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Pedro Águeda

Periodista encargado de los temas judiciales y de seguridad, comenzó su carrera en la agencia Europa Press. De ahí pasó a integrar la redacción del periódico 'Público' hasta su cierre. Ha colaborado en distintos medios escritos y audiovisuales. Desde octubre de 2013 forma parte del equipo de redacción de eldiario.es.
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Turno ante el juez para los jefes de Villarejo en la Policía: en defensa del "agente encubierto"

En enero de 2018, dos meses después de su detención, el comisario Villarejo no estaba solo. Tres destacados nombres de la Policía Nacional, máximos responsables operativos del Cuerpo en los Gobiernos de González, Aznar y Rajoy remitieron por separado una carta al entonces juez del caso describiendo al policía encarcelado como un "agente encubierto" que había puesto su entramado empresarial al servicio de importantes servicios contra el terrorismo y la corrupción. Dos años después llega el momento de que los comisarios Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino expliquen ante el juez sus cartas en defensa del comisario Villarejo.

Los tres comisarios principales, jubilados, declaran entre el lunes y el jueves en el marco de cuatro piezas de las 25 que integran por ahora el caso Villarejo. El interés que tenga lo que cuenten será repartido por toda la causa. Esas cuatro piezas que sirven para la citación no están bajo secreto de sumario, así que los comisarios tendrán en frente, además del juez y los dos fiscales Anticorrupción, a los abogados personados en la causa, incluidos los de la acusación popular, que ejerce Podemos.

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El Poder Judicial que surgió de la mayoría absoluta del PP aviva el incendio contra el nuevo Gobierno

La polémica suscitada por la elección de Dolores Delgado, exministra de Justicia del anterior Ejecutivo, como nueva fiscal general del Estado se ha extendido y recrudecido al pasar por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces debía pronunciarse sobre si Delgado reúne los requisitos para ocupar el cargo. Y como no había ocurrido con ninguno de los cuatro anteriores fiscales generales, el aval obtenido por la fiscal ha ocupado portadas y ha copado el discurso del Partido Popular. El motivo: siete de los 19 vocales que participaron en la votación expresaron su rechazo a que Dolores Delgado sea la próxima fiscal general.

Esos siete vocales son parte de los 12 que propuso el Partido Popular y que luego votaron a Lesmes, en consenso con los progresistas, para presidir el órgano de gobierno de los jueces desde 2014. En bloque conservador ha conseguido aprobar multitud de nombramientos, si bien otras cuestiones como los informes sobre las leyes orgánicas de Rajoy, caso de la de Seguridad Ciudadana, obtuvieron amplios consensos en su seno. El pasado jueves, esos vocales del bloque conservador no votaron unidos, pero la revuelta que protagonizaron los siete, expresando su opinión sobre un extremo del perfil de Delgado por el que no se les había preguntado, ha permitido al PP y al resto de la oposición alargar la polémica sobre la elección de una diputada del PSOE y miembro del anterior Gabinete Sánchez para dirigir el Ministerio Público. 

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El abogado Gonzalo Boye denuncia que han asaltado su despacho para causar daños y que no faltan objetos de valor

El despacho de abogados Boye-Elbal, que ejerce la defensa del expresident catalán Carles Puigdemont, ha sido objeto de un asalto la pasada madrugada sin que sus autores se hayan llevado pertenencias de valor o incluso alguna pequeña cantidad de dinero que había a la vista, según han denunciado sus dueños a la Policía.

Según registró la alarma del despacho, el asalto tuvo lugar cerca de las 4 de la madrugada en la casa adosada que acoge el despacho profesional, situado en la calle Pilar de Zaragoza de Madrid, en una zona residencial del centro. A sus inquilinos les ha llamado la atención que el portón que protege la casa haya sido forzado cuando el muro, de escasa altura, podría haber sido superado por los asaltantes con facilidad. A primera hora de esta mañana estaba pendiente el reconocimiento de la Policía Científica para determinar cómo accedieron después al interior del despacho.

