen, marca un punto de inflexión en la política educativa de la comunidad.

La apertura del centro de salud Ramón y Cajal de Huesca, una infraestructura largamente esperada en el barrio del Perpetuo Socorro, ha derivado en un conflicto político y social que trasciende lo simbólico. Lo que debía ser la culminación de una reivindicación vecinal sostenida durante cuatro décadas se ha visto empañada por una gestión institucional que las asociaciones consideran errática, excluyente y orientada al rédito político del Gobierno de Aragón, en manos del PP.

La Comisión Permanente de la Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio ha expresado su “firme malestar” por la forma en que el Ejecutivo autonómico organizó la inauguración oficial del centro. El acto estaba previsto en un primer momento para el 27 de febrero, lo que llevó a modificar agendas médicas y cancelar consultas para facilitar la presencia institucional. Sin embargo, el Gobierno de Aragón lo suspendió a última hora alegando “motivos de agenda”, sin ofrecer alternativa ni nueva fecha.

Las consecuencias fueron inmediatas y cuantificables. Según la Coordinadora, se desprogramaron en torno a 200 consultas, afectando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios. “Se usurpó el derecho a la asistencia por un protagonismo político”, denuncian, subrayando que la decisión generó “trastornos innecesarios y expectativas frustradas”. La crítica apunta directamente a la planificación: no se trató de una incidencia inevitable, sino de una decisión política que impactó en la atención sanitaria.

El malestar no terminó ahí. Un mes después, el 26 de marzo, el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, realizaron una visita institucional al centro. Esa visita, interpretada como una inauguración de facto, se produjo sin convocar a las asociaciones vecinales que habían liderado la reivindicación histórica del equipamiento.

La Coordinadora denuncia que tampoco fueron invitadas otras entidades directamente afectadas por el nuevo centro como las asociaciones de los barrios de Santo Domingo y San Martín o del Casco Antiguo, cuyos vecinos también dependen de esta infraestructura. La exclusión no fue solo social, sino también institucional: no asistieron representantes del anterior Gobierno de Aragón presidido por Javier Lambán, que impulsó el proyecto, ni el subdelegado del Gobierno en Huesca, pese a que la obra ha sido financiada con fondos estatales.

En concreto, el Ministerio de Sanidad aportó 7,5 millones de euros a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria aprobado en 2023. El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha denunciado públicamente lo que considera una exclusión deliberada. En un comunicado, lamentó “el esfuerzo reiterado” del presidente Azcón y del consejero Bancalero por evitar la presencia del Gobierno de España en los actos relacionados con el centro. “Lo que es un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía de Huesca se ha convertido en un ejercicio de promoción personal y política”, afirmó.

Campo añadió un elemento relevante: la inauguración realizada el 26 de marzo no fue comunicada ni a la Subdelegación ni al Ministerio de Sanidad pese a tratarse de una infraestructura financiada íntegramente con fondos estatales y levantada en un solar cedido por el propio Gobierno de España. El propio Azcón reconoció en sus declaraciones la aportación estatal, lo que, según el subdelegado, evidencia que la omisión fue consciente.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón ha defendido las bondades del nuevo centro. Destaca su tamaño, con cerca de 4.000 metros cuadrados, y su capacidad para unificar servicios que antes estaban dispersos. El equipamiento cuenta con 14 módulos de Medicina de Familia, tres de Pediatría, áreas de diagnóstico, salud mental, rehabilitación y cirugía menor, y atiende a más de 17.000 tarjetas sanitarias, aproximadamente el 30% de la población de Huesca.

Sin embargo, estos datos no han servido para neutralizar la crítica de fondo. Las asociaciones vecinales insisten en que el problema no es la infraestructura, sino su instrumentalización política. Recuerdan que el centro no es una iniciativa reciente, sino el resultado de décadas de movilización vecinal. Por ello, consideran especialmente grave haber sido excluidas de los actos institucionales y reclaman que se actúe con “responsabilidad, planificación, transparencia y respeto”.

Pacientes oncológicos sin consulta en Barbastro

El contraste entre la dimensión técnica del proyecto y su gestión política es uno de los ejes del conflicto. La apertura del centro representa una mejora objetiva en la atención primaria de la ciudad, pero la forma en que se ha gestionado su inauguración ha erosionado la relación entre instituciones y tejido social. Ese deterioro se produce en un contexto más amplio de tensión en el sistema sanitario de la provincia, especialmente en el Hospital de Barbastro, cuya situación evidencia problemas estructurales que van más allá de la polémica en la capital.

El episodio más reciente se produjo esta semana, cuando pacientes oncológicos se quedaron sin consulta ni tratamiento de quimioterapia debido a la ausencia de especialistas. El hospital cuenta con tres oncólogos, pero dos están de baja y el único disponible sufrió una indisposición repentina. La falta de previsión impidió activar una alternativa en tiempo útil.

La consecuencia fue que pacientes procedentes de distintas localidades del sector sanitario, con algunas a más de una hora de distancia, tuvieron que regresar a sus casas sin recibir tratamiento. La diputada de Chunta Aragonesista Verónica Villagrasa calificó la situación de “inadmisible”, subrayando el impacto que tiene en personas que dependen de tratamientos continuados.

El Departamento de Sanidad ha explicado que se trata de una incidencia puntual y que el servicio está siendo cubierto con apoyo del Hospital San Jorge. Sin embargo, los problemas de fondo son conocidos y persistentes: dificultades para cubrir plazas, dependencia de refuerzos y una planificación que no siempre responde a las necesidades reales.

A estos problemas asistenciales se suma una crisis interna reflejada en múltiples dimisiones. En los últimos meses han dejado sus puestos el gerente sanitario de Huesca y Barbastro, Luis Canalejo; el director del hospital, Juan Eito; responsables de urgencias, enfermería y otros servicios. La dimisión más reciente es la del jefe de Urgencias, Juan Magallón, tras más de veinte años en el centro.

Aunque el Departamento de Sanidad atribuye estas salidas a “motivos personales”, desde distintos ámbitos se cuestiona esa versión. José Luis Parra, de Chunta Aragonesista Somontano, sostiene que “el goteo de ceses y dimisiones tiene que ver poco con la casualidad” y lo vincula a “la nefasta gestión de Bancalero”. A su juicio, existe una “crisis estructural” en el hospital de referencia para buena parte del Alto Aragón.

Las cifras refuerzan la dimensión del problema. El Hospital de Barbastro atiende a más de 110.000 personas repartidas en más de 8.500 kilómetros cuadrados, incluyendo comarcas como Sobrarbe, Ribagorza o Bajo Cinca. La dispersión geográfica convierte cualquier fallo en la organización sanitaria en un problema de acceso real a la atención. Plataformas ciudadanas y juntas de personal han denunciado “falta de profesionales, planificación y transparencia”, alertando de un “progresivo vaciamiento” del centro. También han criticado recortes de personal en servicios sensibles como la UCI, especialmente en turnos nocturnos.

El Gobierno de Aragón ha respondido anunciando la incorporación de nuevos profesionales: 23 médicos en 2025 y 46 plazas en proceso para 2026. Sin embargo, estas medidas aún no han tenido un impacto tangible en la percepción ciudadana, marcada por episodios como la suspensión de consultas oncológicas o las largas esperas en urgencias.

La decisión del Gobierno de Azcón de incluir los conciertos del Bachillerato para el próximo curso ha provocado numerosas reacciones en contra, tanto por las condiciones del Ejecutivo para adoptar la medida como por los efectos tendentes a vulnerar la equidad.

Contra la medida, la escuela pública de Aragón ha decidido presentar un recurso y solicitar medidas cautelares para paralizar la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de cara al curso 2026-2027. La decisión se cuestiona por posibles dudas sobre su legalidad, dado que el presupuesto está prorrogado y el Gobierno se encuentra en funciones.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública —integrada por sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas de Aragón— llevará la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). No obstante, todavía valora cuál es el procedimiento más eficaz: presentar un nuevo contencioso contra la modificación de la orden de 27 de noviembre o sumarse al ya interpuesto por CSIF y STEA, admitido a trámite por el TSJA en enero de 2026.

La secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, ha calificado la decisión de “extraña e irregular, cuando menos”. Además, ha anunciado movilizaciones en la calle: el próximo viernes en Huesca, con motivo del Día de la Escuela Pública, y el sábado en Zaragoza, “que será el primer acto de rechazo, pero habrá más movilizaciones” en defensa de la enseñanza pública.

A juicio de los sindicatos, no se justifican los conciertos cuando la red pública garantiza el acceso equitativo a una etapa no obligatoria y, además, existen actualmente más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos de Aragón. Asimismo, recuerdan las carencias que sufre la educación pública, tanto en personal docente y no docente como en infraestructuras.

Los expertos apuntan a un fraude de ley

La posibilidad de recurrir la orden del Departamento de Educación ya había sido señalada por expertos y juristas consultados por elDiario.es, quienes coinciden en que un gobierno en funciones no puede aprobar la concertación del Bachillerato.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz, ha afirmado que esta medida “no puede tomarse por un gobierno en funciones”, puesto que tiene implicaciones presupuestarias. En este sentido, contempla la posibilidad de recurrirla ante los tribunales solicitando medidas cautelares para su suspensión inmediata, “ya que causa un perjuicio irreparable condicionando al futuro gobierno”. Además, recuerda que no hay garantías de que el próximo Ejecutivo sea del PP: si no prosperan las negociaciones con Vox y no se puede votar la investidura antes del 3 de mayo, habría que convocar nuevas elecciones.

Sáenz subraya que la decisión supone un cambio en el modelo jurídico con implicaciones económicas y que está expresamente prohibido por la Ley del Presidente del Gobierno de Aragón que un gobierno en funciones adopte este tipo de medidas.

En concreto, el artículo 21.3.d del Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, establece que un gobierno en funciones no puede “aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.

El abogado Sergio Pérez también considera que la decisión excede las capacidades de un Gobierno en funciones y apunta a un posible fraude de ley. A su juicio, se trata de una política de hechos consumados: “Creo que son conscientes de la fragilidad jurídica de la Orden, pero juegan con la baza de la ejecutividad de los actos administrativos y la posible no suspensión judicial. La falta de resolución rápida permitiría la aplicación de la orden y, una vez empezado, es complicado echar abajo el concierto”.

Además, añade que “no es una medida que refuerce la equidad y la igualdad de oportunidades ni mejora la calidad educativa. Da la sensación de intentar forzar a Vox en su peculiar pulso” y recuerda que “es contradictorio cuando se ha constatado que no hay necesidades de escolarización que justifiquen esos nuevos convenios”.

