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Raquel Ejerique

Soy periodista. Ahora redactora jefa de Política Social en eldiario.es. Me curtí en la prensa regional, donde con un par de ideas tienes que montar una página doble. De mi época de becaria aprendí a divertirme. De la de directora adjunta aprendí de arquitectura. También soy pianista, o eso dice un título que anda por casa.

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Ni el vestido de flores de Ayuso pudo con el régimen saudí

Sorprendentemente, Isabel Díaz Ayuso no ha logrado acabar con el veto a las mujeres en los estadios de fútbol en Arabia Saudí. Tres días después de acabar la Supercopa, justo después de que cámaras, reporteros y futbolistas hayan retornado a sus democráticos países, la vida sigue igual en el reino, tal y como muestra un vídeo de la Cadena Ser en el que se ve que las gradas de los estadios vuelven a confinar a las mujeres a espacios reservados y peores que los de los hombres.

Ni el desembarco de deportistas, periodistas ni la mismísima llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid sin velo, algo que por otra parte se ajustaba perfectamente al protocolo marcado por la monarquía absoluta, ha logrado cambiar el mundo para decepción de los esperanzados y libertadores occidentales. La revolución social suele costar más tiempo y sufrimiento que lo que cuesta coger un avión y volar invitado a un palco vip.

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El empeño de un consejero del PP por impulsar con dinero público el centro privado de danza Alicia Alonso acaba en los tribunales

Gustavo Villapalos, el que fuera rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y más tarde consejero de Educación del PP con Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo el empeño de lanzar en España un Instituto de Danza Alicia Alonso privado al amparo de las instituciones públicas. En 1992, cuando era rector, impulsó una Cátedra de Danza y la bailarina, a la que se le puso sueldo de catedrática (300.000 pesetas, según publicó entonces El País) nombró un equipo de gestores que dirigirían el proyecto. Esos estudios, entonces extraoficiales y amadrinados por la artista cuando el régimen cubano le había quitado el mando del Gran Teatro de La Habana, se impartieron en la UCM y con su colaboración.

Cuando Villapalos dejó la universidad pública y entró en el gobierno del PP en Madrid, llevó a cabo otro empeño: la creación de otra universidad pública en Madrid, la Rey Juan Carlos, a donde se llevó la cátedra, ahora convertida en Instituto Superior de Danza Alicia Alonso y con capacidad de dar títulos oficiales como si fuera público, que depende de una fundación privada y que ha estado operando 18 años en el campus con recursos públicos. Gracias al empeño de Villapalos, allí se licencian alumnos en el grado de artes visuales danza y en dos másteres en la parte pública. Tiene una parte privada que imparte cursos y un Título Superior de Danza. Todo esto sin la debida transparencia, según la dirección actual de la URJC. Sin embargo, desde el centro de danza aseguran que tras el caso Cifuentes se les pidieron las cuentas de los últimos cinco años y entregaron toda la documentación a la Universidad.

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Si Rocío Monasterio fuera médica, ya habría dimitido

Si Rocío Monasterio, que denomina a los miembros de Vox como la España que madruga, fuera médica en lugar de arquitecta seguramente habría tenido que dimitir, por laxos que sean los estatutos de su partido con la ética y por mucho que tenga las más altas conexiones en la cúpula. Si hubiera sospechas fundadas de que Monasterio diagnosticaba y recetaba a pacientes en una consulta privada sin tener pasado el mir y sin el título, ahora estaría fuera de la política. Porque, ¿cómo se puede gestionar con honestidad el sistema de todos si se ha hecho trampas en el de unos pocos? Si fuera ginecóloga, endocrina o uróloga, seguramente alguna institución la habría denunciado o investigado a estas alturas y los políticos se habrían atrevido a hacer declaraciones contundentes.

Rocío Monasterio es arquitecta desde 2009 aunque firmaba como tal desde antes, según informaciones con pruebas documentales publicadas fundamentalmente por El País y también por eldiario.es. Igual que si fuera médico, la vida de muchas personas dependen de su formación y profesión. Un arquitecto decide estructuras, si se tira o no una pared y si eso afectará al edificio, es responsable de una obra y su seguridad, la del inquilino y la de los vecinos y edificios colindantes. Monasterio presuntamente tomó decisiones sin el título y sin estar colegiada y firmó al menos cuatro planos de envergadura en esas condiciones. Recetó vigas, paredes y estructuras sin el mir de los arquitectos, según la documentación. Además, el Colegio de Aparejadores ha confirmado que usó un visado que no está en los archivos oficiales e hizo negocio con lofts industriales que no tenían cédula de habitabilidad, según las denuncias de varios compradores, entre ellos, del presentador Arturo Valls.