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Siete vocales conservadores del CGPJ eluden su obligación de valorar a Delgado como jurista y la rechazan por parcial

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y 7 en contra. Los siete vocales del Consejo que han votado en contra son Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Noya y Gerardo Martínez Tristán. Todos ellos pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular.

De éstos, Nuria Díaz ha anunciado durante el encuentro la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella. En el escrito para explicar su voto negativo afirman que Dolores Delgado no es idónea para el cargo por haber sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno y diputada electa por el PSOE en las últimas elecciones. Sin embargo, la "idoneidad" de Delgado no era objeto de la votación porque el presidente, Carlos Lesmes, les había entregado un escrito sobre el que pronunciarse que les obligaba a pronunciarse únicamente sobre si Delgado reúne los requisitos legales para el cargo. En resumen, han votado en contra de la próxima fiscal general por una cuestión que no era objeto de la consulta.

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El presidente del Poder Judicial propone avalar que el nombramiento de Delgado es solo legal pero no "idóneo"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no ha incluido alusión alguna a la idoneidad de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado en la propuesta que ha remitido a los vocales de este órgano para su debate y votación en la sesión de esta tarde. Las cuatro propuestas de nombramiento de máximos responsables del Ministerio Público analizadas en este mismo mandato del CGPJ –las de Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra– sí incluían un párrafo en el que se aludía de forma expresa a su "idoneidad". 

El texto sobre Delgado, al que ha tenido acceso eldiario.es, se limita a subrayar que, a la vista de la documentación recibida, "cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación". Estos requisitos, tasados por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. En las propuestas para la elección de los otros cuatro fiscales formuladas en los últimos años por el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces sí se incluía un párrafo en el que recalcaba los méritos y requisitos acreditados "determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento". 

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Marlaska destituye a la secretaria de Estado de Seguridad y al director de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado esta tarde a la hasta ahora secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, que no cuenta con ella para la presente legislatura. El titular de Interior ha optado también por el relevo del director general de la Guardia Civil, Felix Azón, al que también le ha comunicado la decisión esta tarde, han informado a eldiario.es fuentes conocedoras de los cambios. 

eldiario.es reveló el pasado viernes graves desavenencias en el seno del equipo de Interior que ponían encima de la mesa de Grande-Marlaska la cuestión de los cambios en el departamento para afrontar la legislatura. La destitución de Botella Gómez, adelantada por la cadena Ser, se produce dieciocho meses después de su llegada a la Secretaría de Estado de Seguridad, en el verano de 2018, como segunda opción después de que la exsubsecretaria de Interior con Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Gallego, rechazara la oferta.

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Pedro Sánchez da un giro radical en la relación del Gobierno con la Fiscalía y pone al frente a una de sus ministras

El Gobierno de Pedro Sánchez da un giro radical en su política respecto a la Fiscalía General del Estado. De nombrar a una fiscal al frente de la institución, María José Segarra, que ha evitado imprimir un sesgo progresista a ninguna de las más relevantes actuaciones del Ministerio Público, carrera por otra parte mayoritariamente conservadora, pasa a sustituirla por su hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Con su elección, el Ejecutivo abandona el criterio que se ha impuesto en la mayoría de los Gobiernos de la democracia, consistente en buscar un fiscal o un juez afín ideológicamente para el cargo de Fiscal General del Estado, pero sin una carga partidista tan fuerte como proceder de su propio Consejo de Ministros. Delgado, aunque no afiliada, se ha implicado de forma decidida en la campaña electoral para satisfacción de la Federación Socialista Madrileña, confiesan desde su dirección. El anuncio de que Sánchez propondrá a Dolores Delgado se ha producido sin que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hubiera tenido tiempo de tomar posesión.

