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Elena Herrera

Periodista. Me estrené como becaria en la redacción de 'El Periódico de Aragón'. Después pasé por 'Público' (2010-2013) e infoLibre (2013-2018). El eldiario.es escribo, principalmente, sobre temas judiciales. Puedes contactar conmigo en eherrera@eldiario.es.

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Bárcenas pide apartar al juez Fernando Andreu del tribunal de la caja B

Luis Bárcenas quiere apartar al juez Fernando Andreu del tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular. Para pedir su recusación, el extesorero del PP alega que el magistrado, en su función de juez sustituto, ha intervenido de forma "puntual" pero con "evidente conocimiento" en la fase de instrucción de la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad irregular de los populares.

El magistrado acaba de incorporarse a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde ha sido designado ponente de ese caso y de otras dos piezas de Gürtel: la referida a la visita del Papa a Valencia y la de los tres contratos del Ayuntamiento de Jerez con la trama. Hasta su nueva designación había sido titular del Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. 

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PP y PSOE dejan en la estacada a sus candidatos para el Poder Judicial

La decisión del PP de romper de manera unilateral el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la renuncia de quien iba a ser el presidente, Manuel Marchena, deja en la estacada a los profesionales que socialistas y populares habían pactado para configurar ese órgano. Tras el movimiento del PP, el PSOE ha evitado este martes que se produzca la votación en el Pleno del Congreso sobre los nombres, así que tampoco apoyará en la votación del Congreso a esos candidatos.

La retirada del PP del pacto afecta especialmente a los que ya habían sido designados formalmente como candidatos a vocales en el turno de juristas –dentro de una propuesta conjunta de ambos partidos– y que incluso pasaron por el trámite de comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso el pasado viernes. Entre estos últimos está el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que juzgó la primera etapa del caso Gürtel y al que los diputados del PP cuestionaron en la Cámara Baja.

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Jaume Matas reconoce su "error" en el caso Nóos pero niega que hubiese ningún "saqueo" en el PP de Baleares

El expresident del Govern balear y exministro Jaume Matas ha reconocido este martes su "error" y su "culpa" por el caso Nóos pero ha negado que hubiese "saqueo" alguno en el PP de esa comunidad autónoma, organización que dirigió entre 1997 y 2012.  Matas ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación ilegal de los populares, en la que ha intervenido por videoconferencia desde la cárcel de Aranjuez. Desde el pasado junio cumple una condena de tres años y ocho meses en ese centro penitenciario por el desvío de fondos públicos del Govern al instituto que dirigía Iñaki Urdangarin. 

A preguntas de los diputados, Matas ha dicho ser "responsable" de lo que hizo con el "dinero" de los ciudadanos de Baleares, pero  ha rechazado que exista "ningún tipo de conexión o ninguna orden" entre las irregularidades contables del PP regional y el partido a nivel nacional. En este sentido, ha insistido en que los expresidentes del PP José María y Aznar y Mariano Rajoy nunca se entrometieron en las cuentas de los populares de esa comunidad, al tiempo que ha negado de forma tajante la existencia de una financiación ilegal en la formación autonómica. Sí ha reconocido que el tesorero del partido, Fernando Areal, que además es su cuñado, fue condenado por expedir "facturas irregulares" para "ajustar" la contabilidad electoral. 

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Trillo niega haber cobrado sobresueldos ilegales del PP y carga contra la UDEF

El que fuera ministro de Defensa y estratega jurídico del Partido Popular, Federico Trillo, ha asegurado este martes ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP que nunca cobró sobresueldos B de su partido y que no conoce "ningún tipo de caja" ni de cuentas paralelas en la organización. Sí ha admitido haber percibido "retribuciones complementarias" o "complementos de sueldo" de la formación pero siempre convenientemente declarados a Hacienda.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha recordado que en los llamados papeles de Bárcenas aparecen reflejados supuestos pagos a su nombre por valor de 185.256 euros entre 2001 y 2006. "No recibí ese dinero", ha negado de manera tajante Trillo en varias ocasiones. De hecho, a preguntas de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera, el exministro ha cargado contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que le atribuyó la supuesta recepción de sobresueldos en B del partido.

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El Poder Judicial cifra el seguimiento de la huelga entre los jueces en el 47% y las asociaciones lo elevan al 60%

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra el seguimiento de la huelga entre en el colectivo en el 47%, mientras que las asociaciones convocantes elevan esa cifra hasta el 60%. Según el órgano de gobierno de los jueces, 2.559 profesionales han comunicado a las presidencias de sus respectivos tribunales superiores autonómicos su decisión de secundar la jornada de paro. Los colectivos aseguran que han sido 3.234. En España ejercen actualmente 5.400 jueces y magistrados.

El seguimiento fue menos destacado en la carrera fiscal. Según la información recabada por la Fiscalía General del Estado, entre los representantes del Ministerio Público secundaron la movilización 1.004 de los 2.500 que trabajan en todo el país, el 40% del total. En su último recuento, hasta las 17.00 horas, las asociaciones rebajaban esta cifra hasta los 973 (39%). 

