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Raquel Ejerique

Soy periodista. Ahora redactora jefa de Política Social en eldiario.es. Me curtí en la prensa regional, donde con un par de ideas tienes que montar una página doble. De mi época de becaria aprendí a divertirme. De la de directora adjunta aprendí de arquitectura. También soy pianista, o eso dice un título que anda por casa.

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"La gente en España aún se muere mal, aullando"

La sedación y el debate sobre la eutanasia y la muerte digna se cruzó en la vida de Fernando Soler por casualidad. Trabajaba en el Hospital de Leganés, el del doctor Luis Montes, el caso en el que el gobierno de Esperanza Aguirre acusó de haber matado a 73 enfermos terminales (una carta anónima, la que abrió el caso, hablaba de 400). "Esa acusación era un insulto a cualquier trabajador de ese hospital", recuerda. Fue entonces cuando entró en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) y empezó su interés por evitar el sufrimiento en el fin de la vida. "La diferencia teórica entre sedación y eutanasia la aprendimos entonces", cuenta Soler.

Ahora, jubilado, sigue luchando a favor de la eutanasia como vocal de la Junta de Madrid de DMD, formando en sedación y en derechos de los pacientes.

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Alicia en el país de la especulación inmobiliaria

Anda España buscando la sombra de Alicia, una mujer misteriosa de la que solo se sabe que fue elegante, tenía 65 años y que vivía en un barrio acomodado del centro de Madrid. No porque fuera una mujer dada al lujo, es que en el centro de Madrid vivir en un piso pequeño e infame ya es en sí mismo un lujo. Se suicidó cuando iba a ser desahuciada.

No podía pagar la renta de 500 euros a su casero, una empresa que alquila apartamentos. Siempre hay alguien dispuesto a decir que no todo el mundo puede vivir en el centro y que se vaya la gente al extrarradio, para que los ciudadanos no molestemos con nuestras manías de vida cotidiana a las empresas que están rebañando el negocio inmobiliario y engordando sus cuentas. O por qué no aceptar nuevas indignidades disfrazadas de moda como el 'coliving', compartir pisos con desconocidos, lo que nuestros abuelos definían como miseria de posguerra.

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El máster de Carmen Montón, sin delito penal según la justicia pero plagado de irregularidades

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, emitió un auto el miércoles en el que decretaba el previsible archivo de la investigación sobre cómo obtuvo la exministra de Sanidad Carmen Montón su Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos. Es  la misma decisión que tomó en octubre con los másteres de Pablo Casado y Cristina Cifuentes (esta última será procesada, pero por la falsificación del acta). ¿Por qué la jueza archiva el caso máster al completo? El Tribunal Supremo dijo que el aforado Casado no iba a ser investigado, al no hallar indicios de delito, aunque sí "indicios de trato de favor". Esto provocó que la magistrada diera carpetazo al caso completo, con todos los beneficiados y los posibles benefactores, a excepción de la fabricación del papel: si Casado no era investigado, tampoco lo podían ser otros alumnos, incluida la compañera del presidente del PP que confesó en sede judicial que le regalaron el máster.

Carmen Montón está en la misma situación procesal que Casado, sin responsabilidad penal y sin proceso judicial en marcha, lo que no obsta para que sus másteres estuvieran plagados de anomalías e irregularidades. Según ha defendido Montón tras conocerse el archivo de su caso, la justicia ha determinado "que no había cometido ninguna irregularidad ni ningún delito" y "que no encuentra trato de favor", lo que no es del todo cierto: la justicia no ve indicios de que haya cometido ningún delito (como Casado), pero no se ha pronunciado sobre la parte académica ni sobre si hubo trato de favor.

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El frenético día de llamadas, coacciones y chivatazos para salvar a Cifuentes

El 20 de marzo de 2018, eldiario.es inició una ronda de llamadas para recoger la versión de los implicados en el caso Máster. La información iba a ser publicada al día siguiente, el 21 de marzo, y se iba a titular "Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas".

