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Elena Herrera

Periodista. Me estrené como becaria en la redacción de 'El Periódico de Aragón'. Después pasé por 'Público' (2010-2013) e infoLibre (2013-2018). El eldiario.es escribo, principalmente, sobre temas judiciales. Puedes contactar conmigo en eherrera@eldiario.es.

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Trapero niega que Jordi Sànchez interfiriera el 20S en Economía: "Le dije que él no haría el dispositivo y le colgué el teléfono"

La segunda ronda de los juicios al procés ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional con el interrogatorio al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El major ha centrado sus dos primeras horas de declaración en desmarcarse de los líderes independentistas y en defender el dispositivo del 20 de septiembre de 2017 frente a la conselleria de Economía. Ha negado que tuviera una "relación estrecha" con Carles Puigdemont y ha cargado contra el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, que tuvo un papel controvertido frente al departamento. "Le dije que él no haría el dispositivo y le colgué el teléfono", llegó a espetar Trapero a Sànchez en una conversación telefónica, ha explicado el major.

La Fiscalía ha mostrado a las claras en varias preguntas cuál es su tesis: una supuesta unidad de acción entre Trapero -y los Mossos- y los políticos independentistas para permitir el referéndum y llevar a Catalunya hacia la independencia unilateral. En ese marco, la concentración de 20-S se ve por parte de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira como un primer paso de los independentistas para imponer la secesión a costa de cercar a la Guardia Civil. 

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La Fiscalía insinúa que rebajará la acusación por rebelión contra Trapero al final del juicio

Primera jornada del juicio al major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. La Fiscalía mantiene de momento la acusación por rebelión contra el major y sus dos exjefes políticos, Cèsar Puig y Pere Soler, para los que pide once años de cárcel, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del procés. La mantiene ahora, pero el Ministerio Público ha dado a entender este lunes que la rebajará al final del juicio.

Las defensas han reiterado en el trámite de cuestiones previas lo que ya habían hecho antes de empezar la vista. A su juicio, no se puede acusar ya de rebelión a Trapero, Puig y Soler, habida cuenta de que, a criterio de la Fiscalía, son subordinados de los políticos condenados por un delito menos grave, la sedición. La respuesta del fiscal Miguel Ángel Carballo ha sido ambigua, pero encarada a rebajar la acusación al delito de sedición al final del juicio.

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Una vocal del CGPJ emite un voto en el que denuncia maniobras del bloque conservador para desacreditar a Delgado

Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Izquierda Unida, ha firmado un voto concurrente en el que denuncia actuaciones del bloque conservador –esto es, de los representantes elegidos por el PP– para poner en duda la capacidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, que este jueves avaló dividido el nombramiento de la exministra, está en funciones desde diciembre de 2018. 

Sáez explica en el texto al que ha tenido acceso eldiario.es que comparte la decisión de la cúpula del Poder Judicial de avalar el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado acordada por 12 votos a favor y 7 en contra. Pero afirma que la propuesta sometida a votación por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, es "incompleta" por la "llamativa omisión" de la referencia a la idoneidad de la persona propuesta que sí se había incluido en los informes de este mismo Consejo sobre los nombramientos de los últimos cuatro máximos responsables del Ministerio Público. 

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El Poder Judicial dice ahora que no hará más nombramientos tras designar en funciones a 47 jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este jueves que paraliza el nombramiento discrecional de jueces tras haber asignado estando en funciones 47 plazas de alto nivel, entre ellas, diez en el Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces está en situación de interinidad desde diciembre de 2018 y mantiene desde entonces la mayoría conservadora de la etapa de Mariano Rajoy.

El Poder Judicial realizó este anuncio por sorpresa y el mismo día en que siete vocales nombrados a propuesta del PP decidieron saltarse su obligación de evaluar los méritos profesionales de Dolores Delgado para votar en contra de su nombramiento invocando falta de parcialidad de la exministra elegida por Pedro Sánchez para dirigirla Fiscalía General del Estado. 

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Siete vocales conservadores del CGPJ eluden su obligación de valorar a Delgado como jurista y la rechazan por parcial

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y 7 en contra. Los siete vocales del Consejo que han votado en contra son Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Noya y Gerardo Martínez Tristán. Todos ellos pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular.

De éstos, Nuria Díaz ha anunciado durante el encuentro la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella. En el escrito para explicar su voto negativo afirman que Dolores Delgado no es idónea para el cargo por haber sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno y diputada electa por el PSOE en las últimas elecciones. Sin embargo, la "idoneidad" de Delgado no era objeto de la votación porque el presidente, Carlos Lesmes, les había entregado un escrito sobre el que pronunciarse que les obligaba a pronunciarse únicamente sobre si Delgado reúne los requisitos legales para el cargo. En resumen, han votado en contra de la próxima fiscal general por una cuestión que no era objeto de la consulta.

