Balears rechaza el nuevo sistema de financiación autonómica: “Nos han servido un plato de lentejas”

El Govern balear ha votado este viernes en contra de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda y aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El modelo ha salido adelante con el voto favorable del Ejecutivo central, Catalunya y Canarias frente al rechazo del resto de comunidades presentes.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido el rechazo de las Islas “con total convicción” al considerar que la propuesta no recoge “ni una sola de las reclamaciones unánimes” planteadas por Balears. Según ha señalado la Conselleria en un comunicado, el nuevo modelo no contempla adecuadamente la insularidad, la población flotante, el crecimiento demográfico ni el principio de ordinalidad.

Costa ha acusado además al Ministerio de Hacienda de haber presentado un modelo “impuesto” y sin margen real de negociación. “Nos han servido un plato de lentejas”, ha reprochado el conseller. El también portavoz del Govern ha atribuido la reforma a las necesidades políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus compromisos con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unas críticas que se producen en un contexto en el que el nuevo modelo parte del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo central con Catalunya y cuenta con el respaldo de esta comunidad en el CPFF.

Balears reclama más peso de la insularidad

Una de las principales objeciones del Govern es el tratamiento de la insularidad. Costa ha aseverado que Balears había reclamado que esta variable tuviera un mayor peso en el cálculo de los recursos que reciben las comunidades, recriminando que la propuesta, a su juicio, “no sólo no lo hace, sino que reduce el peso de la variable”.

El Ejecutivo balear también considera insuficiente el tratamiento del crecimiento demográfico y de la llamada población flotante. Costa ha recordado que la población de las Islas ha aumentado un 50% en los últimos 20 años y ha destacado que el archipiélago recibe cada año millones de turistas y trabajadores temporales que utilizan servicios públicos sin que esta población tenga, según el Govern, un reflejo suficiente en el sistema de financiación.

Otro de los puntos de discrepancia es el principio de ordinalidad. Balears reclama que las comunidades que más aportan al sistema no terminen ocupando posiciones muy inferiores en recursos recibidos por habitante. “Nosotros somos los segundos que más dinero aportamos al sistema de financiación, pero somos los décimos a la hora de recibir recursos”, ha afirmado Costa: “Queremos ser los segundos en aportar, pero también los segundos en recibir”.

El nuevo modelo prevé precisamente una mayor financiación para el conjunto de las autonomías de régimen común. Hacienda calcula que supondrá cerca de 21.000 millones de euros adicionales a partir de 2027. La propuesta incrementa, entre otras medidas, la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%, además de elevar los recursos aportados directamente por el Estado.

El Govern teme una pérdida de autonomía fiscal

Costa también ha expresado su rechazo a cualquier mecanismo que pueda terminar obligando a las comunidades a elevar determinados impuestos. El conseller ha advertido de que el Govern de Marga Prohens considera una “línea roja” cualquier reducción de la autonomía fiscal de Balears.

“El Govern de Marga Prohens ha bajado los impuestos y ha eliminado el impuesto de las herencias porque así lo votaron los ciudadanos de Balears y este Govern no tolerará que se reduzca su autonomía fiscal y que nos obliguen a subir los impuestos”, ha incidido.

La aprobación del CPFF no supone todavía la entrada en vigor del nuevo sistema. El proyecto deberá pasar primero por el Consejo de Ministros y posteriormente por el Congreso de los Diputados, donde su tramitación se presenta incierta. Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad. Además, el nuevo modelo se plantea sobre una base voluntaria: las comunidades podrán permanecer en el sistema vigente, aprobado en 2009 y caducado desde 2014, si deciden no incorporarse al nuevo esquema.