La estrategia para contrastar la información, tras consultar con el equipo legal ante la posibilidad de demandas contra el medio que luego se materializaron, fue iniciar una ronda de llamadas rápida y evitar así que los funcionarios de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que habían permitido el trato de favor y la falsificación se pudieran avisar entre sí para pactar una coartada. eldiario.es eligió llamar en primer lugar al que parecía el eslabón menos poderoso: la funcionaria de administración y servicios ( ascendida recientemente a jefa de servicio) Amalia Calonge, la persona que entró con su clave de usuario en el sistema y cambió dos "no presentado" por dos "notable" en las notas de Cristina Cifuentes. Lo hizo en el año 2014, pese a que el máster había concluido en 2012, y sin que mediara ninguna nueva matrícula de la alumna.

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Dimiten Suárez Illana y otros dos miembros del Consejo Social de la URJC, el órgano que alertó de lagunas en las cuentas de la universidad

El martes 26 de junio de este año se produjo una situación inusual en la Universidad Rey Juan Carlos. Las cuentas de 2017 se retiraron del orden del día y no fueron firmadas por el Consejo Social, el órgano que aglutina a patronal y sindicatos en esta universidad pública de Madrid, además de a representantes de la comunidad universitaria y de empresas que tienen convenios con la URJC. A día de hoy siguen sin ser aprobadas, ya que aunque sí pasaron por el Consejo de Gobierno de la URJC falta este trámite de aprobación por el Consejo Social. Se prevé que hasta 2019 no se aprueben, en una situación anómala y de excepcionalidad.

El motivo de que se retiraran las cuentas fue que, según denunciaron algunos consejeros entonces, "faltaba información" relativa a los institutos, entre ellos, el Instituto de Derecho Público (IDP) que expidió el máster de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, y había lagunas en la auditoría. Por su parte, fuentes universitarias confirmaron que las cuentas no pasaron, pero porque se retiraron del orden del día para ser "revisadas", sin hacer mención a las quejas de consejeros. Un mes antes, el 10 de mayo, por unanimidad, el consejo había pedido una investigación rigurosa después de que les hubieran presentado las cuentas para aprobar y en las que no vieron las cosas claras. 

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El prior del Valle de los Caídos vuelve a paralizar la exhumación de los Lapeña

En el mes de mayo de 2016, un juez autorizó la primera exhumación de cuerpos en el Valle de los Caídos. Los de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, dos hermanos que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados a Cuelgamuros sin la autorización de sus familiares. Desde entonces, la familia se ha topado con la oposición de los monjes benedictinos y su prior, Santiago Cantera, que ha intentado evitar los trabajos. También con continuos retrasos administrativos.

El pasado mes de abril comenzaron los trabajos de exhumación de estos dos hermanos republicanos, en lo que las familias (el hijo de uno de ellos aún vive) consideraron un gran éxito. Entraron los técnicos y las microcámaras. Pero hace dos días, las familias de la fosa de Calatayud fueron llamadas al Palacio de la Moncloa. Allí, el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo, les explicó que se ha encontrado un impedimento. Tienen que hacer un informe técnico y los monjes benedictinos, cuyo prior fue candidato de Falange y que  se ha opuesto siempre tanto a esta exhumación de los Lapeña como a la de Franco, vuelve a poner trabas a que entren técnicos y maquinaria. Eso, pese a que el presidente de los obispos le desautorizó y obligó a facilitar el cumplimiento de la sentencia: "No puede negarse a exhumar los restos", dijo entonces Blázquez. El prior no ha contestado a las presguntas de eldiario.es a ete respecto.

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Una justicia muda

Al juez Marchena le ha parecido demasiado salir como el monigote del PP en los mensajes de whatsapp de Cosidó. Ya sabía que era la cuota PP, al menos que ese partido le había elegido a él como cromo que jugar con el PSOE en su reparto de togas, pero lo que no sabía es que iban a arrastrarlo por el barro ante 146 senadores y luego ante toda España.

Ahora que ha dimitido antes de ser siquiera elegido formalmente por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (que por otra parte ya habían escuchado en todos los telediarios a quién iban a votar), Marchena, el juez con el que el PP respira tranquilo según Cosidó, juzgará el procés, que es una responsabilidad y un reto equiparable, si no mayor, a presidir el Supremo. La sentencia, especialmente si es rebelión, seguirá bajo la sospechosa sombra del magistrado al que el PP se jactaba de controlar. Con su dimisión, al menos salva los muebles y deja la duda de si fue una machada del portavoz del PP en el Senado o fue verdad que todo estaba atado y bien afinado. En estos momentos, una duda es el mejor de los escenarios al que puede aspirar el maltrecho poder judicial.