Efecto segregador

Sheila González, investigadora y socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte por su parte sobre los efectos nocivos de las dinámicas privatizadoras en la educación. Según explica, se trata de movimientos que se van introduciendo de forma progresiva y que acaban “desangelando” la escuela pública; sus consecuencias, aunque aún no son plenamente visibles, terminarán apreciándose con el tiempo.

A su juicio, la concertación del Bachillerato tiene un claro efecto segregador. En este sentido, reflexiona sobre el principio de planificación educativa, que podría acabar vulnerando el principio de equidad. Las familias realizan cálculos sobre el coste de la educación de sus hijos y, al “abaratarse” el Bachillerato, pueden empezar a contemplarlo como una opción cuando antes no lo era. Esto, sostiene, frena el trasvase y la permeabilidad del sistema, dificultando la incorporación de nuevos perfiles a la red pública.

Además, la socióloga subraya que, antes de apostar por la concertación del Bachillerato, debería atenderse al criterio de necesidad. En su opinión, cuando esta no existe —como ocurre en Aragón, donde hay miles de plazas disponibles— se está, en la práctica, financiando oferta privada con fondos públicos y asegurando una línea de continuidad desde la ESO.

González también considera que es una política “muy regresiva” concertar sin exigir una reducción de cuotas a cambio de garantizar la gratuidad o de asumir una función social. A su entender, este tipo de condiciones deberían acompañar cualquier implementación del concierto, cuyo seguimiento, además, suele ser escaso.

Por último, la socióloga señala que estas dinámicas tienden a blindar itinerarios de excelencia que, en la práctica, responden a intereses de clase.

Reacciones políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha pedido que Azcón comparezca en las Cortes para explicar su decisión de privatizar el Bachillerato. Asimismo, ha criticado que un presidente en funciones, “que tiene a la Comunidad Autónoma paralizada desde hace cuatro meses, salga de su hibernación para anunciar la privatización de una etapa educativa que no es obligatoria, cuando además hay miles de plazas libres en la enseñanza pública”. Alegría reprocha tanto las formas como el fondo del anuncio, que, a su juicio, supone un profundo cambio de modelo educativo.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la medida tras el Consejo de Gobierno: “Si se ha llevado a cabo el anuncio de esta medida, que no es nueva y formaba parte de los objetivos de este Gobierno, es porque tenemos la garantía de que cumple con las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones”.

Según ha explicado, la consejera se limitó a anunciar que el Bachillerato será concertado el próximo curso y cómo esta medida beneficiará a las familias, “pero hay un procedimiento que nos llevará a ello. Es una fórmula habitual”.

En cuanto a la posible paralización judicial, Vaquero ha asegurado que existe un trabajo previo desarrollado por el Departamento de Educación: “Hay mucho trabajo, un expediente muy elaborado, con la implicación de los propios centros para conocer su disposición”. Además, ha señalado que “no compartimos ese cuestionamiento y esas dudas. Es algo novedoso, pero también muy importante: atender a los derechos de las familias a la libertad de enseñanza. Es una decisión democrática; la intención del Gobierno ya se conoce desde la anterior legislatura y el presidente Azcón, en campaña, ya se comprometió a llevarla a cabo”.

El Consejo de Ingeniería de Aragón, que agrupa a todos los colegios profesionales de ingenieros de la Comunidad y que acaba de constituirse, ha realizado este miércoles su primer posicionamiento público para hacer un llamamiento a reforzar el peso del criterio técnico en las administraciones públicas.

Este nuevo Consejo, según una nota hecha pública por el órgano, nace con el objetivo de impulsar la excelencia técnica, promover el desarrollo del territorio y defender el ejercicio profesional de la ingeniería al servicio de la sociedad ciudadanía. En este contexto, los ingenieron consideran “prioritario trasladar a los responsables institucionales la necesidad de situar en los puestos de especial responsabilidad a profesionales con formación universitaria en educación superior especializada (nivel máster), con experiencia y cualificación”.

Aunque esta cuestión es relevante en todos los niveles de la Administración, el Consejo subraya que resulta especialmente “oportuna en el actual contexto de configuración del nuevo Gobierno autonómico en Aragón”.

Una tendencia preocupante

El Consejo de Ingeniería de Aragón advierte de la creciente “destecnificación” de las estructuras administrativas a causa del progresivo desplazamiento de los criterios técnicos por decisiones de naturaleza política. Considera que este es un fenómeno que puede “comprometer la capacidad del sector público para anticipar, gestionar y resolver cuestiones complejas que requieren alta especialización técnica”.

Para el Consejo, esta tendencia responde a una creciente deriva hacia criterios no estrictamente técnicos en la provisión de puestos el nombramiento de responsables dentro de la Administración. En demasiadas ocasiones, aseguran los profesionales de ingeniería, “las decisiones de nombramiento no priorizan de forma suficiente la cualificación profesional y la experiencia especializada, imprescindibles para asumir funciones de alta responsabilidad”, lo que r“epercute negativamente, a medio y largo plazo, en la eficacia de los recursos invertidos y la calidad y fiabilidad del servicio público”.

Las crisis recientes ponen de relieve la importancia del criterio técnico

Los graves acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de contar con estructuras administrativas sólidas y lideradas por profesionales especializados. Entre los ejemplos que ponen los colegios de ingenieros están la DANA en el Levante, que “evidenció la necesidad de una planificación territorial, hidrológica y de emergencias basada en criterios técnicos homogéneos”. También los incendios forestales del verano de 2025, que evidenciaron “una vez más que, desde hace décadas, es necesaria una política forestal activa y coherente”.

En cuanto al apagón del 28 de abril de 2025, según estos profesionales “puso de manifiesto la falta de planificación en el sistema eléctrico nacional, tanto en la generación como en distribución y transporte, así como la ausencia de una política energética de país clara y coherente”. Por último, el accidente ferroviario de Adamuz recordó, aseguran, “la necesidad de priorizar el mantenimiento de infraestructuras esenciales frente a otras inversiones de carácter más visible, pero menos estratégico”.

El Consejo de Ingeniería de Aragón subraya que estos episodios no son casos aislados, sino “síntomas de un modelo que no sitúa la formación superior y experiencia técnica en el centro de la toma de decisiones”.

Sin perfiles altamente cualificados al frente de áreas sensibles y de especial responsabilidad, advierten, “es imposible garantizar la eficiencia de las inversiones públicas, ni la seguridad, ni la sostenibilidad”.

“No es una reivindicación corporativa”

El inicio de una nueva legislatura representa “una oportunidad para reforzar la profesionalización de los puestos de responsabilidad de la Administración”. En este sentido, el Consejo de Ingeniería de Aragón anima a las instituciones, y en particular al futuro Gobierno autonómico, a apostar por perfiles con formación técnica superior en puestos de alta responsabilidad; por profesionales con experiencia en gestión de proyectos complejos, infraestructuras, riesgos o sistemas tecnológicos; por la independencia profesional y compromiso con el servicio público, y por equipos multidisciplinares capaces de coordinarse eficazmente.

El Consejo recuerda que los ingenieros han sido actores clave en el desarrollo de Aragón y de España en ámbitos como infraestructuras, energía, telecomunicaciones, industria, agua, agricultura, digitalización o aeronáutica. “Esta no es una reivindicación corporativa, sino una llamada a reforzar el interés general”, subrayan desde el Consejo. “Aragón necesita una Administración sólida, profesional y preparada para afrontar los retos presentes y futuros”.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha remitido al Ayuntamiento de Andorra un escrito en el que solicita la suspensión de las centrales fotovoltaicas proyectadas en el municipio por Forestalia y posteriormente traspasadas a BRUC, cuyo inicio de obras se ha anunciado como inminente en los últimos días.

Las plantas afectadas son Mudejar I, Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. Tras un “estudio exhaustivo” de las licencias concedidas por el consistorio y de las resoluciones emitidas por el Gobierno de Aragón, la plataforma asegura haber detectado “irregularidades significativas que deberían suspender cualquier actividad relacionada con los citados proyectos”.

Entre los principales argumentos, el colectivo señala que las licencias municipales fueron concedidas “un año antes” de la publicación en el BOA de las autorizaciones de la Dirección General de Energía y Minas. A su juicio, esto sería “el equivalente a conceder licencia para una obra particular sin haber presentado un proyecto visado”. Además, sostienen que las autorizaciones autonómicas “no se corresponden con el proyecto aprobado por el consistorio”, al incluir modificaciones posteriores que afectan tanto a los vértices del vallado como a la tipología de los módulos fotovoltaicos.

La plataforma también advierte de que en algunos proyectos, como Ilio III, Sedeis II y Sedeis VI, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se publicó meses después de la concesión de las licencias municipales. Recuerdan que estas deben incorporar el contenido ambiental de dicha declaración, por lo que “deben ser posteriores” y no pueden otorgarse de forma condicionada, ya que sería “como conceder una licencia de obras sujeta a que el informe del arquitecto municipal sea favorable”.

El escrito vincula además la tramitación de estas centrales con el “escándalo de la empresa promotora”, que “presuntamente obtuvo las autorizaciones ambientales de sus proyectos de forma corrupta”. En este sentido, citan la diligencia de una funcionaria encargada de la evaluación ambiental, que dejó constancia de que la tramitación de informes pasó de la empresa pública SARGA a “una empresa privada participada por cargos vinculados a partidos políticos y que había trabajado para Forestalia con anterioridad”. Este hecho, añaden, quedó expuesto en la Comisión sobre renovables celebrada en las Cortes de Aragón, “sin consecuencias”.

Otro de los puntos que subraya la plataforma es que, en su opinión, los nueve parques conforman en realidad “un único proyecto fragmentado de forma artificial” para su tramitación ante el Gobierno de Aragón y el INAGA. Argumentan que las instalaciones “forman un continuo”, comparten línea de evacuación y subestación eléctrica, y pertenecen a la misma promotora.

Por último, apuntan a un posible incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según indican, tras la concesión de las licencias municipales, la Comisión de Urbanismo realizó anotaciones y requerimientos relacionados con la posible ocupación de suelo no urbanizable especial, con fecha de 9 de junio de 2023, “seis meses después de haber sido concedidas las licencias”.

A la vista de estos elementos, la plataforma considera que existen “argumentos suficientes” para que el Ayuntamiento suspenda las licencias y “todas las acciones derivadas de las mismas”. Asimismo, sostiene que el consistorio “no puede excusarse en motivaciones económicas ni convertir en rehenes conceptos como el desarrollo o la industrialización”, al entender que plantean “un falso dilema” y que “no existe ningún bien que se derive de la corrupción”.

Cuando se cumplen justo dos meses de las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, representantes del PP y Vox han celebrado este miércoles en Zaragoza la primera reunión física de primer nivel. Y lo cierto es que, a menos de cuatro semanas de que el calendario marque el adelanto electoral, los avances son mínimos. De hecho, la conversación se ha limitado a “cuestiones conceptuales”. Las temáticas han sido cuatro: vivienda, inmigración, seguridad y fiscalidad. Tampoco hay una nueva reunión cerrada por ahora.

