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Raquel Ejerique

Soy periodista. Ahora redactora jefa de Política Social en eldiario.es. Me curtí en la prensa regional, donde con un par de ideas tienes que montar una página doble. De mi época de becaria aprendí a divertirme. De la de directora adjunta aprendí de arquitectura. También soy pianista, o eso dice un título que anda por casa.

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El gobierno del PP en Madrid designó a una funcionaria imputada en Púnica para el tribunal que selecciona a los letrados

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó este martes la composición del tribunal que seleccionará a los nuevos letrados de la Comunidad de Madrid, es decir, los abogados que representan los intereses de la administración pública autonómica. Entre los perfiles elegidos para ese tribunal hay magistrados, abogados del Estado, una fiscal... y una imputada: Tatiana Recoder Vallina, letrada en la Asamblea y antigua jefa de los servicios jurídicos de la misma, que aparece como vocal suplente. Recoder está imputada desde 2017 por el juez del caso Púnica por haber participado en una concesión irregular al empresario Arturo Fernández, amigo de Esperanza Aguirre e imputado en el mismo caso Púnica por donaciones ilegales del PP a cambio de contratas.

Según el auto del magistrado Manuel García Castellón, Tatiana Recoder participó junto a Cristina Cifuentes en un comité de expertos creado con la intención de dar más puntos a la empresa de Arturo Fernández, de modo que se hiciera con el servicio de cafetería de la Asamblea. Así se consiguió que "los criterios subjetivos fuesen preponderantes a los criterios objetivos", según el auto. "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Tatiana Recoder había emitido un informe jurídico sobre el borrador de pliegos", escribe el juez en su auto del 2 de septiembre de este año, en el que imputaba por primera vez a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes

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El gobierno de Aguirre usó otras dos sociedades como Avalmadrid para financiar con millones de euros operaciones ruinosas

Avalmadrid no ha sido la única sociedad semipública que ha acabado dilapidando millones en operaciones ruinosas para empresas amigas. El sistema de financiación de pymes que montó la Comunidad de Madrid, supuestamente dedicado a ayudar a autónomos y pequeñas empresas madrileñas, orbitaba sobre otras dos patas: la sociedad de inversión de riesgo CRM y el fondo de inversión de riesgo Inicap. En ambas –como en Avalmadrid–, el máximo accionista es el dinero público, es decir, la Comunidad de Madrid, que en este caso no avalaba, sino que financiaba directamente con dinero algunos proyectos.

La composición de estas dos sociedades y de Avalmadrid es prácticamente la misma, ya que los socios son los mismos e incluso a veces los miembros del consejo de administración coinciden. La gestión de todas ellas ha estado siempre en manos de gobiernos del PP, porque la Comunidad de Madrid es el socio mayoritario en los tres casos. El modo de funcionamiento de este triángulo es sencillo: CRM e Inicap deciden invertir millones de euros en ciertas empresas y la 'hermana' Avalmadrid avala luego préstamos millonarios pese al evidente conflicto de interés, como queda acreditado en las operaciones investigadas por el Banco de España y la propia auditoría de Avalmadrid.

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Avalmadrid no es tan privada: una sociedad nutrida con fondos públicos que controlaba Esperanza Aguirre

Avalmadrid es un ente semipúblico en cuanto a su capital, pero su consejo de administración está controlado desde siempre por la Comunidad de Madrid. Además, ha sido permeable a la interferencia política y las presiones sobre su gestión han sido constantes. Una auditoría interna de 2019 encargada por la propia Avalmadrid y una investigación del Banco de España revelan que algunas de las decisiones que se han tomado en la entidad estaban influenciadas por intereses personales de los consejeros o por intereses partidistas. Como ejemplo: Antonio Beteta, consejero de Economía de Esperanza Aguirre, envió en 2010 una carta al presidente de Avalmadrid para que financiaran al empresario y entonces presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferran cuando sus empresas ya eran insolventes. Es solo una muestra más entre una veintena de decisiones de alto riesgo y arbitrarias que tomó Avalmadrid, algunas contra el criterio de los técnicos, según revelan esos informes oficiales y por los que la entidad se enfrenta a una multa del Banco de España.