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La secretaria general del PP en Barcelona, demandada por despedir a una trabajadora embarazada a la que no hizo contrato

La secretaria general del PP en Barcelona, Elisabeth Jiménez, tuvo trabajando en casa a una mujer migrante sin papeles, pagándole por debajo del salario mínimo legal y la despidió sin finiquito un mes después de saber que estaba embarazada, según la demanda que acaba de presentar ante los juzgados su exempleada de hogar Helehany G. C.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, esta mujer hondureña de 23 años relata que entró a trabajar para la política del PP en febrero de 2019. Pese a que no tiene permiso de trabajo ni residencia, Jiménez la empleó para tareas domésticas y acordó pagarle 400 euros por cuatro horas diarias de lunes a viernes. Según el salario mínimo que entró en vigor en 2019, tras el acuerdo firmado por el gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias, debió pagarle como mínimo 525 euros. Además, la responsable del Partido Popular no hizo frente a ninguna cuota de la Seguridad Social y tuvo a la trabajadora en B, puesto que su empleada no contaba con permiso para trabajar en España, como consta en la demanda.

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La década que aprobó la ley del aborto, prohibió fumar en bares y arrasó a banqueros, al rey y al Papa

Hoy no queda casi nadie de los de antes. La década que acaba se inauguró con la peor crisis económica, agrandó la desigualdad social y abrió el pastel de la corrupción, hasta entonces silente y que ni siquiera preocupaba a los ciudadanos, según el CIS. También barrió a los líderes políticos, económicos y sociales de España, incluidos los principales banqueros. Un cambio de caras que alcanzó a la máxima autoridad del Estado: el rey Juan Carlos abdicó el 18 de junio de 2014, tras la implicación de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos y después de que los españoles supieran de su relación con Corinna, investigada ahora por la Fiscalía de Suiza, por una inoportuna rotura de cadera cuando cazaban elefantes en Botsuana. También fue la primera vez que un Borbón pidió perdón en público: "Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir", decía en 2012. La década que termina barrió también a otros líderes, como el Papa Benedicto XVI, que se retiró después de varias crisis y escándalos como Vatileaks y dejó paso al papa Francisco en el cónclave de 2013.

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El exrector de la URJC que plagió al menos once obras obtiene un plus de 2.000 euros por méritos en investigación

Fernando Suárez, exrector de la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid, dejó el cargo y convocó elecciones en 2017 por el escándalo de sus numerosos plagios. Desde entonces, y tras un periodo fuera de la universidad y luego sin actividad docente en un despacho de la biblioteca del campus de Fuenlabrada, se incorporó como profesor de Historia del Derecho y las Instituciones. Este año, además de su salario docente, recibirá un plus de 2.000 euros en atención a sus "méritos" en la investigación. Es uno de los varios centenares de profesores de la universidad pública que va a recibir un incentivo por su labor "científica". Concretamente, Fernando Suárez tiene publicados en su perfil académico dos proyectos que abarcan desde el 2016 al 2019 para investigar sobre los Reales Sitios (propiedades de la Corona administrados por Patrimonio Nacional) y sobre "Madrid, de corte a capital", en el que figura como investigador principal, según refleja su página de la URJC. Financian los proyectos la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Economía.

La vuelta a la producción de Suárez se produce después de que tuviera que abandonar el puesto de rector debido a la publicación en eldiario.es de al menos once plagios literales a otros autores. El autor presentó como propias ideas y obras de otros. Por ejemplo, copió y pegó parte de la tesis de una alumna de la Complutense, plagió obras de su propio padre (investigador cercano a la Fundación Franco), también copió a un profesor de Harvard, a un historiador y rabino de la Universidad Hebrea de Jerusalén o a un exdirector de la Real Academia de la Historia. Por todo ello, Suárez tuvo además que dimitir como vocal de la Conferencia de Rectores, como académico de la Real Academia de la Historia y como director de un prestigioso anuario que publica el Ministerio de Justicia tras conocerse su historial de plagios. Dos de ellos han acabado en la justicia: el catedrático jubilado de la Universidad de Barcelona Miguel Ángel Aparicio lo demandó por plagiar "literal y totalmente" 111 páginas de una obra de 180 y otro profesor interpuso una segunda demanda. La URJC anunció en 2016 que abría una investigación por el caso de Suárez de la que no se ha sabido nada ni ha habido como resultado ningún expediente o amonestación al exrector.

