Nueva ofensiva judicial contra el policía sancionado por alquilar infraviviendas a personas vulnerables en Palma

La asociación Stop Desahucios Mallorca ha interpuesto este martes una denuncia contra el propietario de las infraviviendas y trasteros situados en unos sótanos de la avenida Joan Miró de Palma, donde malviven decenas de personas en situación de vulnerabilidad. Se trataeld de un policía local que ya fue detenido por arrendar ilegalmente estos habitáculos y fue suspendido de empleo y sueldo a raíz de estos hechos. El Govern balear le impuso además una multa de dos millones de euros por la explotación de estas las infraviviendas, pero continúa, como denuncia la entidad, cobrando alquileres y presionando para vaciar los habitáculos.

La querella, registrada ante el juzgado de guardia, se dirige contra Barama Nesa, la sociedad mercantil de la que el policía es administrador único, y le atribuye la presunta comisión de un delito de estafa procesal, además de haber actuado en fraude de ley y abuso de derecho.

La denuncia se presenta a escasos días de la ejecución de dos desahucios previstos en el inmueble del número 24B de la avenida Joan Miró, donde residen varias familias. Según Stop Desahucios, uno de esos lanzamientos estaría directamente relacionado con la supuesta estafa procesal denunciada, por lo que ha solicitado al juzgado su suspensión cautelar.

La asociación sostiene que la mercantil habría desarrollado una estrategia “deliberada y de mala fe” para inducir a error al juzgado sobre la aplicación de la normativa vigente tras la finalización de la moratoria antidesahucios. A su juicio, el objetivo habría sido evitar la aplicación de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda y el trámite previo de mediación exigido en determinados supuestos.

Stop Desahucios añade que, en caso de que la Administración asumiera el pago del alquiler de una de las familias vulnerables, los fondos públicos acabarían beneficiando a una empresa que, asegura, acumula “cuantiosas multas”. La organización sostiene que esa circunstancia explicaría el supuesto interés del propietario en mantener el cobro de unos alquileres que considera irregulares y eludir las consecuencias derivadas de las sanciones administrativas.

Respecto al segundo lanzamiento previsto en el edificio, la entidad afirma que afecta a otra familia cuya situación de vulnerabilidad ya habría sido reconocida judicialmente, aunque el juez no suspendió el procedimiento por su interpretación de la legislación aplicable. En cualquier caso, la plataforma tiene previsto presentar este martes un nuevo escrito solicitando la paralización cautelar del desahucio.

Además de este frente judicial, Stop Desahucios denuncia que las familias residentes en estos sótanos continúan sufriendo cortes de suministros básicos y acusa al Ayuntamiento de Palma de desarrollar una estrategia de “acoso institucional”. En concreto, sostiene que trabajadores sociales municipales han acudido a las viviendas con el objetivo de convencer a los afectados de que el desalojo resulta “inevitable”, una actuación que la organización considera destinada a “desmoralizar” a las familias.

Tres desahucios previstos para el jueves

La plataforma también ha alertado de otros tres procedimientos de desahucio recientes, entre ellos el de una familia que reside en una vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y cuyo lanzamiento está previsto para este jueves.

Según explica la asociación, los afectados permanecieron en el inmueble para cuidar de la titular del contrato de alquiler, su abuela, ya fallecida. Stop Desahucios considera que el Ibavi debería haber estudiado la posibilidad de autorizar la subrogación del contrato en favor de la familia.

La entidad también denuncia supuestas irregularidades en la tramitación del procedimiento judicial. Asegura que la familia lleva sin procurador desde noviembre, cuando la profesional que la representaba causó baja, y que el juzgado no ha designado un sustituto mientras continuaba la tramitación del expediente. Por este motivo, ha solicitado la nulidad de las actuaciones y la suspensión del lanzamiento al amparo de la moratoria antidesahucios, escritos sobre los que, según afirma, todavía no ha recibido respuesta.

La organización recuerda, asimismo, que el pasado lunes lograron paralizar otros dos desahucios, uno ya programado y otro comunicado, según asegura, con menos de dos horas de antelación. Stop Desahucios atribuye esas suspensiones a la movilización vecinal y hace un llamamiento a la ciudadanía para concentrarse y tratar de impedir los tres lanzamientos previstos para este jueves.

De hecho, el próximo domingo 26 está convocada una manifestación para denunciar el encarecimiento de la vivienda y reclamar medidas frente a la dificultad de acceso a un hogar, en un contexto de creciente tensión por los precios del alquiler y la compraventa.

Desde hace años, Balears acusa con dureza los efectos de la especulación inmobiliaria, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistificación: el archipiélago es la comunidad autónoma que registra los mayores encarecimientos de los precios en la compraventa de inmuebles y donde más años de salario se requieren para poder afrontar la adquisición de un hogar.

El nuevo frente judicial coincide, de hecho, con la convocatoria de una manifestación por el derecho a la vivienda prevista el próximo domingo en Palma, en un momento en el que el acceso a un techo se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de las islas. La escalada de los precios del alquiler y la compra afecta ya a trabajadores de prácticamente todos los sectores, desde camareros y personal sanitario hasta docentes, mientras las personas con menos recursos se ven empujadas a infraviviendas, caravanas o, directamente, a abandonar el archipiélago.