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Elena Herrera

Periodista. Me estrené como becaria en la redacción de 'El Periódico de Aragón'. Después pasé por 'Público' (2010-2013) e infoLibre (2013-2018). El eldiario.es escribo, principalmente, sobre temas judiciales. Puedes contactar conmigo en eherrera@eldiario.es.

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La interpretación sobre los plazos en las investigaciones penales augura conflictos en la Justicia pos-COVID

Tras dos meses y 17 días de parón por la pandemia del coronavirus, la actividad de los tribunales empieza a volver este jueves a la normalidad con la reactivación de los plazos judiciales, que han estado paralizados desde la entrada en vigor del estado de alarma. El regreso de la actividad ordinaria a los juzgados —afectados por una saturación endémica a la que se sumará la cascada de nuevos casos motivados por la crisis de la COVID-19— no se prevé ni mucho menos tranquilo.

Uno de los puntos de conflicto, según las fuentes consultadas, será la interpretación que hagan abogados, jueces y fiscales sobre cómo se tienen que reactivar unos de esos plazos: los relativos a las investigaciones penales. El real decreto con el que el Gobierno pretende contrarrestar la saturación de la justicia que va a provocar la COVID-19 establece en su articulado que todos los plazos "volverán a computarse desde su inicio". Y solo en el preámbulo especifica que no se debe tomar "en consideración" el plazo que hubiera transcurrido "previamente" a la declaración del estado de alarma.

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La disputa entre la Abogacía del Estado y la jueza del 8M: de la "causa general" al reproche por demorar la investigación

Abierta hace poco más de dos meses, en los días más duros de la pandemia, la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha feminista del 8M y otras 76 manifestaciones acumula en sus cuatro tomos varios folios de severos reproches. Son principalmente los que hace a la jueza instructora la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, imputado por prevaricación y pendiente de declarar en el juzgado de instrucción 51 de Madrid.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, está siendo especialmente crítica en sus escritos. Sostiene que la magistrada pretende "convertir" esta investigación en una "causa general" contra el Gobierno. Y critica que en su "afán de encontrar indicios" ha solicitado información no solo del imputado José Manuel Franco, sino de "otras autoridades" a las que ni siquiera identifica en sus resoluciones.

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La Abogacía del Estado acusa a la Guardia Civil de "deslizar sospechas" y "generar suspicacias" en su informe del 8M

Un escrito de la Abogacía del Estado, incorporado a la investigación del delegado del Gobierno de Madrid por no prohibir el 8M, acusa a la Guardia Civil de "deslizar continuas sospechas" y "generar suspicacias" en el informe que le reclamó la jueza en el marco de esa causa. La Abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación feminista del 8 de marzo cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus. 

"La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces por los complementos de documentación, perjudicial para la investigación y para el investigado, ya que genera aclaraciones posteriores, sucesivas, que hacen más complejo el análisis global de toda la información cuando no generan suspicacias, que son de todo punto innecesarias  y podrían evitarse dando el tiempo necesario para cumplir adecuadamente esos requerimientos", dice el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en alusión a su crítica a la jueza Carmen Rodríguez-Medel de ejercer una instrucción apresurada pese a la situación generada por la pandemia. 

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La Abogacía del Estado critica a la jueza del 8M por "convertir" la investigación a Franco en una "causa general de la crisis sanitaria"

La Abogacía del Estado sostiene que la jueza Carmen Rodríguez-Medel está "convirtiendo" la instrucción abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer en "una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".

El órgano dependiente del Ejecutivo, que defiende a José Manuel Franco en este proceso el carácter "prospectivo" de la investigación, iniciada en base a "meras sospechas e hipótesis" que la jueza "trata de suplir" con la extensa batería de diligencias acordadas. En el escrito, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso eldiario.es, destaca de la magistrada su "sorprendente celeridad" a la hora de abrir la causa solo tres días después de que entrara en su juzgado. 

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Las dádivas a políticos: cuando aceptar un regalo 'a cambio de nada' puede ser delito de cohecho

Es el más leve de los cohechos, pero su relevancia en la lucha contra la corrupción es total porque castiga a quien recibe regalos o dádivas simplemente por ser quien es en la vida pública. Penado con hasta un año de cárcel y hasta tres de suspensión de empleo y cargo desde 2010, el delito de cohecho pasivo impropio intenta poner coto desde la parte de los receptores a una de las prácticas en principio más sutiles que tienen los corruptores para ablandar las voluntades de los políticos: hacerles regalos más o menos cuantiosos 'a cambio de nada'. Al menos, de nada inmediato.

La cuestión de los regalos o dádivas a responsables públicos ha vuelto a la actualidad de manera reciente con los casos de los apartamentos de lujo de la cadena Be Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola, que alojan o han alojado a políticos en condiciones ventajosas. La presidenta de la Comunidad de Madrid paga 80 euros la noche por los dos apartamentos de ese empresario en los que lleva viviendo más de dos meses. El precio de mercado para solo uno de ellos en estancias más breve estaba cerca de 200 euros la noche.

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La Fiscalía reitera que el estado de alarma no suspende el derecho de manifestación e insta a analizar cada "caso concreto"

El estado de alarma no ampara por sí mismo la suspensión del derecho de reunión y manifestación, aunque su ejercicio sí puede verse limitado o restringido por razones de protección de la salud pública frente al riesgo de contagio. Es lo que sostiene el fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo en un documento enviado a todos los fiscales del país ante el "considerable" número de consultas realizado principalmente a raíz de las convocatorias a protestar contra la gestión del Gobierno. 

