La mordaza burocrática que convierte la radio en un acto de supervivencia

Vivimos en una paradoja tecnológica. Mientras nos llenamos la boca hablando de la democratización de la información y la libertad digital, una de las tecnologías más robustas, democráticas y accesibles de la historia, la radio en Frecuencia Modulada (FM), permanece secuestrada por una administración que parece vivir de espaldas a la realidad. 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) mantiene, año tras año, un Plan Técnico Nacional de Radiodifusión que actúa más como un candado que como una herramienta de ordenación. La excusa oficial es siempre la saturación del espectro. Sin embargo, la realidad técnica sobre el terreno —visible para cualquier ingeniero y audible para cualquier ciudadano que recorra el dial en zonas como Menorca o tantas otras comarcas de la España vaciada— desmiente este dogma. 

El dial no está lleno; está mal gestionado. 

Existen zonas geográficas donde, con una simple optimización técnica y voluntad política, se podría ajustar más el dial. Hay huecos. Hay silencio donde podría haber voces. Negarse a modificar el Plan Técnico en estas áreas no es una medida de precaución, es una barrera artificial que impide a empresarios locales, asociaciones culturales y entidades ciudadanas ofrecer alternativas reales a la audiencia. Se bloquea la innovación y se ahoga la pluralidad informativa bajo el peso de una burocracia estática. 

Pero el problema no es solo de frecuencias, es de clase. El sistema actual está diseñado para los gigantes, expulsando sistemáticamente al Tercer Sector. 

Para una asociación sin ánimo de lucro, una radio comunitaria o una pequeña entidad cultural, intentar hacer las cosas “como Dios manda” es una carrera de obstáculos diseñada para que abandonen. Se exige una adaptación de los precios y las tasas. No es lógico ni justo que una emisora social, cuyo beneficio revierte directamente en la comunidad y no en una cuenta de resultados, tenga que afrontar costes prohibitivos y trámites administrativos tan tediosos que requieren un departamento legal del que carecen. 

¿Cuál es la consecuencia directa de esta asfixia regulatoria y económica? La ilegalidad forzada. 

Cuando la administración cierra la puerta a la legalidad durante décadas, sin convocar concursos y manteniendo barreras económicas insalvables, empuja a los comunicadores a la ocupación alegal del espectro. No son piratas con parche en el ojo; son vecinos que quieren hacer radio. Criminalizar a quien ocupa una frecuencia porque no se le ofrece ninguna vía realista para regularizarse es un acto de cinismo administrativo. 

Ya denuncié el “olvido radiofónico” que sufrimos en territorios como Menorca, pero este es un mal endémico de todo el Estado. La radio es un servicio público, incluso cuando la gestionan privados o el tercer sector. 

Es hora de que SETELECO deje de mirar hacia otro lado. Necesitamos un Plan Técnico vivo, que reconozca la realidad técnica de cada zona para dotar de más licencias donde caben. Y necesitamos, con urgencia, que el acceso a las ondas para el tercer sector sea asequible y sencillo. Mientras no lo hagan, el desorden del dial no será culpa de quienes emiten sin licencia, sino de quienes tienen la llave de la legalidad y se niegan a usarla.