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Esther Ballesteros

Apasionada de la información judicial, me especialicé hace ocho años como periodista de tribunales gracias a las numerosas causas de corrupción política y económica abiertas en Baleares. Con 19 inicié mi andadura en la delegación balear de Europa Press, y tras casi catorce dedicados al periodismo de agencia, a principios de 2017 decidí volcarme en el periodismo freelance.

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Díaz Ferrán evita la cárcel pese a asumir el amaño en dos concursos para la gestión de amarres

Con más de once años de prisión a sus espaldas por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas; provocar el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans -del que fue copropietario junto a su exsocio Gonzalo Pascual, fallecido en 2012-; apropiarse de hasta 4,4 millones de euros de los clientes del conglomerado, y hacer uso de las tarjetas black, Gerardo Díaz Ferrán ha regresado al banquillo. Pero, pese a declararse culpable de intervenir en el amaño de sendos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza de los que dos de sus empresas resultaron beneficiarias de forma ilícita, el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha evitado su encarcelamiento a cambio del pago de 2.640 euros en multas.

El acuerdo se ha escenificado en la Audiencia Provincial de Baleares, donde Díaz Ferrán iba a ser juzgado junto a otros doce procesados en el marco de una macrocausa, conocida como caso Mar Blau, cuya instrucción se ha prolongado durante más de ocho años. Sin embargo, sólo tres de ellos han sido finalmente condenados, entre ellos el exmáximo responsable de la patronal española, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclamaba inicialmente tres años y medio de prisión por delitos de delitos de falsedad documental y de alteración de subastas y concursos públicos y el pago de parte de una fianza de cincuenta millones de euros.

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La proliferación de pisos de alquiler ilegales y los precios ponen en cuestión el modelo turístico de Ibiza

Mientras los propietarios de viviendas hacen su particular agosto en Ibiza ofreciendo camas por 500 euros al mes en habitaciones a compartir y pisos de una habitación por más de 1.500, sin contar con los balcones, porches y caravanas que llegan a ofertarse por internet, la situación hotelera de la isla pitiusa no pasa por su mejor momento.

El principal motivo es la proliferación de los alquileres turísticos ilegales que inundan la web y a los que el Gobierno balear ha decidido poner coto. Pero además a esto se suma la proliferación de una mayor oferta de nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas, lo que supone un encarecimiento de los precios que complica colgar el capital de completo, reconocen fuentes del sector. ¿Se está agotando la gallina de los huevos de oro?

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Diez personas por apartamento, la situación límite de Ibiza

"Busco chica que cocine y limpie en mi apartamento a cambio de alquiler y comida gratis". Es uno de los últimos anuncios publicados en Internet que revelan la situación que atraviesa la vivienda en Ibiza, donde en estos momentos llegan a hacinarse hasta diez personas por apartamento. En esos ‘pisos patera’, cada inquilino paga una media de entre 350 y 500 euros.

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Los Ruiz-Mateos se escudan en "papaíto" pero no convencen a los fiscales

Tras seis sesiones de juicio, los hijos de José María Ruiz-Mateos se han asido a la sempiterna figura de su padre para afrontar las acusaciones de estafa que pesan sobre ellos por la compra presuntamente fraudulenta de varios establecimientos hoteleros. Pero la Fiscalía Anticorrupción mantiene incólume su tesis contra ellos e incluso ha elevado hasta los siete años y medio su petición de cárcel para cada uno de los acusados.

Pese a afanarse en defender las bondades del empresario jerezano durante sus más de cincuenta años de trayectoria empresarial y atribuir a su persona toda responsabilidad en los avatares de Nueva Rumasa, los alegatos de los seis vástagos varones del patriarca, contra quien también iban dirigidas las acciones penales hasta su fallecimiento en septiembre de 2015, han resultado inverosímiles a ojos de las acusaciones.

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Uno de los hijos de Ruiz-Mateos: "Si mi padre nos hubiera dicho que no se pagara, habría sido para denunciarle"

"¿Por quién nos toma? Me está diciendo a la cara que mi padre nos decía que no pagásemos". Así ha reaccionado ante el fiscal uno de los hijos de José María Ruiz-Mateos durante el juicio que, desde ayer, se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares por la compra presuntamente fraudulenta de dos hoteles y en el que ha aseverado tajante que si el fundador de Nueva Rumasa les hubiera dicho que no se abonara lo acordado en esta operación, "habría sido para denunciarle".

En concreto, los seis descendientes varones del empresario jerezano se sientan en el banquillo a raíz de una presunta estafa de más de siete millones de euros en la adquisición, en 2008, de dos hoteles Beverly en Mallorca y Gran Canaria, para lo cual se hicieron servir de avales inveraces con los que lograron granjearse la confianza de los vendedores. El Ministerio Público reclama para cada uno siete años de cárcel por delitos de estafa agravada, falsedad documental e insolvencia punible.

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Los hijos de Ruiz-Mateos declaran acusados de estafa por la compra de dos hoteles

Estafa agravada, falsedad documental e insolvencia punible. Son los delitos por los que desde este miércoles se sientan en el banquillo los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, quienes, bajo una petición de siete años de cárcel cada uno, serán interrogados mañana a raíz de la adquisición presuntamente fraudulenta de dos hoteles, uno de ellos en Calvià (Mallorca) y otro en Maspalomas (Gran Canaria).

Tal y como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares personadas en el procedimiento judicial, tanto el que fuese fundador de Nueva Rumasa como sus vástagos aparentaron una falsa solvencia para que los propietarios iniciales de los inmuebles les vendieran su participación en los mismos y, una vez firmada la adquisición por 11,7 millones de euros, con más del 80 % del pago del precio aplazado, dejaron sin abonar 7,3 millones.

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