El documento insta a los fiscales a analizar cada "caso concreto" y a adaptar sus decisiones sobre la pertinencia o no de prohibir una concentración a las "condiciones actuales" de la pandemia en cada territorio "de modo que pueda garantizarse de manera real y efectiva el respeto estricto a las medidas de prevención del riesgo de contagio que rigen cada una de las fases [de desescalada] indicadas". 

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Madrid acusa al Gobierno de utilizar criterios de manera "discriminatoria", "genérica" y "descontextualizada" para negar su paso a la fase 1

La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de haber utilizado criterios de manera "discriminatoria", "genérica" y "descontextualizada" para negar su paso a la fase 1. En una carta remitida al Ministerio de Sanidad, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso rebate el fondo del informe con el que el Ministerio de Sanidad negó el cambio de escenario, pero también las formas, pues asegura no haber tenido acceso a las evaluaciones o informes técnicos que sustentaban ese nuevo rechazo antes de las rueda de prensa en la que se anunció la decisión. 

El Gobierno regional asegura que Sanidad sí ha permitido avanzar en la desescalada a autonomías con mayor incidencia acumulada del virus en los últimos 14 días, como Navarra, con 45,86 casos por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad de Madrid, esa cifra está situada en 39,74. Por otro lado, defiende que tiene capacidad para hacer pruebas PCR "las 24 horas al día, los siete días de la semana" y afirma que, pese a la objeción del ministerio, "queda suficientemente clara la garantía de dotación de profesionales" para hacer frente a la desescalada en la Comunidad.

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El estado de alarma no anula el derecho a la protesta: puede ejercerse siempre que haya medidas para proteger la salud

Ataviados con banderas de España y cacerola en mano, decenas de vecinos de algunos de los distritos de más renta de Madrid —Salamanca, Chamberí, Moncloa-Aravaca— han desafiado en los últimos días el confinamiento para protestar contra el Gobierno sin guardar las distancias de seguridad. Vox, que también alienta estas movilizaciones, ha convocado manifestaciones en coche para el sábado que viene en las principales ciudades. En sus proclamas y pancartas todos invocan su "libertad" y su "derecho" a manifestarse a pesar del estado de alarma. Y, en parte, tienen razón. Pero hay matices.

El actual escenario de excepcionalidad no ampara por sí mismo la limitación o prohibición del derecho de reunión y manifestación, sostienen juristas consultados por eldiario.es. Pero la incidencia del virus que ha puesto el mundo patas arriba sí impacta sobre el ejercicio de este derecho fundamental, que pueden limitarse "con proporcionalidad" si no se salvaguardan otros valores constitucionales en juego: la integridad física y la protección de la salud. Las imágenes de las concentraciones de los últimos días en los barrios más ricos de la capital muestran que no se guardaron las distancias de seguridad exigidas para evitar la propagación de un virus altamente contagioso que se ha cobrado la vida de más de 27.000 personas en España.

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El Poder Judicial en funciones reactiva los nombramientos de jueces que paralizó hace cuatro meses

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende reactivar estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de una treintena de plazas en los principales tribunales. Siete de ellas en el Supremo, el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales salvo en materia de garantías y derechos constitucionales y donde los nombramientos para magistrados son vitalicios salvo renuncia de la persona interesada. Los demás altos cargos —incluidos los presidentes de Sala del Supremo— tienen una duración de cinco años prorrogables una vez.

El pasado 16 de enero, la cúpula del Poder Judicial anunció por sorpresa que paralizaba los nombramientos con el argumento de que confiaba en que hubiera una "pronta renovación de la institución" tras la constitución de las cámaras y la formación de Gobierno. Hasta entonces había renovado 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. No obstante, en ese momento la cúpula del Poder Judicial ya advirtió de que los procesos selectivos volverían a ponerse en marcha si en un "tiempo prudencial" no se constataban "avances de cara a esa renovación". Este jueves, la comisión permanente ha acordado elevar al Pleno las bases que regirán el proceso de nombramiento de 25 plazas. Este órgano, conformado por veinte vocales y el presidente, Carlos Lesmes, tiene que votar la propuesta. 

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El Congreso respalda el plan del Gobierno para intentar evitar el colapso de los tribunales por la COVID-19

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles al real decreto con el que el Gobierno pretende contrarrestar la saturación de la justicia que va a provocar la pandemia de la COVID-19. El texto, que será tramitado como proyecto de ley para recibir enmiendas, establece entre otras medidas que el plazo para investigar "volverá a computarse desde su inicio" cuando se levante el estado de alarma. En consecuencia, el contador de los plazos para investigar macrocausas de corrupción cuya instrucción estaba a punto de concluir como Púnica o los papeles de Bárcenas se pondrá a cero cuando acabe la situación de excepcionalidad. Esta medida afecta a todas las investigaciones judiciales abiertas. 

El Gobierno ha conseguido para esta votación el respaldo de ERC, PNV y otras formaciones minoritarias que han exigido que se tramitara como proyecto de ley para poder proponer modificaciones. Han votado en contra PP, Ciudadanos, Junts per Catalunya o la CUP. El debate ha sido duro y los grupos de la oposición han criticado que el real decreto no contemple la inversión necesaria y no haya tenido en cuenta la opinión de los operadores jurídicos. "Ha logrado enfadar a todo el mundo", ha asegurado Edmundo Bal, de Ciudadanos, solo una semana después de que su partido diera apoyo al Gobierno para prorrogar el estado de alarma.

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