Las "operaciones 'especiales' se trataban en el consejo de administración", cuentan fuentes conocedoras del funcionamiento de Avalmadrid. Los técnicos trataban de frenar la concesión de avales como el de Díaz Ferrán, que acababan siendo aprobados por un consejo de administración controlado por la Comunidad de Madrid como accionista mayoritario. De hecho, el gobierno madrileño nombra al presidente (en los últimos años es casi siempre el director general de Economía) y agrupa al bloque de consejeros más numeroso, como máxima accionista. "Los consejeros eran obedientes a algunas instrucciones porque así se buscaban apoyos", relatan las mismas fuentes. La auditoría confirma que ese consejo dio vía libre a avales que contaban con informes técnicos en contra.

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Isabel Díaz Ayuso escribió a un conseguidor de la Púnica para tapar noticias sobre la corrupción de Ignacio González

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo se encargó de la reputación y redes sociales de Esperanza Aguirre en su época de asesora del Gobierno regional –desde 2006–. También trabajó para tapar los primeros indicios de corrupción que afectaban al entonces vicepresidente, Ignacio González, que más tarde fue encarcelado en la operación Lezo.

Según la documentación que obra en poder de eldiario.es y que publicamos hoy, Díaz Ayuso envió un correo el 12 de abril de 2012 al empresario imputado en el caso Púnica Alejandro de Pedro, un supuesto experto en reputación on line que cobraba de la Comunidad del Madrid para combatir informaciones críticas a través de páginas web zombies y perfiles falsos en las redes sociales. Entonces, Ayuso era diputada en la Asamblea de Madrid –había recogido el acta el 15 de julio de 2011–. El mensaje que envía la entonces parlamentaria regional al mail del empresario de la trama era muy directo y escueto. Enviaba este enlace de una noticia publicada ese mismo día: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/12/madrid/1334228478.html

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El abogado del Estado califica de "trabajo escolar" el informe jurídico de los Franco sobre la inhumación en La Almudena

La Abogacía del Estado ha entregado al Tribunal Supremo su contestación a las alegaciones que presentaron los nietos del dictador Francisco Franco contra la exhumación del cuerpo de su abuelo del Valle de los Caídos. Además de justificar la urgencia y necesidad para emplear un Real Decreto, o defender que se priorice la salida del dictador del Valle sobre otros cuerpos, el escrito del abogado del Estado (al que ha tenido acceso eldiario.es) se detiene en analizar y contestar a la familia sobre las disputas en torno al lugar de la inhumación.

Los nietos siempre han defendido enterrarlo -en caso de que el Supremo autorice su exhumación- en la cripta de la catedral de la Almudena, donde la familia tiene una tumba y a lo que la Iglesia se opone ahora después de ponerse de perfil. Sin embargo, el Gobierno decidió que el cuerpo del dictador se entierre en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), un camposanto aislado, a 16 kilómetros de Madrid y donde está también enterrada su mujer, Carmen Polo. Un informe encargado a la Delegación de Gobierno amparó esta decisión ante los problemas de seguridad que podría implicar enterrar al dictador en la catedral, ubicada en el centro de Madrid.

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"It's very difficult todo esto": España ha gastado 272.000 euros en enseñar idiomas a los presidentes de Gobierno y sus equipos

"All day bonsais", "Sí, sí, sí, five hours", "It's very difficult todo esto", "I have been excellent relations" o "In all my manded, my terms, my..." son algunas de las frases con las que presidentes de Gobierno españoles han intentado comunicarse con mandatarios extranjeros o expresarse en foros internacionales. La pelea de los gobernantes de España con el inglés y francés (Pedro Sánchez es el único de los líderes de la democracia que se maneja en ambos idiomas) ha tenido un reflejo en foros europeos en los que se ha visto a los líderes españoles deambulando y sonriendo sin pronunciar palabra por sus limitaciones con esos idiomas. En las cuentas públicas ha quedado rastro de los intentos de los dirigentes por mejorar su capacidad en diferentes lenguas.