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El alcalde Almeida deja el ecopostureo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene ya digerida la cumbre del clima que se celebró en la capital y, tras un baño verde y varias declaraciones que dejaron confusos a indígenas y jóvenes del Fridays for Future en Ifema, ahora se dispone a confundir a sus gobernados. Ha vuelto tras las fiestas navideñas con mano dura contra el aire (limpio, se entiende) abrazando teorías ecologistas muy novedosas que consisten en abrir más la mano a los coches en el centro pero no por falta de ecologismo, sino por "completar la libre circulación", como si Madrid fuera una ratonera donde los motores se encontraran amenazados y emboscados. En cuestiones de salud pública siempre sale perdiendo la pobre libertad y alguien tiene que defenderla, como a Notre-Dame o los valores europeos.

Tras negar ser negacionista, niega las restricciones al tráfico por negacionismo y acaba de permitir a los coches pasar por dos calles que hasta ahora formaban parte de Madrid Central. Los argumentarios del primer edil para tomar esta decisión por decreto son "disminuir la congestión del tráfico" y evitar "confusiones", quizás porque eran las calles con más multas. Si los conductores aún tienen dudas de si pueden entrar o no en una calle del centro con sus coches, ahí estará su gobierno local para aclararlo: ante la duda, pase, no consulte. Es una primera medida, pero fuentes de su gobierno ya han adelantado que habrá más levantamiento de restricciones en cuanto puedan y que se hará una nueva ordenanza.

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El Banco de España sanciona a Avalmadrid con 95.000 euros por dar millones en créditos de riesgo a un grupo de elegidos

El Banco de España acaba de publicar las tres primeras sanciones firmes para Avalmadrid, la empresa de crédito en la que participa la Comunidad de Madrid con un 30% de las acciones y que está siendo investigada por la Asamblea, en parte, por la concesión de un polémico crédito al padre de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La sociedad semipública ha sido multada con 95.000 euros por "incumplir la Entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno (concentración y seguimiento del riesgo)". Se refiere a los avisos que le dio el supervisor bancario después de que en el año 2012, los inspectores investigaran por primera vez a Avalmadrid y emitieran un demoledor informe sobre esta entidad. Cuatro años más tarde hicieron otro análisis más profundo. Seleccionaron 167 operaciones aprobadas entre 2008 y 2016 (cuando estaban en el consejo Bankia, la Cámara de Comercio y la patronal madrileña CEIM, además de la Comunidad de Madrid) y se propuso multar a la sociedad: se habían avalado 82 millones de euros y quedaban 39 por cobrar. De ellos, solo siete se podían recuperar y el resto eran dudosos o morosos. 

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La Comunidad de Madrid privatizará de nuevo la donación de sangre con Cruz Roja pese a que la justicia investiga si es legal

Cuando los hospitales necesitan sangre tienen dos vías para conseguirla: hacer llamamientos en los propios centros hospitalarios o recoger en las calles de la región con puntos móviles. Esta segunda red de donación está, desde 2014, en manos de la entidad privada Cruz Roja. Ese año entró en vigor un convenio que se ha prolongado hasta hoy y que le ha reportado 41.947.242 euros en facturación por sangre, a 67 euros la bolsa hasta 2018. El acuerdo, firmado por el entonces consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty -dimitió enseguida, después de que la justicia echara atrás la privatización de hospitales madrileños que impulsó- establecía unas cantidades de sangre con las que habría que proveer al Centro de Transfusiones, que es público, gestiona toda la sangre de la Comunidad y hace el reparto por hospitales según las necesidades.

Fuentes de Sanidad confirman que ese convenio, que se extingue este 31 de diciembre y que está siendo investigando por la justicia, se va a retomar el 1 de enero. Se hará un nuevo convenio, "por un periodo de cuatro años" seguramente en lugar de seis y con un precio por bolsa de 68,65 euros, como este año, al que se le irá sumando el IPC anual.

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Genocidio de padres oprimidos por el colegio

La nueva élite de la posverdad conforma un grupo al que se le ha revelado una realidad como a quien se le aparece la Virgen: eso que te habían contado toda la vida es mentira y solo un puñado de críticos inteligentes y libres como tú ha sido capaz de darse cuenta. Esa nueva clase que había sido hasta ahora oprimida alcanza también a la educación pública. Son esos padres que reivindican su "libertad de elección de colegio y sin adoctrinamiento", o lo que es lo mismo, que a mi hijo lo adoctrinen en los valores que yo quiero pero con centros pagados con dinero público. Ante todo, que no le instruyan en nada que ver con el sexo, la ausencia de religión, el feminismo o la visión política de la vida. O sea, que les den solo Plástica a ser posible unos humanoides sin ideas propias ni posibilidad de transmisión de conocimiento.

También reclaman más concertados para no tener que llevar a sus hijos a la pública, es decir, un Estado al que reclaman subvención y que luego denuestan como el peor de los gestores de la enseñanza. El Estado sí, pero cuando me sirva y me pague lo que solo a mí me convenga.

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