Así lo han dado a conocer los portavoces para la ocasión de ambas formaciones: por el PP, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero; por Vox, su máximo representante en Aragón, Alejandro Nolasco, escoltado ante los medios por el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero. En la sala de reuniones del hotel Zeltral AVE de la capital aragonesa han estado asimismo presentes, por los populares, los consejeros autonómicos en funciones de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; el de Fomento, Octavio López, y también Marta Varela, jefa de gabinete del presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, única voz física de Génova, con el secretario general de los populares, Miguel Tellado, por videoconferencia. Por Vox ha asistido también la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis.

El tono de la reunión, según han declarado posteriormente a los medios, ha sido positivo y permite aventurar, siempre según su versión, un desenlace en forma de acuerdo. Aunque el reloj corre.

“Hay una voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda”, ha expresado el portavoz de la extrema derecha en Aragón.

“Hay una voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda”, ha expresado el portavoz de la extrema derecha en Aragón. Nolasco ha insistido en el mensaje de las últimas semanas: trabajan con la “máxima discreción posible” y negocian “medida a medida”. “Lo importante es qué es lo que vamos a cambiar, no el reparto de carguitos”, ha apuntado, sin querer avanzar hasta qué punto el PP ha aceptado o no los postulados ultras en cuestiones como la inmigración o la seguridad.

Ni fechas o plazos y tampoco nuevas reuniones a la vista, al menos por ahora: “Supongo que en los próximos días, seguramente la siguiente semana”, ha aventurado Nolasco al respecto, que al menos sí que ha dejado claro que aspiran a “entrar en los gobiernos”: apuntar lo contrario, ha afirmado, es generar “bulos y desinformación”.

Por su parte, José María Figaredo ha destacado la “buena sintonía” con los representantes del PP y ha considerado que “las sensaciones son muy buenas”. “Tenemos un razonable optimismo en que llegaremos a un acuerdo”, ha incidido. Para ello, también de nuevo, hay que “evitar la contaminación de Génova”.

Desde las filas populares, Vaquero ha admitido que en el encuentro se han limitado a debatir “de cuestiones conceptuales” en las que “hay que profundizar”. “Sí que podemos decir es que es un ambiente totalmente cordial, proclive a llegar a ese acuerdo”, ha declarado al menos la vicepresidenta en funciones, que no ha querido entrar en más “detalles”.

Respecto de las críticas de Vox a Génova, ha manifestado que ya lo han escuchado “en otras ocasiones” y ha dejado claro que para el PP aragonés la intervención de la dirección nacional del partido “no es ningún obstáculo”, sino que “entra dentro de la normalidad”.

Cambios en Forestalia, grupo implicado en el macroproceso judicial por la presunta trama de las renovables y también en el caso Koldo. Su fundador y propietario, Fernando Samper Rivas, ha renunciado al puesto de presidente y ha colocado a su hijo, Ricardo Samper García, al frente de la gestión como nuevo director general.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Jorge de Zaragoza, Samper García cuenta con un posgrado en Dirección Financiera y Control de Gestión por EAE Business School, un máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y un máster internacional en Asesoría Fiscal por ISDE Law & Business School, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado.

Vinculado al grupo empresarial desde hace más de seis años, Ricardo Samper ha desempeñado distintos cargos dentro del Grupo Forestalia hasta su nombramiento el pasado 26 de marzo como director general.

Este nombramiento se enmarca dentro el protocolo interno aprobado por Forestalia y elaborado por Cuatrecasas, cuyo objetivo —según la compañía— es “articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía y garantizar la estabilidad y el desarrollo ordinario de la actividad en un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales actualmente en curso”.

Dentro de este proceso, Fernando Samper Rivas ha presentado su renuncia a la presidencia de la compañía. A partir de este momento, las responsabilidades ejecutivas y de dirección han sido asumidas por Ricardo Samper García, que quedará al frente de la gestión con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del grupo y el funcionamiento habitual de todas sus áreas y proyectos.

Fernando Samper ha manifestado lo siguiente: “Confío en que este ajuste en el gobierno corporativo del grupo contribuirá a reforzar su funcionamiento y a garantizar su desarrollo futuro. Mi decisión responde a la voluntad de facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso”.

Por su parte, Ricardo Samper García ha apuntado: “Este paso responde al compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir consolidando la actividad del grupo, reforzar nuestras relaciones con todos los grupos de interés y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha”.

Para el grupo Forestalia, este nombramiento “supone un paso relevante en el fortalecimiento de su estructura organizativa, el afianzamiento de la autonomía en la gestión y la consolidación de su marco de relaciones institucionales y empresariales”, según ha subrayado en una nota de prensa. Bajo sus nuevas funciones, y en línea con el compromiso de “consolidar el papel de Forestalia en el sector de las energías renovables” a nivel nacional, Ricardo Samper liderará una nueva etapa centrada “en el fortalecimiento de la gobernanza, la solidez operativa y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía”.

En este contexto, la compañía reforzará su área de compliance mediante la incorporación de dos despachos, Cuatrecasas y Hogan Lovells International, como asesores externos independientes, con el objetivo de seguir desarrollando, más si cabe, su marco de cumplimiento y alineándolo con los estándares internacionales de referencia.

“Esta iniciativa forma parte de la voluntad de integrar en el Grupo las mejores prácticas del sector, consolidando una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia. Asimismo, la compañía continuará colaborando con las autoridades competentes y desarrollando su actividad con normalidad en los distintos mercados en los que opera, mientras avanza en este proceso de revisión y fortalecimiento interno”, han añadido desde Forestalia.

“Puede calificarse de absoluto y rotundo desastre y desbajaruste. Si se me permite la expresión, un auténtico sindiós completamente caótico, arbitrario y contrario frontalmente no solo con la legalidad vigente, sino con los principios más básicos de racionalidad y eficiencia en la gestión pública, con grave perjuicio para el interés público”. Esta es solo una de las frases con las que el anterior secretario municipal de María de Huerva trató de describir hace unos meses la situación en el Ayuntamiento de este municipio próximo a Zaragoza, que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y que, como atestigua el funcionario, mantiene la forma de trabajar del siglo pasado y prácticas muy polémicas.

Pese a su llamativo SOS, nada ha cambiado en este tiempo, tal y como denuncia la oposición. La petición del secretario de una comisión de investigación sobre la deriva municipal ha caído hasta ahora en saco roto. Según el alcalde, el popular Joaquín Calleja, no ha habido tiempo debido al baile de secretarios —el autor del informe se marchó el pasado de verano y su sustituta acaba de hacer lo mismo—: “Había que dotarla de documentación y tener acceso a los expedientes. Ahora tenemos que convocarla, pero para ello necesitamos a un funcionario público. La anterior secretaria dejó todo listo”, explica, pese a que ha transcurrido ya casi un año desde la petición original.

La llamada de alerta del secretario se plasmó en un prolijo informe suscrito en junio de 2025 en el que reconoció que “en 25 años de ejercicio profesional” no había vivido nunca “episodios tan lamentables” como los que había atestiguado en María de Huerva. Un mes antes ya había reclamado al alcalde, el popular Joaquín Calleja, de la necesidad de indagar el “potencial conflicto de interés” con las personas que ejercen como arquitecta y como aparejador, respectivamente, del Consistorio. Sin embargo, la única novedad por el momento... es que el funcionario habilitado tuvo que dejar su puesto.

Caos en el Ayuntamiento

El mencionado documento no tiene desperdicio. N. P. P., que llegó al puesto de secretario por comisión de servicios en junio de 2024, dedicó su informe de situación —fechado el 5 de junio— a describir con detalle lo que encontró al tomar posesión: una secretaría en “total y absoluto colapso”, cuyas funciones propias “prácticamente se habían dejado de desarrollar o se habían reducido a la más mínima expresión”. En su lugar, el personal había asumido tareas de gestión administrativa que no le correspondían, lo que pervertía “las garantías de imparcialidad, neutralidad y objetividad” exigibles a la Administración. El Ayuntamiento carecía, según su diagnóstico, de servicios técnicos propios, de un servicio de contratación, de personal para gestionar subvenciones, de un servicio de registro y de una administración electrónica que funcionase con arreglo a la normativa vigente desde 2015. N. P. P. llegó a consignar que la corporación había tramitado durante todos esos años apenas 9.000 euros en fondos europeos, una cifra que él tildó de “paupérrima”.

El cuadro que dibuja el secretario remite a una corporación sin estructura organizativa definida, con personal laboral realizando funciones que corresponden a funcionarios de carrera y con una atribución de tareas “absolutamente caótica y arbitraria”. En paralelo, las decisiones administrativas adolecen, según su informe, de “ausencia total de motivación” y de “falta prácticamente total y completa de documentación necesaria y fundamental”, lo que abre la puerta, a juicio del funcionario, a la existencia de “vicios de nulidad de pleno derecho” y a que los órganos de gobierno hayan podido adoptar resoluciones sin los elementos necesarios para formar correctamente su voluntad.

Posible conflicto de interés

Pero el apartado más sensible del informe afecta a dos contratos de servicios que el Ayuntamiento de María de Huerva mantiene con una arquitecta y un aparejador: N. P. P. los calificó de “contratos de personal encubiertos”, una figura rechazada por la jurisprudencia, que estarían atribuyendo el ejercicio de potestades públicas —urbanismo, contratación, servicios técnicos— a personal externo, lo que vulnera la normativa que reserva esas funciones a funcionarios de carrera. Pero el secretario fue más allá: alertó de que ambos contratos podían estar incursos en situaciones de “potencial conflicto de interés” que, conforme al artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, obligan a prevenir, detectar y resolver.

Para investigarlo, N. P. P. abrió un expediente en el que solicitó a la Intervención General que recabara la relación completa de contratos y facturas abonadas por el Ayuntamiento desde 2009 hasta la actualidad a varias personas y entidades: el aparejador T. M. B. ; la arquitecta M. V. S. P.; su hermana S. V. S. P.; la sociedad Villar San Pío Gestión de Proyectos SL —la empresa familiar, de la que esta última es administradora única y su hermana, apoderada solidaria—; un segundo arquitecto y una constructora, Carmelo Lobera SL. El secretario también propuso requerir a los contratistas de arquitectura una declaración de sus actividades profesionales externas durante el periodo en que prestaron servicios al Ayuntamiento, para acreditar la ausencia de conflicto de interés.

T. M. B. fue adjudicatario del contrato de consultoría y asistencia técnica del Ayuntamiento de María de Huerva desde 2022 —con un valor estimado de 72.000 euros y una única oferta presentada, la suya— y hasta la actualidad ha dirigido obras para el Consistorio.

