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Raquel Ejerique

Soy periodista. Ahora redactora jefa de Política Social en eldiario.es. Me curtí en la prensa regional, donde con un par de ideas tienes que montar una página doble. De mi época de becaria aprendí a divertirme. De la de directora adjunta aprendí de arquitectura. También soy pianista, o eso dice un título que anda por casa.

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El Gobierno prepara un plan para entrar en la basílica a exhumar a Franco aunque la Iglesia se oponga

El Gobierno está determinado a sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos  salvo que el Tribunal Supremo paralice el procedimiento de exhumación aceptando medidas cautelares solicitadas por sus nietos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé entrar en la basílica donde está enterrado el dictador incluso si la Iglesia no le concede la autorización, como ha sucedido durante la instrucción del procedimiento. 

eldiario.es ha tenido acceso a información sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo, cuyo argumento es que la entrada en la basílica no supone una violación del derecho de culto y considera que el lugar, a pesar de ser sagrado, está supeditado al ordenamiento jurídico. Así, el Ejecutivo sostiene que podrá acceder a la basílica aunque el prior o la Iglesia no le dé la preceptiva autorización eclesiástica.

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La mudanza de Franco se activa pero topa con la Iglesia, los nietos y el Supremo

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes la mudanza del cadáver de Franco. De un lugar público sostenido con dinero público como el Valle de los Caídos, a un cementerio privado o cualquier lugar que no sea la catedral de la Almudena, donde pretendían inhumarlo los nietos.

El Gobierno les ha dado 15 días extra para que se piensen dónde quieren llevar a su abuelo, siempre que no sea la catedral. Si no lo hacen o no hay acuerdo entre ellos, lo decidirá el Ejecutivo. Cuando pasen esos 15 días de plazo, otro Consejo de Ministros ordenará la salida del cuerpo embalsado y decretará dónde va el cuerpo. Según fuentes del Gobierno, todo el proceso será público, se dirá el día y la hora de la exhumación y la posterior inhumación.

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El Gobierno acuerda sacar el cadáver de Franco y entrará a la basílica aunque no quiera el prior

El mismo día que el presidente de Gobierno ha anunciado el fin de su legislatura, que empezó con la promesa de exhumar a Franco, el Consejo de Ministros ha acordado sacar al dictador del Valle de los Caídos, un conjunto monumental público financiado íntegramente por el Estado (de las velas a la electricidad, la comida o las reparaciones)  y gestionado por los monjes benedictinos. Está enterrado frente al altar mayor de la basílica, en lugar preeminente. 

"Hemos llegado al final de un proceso que se inició con una decisión política y de Estado", ha dicho la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha hecho un repaso desde el principio del proceso, el 24 de agosto de 2018, hasta hoy. Ha considerado que el proceso ha sido "escrupuloso" por tratarse de "un acto de Estado". "Ha sido difícil porque hemos dado entrada a todos los interesados, no solo a la familia". Delgado ha señalado que "hubo 14 recusaciones de los instructores de los expedientes", algunas de ellas puestas por la Fundación Franco.

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Empieza la operación 'sacar a Franco', si el Supremo no lo impide

El Tribunal Supremo va a tomar en los próximos días una decisión clave. En esta ocasión no tiene que ver con Catalunya sino con los restos del dictador Francisco Franco, cuya morada depende de lo que dicte el alto tribunal.

Este viernes, el Consejo de Ministros cierra el proceso administrativo para sacar al dictador del Valle de los Caídos, después de inadmitir las alegaciones de los nietos, sortear recusaciones de la Fundación Franco, un decreto plagado de pasos técnicos y el portazo del prior benedictino. Seis meses después de que lo anunciara Pedro Sánchez, y tocando fin la legislatura, está lista la orden ejecutiva para enterrar en otro sitio al dictador.

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El Gobierno ordenará este viernes la exhumación de Franco y descarta enterrarlo en la Almudena

El proceso administrativo para la exhumación de Franco ha acabado, se han incorporado las alegaciones de la familia, los estudios e informes y el Gobierno, seis meses después de anunciarlo, va a ordenar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

Tal y como ha podido saber eldiario.es, será este viernes cuando el Ejecutivo dé la orden de sacar el cuerpo embalsamado del dictador. Lo hará contra la opinión de los Franco, la Abadía de los monjes benedictinos y la Iglesia porque, según justifica en un escrito el Gobierno, "la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia sino de un mandato legal."

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La Rey Juan Carlos estudia retirar el título a los implicados en el Caso Master que admitieron no haber hecho nada

La universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid está barajando la posibilidad de retirar títulos a algunos alumnos implicados en el Caso Máster, como ha adelantado El Independiente y confirman fuentes del centro a eldiario.es.

Está la voluntad pero aún no está decidido cómo se haría ni qué alumnos estarían implicados, aunque la decisión se basa en que algunos de ellos admitieron ante la jueza Carmen Rodríguez Medel que no habían hecho ningún esfuerzo académico para obtener el título de máster cuando fueron llamados a declarar. Simplemente se matricularon, pagaron las tasas y recogieron el título en julio del año siguiente.

