La Junta de Castilla y León aprueba un paquete de ayudas por 287 millones para paliar los efectos de la guerra

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anunciado paquete de ayudas, por importe de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a estas ayudas que se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias.

De entre estos bloques, Carriedo ha detallado que el que absorbe más fondos es el vinculado a la merma de ingresos en las arcas autonómicas que implica el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central, con 117,4 millones; seguido de los 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.

Carriedo ha defendido que se trata de una respuesta rápida por parte de la Junta, al tratarse de una de las primeras autonomías en aprobar ayudas de este tipo, y ha añadido que aunque algunas de las medidas tienen como horizonte temporal el próximo 30 de junio, otras tienen vocación de permanencia, al entender que se trata de medidas estructurales que seguirán vigentes haya o no guerra en Oriente Medio, como las vinculadas al transporte de viajeros en autobús.

Como sectores más afectados, el portavoz de la Junta ha asegurado que estas medidas han sido tomadas tras mantener contactos con asociaciones de industriales, transportistas y con las organizaciones profesionales agrarias.

Ha reconocido que puede que con estas medidas no den “satisfacción completa” a las reivindicaciones de los sectores, pero ha asegurado que la financiación queda “garantizada”, pese a estar actualmente el Gobierno autonómico en funciones, sin tener referencias claras sobre la duración de esta crisis de precios energéticos.

Preguntado por la posibilidad de deflactar el IRPF para compensar la subida de precios, tal y como reclama el PP a nivel nacional, Carriedo ha respondido con la propuesta de su partido para rebajar el tramo autonómico del mismo impuesto, pero sin referencias a la deflactación.

En este sentido, Carriedo ha explicado que al estar en funciones el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley en este sentido, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para constituir pronto un nuevo Gobierno que dé “estabilidad y confianza”.

No obstante, ha subrayado que desde el Gobierno autonómico en funciones asumirán “todos los restos y desafíos” que se presenten: “Que haya un gobierno en funciones no significa que haya un gobierno que no funciona”, ha resumido Carriedo, convencido de que tienen la “obligación de funcionar y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.