Contrario a la ley

La propia Secretaría del Ayuntamiento ya había advertido con anterioridad, en un informe desfavorable a la segunda prórroga del contrato con el aparejador, que el ejercicio de funciones urbanísticas y de contratación pública por parte de un privado es contrario a la ley. El documento, suscrito también por N. P. P., citaba el Estatuto del Empleado Público, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Urbanismo de Aragón para concluir que la dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una “función pública” que debe recaer en funcionarios de carrera. Emitió informe desfavorable a la prórroga e instó a la corporación a convocar la plaza correspondiente o a solicitar asistencia a la Diputación Provincial de Zaragoza. El Ayuntamiento no siguió ninguna de las dos recomendaciones.

Pese a todas estas advertencias, el alcalde, el popular Joaquín Calleja, no ha impulsado ninguna medida correctora. Los contratos con la arquitecta y el aparejador siguen activos, la comisión de investigación solicitada por la oposición no se ha constituido y el secretario que lanzó el SOS ya no está en el puesto.

Cuestionado sobre la renovación del contrato con el aparejador, el primer edil asegura que fue previo a su llegada al cargo. Además, respecto de las aseveraciones del anterior secretario municipal sobre ambos técnicos contratados, Calleja explica que su sucesora ha emitido un nuevo informe en el que asegura que se trata de “insinuaciones” y “hechos no contrastados” y que no ve “incompatibilidades”. El alcalde matiza eso sí que no puede hacer público todavía este documento “porque hay que llevarlo a la comisión de investigación”.

La semana pasada, el PSOE de María de Huerva urgió al primer edil a poner en marcha el mencionado órgano. “Aunque la reciente posibilidad de los grupos de la oposición de acceder a la revisión de los expedientes sobre los que recaen las sospechas hizo concebir esperanzas sobre este instrumento de control, el cambio de secretario del Ayuntamiento deja de nuevo sine die la convocatoria”, lamentaron los socialistas. La comisión de investigación se constituyó en julio del año pasado, pero desde entonces no se ha convocado ni una sola vez, manifestó el PSOE, que indicó que “ha habido diversos intentos de dejarla sin validez tratando de incorporarla como un punto del orden del día en un pleno ordinario”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha restado importancia al hecho de que los datos sobre gastos de la publicidad institucional no estén accesibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, evitando explicar cuánto destina el equipo del PP a este capítulo. Tras limitarse a señalar que se siguen los mismos criterios de transparencia desde que se puso en marcha el tablón de anuncios en 2019, ha reconocido con indiferencia que “no hemos cambiado nada”. De hecho, — ha explicado—, no se modifica porque entonces se definió que esa era la fórmula correcta y “nos hemos ocupado de otras cosas, pero no de cambiar los criterios porque nos parecía que eran suficientes”.

Sin embargo, el modelo actual solo refleja parcialmente el gasto en medios de comunicación. El Portal de Transparencia se limita al denominado Tablón Municipal, mientras que una parte significativa de los pagos debe rastrearse en el registro de facturas, donde aparecen campañas que no figuran en la información pública habitual.

Aunque Chueca ha comparado el portal actual con el diseñado en 2019 cuando gobernaba Zec, lo cierto es que el presupuesto destinado a “Información municipal” alcanzó el año pasado cerca de 1,1 millones de euros, un 160% más que en 2019. No obstante, el gasto real en publicidad institucional triplica lo que se publica oficialmente, sin que exista un desglose completo ni criterios claros de distribución en función de la audiencia, como establece la normativa.

Parte de esta opacidad se explica porque numerosas campañas no se gestionan desde la Dirección de Comunicación, sino desde otros departamentos municipales, lo que fragmenta la información y dificulta su seguimiento.

Las facturas revelan pagos a medios locales y nacionales que no aparecen en el portal. Algunos casos muestran diferencias significativas entre lo declarado y lo realmente abonado, así como inversiones en campañas con escaso impacto medible. En conjunto, la situación evidencia un sistema de transparencia incompleto que impide conocer con precisión el destino de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y limita el control sobre su distribución.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha puesto en marcha el procedimiento para que el Bachillerato concertado sea una realidad en Aragón a partir del curso 2026-2027, a pesar de la situación de prórroga presupuestaria en la Comunidad. El Departamento de Educación ha aprobado una modificación de la Orden de conciertos que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esta medida habilita la posibilidad de subvencionar hasta 65 unidades en alrededor de una veintena de centros educativos, con un coste estimado de unos siete millones de euros anuales.

El plazo para solicitar estos conciertos será de diez días y la orden contempla también la posibilidad de retroactividad para los centros que ya se presentaron. Según el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, tras la publicación en el BOA los servicios provinciales convocarán las mesas de conciertos para tramitar las solicitudes o ratificar las ya presentadas. “A partir de ese momento saldrá una resolución provisional que suele ser prácticamente igual a la definitiva, en la que ya se indican los centros y las enseñanzas que van a tener concertadas”, ha señalado.

Según han explicado desde el Ejecutivo, la financiación de esta medida se llevará a cabo mediante una modificación en la partida plurianual que ya está aprobada hasta 2031. El coste total es de siete millones de euros, de los que 2,7 se aportarán del presupuesto de 2026, todavía sin presentar ni aprobar.

Este movimiento permite al Ejecutivo sortear la falta de nuevos presupuestos, aunque esta medida no se ha aplicado a otras áreas de urgencia. Mientras se asegura la financiación para que las familias de la educación privada pasen de pagar 400 euros a un máximo de 36 euros mensuales, siguen en suspenso las ayudas destinadas a paliar los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio o las inversiones bloqueadas por el actual clima de inestabilidad legislativa en las Cortes.

La normativa establece que los centros que accedan a la concertación deberán cumplir criterios de equidad, programación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas, en función de la planificación de la escolarización en cada territorio. La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido que la medida responde al compromiso del Ejecutivo con un “modelo educativo plural” y con la “libertad de elección de las familias”. La medida se iniciará en primero de Bachillerato.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene en suspenso otras medidas anunciadas en materia educativa, como la gratuidad de la educación infantil, que el propio Departamento vincula a una mayor complejidad normativa: “Ambas cosas fueron promesas electorales que estamos dispuestos a cumplir y se cumplirá, pero hay que ir adaptándose a las posibilidades de estar, por un lado, en funciones, por otro lado, por la prórroga presupuestaria”.

Rechazo de sindicatos, familias y oposición

Por su parte, la CGT Enseñanza Aragón, segundo sindicato del sector en la educación pública, ha anunciado movilizaciones en respuesta a la decisión. El sindicato ya convocó tres días de huelga el pasado enero contra la expansión de la enseñanza concertada y ha avanzado que decidirá nuevas acciones en asambleas internas. Además, recuerda que existen más de 2.000 plazas vacantes en la escuela pública aragonesa y considera que la inversión prevista supone un uso ineficiente de los recursos públicos.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón también ha manifestado su “rotundo y frontal rechazo” al anuncio de la concertación. “Esta organización considera que la medida es totalmente innecesaria, dado que los centros públicos de la comunidad cuentan con plazas suficientes para garantizar la escolarización de todo el alumnado que desee cursar estos estudios”. El sindicato subraya que “destinar dinero público a servicios que la administración ya ofrece de forma gratuita y con excedente de oferta podría considerarse un uso arbitrario de los recursos de la ciudadanía, rozando lo que legalmente se define como malversación de los fondos públicos”. Consideran de “especial gravedad” el hecho de que este anuncio se produzca con un gobierno en funciones y sin presupuestos aprobados. Añaden también que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para denunciar y frenar esta situación en los tribunales.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón ha expresado su “profundo malestar” ante esta medida que “solo se justifica desde un punto de vista ideológico que, es evidente, perjudica notablemente a la Escuela Pública”. También han criticado que está decisión la tome un gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados: “No entendemos que esta decisión se adopte con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, que precisa de una inversión de más de siete millones de euros, que de alguna parte deberán detraerse y no será de lo destinado inicialmente a la red concertada, por lo tanto, será en detrimento, una vez más, de la Escuela Pública”. Han acusado al Departamento de tomar decisiones con “alevosía” y de “falta de respeto” a las organizaciones miembros de la Comisión de Garantías de Escolarización de Secundaria (y Bachillerato), entre ellas FAPAR, ya que no se les informó de este cambio que afecta a la oferta educativa del próximo curso.

El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista ha presentado ya en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para frenar la implantación de la concertación del Bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón. CHA considera que esta medida “no responde a necesidades reales del sistema educativo”. Isabel Lasobras ha señalado que “la concertación del Bachillerato puede provocar un desplazamiento de alumnado hacia centros privados, debilitando progresivamente los institutos públicos”. Añade que esta política “incrementa además las desigualdades territoriales y sociales, beneficiando principalmente a centros privados de grandes ciudades, mientras que el alumnado del medio rural sigue enfrentando desplazamientos para continuar sus estudios”. La proposición no de ley de CHA insta al Gobierno de Aragón a “descartar la implantación de conciertos educativos en Bachillerato”; “renunciar a la concertación del primer ciclo de Educación Infantil y avanzar hacia una red pública suficiente”; “reforzar la red pública educativa aragonesa en todas las etapas”; “priorizar la inversión en los centros públicos”; “garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio aragonés”; y “evitar la externalización de las enseñanzas de Formación Profesional”.

El diputado socialista Jorge Pastor ha criticado el “recorte de Azcón a los servicios públicos y en concreto a la educación pública”, con el anuncio del concierto de Bachillerato realizado hoy. El grupo socialista ha registrado una solicitud de información a la DGA sobre la legalidad y oportunidad de un convenio nuevo para la concertación de Bachillerato, “anunciado en periodo de prórroga presupuestaria, con un gobierno en funciones y mientras el gobierno de Azcón sigue recortando servicios públicos”. “El gobierno en funciones de Azcón solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos”. Así lo ha dicho este mediodía en rueda de prensa el diputado socialista, Jorge Pastor, quien ha asegurado que el anuncio realizado sobre el concierto de Bachillerato para el próximo curso “supone la asfixia de la educación pública”.

Desde Izquierda Unida Aragón han mostrado su rechazo a la decisión. La coordinadora y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que “el Partido Popular vuelve a utilizar dinero público para reforzar el negocio de los centros de la Iglesia, en lugar de fortalecer una red pública que ya cuenta con plazas suficientes y de calidad contrastada en el bachillerato”. Izquierda Unida Aragón denuncia además la “contradicción del Ejecutivo”, que justifica la medida apelando a principios de equidad, planificación educativa y atención a la diversidad. “Los conciertos educativos, lejos de garantizar la equidad, generan segregación, no están preparados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas y aumentan artificialmente la oferta educativa sin responder a la demanda real”, ha subrayado la portavoz. La formación critica también el contexto en el que se adopta la medida: un Gobierno en funciones, sin capacidad de control parlamentario y con presupuestos prorrogados, que decide modificar partidas para destinar 2,7 millones de euros al primer trimestre del próximo curso. “Esto deja claro cuáles son sus prioridades y a quién sirven: no a las aragonesas y aragoneses, sino a los intereses de determinados sectores privados”, ha afirmado Abengochea.