La partida de "Formación y perfeccionamiento del personal" aplicada en los Presupuestos Generales del Estado al Ministerio de Presidencia recoge el gasto que han hecho en La Moncloa durante las últimas legislaturas para que sus altos cargos y el personal, "incluyendo al propio presidente de Gobierno", sepan desenvolverse en otras lenguas.

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Aurelio García de Sola, el imputado en Púnica que conecta con Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid y Esperanza Aguirre

Aurelio García de Sola y Arriaga e Isabel Díaz Ayuso tienen al menos tres cosas en común: Avalmadrid, la entidad semipública por las irregularidades en la concesión de crédito, la asociación opaca Madrid Network y la recién imputada Esperanza Aguirre, que amadrinó a ambos dirigentes del PP y los metió en política y en su gobierno.

De Sola tiene además una conexión adicional con la expresidenta de la Comunidad de Madrid desde este lunes: ambos acaban de ser imputados en el caso Púnica. El juez cree que García de Sola utilizó el instituto público Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo, dependiente de la Consejería de Economía) -cuando era gerente- como tapadera para recaudar dinero para las campañas electorales de Esperanza Aguirre.

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El juez imputa en Púnica a un alto cargo de Ayuso que era consejero de Avalmadrid cuando financió a su padre

Francisco Lobo lleva desde 2003 trabajando en los gobiernos del PP de Madrid, cuando lo fichó Esperanza Aguirre tras su victoria electoral en la Comunidad. Ha estado también a la órdenes de Ignacio González, Cristina Cifuentes y formaba parte hasta este martes, cuando ha sido cesado, del organigrama que ha configurado Isabel Díaz Ayuso.

Hasta este mediodía, Lobo ocupaba el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Sanidad (puesto que desempeña desde 2015) y este lunes había sido imputado por el juez García Castellón en el caso Púnica, que investiga la financiación irregular del PP de Madrid con dinero de las concesiones de distintas administraciones públicas. El magistrado cree que aprobaba contratos dando apariencia de legalidad y a sabiendas de que no lo eran.

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Los proyectos ruinosos de Avalmadrid: de un parque fotovoltaico en Texas a una película en El Escorial con Julia Ormond

La empresa semipública Avalmadrid (más del 40% la financia la Comunidad y 40% Bankia) avaló numerosos proyectos ruinosos en la época que ha investigado el Banco de España (de 2008 a 2016, bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes). Según constata también la auditoría de 2019 del propio ente, de los 167 avalados que se pusieron bajo investigación, 100 arrojaron irregularidades y más de un tercio de los 82 millones de euros concedidos resultaron morosos o dudosos.

Entre las malas decisiones que se tomaron en el ente controlado por la Comunidad de Madrid, que tiene la presidencia, el informe interno destaca algunas operaciones que beneficiaron a sociedades fuera del tejido empresarial madrileño, al servicio del que supuestamente se puso Avalmadrid —que el año pasado firmó avales por 352 millones, de modo que los avalados investigados son unos pocos pero los de mayor importe—.

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Avalmadrid engañó al Banco de España y siguió aprobando avales millonarios de alto riesgo pese a los avisos

Avalmadrid es una entidad financiera semipública "constituida por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid", según asegura en su página web. La teoría parecía clara, pero la práctica no fue así. Además de los autónomos y las pymes, gran parte de sus avales –que sirven a su vez para conseguir financiación– fueron aprovechados por unas pocas manos, todas ellas relacionadas personal, empresarial o familiarmente con los propios consejeros o con el PP de Madrid.

En el año 2012, los inspectores del Banco de España investigaron por primera vez a Avalmadrid y emitieron un demoledor informe sobre esta entidad, al que ha tenido acceso eldiario.es.

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