De Chopin a Airbnb (pasando por Tik Tok): el difícil control del alquiler turístico ilegal
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Espacio de opinión de la delegación de elDiario.es en Illes Balears. Las asociaciones políticas, sociales, económicas y culturales de las islas debaten sobre los distintos temas que afectan al archipiélago. Puedes enviar tu opinión a illesbalears@eldiario.es en castellano o catalán y sin límite ni máximo de caracteres.
Cuando Frédéric Chopin y George Sand llegaron a Mallorca en 1838 lo hicieron buscando clima y salud en una estancia temporal alejada del invierno parisino. Primero se alojaron en Palma y después en Valldemossa. Aquella experiencia, inmortalizada por George Sand en Un invierno en Mallorca, refleja una práctica antigua: residir temporalmente en una vivienda ajena por motivos diversos (personales, vacacionales, estacionales).
Casi dos siglos después, el fenómeno ha cambiado de escala, de lógica y de consecuencias. Lo que antes era una forma ocasional de alojamiento se ha convertido en una industria global articulada a través de plataformas digitales capaces de comercializar millones de viviendas en tiempo real. El alquiler turístico de corta duración ha transformado barrios enteros, especialmente en ciudades y territorios como Mallorca, Málaga, Barcelona o Ibiza, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.
La tardía respuesta jurídica de la Unión Europea es un paso importante, pero insuficiente. El Reglamento (UE) 2024/1028 de alquiler de corta duración obliga a las plataformas a colaborar con las administraciones mediante sistemas de registro, verificación (desafortunadamente solo aleatoria) y transmisión de datos sobre anuncios y arrendadores (anfitriones, en la terminología de Airbnb, curiosamente seguida por las autoridades de la Unión). España, por su parte, ha respondido con el denominado Registro Único de Arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 y destinado a centralizar a nivel estatal la identificación de inmuebles ofertados en plataformas digitales. La idea, en principio, parece sencilla: si cada vivienda tiene un número de registro (concedido, conforme al Real Decreto español, por el Colegio de Registradores de la Propiedad) y las plataformas lo verifican y, además, comparten información, será más fácil detectar la oferta ilegal. Pero la realidad es bastante más compleja.
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