La reforma de las riberas del río Huerva, una actuación financiada con fondos europeos, es solo una muestra de cómo el Gobierno del PP en Zaragoza elude de manera sistemática publicar en el portal de Transparencia las facturas de campañas de publicidad. Al menos cinco pagos han sido destinados a medios de comunicación sin que consten en el apartado correspondiente. En una de ellas, de 6.060 euros para EDA TV –Estado de Alarma, el portal ultra impulsado por Javier Negre–, se especifica según ha constatado este periódico que el banner publicitario tuvo un total de once clics.

En total, solo el año pasado decenas de cargos que no figuran en el apartado de 'gastos de contrato de mediación prensa' de Transparencia y que hay que buscar uno a uno en el registro de facturas fueron destinados a medios de comunicación.

Cuestionado por este diario, el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza remite una vez tras otra al denominado Tablón Municipal, que incluye el desembolso en medios mes a mes. Según consta ahí, el Consistorio gastó 304.296,30 euros el año pasado: en 2024 fueron 283.578,77 euros; en 2023, el desembolso llegó a 334,240,23 euros. Ahí, los beneficiarios son públicos. Sin embargo, el dinero que el Gobierno del PP destina a este fin es mucho mayor, mucho menos aparente y sin correlación clara con la audiencia de los beneficiarios, como marca la normativa.

En principio, el Presupuesto municipal es el que determina el gasto en campañas publicitarias durante el año. En las cuentas aprobadas para el año pasado, la partida de 'Información municipal' ascendía a casi 1,1 millones de euros, con una subida del 160% respecto a los 422.000 euros que destinó Zaragoza en Común en su último presupuesto, el de 2019.

El grueso del gasto va destinado a 'Servicios, asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación', con 900.000 euros; otros 160.000 euros son para 'Información municipal' y el resto, 30.000 euros, a adquisición de material. Sin embargo, este desembolso triplica lo que consta en el Portal de Transparencia, sin que haya más información respecto al resto de campañas de comunicación.

Gastos del servicio de Arquitectura o de Sostenibilidad

Pero es que, al bucear en el registro municipal de facturas, este periódico ha localizado pagos que no salen de la Dirección de Comunicación, sino de servicios distintos como el de Conservación de Arquitectura (una campaña sobre comunidades energéticas), Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico (la del río Huerva), Infraestructura Verde (Zaragoza Florece) o Economía y Consumo (actividades de mercado y comercio), entre otros.

Las decenas de facturas localizadas al margen del Tablón Municipal el año pasado fueron para servicios de comunicación y campaña en medios tanto locales (Enjoy Zaragoza, Extra Digital u Hoy Aragón, entre otros) como a nacionales (The Objective, Ok Diario, El Confidencial, El Debate o EDA TV, entre ellos).

Por ejemplo, en el Tablón Municipal –lo único que se cuelga en el Portal de Transparencia– no consta el año pasado ningún pago en 2025 al portal ultra de Javier Negre y, sin embargo, en el registro de facturas aparecen dos: una de marzo para la campaña del Zaragoza Luce (reportaje, banners y 57 cuñas emitidas) por 3.025 euros y otra para la campaña de implantación de comunidades energéticas en barrios rurales, un gasto de 6.043 euros asignado al Servicio de Conservación de Arquitectura.

Mientras, este año figura en el portal de contratación una factura a favor de EDA TV para una campaña sobre las actuaciones en las riberas del Huerva por la que el Ayuntamiento pagó 5.000 euros más IVA (6.050 euros) por un 'branded content' y un banner publicitario que entre el 13 y el 17 de marzo acumuló 11 clics.

En total, desde 2023 Estado de Alarma ha percibido 34.500 euros del Ayuntamiento de Zaragoza en campañas de publicidad institucional sin que ninguno de estos desembolsos figuren en el correspondiente apartado de Transparencia.

Otros dos ejemplos similares: The Objective y El Debate. El año pasado, según lo trasladado al Portal de Transparencia ambos medios recibieron algo más de 5.500 euros cada uno, la mayor parte provenientes de pequeños pagos mensuales de 330 euros y con una única actividad especial: en diciembre, por 2.600 euros para la campaña de Navidad. Sin embargo, en el registro de facturas el desembolso total en ambos medios nativos digitales superó los 11.500 euros sin IVA en cada caso, con campañas como el Zaragoza Luce, la reforma del Huerva o las comunidades energéticas.

Entre este bloque están también las dos únicas campañas concedidas por el Gobierno de Natalia Chueca a elDiario.es en 2025: sendos gastos de 1.000 euros sin IVA para el Zaragoza Luce y para promocionar el servicio Bizi.

Fuentes municipales han rehusado dar explicaciones sobre todas estas facturas.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Marta Aparicio ha reclamado este lunes al Gobierno de la ciudad que elabore este año el estudio técnico para conocer las necesidades reales de mejora del grupo de viviendas sindicales, Andrea Casamayor, en el distrito de Las Fuentes.

Aparicio, que también es la presidenta de la Junta de Distrito de Las Fuentes, ha presentado una moción que defenderá en el pleno de este mes de abril en la que se exponen las necesidades de esta zona “abandonada” de la ciudad, que en los últimos años “ha sufrido más deterioro”.

En rueda de prensa, la edil socialista ha detallado la moción que consta de varios apartados en los que se incluyen las peticiones que pasan por la renovación de aceras y pavimentos; la realización de una evaluación técnica del estado de las redes de saneamiento y abastecimiento; la mejora del alumbrado público; el impulso en los programas de rehabilitación de vivienda; y también el refuerzo de presencia policial en la zona. “En realidad no estamos hablando ni de medidas locas, ni de medidas inalcanzables, ni tan siquiera para este año estamos hablando de medidas presupuestariamente muy complicadas”, ha comentado Aparicio, para reconocer que “lo más costoso” es “sin duda” la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento, que, al igual que las otras propuestas, necesitarían de un estudio técnico que es el que piden hacer este ejercicio presupuestario.

Para el PSOE, esta moción además de “necesaria” es también “urgente y, además, es de justicia”, porque “no puede ser que en esta ciudad cada vez haya más vecinos de primera y más vecinos de segunda”, ha criticado Aparicio. “Creemos de verdad que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de intervenir en un lugar donde sus vecinos realmente lo necesitan”, ha incidido Aparicio, quien ha invitado a todos los concejales de esta corporación a acercarse hasta este grupo de viviendas sindicales para “conocer los problemas que tienen los vecinos” y que apoyen esta moción.

Cesión de la DGAA

La concejal del PSOE ha recordado que las calles y muchas zonas comunes esta área era años atrás propiedad del Gobierno de Aragón, por lo que la intervención municipal se limitaba a limpiezas y acciones muy puntuales. Sin embargo, en 2021, en el marco de la comisión bilateral, el Ejecutivo autonómico cedió el entorno al Ayuntamiento de Zaragoza, lo que facilitaba jurídicamente no solo la intervención del Consistorio, sino también la inclusión de estas zonas en las contratas del Ayuntamiento como la de limpieza o la de parques y jardines. Pero “cinco años después esto no se ha hecho” y la zona “se ido degradando cada vez más rápido” y se ha generado una situación en la que tanto el espacio urbano como el parque residencial presentan “grandísimos signos de deterioro”.

A las aceras desgastadas, el pavimento en mal estado y la falta de limpieza en espacios “cada vez más degradados que imposibilitan ya el uso cotidiano a los vecinos”, Aparició ha sumado otros problemas “más estructurales” en las redes de saneamiento y de abastecimiento con tramos cuya antigüedad ocasiona “graves averías y serias filtraciones incluso en los pisos con los consiguientes problemas de salubridad y que afectan tanto a los edificios como al espacio público”.

La rehabilitación de edificios, la mejora de las instalaciones comunes, la intervención en las fachadas son actuaciones “absolutamente urgentes y necesarias para no solo garantizar su conservación, sino también para avanzar en la accesibilidad de los vecinos”, ha recalcado Aparicio para apuntar que estos problemas se enmarcan en un contexto social donde la diversidad social convive con “profundísimas desigualdades estructurales”.

Aparicio ha indicado que hay una gran concentración de hogares con bajos ingresos “incluso están dentro del 1% más empobrecido de Aragón en términos relativos”, ha asegurado entre los datos que ha aportado y que avalan la necesidad de intervención. Además, estos vecinos ni siquiera pueden acceder a las ayudas de rehabilitación porque alcanzan alrededor del 40% de la obra y supone que un vecino de ese grupo sindical tiene que desembolsar en torno a 25.000 o 30.000 euros por la rehabilitación y el ascensor de su vivienda.

Por ello, el PSOE ha pedido que se eleven los porcentajes de las subvenciones de rehabilitación y que puedan llegar, en función de la renta, hasta el 80 por ciento, de tal manera que “todos” los vecinos puedan acceder a este tipo de ayudas, pero “a la vista está que, pese a tener mociones incluso aprobadas, poco caso nos han hecho hasta ahora”, ha lamentado.

La concejal socialista ha comentado que en estos últimos cinco años, la zona de Andrea Casamayor ha sido objeto “de muchas promesas que nunca se han materializado; de pequeñas intervenciones superficiales, habitualmente coincidiendo, por casualidad, con periodos electorales; y una gestión que, al final, se ha basado en la dilación, en las excusas; y en la falta absoluta de voluntad política”.

Respuesta municipal

Mientras, el Gobierno de Zaragoza ha replicado a los socialistas que tanto para el grupo de viviendas sindicales de Vizconde Escoriaza como Andrea Casamayor “ya se han destinado” más de 3,5 millones de euros en ayudas y la subvención media alcanza los 26.750 euros por vivienda, cubriendo en muchos casos la derrama o el coste de la obra para evitar el endeudamiento de los propietarios con menos recursos. Además, en el presupuesto de 2026, para rehabilitación de vivienda hay reservados otros ocho millones de euros en el conjunto de la ciudad y, tanto este año como en ejercicios anteriores, el Ayuntamiento “refuerza las ayudas económicas” a familias vulnerables.

Desde 2019, las distintas líneas de ayudas, con fondos europeos o propios de las arcas municipales a través de la sociedad municipal, Zaragoza Vivienda, han destinado a la rehabilitación residencial según el Gobierno del PP en la capital aragonesa más de 50 millones de euros.