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El presidente del Poder Judicial propone avalar que el nombramiento de Delgado es solo legal pero no "idóneo"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no ha incluido alusión alguna a la idoneidad de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado en la propuesta que ha remitido a los vocales de este órgano para su debate y votación en la sesión de esta tarde. Las cuatro propuestas de nombramiento de máximos responsables del Ministerio Público analizadas en este mismo mandato del CGPJ –las de Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra– sí incluían un párrafo en el que se aludía de forma expresa a su "idoneidad". 

El texto sobre Delgado, al que ha tenido acceso eldiario.es, se limita a subrayar que, a la vista de la documentación recibida, "cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación". Estos requisitos, tasados por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. En las propuestas para la elección de los otros cuatro fiscales formuladas en los últimos años por el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces sí se incluía un párrafo en el que recalcaba los méritos y requisitos acreditados "determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento". 

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El Poder Judicial lanza el primer aviso a Pablo Iglesias por sus críticas a los jueces y Moncloa cierra filas con el vicepresidente

La coalición de PSOE y Unidas Podemos ya cuenta con una reprimenda del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, de mayoría conservadora, ha tardado solo 24 horas en reprender al vicepresidente Pablo Iglesias por sus palabras sobre la Justicia. En una entrevista en Antena 3 este martes, Iglesias había calificado como "humillación" que "muchos" tribunales europeos hayan "quitado la razón" a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés.

Las declaraciones no gustaron en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo principal órgano de decisión, la comisión permanente, emitió este miércoles un comunicado en el que pidió a Iglesias "moderación, prudencia y mesura" y le instó a abstenerse de hacer una "utilización política de la Justicia o cuestionar su independencia". La Moncloa reaccionó al toque de atención de la cúpula judicial cerrando filas con Iglesias: a través de un comunicado el Gobierno enmarcó las palabras del vicepresidente en "la libertad de expresión" y llamó a la oposición al diálogo para renovar el CGPJ, de actual mayoría conservadora, y cuyo mandato está agotado desde hace más de un año.

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119 de los 133 controladores de Madrid acusados por el caos aéreo de 2010 pactan con la Fiscalía para reducir sus multas

119 de los 133 controladores acusados en Madrid por el caos aéreo de 2010 han pactado con la Fiscalía reconocer el delito de abandono de servicio público para reducir las multas a las que se enfrentan y evitar el juicio que ha empezado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Siete de ellos, que formaban parte de la junta directiva del sindicato USCA o eran miembros de su comité ejecutivo, han aceptado multas de 30.000 euros y cinco meses de suspensión de empleo, mientras que el resto únicamente abonará una sanción de 15.000 euros.

El plante masivo de los controladores durante el puente de la Constitución de 2010 llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia y a militarizar el control del tráfico aéreo. El caos aeroportuario obligó a cancelar 1.352 vuelos y afectó a unos 700.000 pasajeros. El desencadenante del conflicto fue un decreto que limitaba las horas extra que podían hacer los controladores –y, en consecuencia, su sueldo–, así como otras medidas laborales. 

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El Constitucional obliga al Supremo a dictar otra sentencia contra los ultras condenados por asaltar Blanquerna

El Tribunal Supremo tendrá que dictar una nueva sentencia contra los catorce miembros de grupos ultraderechistas a los que condenó a penas de entre tres y cuatro años de cárcel por el asalto al centro cultural Blanquerna de Madrid en la Diada de 2013. Así lo ha acordado este martes por unanimidad el pleno del Tribunal Constitucional, que declara vulnerados los derechos a un proceso con toda las garantías y a la presunción de inocencia por la aplicación por parte del Alto Tribunal de la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica. 

El Supremo se basó en la aplicación de esa agravante para elevar la condena de la Audiencia Provincial de Madrid. El Alto Tribunal les impuso penas que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses de cárcel frente a los entre los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos y de multa por el delito de daños a los que les había condenado el tribunal inferior. El Supremo entendió que la conducta de los atacantes debía ser castigada con años de cárcel porque entrañaba intolerancia hacia la ideología catalanista.

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Pedro Sánchez da un giro radical en la relación del Gobierno con la Fiscalía y pone al frente a una de sus ministras

El Gobierno de Pedro Sánchez da un giro radical en su política respecto a la Fiscalía General del Estado. De nombrar a una fiscal al frente de la institución, María José Segarra, que ha evitado imprimir un sesgo progresista a ninguna de las más relevantes actuaciones del Ministerio Público, carrera por otra parte mayoritariamente conservadora, pasa a sustituirla por su hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Con su elección, el Ejecutivo abandona el criterio que se ha impuesto en la mayoría de los Gobiernos de la democracia, consistente en buscar un fiscal o un juez afín ideológicamente para el cargo de Fiscal General del Estado, pero sin una carga partidista tan fuerte como proceder de su propio Consejo de Ministros. Delgado, aunque no afiliada, se ha implicado de forma decidida en la campaña electoral para satisfacción de la Federación Socialista Madrileña, confiesan desde su dirección. El anuncio de que Sánchez propondrá a Dolores Delgado se ha producido sin que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hubiera tenido tiempo de tomar posesión.

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