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El juez cita a los jefes de la Policía con González, Aznar y Rajoy por cuatro encargos de empresarios a Villarejo

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha citado a los tres comisarios jubilados que dirigieron la Policía durante los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy dentro de la investigación al comisario encarcelado por cuatro de los encargos recibidos por distintas empresas, han avanzado a eldiario.es fuentes del caso. 

El primero en declarar será Agustín Linares, que está citado como testigo el día 20. Se trata del máximo mando policial en la época en la que Villarejo dejó una década de excedencia para volver a la Policía, en 1993. Dos días después declarará Eugenio Pino, quien ya está imputado en la pieza del espionaje a Bárcenas. El día 23 está citado Pedro Díaz-Pintado, el comisario que dirigía la Policía en tiempos de Aznar. El director adjunto operativo en tiempos de Zapatero falleció en 2012.

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El juez investiga el presunto intento de Villarejo por "desvirtuar" el caso de acoso de López Madrid a la doctora Pinto

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha abierto una pieza separada, la número 24, para determinar las maniobras del comisario para "desvirtuar" la investigación que se seguía contra el empresario Javier López Madrid y el propio comisario en un juzgado de Madrid por el presunto acoso a la doctora Elisa Pinto. 

En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez dice que "se ha podido constatar" a través de una agenda incautada a Villarejo de la "posible interferencia de la organización criminal dirigida por el comisario en la investigación seguida por razón de los hechos que están siendo conocidos por el juzgado número 39 de Madrid", donde se investiga a López Madrid. 

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La Audiencia Nacional siembra la duda sobre su operación contra la "organización terrorista" de los CDR

Con la intención de evitar la supuesta irrupción del terrorismo en el proceso soberanista de Catalunya, la Guardia Civil detuvo el 24 de septiembre a nueve independentistas por orden de un juez de la Audiencia Nacional. Los investigadores sospechaban que la sentencia del Tribunal Supremo, conocida tres semanas después, iba a ser el bautismo de fuego para un grupo de activistas constituidos en el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una nueva "organización terrorista", nacida en el seno de los Comités de Defensa de la República, que pretendía instaurar la República de Catalunya con el uso de la violencia, según plasmaron los autos de prisión de los siete detenidos que acabaron en prisión.

Tres meses después, todos siguen imputados, aunque la ponderación de los indicios contra ellos y las posibilidades de que intenten fugarse o reincidir han motivado que la propia Audiencia Nacional los deje en libertad con el pago de una fianza. ¿Qué ha cambiado para que la aplicación de la medida cautelar más grave que recoge la Ley, la prisión provisional, haya dejado de aplicárseles de forma incondicional?

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  • Política

    Objetivo 'Angola': treinta años de impunidad para el coronel de la Guardia Civil investigado por narcotráfico

    #19 Hola, Bec. Muchas gracias por tu interés en la información. Cuando el coronel García Santaella fue cesado en 2015 de su puesto en la Subdirección de Personal pasó a la reserva por decisión de la Dirección General de la Guardia Civil. Implica que no tiene destino (está en su casa, por decirlo coloquialmente) y, por tanto, percibe menos emolumentos que los que tendría si lo tuviera. Por otra parte, la Ley que rige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que los expedientes disciplinarios que se abren por un presunto delito quedan paralizados hasta que no haya sentencia firme, de condena o archivo. Es en ese momento cuando se reabren y concluyen en una propuesta de sanción o de archivo, según corresponda. La absolución de García Santaella no es firme. Como recoge la información, Fiscalía y acusación popular tienen previsto recurrirla. En cuanto a la medalla, seguro que has leído sobre el problema legal que hay para retirárselas a Billy el Niño. Su concesión está regulada por una Ley Orgánica de 1964 y cualquier reforma se complica para que su aplicación tenga carácter retroactivo. Espero haber resuelto tus dudas. Otra vez, muchas gracias por contribuir a este medio como socio, agradecimiento que aprovecho para hacer extensible al resto de socios y lectores que se han interesado por la información.

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