Por otro lado, respecto a las infraestructuras públicas, en concreto a las tuberías de saneamiento de esta zona, el Ayuntamiento y Ecociudad han intervenido, motu proprio o mediante avisos de vecinos, en las tuberías de propiedad municipal.

Gobierno de Aragón, agentes sociales y alcaldes, así como la Diputación Provincial de Teruel, van a presentar una declaración conjunta ante el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo una respuesta “clara” a la situación de bloqueo actual tras la reducción del proyecto por parte de Enel (Endesa). La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha mantenido este lunes una reunión en Teruel en la que se ha acordado reclamar una “alternativa que se pueda ejecutar ya”.

Vaquero ha advertido de que las soluciones planteadas hasta ahora “generan más incertidumbre y un problema de seguridad jurídica”, en referencia a la posibilidad de adjudicar a otras empresas la capacidad de acceso no utilizada. A su juicio, esta opción “no está jurídicamente recogida en los términos actuales” y abre interrogantes sobre su aplicación y plazos. En este sentido, ha señalado que incluso en el supuesto de que se pudiera llevar a cabo esa reasignación, “sería necesario iniciar una tramitación que podría alargar aún más los tiempos”, algo que considera incompatible con la urgencia del territorio. “La propuesta no convence y dilata una respuesta que es necesaria”, ha resumido.

La vicepresidenta ha insistido en que “han pasado cuatro años desde la adjudicación” y ha defendido que se trata de “un proyecto estratégico que no puede someterse a más riesgos ni recortes”. Además, ha subrayado que el problema “no se ha generado en el territorio, sino desde el Gobierno de España”, por lo que ha reclamado “una solución clara de quien lo ha creado”. Asimismo, ha reclamado una respuesta conjunta para toda la provincia y ha advertido de que “el futuro de estos pueblos está en juego”. “Se nos ofreció una transición justa y no queremos que sea fallida e injusta”, ha añadido, rechazando además que fondos como el FITE o las ayudas al funcionamiento puedan servir como compensación a la falta de empleo y oportunidades.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha mostrado la “preocupación” de la institución provincial y ha recordado que ya se opusieron al cierre de la central térmica “porque no había un plan de transición previo”. “No tuvimos plan de transición entonces y lo peor es que hoy tampoco lo tenemos”, ha lamentado. “Aquellas ilusiones y los planes de acompañamiento que se anunciaron ahora vemos que tampoco van a llegar”, ha añadido. Juste ha ofrecido a la Diputación como espacio de cohesión para articular una respuesta conjunta: “Ofrecemos la DPT para trabajar en esa unidad de toda la provincia y redactar un documento común para exigir al Ministerio que cumpla lo que nunca cumplió: un plan de transición, actividad económica y empleo”.

Agentes sociales

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha mostrado su respaldo a la postura del Gobierno de Aragón y ha advertido de las consecuencias del recorte del proyecto. “Perdemos una fuente de energía que era la que iba a traer esa industria”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que “la energía que necesitábamos no va a llegar y las empresas que se habían anunciado no están llegando ni van a llegar”. Santa Isabel ha añadido que el problema “responde a una dinámica recurrente en la provincia, donde cada vez que llegan fondos o oportunidades nos encontramos con lo mismo de siempre”.

En la misma línea, el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, ha reclamado una explicación clara sobre la situación actual del proyecto. Ha recordado que el concurso partía de una potencia inicial de 1.800 megavatios y que Endesa ha reducido su desarrollo a unos 400. A su juicio, las alternativas planteadas en las últimas semanas “no son muy legales” y ha pedido una reunión para “que nos expliquen la verdad, que no nos mareen más”. Blasco ha advertido de que, si la situación se prolonga, “se van a cargar otra comarca” y ha alertado de las consecuencias en el empleo: “Si las empresas no vienen, moriremos todos; si esto se alarga uno o dos años, nos quedaremos sin gente para trabajar”.

Desde el ámbito sindical, Alejo Galve (UGT), ha considerado que el cierre de la central térmica fue “precipitado” y ha sostenido que “no había planificación suficiente”. En su opinión, la situación actual demuestra que “no se ha ejecutado bien el proyecto y nos encontramos con una incertidumbre total en el territorio”. Galve ha defendido la necesidad de una respuesta conjunta y ha apelado a la unidad institucional y social: “Es fundamental para el mantenimiento de la provincia. Tenemos que hacer manifestaciones conjuntas, reunirnos con el Ministerio y buscar una solución que afecte a toda la provincia y a la comunidad”.

La declaración conjunta, según han avanzado, se formalizará en los próximos días y tendrá como eje principal exigir una solución inmediata que no prolongue la incertidumbre.

Recorte de la potencia

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se planteó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos procedían del propio Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso objeciones, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico. Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones.

La semana pasada, la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se reunió con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le trasladó que desde el Ministerio trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar conforme a la DIA. Carreras descartó un nuevo concurso y apuntó que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicaría a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

El presidente ejecutivo de Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido este lunes en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, haber mantenido una reunión con el exdirigente socialista Santos Cerdán, aunque ha negado cualquier relación empresarial tanto con él como con la empresa Servinabar. Sí ha admitido, no obstante, haber ejercido como facilitador en su relación con Antxón Alonso, socio de Cerdán.

Samper, que ha sido llamado en la mencionada comisión en relación con el caso de las mascarillas, ha explicado que coincidió con Alonso en encuentros celebrados en Pamplona y en el País Vasco, en los que también mantuvo contactos con representantes del PNV, PSE y EH Bildu. “Hablamos de posibles colaboraciones, centros de datos… Con Antxón he trabajado para que defendiera mis proyectos, pero no trabajaba para mí”, ha señalado.

Asimismo, ha matizado que no fue él quien buscó a Alonso, aunque no ha aclarado cómo se conocieron. Sobre Cerdán, ha insistido en que “no tuvo nada que ver” en sus actividades empresariales. “Con él estuve en una ocasión a través de Antxón Alonso. No ha hecho ningún negocio conmigo, ni tampoco Servinabar”, ha subrayado.

Durante su comparecencia, Samper ha asegurado no conocer en absoluto a Koldo García, ni a José Luis Ábalos, ni a Leire Díez. “No los conozco ni tengo nada que ver con ellos. No he estado jamás en mi vida con Koldo”, ha afirmado con rotundidad.

El empresario también ha rechazado cualquier vinculación con el caso de las mascarillas, recordando que tanto él como su familia realizaron donaciones durante la pandemia: un millón de euros al Gobierno de Aragón y 350.000 euros al Ejecutivo central.

Reunión con Sara Aagesen

Samper se ha acogido a su derecho a no responder determinadas preguntas relacionadas con asuntos bajo secreto de sumario. No obstante, ha indicado que conoce a la exvicepresidenta Teresa Ribera “por los medios”, aunque nunca ha tenido trato directo con ella. Sí mantuvo, en cambio, un encuentro en La Moncloa con su sucesora, la actual ministra Sara Aagesen, cuando esta era secretaria de Estado de Energía el 2 de febrero de 2024. dato confirmado por fuentes del Ministerio, en la que participaron varias empresas del sector energético para abordar la relevancia de la cadena de valor europea frente a Asia. Según ha relatado Samper, también estuvieron presentes Manuel de la Rocha y un director de Energía. “Toda la conversación fue sobre tecnología”, ha precisado.

Mientras, el empresario ha declinado responder a otras cuestiones “para no cometer un delito de revelación de secretos”, al tratarse de diligencias bajo secreto de sumario, y ha señalado su intención de comparecer primero ante un juez. Muchas de las preguntas estaban relacionadas con Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, a quien la UCO vincula estrechamente con el empresario aragonés. En cualquier caso, Samper ha asegurado que Teresa Ribera “no intercedió en nada”.

Por último, Samper ha defendido el liderazgo de España en energías renovables y ha explicado que, tras desvincularse del grupo familiar en 2010, estuvo presente en el momento en que cambió el modelo de subastas. “Podría haber acaparado el 80% o el 90% de los puntos en toda España”, ha afirmado.

En 2016, durante el mandato del ministro José Manuel Soria, llegó a adjudicarse el 60% de los megavatios ofertados. “Era una subasta modelo y podría haber accedido hasta al 600%, pero no lo hice por prudencia, porque entendí que debía desarrollar mi propio modelo”, ha explicado. Según recuerda, aquella subasta supuso el fin de las primas y generó fuertes críticas, aunque posteriormente el sistema se consolidó como referencia para el desarrollo de proyectos renovables, incluyendo la siguiente subasta, ya con Alberto Nadal.

Tramitación en Aragón

El empresario también ha tenido que dar explicaciones sobre las gestiones de Forestalia en el clúster del Maestrazgo (Teruel), un megaproyecto que contempla 22 parques eólicos y sobre el que pesan acusaciones de fraccionamiento para eludir una tramitación ambiental más exigente.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) era el encargado de emitir las declaraciones de impacto ambiental al estar por debajo de 50 MW. Su entonces director, Jesús Lobera, es señalado en un informe de la UCO como una “figura central” en las supuestas presiones. Samper ha reconocido que conocía a Lobera, pero se ha desvinculado de cualquier presión sobre funcionarios o de haber influido en apartar a técnicos de los expedientes. En concreto, se ha referido a la funcionaria Ainhoa Ruiz, quien denunció haber sido relegada por oponerse a una presunta trama de corrupción. “Ainhoa trabajó en mi empresa y la despedí por mala trabajadora. Sé lo que hizo en mi casa. Y esta señora irá a los tribunales en algún momento”, ha afirmado tajantemente.

Asimismo, ha negado irregularidades en las relaciones con empresas vinculadas a la familia de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Según ha explicado, los senadores han sacado de contexto prácticas habituales en la fase de desarrollo de proyectos, cuando se presentan avales y se negocia la prelación. “Se entra en negociación con distintas sociedades y se intercambian proyectos para ganar eficiencia”, ha señalado, asegurando que este tipo de acuerdos no solo se produjeron con la empresa vinculada a Sumelzo, sino también con otras de mayor tamaño y relevancia.

Críticas políticas la comisión

El senador socialista Ramón Morales ha sido el único que no ha formulado preguntas al compareciente, al considerar que la comisión de investigación se ha convertido en un “cajón de sastre”. Morales ha acusado al PP de utilizar este órgano con fines políticos y de “generar ruido” mientras mantiene abiertas otras investigaciones propias. A su juicio, una comisión de investigación debe servir para esclarecer hechos concretos, “no para impulsar campañas políticas como está haciendo el PP”. El senador ha cuestionado además la pertinencia de algunas comparecencias, incluida la de Samper, en relación con la investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. “Nos preguntamos qué tiene que ver la comparecencia de hoy con las mascarillas. Vamos por fascículos en este circo en el que el PP ha convertido el Senado”, ha afirmado. Asimismo, ha denunciado la proliferación de nuevas comisiones —tres más, según ha indicado— y ha criticado el coste que suponen para las arcas públicas. “Buscan ruido y fango, y no actuamos igual ante los casos de corrupción”, ha añadido, antes de concluir que la presencia de Samper responde a “la desesperación del PP”.

