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Pedro Águeda

Periodista encargado de los temas judiciales y de seguridad, comenzó su carrera en la agencia Europa Press. De ahí pasó a integrar la redacción del periódico 'Público' hasta su cierre. Ha colaborado en distintos medios escritos y audiovisuales. Desde octubre de 2013 forma parte del equipo de redacción de eldiario.es.
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El Tribunal Supremo arruina la tesis de la violencia en el procés que ha intoxicado la política española durante dos años

Una nueva amenaza separatista y violenta. Con las connotaciones que tiene para un país que sufrió durante cuatro décadas la acción de una banda terrorista, la tesis jurídica de que el soberanismo catalán incluyó la violencia en el tramo final de su plan hacia la independencia ha monopolizado el debate político de los últimos dos años.

La sentencia del Tribunal Supremo circunscribe ahora esa supuesta violencia estructural a hechos puntuales que no formaron parte de plan organizado alguno. Pero la tesis contraria sirvió en su momento para sostener la acusación por rebelión, la consecuente suspensión de Carles Puigdemont y el resto de procesados, y para apuntalar la medida cautelar de prisión provisional en virtud de la grave pena que lleva aparejado el delito: hasta 30 años de cárcel.

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El juez Llarena emite una nueva orden europea de detención contra Puigdemont por sedición y malversación

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica. El auto de Llarena indica que los delitos por los que debe ser arrestado Puigdemont son sedición y malversación de caudales públicos. A la decisión del juez le ha precidido una solicitud en ese sentido por la Fiscalía, que estudia en estos momentos solicitar la reactivación de la euro-orden para el resto de huidos, según fuentes jurídicas. 

El auto recuerda que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados por el 1-O este mismo lunes no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.

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El Tribunal Supremo descarta la rebelión al describir el procés como un "engaño" de sus líderes a los ciudadanos

La argumentación del Tribunal Supremo para condenar a nueve líderes políticos y sociales de Catalunya por un delito de sedición y no de rebelión incluye una valoración del proceso soberanista según la cual éste fue un “engaño” de los procesados -tanto los condenados como los huidos- a los “ilusionados ciudadanos” favorables a la independencia. Los siete jueces del tribunal que ha juzgado el 1 de octubre concluyen que los abanderados del proceso soberanista tenían como objetivo real forzar al Estado a pactar una consulta, no a instaurar de facto la independencia.

"Los ilusionados ciudadanos, que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar", recoge el fallo, redactado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

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El Supremo condena a 13 años de prisión a Junqueras, a 11 años y medio a Forcadell y a 9 a los 'Jordis'

El Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación al líder de ERC, Oriol Junqueras. Por los mismos delitos, aunque a penas de 12 años, han sido condenados los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell la pena impuesta por el tribunal ha sido de 11 años y medio de cárcel solo por sedición, único delito por el que también han sido condenados los exconsellers Joaquin Forn y Josep Rull a 10 años y seis meses de prisión. Para el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, la condena es a nueve años. Los exconsellers que permanecían en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, han sido condenados por desobediencia y no entrarán en prisión.

El tribunal concluye que los condenados idearon una "estrategia concertada" con "reparto de papeles", que en realidad no buscaba la independencia sino alcanzar una negociación con el Estado. De ahí que los jueces consideren que la violencia que se dio en el procés no encaja en el tipo penal de la rebelión, ya que alteró el orden público –tal y como castiga la sedición– pero no buscó en la práctica romper la integridad territorial del Estado. Así, el fallo explica que la violencia debería haberse dado de un modo “instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes” y que no fue así.

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Objetivo 'Angola': treinta años de impunidad para el coronel de la Guardia Civil investigado por narcotráfico

La Guardia Civil tardó 25 años en reunir los indicios suficientes para imputar al coronel Francisco García Santaella un delito de narcotráfico, la actividad con la que sospechaba se ha enriquecido durante su carrera en el instituto armado. Un tribunal absuelve ahora al mando porque el delito había prescrito cuando por fin se abrió la primera investigación judicial contra él. eldiario.es ha tenido acceso a informes confidenciales del Servicio de Información que sitúan la primera investigación interna a Santaella en 1990. Se llamó 'Operación Alcapone' y nunca llegó a un juzgado porque los investigadores no encontraron vínculos entre el aumento del patrimonio del entonces capitán y el tráfico de drogas.

eldiario.es desveló el 22 de abril de 2015 que García Santaella estaba imputado en una causa secreta de un juzgado de Granada. En ese momento ocupaba un puesto en la Subdirección de Personal de la Guardia Civil y tenía despacho a pocos metros del entonces director general, Arsenio Fernández de Mesa. La noticia provocó la inmediata destitución del coronel con la explicación oficial de que el juzgado acababa de comunicar su situación a la Dirección General. García Santaella había sido condecorado con la Cruz de Plata al Mérito dos meses antes y tras su cese siguió ocupando un pabellón oficial, que no dejó hasta su procesamiento en 2017.

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VÍDEO | Tejero es homenajeado 38 años después del golpe de Estado entre gritos de "arriba España" y "viva Franco"

24 de septiembre de 2019. Treinta y ocho años después del golpe de Estado, el que fuera teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero es homenajeado por Fuerza Nueva Andalucía. Su intervención ante un salón con varias decenas de comensales termina con un brindis en el que el militar golpista grita "arriba España". Los presentes responden con otras consignas, entre ellas "viva Franco". La escena tiene lugar en un restaurante de una pedanía de Vélez-Málaga.