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La UNED abre expediente a una alumna que denunció errores en un examen y apuntó a una presunta prevaricación

Cristina Villanueva es alumna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), un centro público no presencial. Es abogada y el año pasado se matriculó en Administración y Dirección de Empresas (ADE) para mejorar su formación. El 5 de junio hizo un examen de la asignatura Contabilidad Financiera Superior y, tras varias denuncias y reclamaciones porque considera confuso el enunciado de una pregunta e injusto el nivel de dificultad, ha acabado expedientada por el rector. "Estoy a cuadros, simplemente he ejercido un derecho en un procedimiento administrativo, no estoy haciendo nada malo". Ahora se enfrenta a amonestación, "privación del derecho de asistencia" a clase o incluso a la pérdida del derecho de matrícula, lo que le dejaría sin posibilidad de seguir estudiando ahí durante algún tiempo esta asignatura y otras. El expediente se resolverá en los próximos días y el rector le informará de cuál es la sanción.

"En el examen se formularon preguntas que no venían exactamente así en el libro, y como resultado de ello, muchos estudiantes comentamos la sorpresa en los foros oficiales de la asignatura. A ello hay que añadir que se dan dos opciones de convocatoria de examen y la segunda fue mucho más difícil que la primera", relata Cristina a eldiario.es. Se sintió agraviada y reclamó, primero ante los profesores, luego pidió que se formara una Comisión de Revisión y luego escribió directamente al rector. Había sacado un 4,2, en su opinión injustamente y provocado por la confusión y dificultad de las preguntas. Después de todo el proceso le han mantenido la nota y se ha llevado un expediente sancionador.

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El Supremo deja un cadáver exquisito

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión insólita: la combustión del sistema judicial, divorciar los tribunales de los ciudadanos que recurren a ellos. Compitiendo contra sí mismo, el alto tribunal ha emitido una resolución que ha activado la palanca de la protesta social, una protesta que pide acabar con la opacidad de la institución pública más intocable y acorazada de España. La alta justicia era hasta hace poco incuestionable. Llegan pocos, a veces son familiares de otros pocos, pasan exámenes al alcance de pocos y luego escriben sentencias con un lenguaje para que lo entiendan otros pocos. Así, como grupo elegido y exquisito, de lejos, podrían parecer superiores.

La sentencia de 'la manada' puso una enorme lupa y abrió una vía de agua en la confianza de muchos ciudadanos. Tampoco ayudó que se condenara antes a tuiteros y raperos a penas de prisión. Ni contribuyó a cerrar el boquete el hecho de que se salvara a políticos aforados en procesos judiciales por los que los seglares sí pagan.

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Visita al zoo, una lavadora, cocinera o velones de misa: estos son los gastos que financia el Estado a los monjes del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos  lo pergeñó Francisco Franco cuando ganó la guerra y lo construyó en honor a los que lucharon con él. Un grandioso monumento fascista con abadía, basílica, hospedería, escolanía, explanada y la cruz más grande del cristianismo cuyos  gastos, íntegramente, corren a cuenta del Estado desde su creación en 1940. Entre reparaciones y gastos de personal, Patrimonio Nacional (que depende del Ministerio de Presidencia) se deja más de un millón de euros al año allí y, aunque también recauda por las entradas (cada una cuesta 9 euros), acumula pérdidas de 11 millones de euros en una década. 

Las cuentas y las pérdidas varían cada año pero lo que permanece estable es que los monjes que habitan allí reciben del Estado 340.000 euros anuales para sus gastos y para cumplir los fines que les encomendó, vía BOE, el dictador: " Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional", dirigir una escolanía de niños cantores, recoger el pensamiento de pontífices o mantener el culto "con todo el esplendor que la Iglesia recomienda". Para conseguir todo esto se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en 1957, cuyos beneficiarios son los monjes benedictinos. Es una fundación privada de carácter religioso que gestiona los 340.000 euros que le ingresa Patrimonio cada año y que financia la vida de los monjes, misas y su escolanía de niños cantores. 

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