Quiebra de la presunción de legitimidad

Sobre este blog

Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad.

El sistema político y el ordenamiento jurídico de la democracia parlamentaria es el resultado de la interacción de un “principio de legitimidad” y un “principio de legalidad”. El principio de legitimidad está en la Constitución. El principio de legalidad en el resto de las normas y actos que integran el ordenamiento jurídico, sean estas estatales, autonómicas o municipales.

El principio de legitimidad es el fundamento en el que descansa el principio de legalidad, sin el cual este último no podría operar. El principio de legalidad, entendiendo por tal la expresión de la actuación de todos los poderes públicos sin excepción, solamente puede ser operativo con base en la “presunción de legitimidad”. Los actos de los poderes públicos se presumen legítimos. Sin esa presunción de legitimidad el Estado se quedaría paralizado. Si cada poder público tuviera que acreditar cada vez que actúa cual es el título jurídico con base en el cual puede hacer lo que está haciendo, no se podría hacer absolutamente nada. Por eso, la legitimidad se presume. La legitimidad es imprescindible, pero se presume. No se exige que se acredite cada vez que se actúa.

Justamente por eso, la presunción de legitimidad puede ser puesta en cuestión siempre. No hay ningún acto de los poderes del Estado, sean estos estatales, autonómicos o municipales cuya presunción de legitimidad no pueda ser cuestionada. Los de las Cortes Generales y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional. Los de los Gobiernos y autoridades administrativas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La presunción de legitimidad puede acabar siendo destruida mediante la sentencia del Tribunal Constitucional o mediante la de los Tribunales contencioso-administrativos.

Descubre nuestras apps