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El Gobierno avanza hacia el reconocimiento del derecho de huelga a los jueces y fiscales

Por primera vez en democracia, los jueces y fiscales que secunden este lunes la  convocatoria de huelga promovida por las siete asociaciones que les representan perderán la parte del salario correspondiente a ese día. Esta detracción, en la que está incluida la parte proporcional de complementos, pagas extras y descansos semanales, es habitual para cualquier trabajador que ejerza su derecho a seguir una convocatoria de paro oficial. Sin embargo, supone una novedad en el caso del tercer poder del Estado, cuyo derecho a la huelga está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. 

La decisión del Ministerio de Justicia, que ejerce como pagador, rompe con la tendencia seguida por el departamento en las otras convocatorias impulsadas en toda la democracia por todas las asociaciones, la última de ellas el pasado mayo. Y supone un avance hacia el reconocimiento del derecho a la protesta de jueces y fiscales, tal y como vienen reclamando los colectivos profesionales. No obstante, las asociaciones piden un compromiso expreso de regulación. "Nuestra reclamación es que haya un reconocimiento claro de ese derecho fundamental", señala Ignacio  González Vega,  presidente de Juezas y Jueces para la Democracia, de tendencia progresista. 

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El Consejo de Europa lleva desde 2014 criticando a España por la politización del sistema que designa al Poder Judicial

El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción  (Greco, por sus siglas en inglés), ha afeado a España en sus últimos tres informes la politización del sistema de  elección de los rangos más altos del poder judicial. Entre ellos, de los vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). 

En el primero de esos documentos, publicado en enero de 2014, ponía en valor la importancia de que el poder legislativo no se implicara en ninguna fase de estos procesos de selección precisamente en un contexto de "aumento" de los casos de corrupción. En los siguientes, difundidos en octubre de 2016 y enero de 2018, destacó la ausencia de "criterios objetivos" y "requerimientos de evaluación" en el modelo vigente en España. 

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Más de la mitad de los calabozos en las comisarías no tienen cámaras pese a que Interior lo prometió en 2015

Más de la mitad de las celdas y calabozos ubicadas en las instalaciones de la Policía Nacional no tienen cámaras de videovigilancia en su interior. En una  respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado y Rafael Mayoral, el Gobierno reconoce que 153 de las 272 áreas de detención no disponen de estos sistemas de grabación continua en esas estancias. Las otras 119 sí disponen de ellas.

En un protocolo aprobado el 1 de octubre de 2015,  el Ministerio del Interior capitaneado entonces por Jorge Fernández Díaz (PP) se comprometió a que "todas" las celdas y salas de aislamiento de las nuevas construcciones dispusieran de cámaras con circuito cerrado de televisión que, además, tendrían que ser "antivandálicas e inaccesibles al detenido". En los casos de rehabilitaciones, reformas, ampliaciones o adaptaciones de infraestructuras ya existentes, la obligatoriedad del cumplimiento de este protocolo quedó condicionada por la "viabilidad técnica" del edificio en cuestión. 

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Transparencia obliga a la URJC a publicar información clave del instituto de los másteres de Cifuentes, Casado y Montón

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tendrá que hacer pública documentación clave del polémico Instituto de Derecho Público (IDP) que organizó los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Lo hará obligada por una resolución del Consejo de Transparencia que da la razón a Podemos, que pidió conocer su reglamento interno, las subvenciones recibidas o el sueldo de sus empleados, entre otros datos, a través de los cauces que establece la legislación sobre acceso a la información pública para cualquier ciudadano.

La URJC negó al partido esa información alegando que hacerlo podría entorpecer la investigación abierta en un juzgado de Madrid sobre la gestión económica del IDP tras una denuncia presentada por su rector, Javier Ramos. La universidad llevó la gestión de este ente a los tribunales tras detectar, en una auditoría interna, que "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial". 

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El Poder Judicial que liderará Marchena: menos presidencialista, misma politización y mayoría progresista

La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pactado PSOE y PP resta protagonismo al próximo presidente del órgano de gobierno de los jueces. El candidato que han acordado los dos partidos, Manuel Marchena, se encontrará un CGPJ con todos sus vocales liberados, sin una comisión permanente que actuaba hasta ahora como un núcleo duro, y con 11 vocales progresistas de 20, una nueva etapa que sucede a la mayoría conservadora que impuso la arrolladora victoria electoral de Mariano Rajoy en 2011.

El pasado 30 de octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  La mayoría de la Cámara Baja ignoró las críticas a la politización de la justicia y evitó cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, a pesar de que era un compromiso que Pedro Sánchez como líder de la oposición y Dolores Delgado como miembro de la Unión Progresista de Fiscales habían repetido antes de llegar al Gobierno. La cuestión no es menor. Esos vocales son los encargados, entre otras funciones de negociar, más bien de repartirse, la elección de magistrados integrantes de los principales tribunales del país.

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