La senadora del PP, Rocío Dívar, por su parte, denuncia que en torno a Forestalia y el PSOE existe “un patrón sistemático de procedimientos trucados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados”. A su juicio, el grupo empresarial de Samper ha concurrido pero en competencia desleal “y alguien le facilitó el camino” y ha concluido asegurando que “hoy no acaba nada, sino que empieza a entenderse todo”, a lo que el empresario ha contestado que se ha excedido en tal valoración y remitiéndose al juicio en los tribunales para demostrar su verdad.

Igualmente, las senadoras que han interpelado al empresario desde el grupo Mixto y Vox, Mari Mar Caballero y Paloma Gómez, respectivamente, han tratado sin éxito de obtener respuesta a muchas de sus preguntas por considerar que obedecen a investigaciones que están bajo secreto de sumario, aunque sí han conseguido desvelar algunos encuentros de Samper como su relación con el exministro y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, del que ha dicho que ha estado con él, han hablado “muchas cosas”, pero que “todavía” no le ha pedido ningún favor.

Metido ya de lleno en abril y con la Semana Santa a punto de concluir, Aragón va camino de completar un cuatrimestre con la actividad política bajo mínimos, lastrada por las limitaciones del Gobierno en funciones y sin perspectivas a corto plazo de que la situación cambie. La convocatoria del 8 de febrero forzada por el presidente Jorge Azcón, formalizada a mediados de diciembre, supuso el punto de partida de la carrera electoral y a su vez el final de facto de la XI Legislatura. Ahora, bien entrado 2026 y con un presupuesto prorrogado, el pulso sigue siendo mínimo.

“Es verdad que hay determinados acuerdos que la ley no nos permite tomar”, reconoció el propio jefe del Ejecutivo en funciones esta semana. Una idea que los consejeros reconocen en privado y también alguna vez en público, como el titular de Sanidad, José Luis Bancalero, que días atrás admitió que el margen de maniobra del Gobierno hoy por hoy no es infinito. Lo hizo con su tono habitual para referirse a los sindicatos sanitarios ante la huelga de médicos convocada: “Un Gobierno en funciones tiene capacidad para escuchar y dialogar, pero tiene muchas limitaciones. Yo insto a que se repasen la normativa y lo entenderán. Una de ellas es que no podemos llegar a acuerdos que tenga un impacto organizativo o sobre la Hacienda pública. Y las reivindicaciones que ponen sobre la mesa implican una alta carga de financiación”, evidenció Bancalero.

La agenda del Ejecutivo en funciones mantiene en apariencia un ritmo considerable, aunque la mayoría de las convocatorias públicas son de actuaciones en marcha del año pasado o bien de acompañamiento institucional a terceros organismos, como asociaciones o fundaciones. Es un reflejo de las propias limitaciones que marca la normativa autonómica –en concreto, la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón– a un gabinete en situación de interinidad, como el actual.

Inversiones paralizadas

Una de ellas es la imposibilidad de conceder ayudas de forma directa ni autorizar expedientes de contratación cuyo valor estimado supere los tres millones de euros, o acuerdos de concesión de subvenciones de importe superior a 900.000 euros. Una consecuencia práctica: el impulso de la residencia Luis Buñuel de Teruel se ha truncado de nuevo. “El proyecto está listo; lo que hace falta es que se forme el Gobierno de Aragón para que se pueda hacer esa licitación de más de cuatro millones de euros”, admitió la alcaldesa, la popular Emma Buj, en el pleno del pasado 30 de marzo. “En dos años y medio no ha habido un ápice de intención de moverlo”, le afeó antes el concejal socialista Diego Piñeiro.

Donde sí ha actuado el Ejecutivo en funciones, aunque sin contentar del todo a los afectados, ha sido para paliar los efectos de la dermatosis nodular contagiosa, para la que anunció días atrás un plan extraordinario dotado con más de tres millones de euros. Eso sí, con distintas partidas, según la información oficial: más de 800.000 euros para el pago de indemnizaciones a los dos ganaderos de Borrastre que tuvieron que sacrificar a vacas o 750.000 euros para la contratación de personal destinado al control de vacunaciones, la vigilancia o la toma de muestras.

Ausencia de ayudas por la guerra de Irán

Sin embargo, el lastre afecta a las iniciativas que el Gobierno autonómico podría impulsar para hacer frente a los perjuicios del conflicto en Oriente Medio, con un rescate al transporte o la industria para el que no hay margen. Numerosas comunidades autónomas han anunciado ya cientos de millones de euros en paquetes de ayudas, con el País Vasco, Catalunya, Castilla y León, la Comunitat Valenciana o Navarra entre ellas.

Otra limitación tiene que ver con la aprobación de proyectos de ley, el principal vehículo normativo del Ejecutivo. Esto provoca que iniciativas legislativas como la ley autonómica de vivienda o la de la mujer rural continúe en un limbo mientras no haya gobierno.

En la Cámara, ni siquiera el cargo de la presidenta, la popular María Navarro, se da por seguro: la negociación con Vox puede hacer que, en el reparto de cargos, la segunda autoridad de la comunidad autónoma pase a recaer en la extrema derecha, como sucedió en la legislatura pasada. Un síntoma claro de ello es que hasta el propio equipo de Navarro tiene carácter interino: tanto su director de gabinete como la jefa de prensa forman parte del grupo del PP en las Cortes.

Sin Premio de Aragón 2026

Aunque Azcón se mostró esta semana convencido de que “en los próximos días y en las próximas semanas se van a acelerar” los contactos con Vox, lo cierto es que cada vez parece más complicado que se resuelvan en las próximas dos semanas. Esto dará lugar a un hecho sin trascendencia en materia de gestión pero de gran simbolismo: el presidente en funciones no podría entregar el Premio Aragón, el máximo galardón que concede el Ejecutivo autonómico, dado que estando en funciones el Gobierno regional tiene vetado “conceder honores y distinciones”.

En esta coyuntura de parálisis, el Ejecutivo tampoco puede, por ejemplo, suscribir convenios para la creación de escuelas infantiles, para finalizar estas instalaciones de carácter municipal o para equipamientos públicos.

A nivel político, las críticas por la “hibernación”, como la calificó Pilar Alegría, se han dejado escuchar del bando socialista. La portavoz del Gobierno central, Elma Sáiz, criticó recientemente que la falta de acuerdos entre el PP y Vox, que responde a “intereses que no responden al interés general”, impiden tomar medias que refuercen la colaboración entre administraciones.

Políticas activas de empleo

Por parte de los agentes sociales, las respuestas varían. Desde la patronal, CEOE Aragón elude hacer valoraciones, pese a que en otros momentos su recién elegido presidente, Benito Tesier, no ha dudado en criticar al Ejecutivo central por su respuesta “insuficiente” frente a la guerra de Irán.

Desde UGT Aragón, su secretario general, José Juan Arcéiz, ha reclamado esta semana a la clase política “que se forme un gobierno cuanto antes”, de manera que se puedan “ejecutar los presupuestos con rapidez”. Como ejemplo, Arcéiz mencionó el hecho de que hay “partidas de políticas activas de empleo que tienen dificultad para ser aprobadas”.

Más explícito se muestra el secretario general de Comisiones Obreras Aragón, Manuel Pina. “No es una parálisis total, porque el Gobierno sigue funcionando, pero esta situación genera problemas”, señala Pina, quien se muestra crítico con el hecho de que Azcón adelantara las elecciones con el argumento de que no se había aprobado un presupuesto y, cuatro meses después, la situación ha empeorado. “Hay preocupación entre los agentes sociales, es algo que comentamos entre nosotros. Pediríamos que el Gobierno se ponga a gobernar de verdad. Porque a la interinidad se suma la prórroga presupuestaria, que lo hace peor aún”, resume el líder sindical.

El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire. El Ayuntamiento ha confirmado este miércoles que la nueva adjudicataria no asumirá la gestión hasta el 3 de noviembre, después de que no se haya cerrado el acuerdo entre las empresas implicadas. Mientras tanto, la actual concesionaria seguirá al frente del recinto durante toda la temporada en aplicación de la orden de continuidad prevista en los pliegos.

El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha explicado que la falta de acuerdo entre los socios de Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment y en un 20% por PAZ, de la familia Morte y actual gestora— obliga a volver al calendario inicial. “No se ha alcanzado un acuerdo y eso nos lleva a aplicar el pliego”, ha resumido.

Detrás del retraso hay un problema económico. Según ha detallado Lorén, las diferencias entre las partes se centran en el precio de las atracciones que deben pasar de la gestora actual a la nueva sociedad. A eso se suma el malestar del socio mayoritario, el grupo inversor Fénix, al conocer la situación preconcursal del minoritario, lo que ha terminado de tensar la negociación.

El concejal ha reconocido que el Ayuntamiento ha intentado actuar como “mediador” para desbloquear la situación lo antes posible. Según Lorén, se han mantenido diversas reuniones con el objetivo de que el traspaso fuese “lo más rápido posible”, incluyendo un encuentro este mismo martes en el que se trasladaron las discrepancias económicas entre los socios. Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo en dicha reunión —convocada a petición del actual concesionario—, el Consistorio se ha visto obligado a desistir en su intento de acelerar los plazos y regresar a las fechas inicialmente previstas en el pliego para evitar que el parque cierre.

Pese a todo, desde el Ayuntamiento insisten en que el concesionario es Moncayo y que sus problemas internos no deberían afectar al proceso. La empresa, de hecho, ha trasladado su intención de seguir adelante con el proyecto, ha dicho Lorén. Fenix, que aportó una fianza de 600.000 euros —la más elevada jamás depositada para esta concesión—, habría mostrado incluso interés en comprar la parte de los Morte dentro de Moncayo Leisure, lo que podría acelerar una eventual salida de la familia del accionariado. Los pliegos establecen que este movimiento tendrá que estar amparado por el Consistorio.

Sin acuerdo con los sindicatos

La parálisis administrativa se traduce en un escenario crítico para la plantilla. Actualmente, 81 trabajadores vinculados a la familia Morte viven en un limbo legal y operativo, ya que siguen dependiendo de la concesionaria actual mientras la nueva sociedad aún no ha asumido la subrogación prevista al no haberse firmado el acta de entrega.