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De lo que no hablan los taxistas

Los taxistas de Madrid están hablando de su dinero, de su jubilación, de sus familias, de los cientos de miles de euros que invirtieron en comprar una licencia a la que quieren sacar rendimiento. Hablan de bloquear la ciudad, de guerra y de cortar carreteras, de perdigones, de batallas y batallitas. Una campaña que puede pasar a la historia como la mejor manera de empeorar la imagen de un colectivo.

De lo que no hablan los taxistas es de que la movilidad de las grandes ciudades es un nuevo tablero que está quedando despejado conforme se saca a los coches particulares de los centros de las capitales. Ese folio en blanco es un botín -como ya ha demostrado el desembarco de empresas de patines, patinetes, bicicletas- para grandes fortunas y empresarios, que han empezado a coger posiciones.

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El único abad que puede presionar al prior del Valle también le apoya en su cruzada contra la exhumación de Franco

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, tiene también el apoyo de su superior, el abad del monasterio benedictino de Solesmes (al oeste de París), y única autoridad -junto al Vaticano- que puede torcerle el brazo en su decisión de no dejar entrar al Gobierno en la basílica donde está enterrado Francisco Franco. El problema, esperado por el Ejecutivo pero no por ello un problema menor, es que de momento ninguno de los superiores del prior va a hacer nada y Cantera es la autoridad competente para decidir que se abra o no a los técnicos la puerta de la basílica, ya que por los Acuerdos Iglesia-Estado los templos son inviolables. Fuentes eclesiásticas apuntan a que la Iglesia está esperando a que decida el Tribunal Supremo. Si, mientras estudia el recurso de la familia, no paraliza la exhumación, se abrirá la basílica. Pero la idea es no acatar la decisión del Gobierno sin que esté validada por un organo externo, en este caso el alto tribunal.

Cuando en junio del año pasado Pedro Sánchez anunció que se exhumaría al dictador del Valle de los Caídos, un lugar público financiado en su totalidad con dinero público, el prior recibió un documento notarial de los siete nietos de Franco en el que mostaban su oposición a la exhumación de su abuelo. Ese documento es la coraza que el prior está utilizando para aplacar los deseos del Gobierno y del Congreso para sacar de allí el cuerpo embalsamado. En una alegación enviada a la ministra de Justicia le ha dejado claro que no les va a dejar pasar. Al menos, hasta que decida el Supremo, "dado el carácter conflictivo de la decisión", como dijo a Dolores Delgado.

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Siete nietos y un prior logran marcar el paso al Gobierno y complicar la exhumación de Franco

Apenas dos semanas después de ser investido presidente, Pedro Sánchez desveló su intención de reformar la Ley de Memoria Histórica, lo que incluía la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El día 18 de junio trató el tema la Ejecutiva Federal de los socialistas y se arrancó una carrera de encajes jurídicos, declaraciones públicas, pequeños avances y anuncios políticos que iban a acabar con la "inminente" salida del cuerpo del dictador del espacio público: Franco está enterrado en una basílica que es un edificio de la iglesia, pero el suelo es público y todo el Valle está gestionado y financiado por Patrimonio Nacional, incluidas las misas.

A la familia Franco no le pilló de sorpresa casi nada y a cada declaración pública tomaban nota y movían ficha. Desde junio saben que Pedro Sánchez quiere cambiar de sitio los restos de su abuelo, que convive con las de más de 33.000 personas enterradas en los subsuelos y capillas de la misma iglesia, 12.000 de ellos sin nombre y en fosas comunes y entre los que hay víctimas republicanas del propio dictador. Desde entonces, los Franco están marcando el paso a las decisiones del Ejecutivo y el Congreso y complicando el proceso.

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"He sido maltratada dos veces, por mi ciberacosador y por mi universidad, que no me consideró digna de ser apoyada"

Elisa (no se llama así pero prefiere no dar su nombre) se enteró casi la última de que una persona estaba difundiendo masivamente fotos, montajes, insultos y calumnias sobre ella. Desde 2009, alguien enviaba a sus colegas de la Universidad de Alicante (UA), donde es profesora, todo tipo de mails: "Daba mi nombre y el de mis hijas de 10 y 14 años, decía que las prostituía, hacía fotomontajes con mi propio asesinato y violación, me llamaba puta...". Como todos los miembros de la comunidad universitaria tienen su mail publicado en la web, este acosador utilizó las direcciones como una red social en la que insultar a Elisa.

Le dedicó también cuatro blogs cuyo contenido enviaba a todos estos colegas, incluyendo a los de su departamento, sus jefes, el decanato, sindicatos y vicerrectorados. Cuando se enteró, lo denunció ante la guardia civil, pero el caso fue sobreseído al estar el servidor en otro país, relata esta docente.

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