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Cifuentes niega ante el juez conocer la caja B del PP madrileño que funcionó mientras ella era dirigente del partido

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha declarado durante más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP madrileño. Durante la declaración ha negado conocer la existencia de una caja B durante los años en los que ella perteneció al comité de dirección del partido en Madrid y ha defendido la legalidad de los contratos al empresario Arturo Fernández, sobre los que recae la sospecha de que fueron una contrapartida por las aportaciones del dueño del Grupo Cantoblanco al PP a través de Fundescam, informan fuentes presentes en la declaración.

A preguntas de la fiscal Carmen García Cerdá, Cifuentes ha negado tener constancia de la existencia de esa caja B, el principal objeto de la pieza de Púnica por la que ha declarado como investigada. Tras su declaración, en una breve intervención ante los medios en la que no ha aceptado preguntas, ha asegurado que su "principal participación" en esta causa fue personar al Gobierno como acusación particular "en defensa de los intereses de los madrileños" cuando todavía era presidenta del Ejecutivo regional.

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Un mando investigado en el caso Villarejo atribuye al policía asesor de Cospedal la autoría del informe PISA contra Podemos

Más de tres años después de la operación orquestada en el Ministerio del Interior para sabotear cualquier posibilidad de que Podemos llegara al poder, uno de los mandos policiales de confianza de aquel departamento despeja la X de la autoría de PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el informe sobre la supuesta financiación irregular del partido morado que los tribunales han rechazado investigar. Ante el juez del caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, imputado en cinco piezas de la causa, ha señalado este martes al entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal, como autor del documento, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. El informe PISA fue desmenuzado por varios medios de comunicación y el Gobierno del PP lo utilizó como arma arrojadiza contra la formación morada antes y después de que los tribunales despreciaran el documento. 

De forma contundente, García Castaño ha dicho que Gómez Gordo confeccionó el informe PISA durante su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, a la que había llegado procedente de Castilla-La Mancha. La respuesta ha sido a preguntas de la representación letrada de Podemos sobre el origen del informe PISA en el marco de la pieza principal del caso Villarejo.

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Anticorrupción pide una fianza de 50.000 euros para el jefe de la policía política por el espionaje a Luis Bárcenas

El juez Manuel García Castellón ha tomado declaración esta mañana en calidad de investigado al comisario jubilado Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy y artífice de la brigada política. Los fiscales Anticorrupción han solicitado al término de su declaración que la medida cautelar de prohibición de salir del país se ampliara a la fijación de una fianza de 50.000 euros para eludir la prisión.

Eugenio Pino está imputado por cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada en el marco de la pieza secreta 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen. En el marco de ese operativo, el chófer de los Bárcenas recibió 48.000 euros de los fondos reservados y sus responsables allanaron sin orden judicial un piso propiedad de la familia. También se investiga la vinculación de la cúpula policial con el falso cura que asaltó el domicilio de los Bárcenas. 

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Diez jueces han pasado por el tribunal de la caja B del PP antes de empezar el juicio

La magistrada o magistrado que sustituya a José Ricardo de Prada en el tribunal que juzgará la caja B del PP será el undécimo en integrar las distintas composiciones que ha tenido esa sala desde la primera que hizo pública la Audiencia Nacional hace ya más de cuatro años. Tres de ellos han sido apartados por su afinidad al Partido Popular: Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González. La recusación de De Prada fue votada este viernes por ocho votos contra siete con el argumento de que ya se ha pronunció en la sentencia de Gürtel sobre la existencia de una financación con dinero negro en la formación de Pablo Casado durante dos décadas.

La decisión de apartar a De Prada ha sido presentada como una cuestión técnica que levanta muchas suspicacias. El magistrado progresista es, junto a Julio de Diego, responsable de los pasajes de la sentencia de Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron un tsunami político que arrasó al Gobierno de Mariano Rajoy, moción de censura mediante.

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  • Política

    Objetivo 'Angola': treinta años de impunidad para el coronel de la Guardia Civil investigado por narcotráfico

    #19 Hola, Bec. Muchas gracias por tu interés en la información. Cuando el coronel García Santaella fue cesado en 2015 de su puesto en la Subdirección de Personal pasó a la reserva por decisión de la Dirección General de la Guardia Civil. Implica que no tiene destino (está en su casa, por decirlo coloquialmente) y, por tanto, percibe menos emolumentos que los que tendría si lo tuviera. Por otra parte, la Ley que rige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que los expedientes disciplinarios que se abren por un presunto delito quedan paralizados hasta que no haya sentencia firme, de condena o archivo. Es en ese momento cuando se reabren y concluyen en una propuesta de sanción o de archivo, según corresponda. La absolución de García Santaella no es firme. Como recoge la información, Fiscalía y acusación popular tienen previsto recurrirla. En cuanto a la medalla, seguro que has leído sobre el problema legal que hay para retirárselas a Billy el Niño. Su concesión está regulada por una Ley Orgánica de 1964 y cualquier reforma se complica para que su aplicación tenga carácter retroactivo. Espero haber resuelto tus dudas. Otra vez, muchas gracias por contribuir a este medio como socio, agradecimiento que aprovecho para hacer extensible al resto de socios y lectores que se han interesado por la información.

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