De ellos, 29 empleados fijos acuden a diario a sus puestos en un recinto sin actividad alguna. “Están yendo a trabajar, pero no hacen nada”, lamentan desde el comité de empresa de CCOO, describiendo la estampa de un parque “desierto”. Peor es la situación de los 50 fijos discontinuos, que ni siquiera han sido llamados para iniciar la temporada. El sindicato, que mantiene la negociación del ERTE abierta hasta el 6 de abril, ha exigido informes financieros para entender cómo una empresa que acaba de ganar una concesión para 50 años pretende entrar ahora en concurso de acreedores. Ante este escenario, Lorén ha rechazado hacer declaraciones y ha reiterado que la gestión de la plantilla es “responsabilidad de la empresa”.

Pese a la situación, el Gobierno municipal sostiene que el parque abrirá esta temporada. La orden de continuidad obliga a la actual gestora a hacerlo “en las mismas condiciones” que hasta ahora, aunque será la empresa quien marque los tiempos. “No hay ningún indicio de que no se vaya a abrir”, ha insistido Lorén. En los pliegos, dicha cláusula establece que esta concesión es de interés público, por lo que se establece que si la adjudicación definitiva se retrasa de forma que impida firmar el acta de entrega antes del 28 de febrero, el gestor anterior está obligado a garantizar la continuidad de la actividad durante toda la temporada, desde el 1 de marzo hasta el 3 de noviembre.

El concejal también ha querido quitar hierro político al asunto y ha recalcado que la renovación no responde a un “proyecto estrella”, sino a la finalización de la concesión anterior.

El PSOE cuestiona un proceso “sin transparencia”

El portavoz socialista Horacio Royo ha cargado con dureza contra la gestión municipal y ha advertido de que el Ayuntamiento lleva semanas sin exigir el cumplimiento del contrato. “Hay un proceso al que concurrió una empresa que ganó la concesión, que se firmó en enero y solo está pendiente de que se entreguen las instalaciones”, ha señalado Royo, para quien la excusa de las discrepancias entre socios no justifica que el consistorio haya decidido no forzar la entrega. “Es un asunto interno de esas dos empresas que el Ayuntamiento ha considerado suficiente para no hacer cumplir el pliego”, ha criticado.

El socialista también ha cuestionado la transparencia del proceso, recordando que la prórroga de la concesión actual —prorrogada del 28 de febrero al 31 de marzo— se concedió “sin transparencia” y que ya en el último pleno su grupo advirtió de que nada generaba confianza en la actuación del gobierno.

Royo ha puesto el foco especialmente en la situación de los trabajadores. “Hablamos de algo muy serio: 81 familias que dependen de manera directa del parque”, ha señalado, añadiendo que otras empresas colaboradoras también se verían arrastradas si el parque no abre. Para el PSOE, el escenario más probable es precisamente ese: que el parque no llegue a abrir en toda la temporada. “El señor Lorén no lo ha garantizado, ha respondido con evasivas”, ha afirmado. Los socialistas han anunciado que pedirán la comparecencia de Lorén en el Ayuntamiento y exigirán que asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido.

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ironizado este martes sobre las quejas de Teruel Existe e Izquierda Unida por el recorte en sus recursos, afirmando que “los lloros de Guitarte van a provocar que salga el 'safety car'”, en referencia a la Fórmula 1. También ha calificado la comparecencia de ambos grupos como un “espectáculo dantesco” y ha asegurado, horas después de multiplicarse la asignación para personal, que mientras “otros discuten de la pasta” ellos están “para hablar de políticas”.

Las declaraciones llegan a raíz de que Teruel Existe e IU denunciaran una reducción de en torno al 54% en la partida de personal dentro del nuevo reparto de asignaciones aprobado por PP, PSOE y Vox, un recorte que —según sostienen— compromete su capacidad de funcionamiento parlamentario.

Nolasco ha restado importancia a estas críticas y ha asegurado que “la asignación que reciben IU y Teruel Existe permite perfectamente el funcionamiento de las agrupaciones parlamentarias”. Además, ha celebrado que la diputada de IU, Marta Abengoechea, reconociera que “no es una cuestión ideológica”, para concluir que “en efecto, ellos no están aquí por ideología ni compromiso con los votantes”.

El portavoz de Vox ha acusado a ambas formaciones de “retorcer el reglamento” y de utilizar conceptos como “proporcionalidad corregida” para reclamar más recursos. “Lo que quieren es más pasta para colocar a su gente”, ha afirmado, añadiendo que “así les ha ido en las urnas priorizando sus intereses económicos antes que el programa político”.

En la misma línea, ha criticado que “a IU le parece poco tener 117.000 euros al año para su funcionamiento con un escaño, cuando hay miles de familias aragonesas que no alcanzan esa cifra entre todos sus miembros”.

Frente a estas críticas, Nolasco ha defendido la actuación de su grupo y ha asegurado que Vox está centrado en “hablar de políticas”, citando medidas como la “lucha contra la inmigración ilegal”, la “limpieza de ríos”, la “bajada de impuestos” o la “ordenación de las energías renovables”.

Alejandro Nolasco ha comparado que “mientras ellos discuten hablando de la pasta, Vox se encuentra en este parlamento para hablar de políticas”. Las declaraciones del portavoz se producen en un contexto en el que Vox es el grupo que más incrementa su financiación en personal, con un aumento del 96,61%, hasta los 422.749,18 euros, al haber doblado el número de diputados, pasando de siete a 14. Sin embargo, esta correlación entre el aumento de diputados y la financiación no se ha dado en el caso de Chunta Aragonesista, que también duplicó su representación, pero cuya partida solo ha aumentado un 36%.

PP, PSOE y Vox han llegado a un acuerdo respecto a las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en concepto de subvenciones para gastos de funcionamiento y gastos de personal que “estrangula a los grupos pequeños”. Así lo han denunciado este martes Teruel Existe e Izquierda Unida, que ven reducida la partida de personal en un 54%, lo que, en el caso del segundo “impide contratar a una persona a jornada completa”.

Las asignaciones, aprobadas por los tres principales grupos de la Cámara, se han diseñado —según critican los grupos minoritarios— sin mantener el criterio aplicado en legislaturas anteriores, que incorporaba mecanismos de corrección para garantizar un mínimo de recursos a las formaciones con menor representación. Según ha explicado Tomás Guitarte: “En estas Cortes siempre que ha habido un grupo con una representación inferior a 14 diputados, estas formaciones tenían una serie de recursos mayores que los que corresponde a su proporcionalidad porque el reglamento así lo recoge, son recursos mínimos para que puedan ejercer su función”.

El nuevo reparto se produce en un contexto de reconfiguración parlamentaria tras las últimas elecciones. El PP ha perdido dos diputados, el PSOE cinco, Vox ha pasado de siete a 14, CHA de tres a seis, Teruel Existe ha pasado de tres a dos diputados e Izquierda Unida mantiene un escaño. La Cámara cuenta además con dos grupos menos tras la desaparición de Podemos y el PAR.

Pese a esta nueva aritmética, los grupos minoritarios denuncian que el reparto de recursos no se ha ajustado de la forma proporcional en función del número de escaños y las variaciones respecto a la legislatura anterior. En el caso del PP, la asignación de personal aumenta un 22% pese a la pérdida de diputados. El PSOE apenas varía su dotación. Vox ha visto duplicada la partida a personal. Algo que no se corresponde con lo que ha ocurrido con Chunta Aragonesista, que también duplicó su representación y cuya partida ha aumentado solo en un 36%. Jorge Pueyo ha mostrado su apoyo acompañando a Abengoechea y Guitarte en la rueda de prensa conjunta que estos han dado.

Sin embargo, los grandes damnificados de esta propuesta son Teruel Existe e Izquierda Unida. Este último aún más, ya que mantiene la misma representación que en las últimas elecciones y, a pesar de ello, pierde el 54% de la financiación en personal. Teruel Existe ha perdido un diputado y ha visto reducida la cuantía en el mismo porcentaje que IU. Los dos partidos denuncian un “cambio de criterio” que rompe el consenso histórico de la Cámara y “pone en riesgo su funcionamiento”. La situación es especialmente llamativa cuando en esta legislatura hay dos grupos políticos menos: “Había más dinero a repartir”, destaca la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengoechea.

Sostiene además que la propuesta de Vox, PP y PSOE aplica un criterio “arbitrario de proporcionalidad pura” que resulta “profundamente injusto” y deja a los grupos minoritarios con su funcionamiento “gravemente comprometido”. Abengoechea afirma que el grupo mixto ha presentado hasta cuatro propuestas alternativas que no han sido aceptadas y critica que, con menos diputados en la Cámara, los grandes grupos “salen ganando” mientras los pequeños “pierden pese a mantener su representación”: “Con unos 30.000 euros asignados no se puede ni mantener una jornada completa”, ejemplifica Abengoechea.

“El PSOE, perdiendo diputados, gana recursos; no responde a ningún criterio democrático”, sostiene. También acusa al PP de “plegarse a las exigencias de Vox” en un acuerdo que, en su opinión, supone un “mercadeo” entre los grupos mayoritarios a costa de los minoritarios.

Abengoechea también ha destacado que la carga de trabajo de los grupos minoritarios es alta, ya que, en su caso, solo es una persona la que acude a las comisiones: “Vamos a ver gravemente comprometido nuestro funcionamiento tanto de actividad parlamentaria como de representación de la ciudadanía”.

“Un intento de estrangular a los grupos pequeños”

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ratifica este diagnóstico y sostiene que la decisión supone una ruptura con la práctica habitual de las Cortes, que hasta ahora garantizaban “recursos mínimos suficientes” para el funcionamiento de los grupos con menor representación. Guitarte denuncia que la aplicación de un reparto estrictamente proporcional hace “inviable” el cumplimiento de las funciones parlamentarias básicas y “vacía de contenido” el artículo 51 del reglamento de la Cámara.

El portavoz de Teruel Existe acusa además a PP, PSOE y Vox de actuar de forma coordinada para repartirse los recursos: “Son grupos incapaces de llegar a acuerdos en otras materias, pero se ponen de acuerdo para repartirse las subvenciones”. También hace referencia a las cantidades que el PSOE y el PP tendrían que reducir de sus partidas: “Con una financiación total de 1.100.000 euros se niegan a ceder 27.000 en el caso del PSOE o 58.000€ el PP, que cuenta con un millón y medio de euros. Para ellos son cantidades irrisorias que permitirían el correcto funcionamiento de los grupos minoritarios. Aparte de injusto es incomprensible”.

Ambos portavoces agradecen el apoyo de CHA y defienden que el conflicto trasciende lo ideológico. “No es una cuestión política, sino de defensa de la democracia”, subraya Abengoechea. Guitarte concluye que la decisión compromete el derecho de los diputados a desarrollar su labor con garantías: “Se está actuando por la vía de los hechos, limitando la capacidad de trabajo de los grupos minoritarios”.