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Iker Rioja Andueza

Soy periodista por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y experto profesional en Seguridad Ciudadana y Criminología por la UNED. Desde 2009 (y antes en prácticas) he trabajado desde Vitoria en la edición vasca de El Mundo realizando temas de sociedad, política, investigación y lo que surgiera. A partir de 2016 aquí. Euskadi Irratian/Radio Euskadin ere. Autor del libro sobre corrupción vasca "Dentro de lo normal".

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Las dos almas del PNV: Egibar se aferra al pacto soberanista con EH Bildu y Urkullu lo califica de "fracaso estrepitoso"

Euskadi ha dado por inaugurado un nuevo curso político con la celebración este jueves en el Parlamento Vasco del debate de política general. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha salido del hemiciclo tras más de 10 horas de trabajo consciente de su posición minoritaria en la Cámara de cara a la próxima tramitación de los presupuestos de 2019 tras el confirmado 'agur' del PP de Alfonso Alonso y con un toque de atención de sus socios del PSE-EE por la propuesta "soberanista" del PNV para reformar el Estatuto de la mano de EH Bildu. El entuerto político es tal que el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha empleado su tiempo intentando amarrar con la izquierda abertzale las bases en torno al derecho a decidir -e incluso extenderlas a la colaboración en materia económica- mientras Urkullu decía más claro que nunca que el acuerdo estatutario sin los no nacionalistas y el visto bueno del Estado es inviable y tendía indisimuladamente la mano al PP.

Esta bicefalia, observada con atención por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, desde el palco de invitados, no ha pasado inadvertida para la oposición. "Sus discursos se parecen como una castaña a un huevo", ha ironizado Lander Martínez (Elkarrekin Podemos). "¡El señor Egibar parece que le está convenciendo a usted [para pactar con EH Bildu] mientras al único que busca el lehendakari es al PP!", ha interpretado el 'popular' Alonso.

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Mendia avisa a Urkullu: la reforma estatutaria "sólo recoge las aspiraciones de una parte de la sociedad"

El Gobierno de Iñigo Urkullu es una coalición de PNV y PSE-EE. Los socialistas, de manera ordinaria, no ejercen de oposición en el Parlamento Vasco. Pero en materia de autogobierno ambos socios tienen libertad. Tan es así que la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha articulado un discurso contundente contra el acuerdo de PNV y EH Bildu para reformar el Estatuto de 1979 y que el lehendakari pretende "ensanchar" sobre la base del reconocimiento de la nación vasca y su derecho a decidir durante su intervención en el pleno de política general que celebra este jueves la Cámara.

"De poco sirve invitar al acuerdo si hoy ya se da por cerrado un modelo. De poco sirve apelar a la pluralidad si el modelo que se ofrece recoge las aspiraciones de [solamente] una parte de la sociedad [...]. Debemos tener bien aprendido que los grandes acuerdos sólo se construyen desde el reconocimiento mutuo, desde la asunción de las diferencias, desde el respeto a la legalidad, desde los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad", ha recalcado Mendia, mientras Urkullu, desde su escaño no ha parado de tomar notas con letra diminuta.

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Urkullu aspira a un nuevo Estatuto vasco con rango "cuasi-constitucional" y acuerdo con el Estado

"Cabe decir que el Gobierno vasco es previsible. Sí, sin problema", ha admitido el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su discurso de unos 75 minutos (25 folios) que ha abierto el debate de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco. Los años de sobresaltos y grandes anuncios de Juan José Ibarretxe han dado paso a los discursos pausados del "previsible" Urkullu. Este 2018, año de cambio de Gobierno en España, convulsión en Cataluña tras el referéndum de 2017 y pacto entre PNV y EH Bildu para superar el Estatuto vasco de 1979 para reconocer el carácter nacional de Euskadi y su derecho a decidir, el lehendakari ha optado por quedarse con una reflexión filosófica sobre el autogobierno vasco para desear que el texto que sustituya al Estatuto tenga rango "cuasi-constitucional" y dé más competencias a Euskadi dentro de una España "plurinacional", pero se ha cuidado de alejarse del modelo catalán y ha reivindicado el acuerdo con el Estado.

De Cataluña ha dicho Urkullu que "la judicialización de la política es contraproducente" y que la "prisión provisional" no es una medida proporcionada ni justificada para los impulsores del 'procès'. En este sentido, ha pedido poner fin al "encarcelamiento preventivo" -que no a los procesos judiciales- de "todos" los presos. Urkullu se reunió en agosto con el reo Oriol Junqueras y pidió su liberación. El nuevo 'president', Quim Torra, contactó con él y le mostró su malestar por no hacer extensiva esa demanda a todos los reclusos. 

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La Fiscalía exigirá el ingreso en prisión de De Miguel por corrupción

Las negociaciones continúan en el 'caso De Miguel'. El principal acusado, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de 21 delitos de corrupción y que se expone a 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo), tiene ya sobre la mesa una propuesta de rebaja de condena por parte de la Fiscalía a cambio de que se declare culpable, empezando por la admisión de que la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi era cierta y de que él y el también dirigente nacionalista, Aitor Tellería, la extorsionaron para cobrarle una comisión de 100.000 euros. El ministerio fiscal, en todo caso, exigirá el ingreso efectivo en prisión tanto de quien todos conocen como Txitxo como del resto de los imputados que sean condenados en virtud de estos pactos.

La propuesta de la Fiscalía pasa por flexibilizar su acusación rebajando el número de delitos totales (se pueden agrupar en menos tipos) y también por solicitar la aplicación de penas de prisión más bajas para cada uno de ellos dentro de los márgenes que permite el Código Penal. Desde las defensas, se especulaba con la posibilidad de que también se incluyera una suspensión del ingreso en prisión. Existe un resquicio por el cual ese objetivo se puede lograr -aun con una pena acumulada importante- si individualmente ninguno de los delitos que sean asumidos supera los dos años y se cumple con el resto de condiciones, principalmente la satisfacción de las multas económicas. Fuentes judiciales consultadas por este periódico confirman, en todo caso, que la Fiscalía se opondrá a esas suspensiones en la fase de ejecución de condenas y así se lo ha trasladado ya a sus interlocutores en las conversaciones que se mantienen muy vivas en las últimas horas.

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Euskadi impulsará un plan integral para evitar la desprotección de los 'menas' al cumplir los 18 años

El Gobierno vasco ha anunciado este miércoles que coordinará con las diputaciones forales, que se encargan de la atención de menores extranjeros no acompañados (o 'menas'), la puesta en marcha a partir de noviembre de un "plan integral de inclusión sociolaboral" de esas personas a partir de la mayoría de edad y aproximadamente hasta que cumplan los 23 años. "Las diputaciones hacen un gran esfuerzo con los 'menas' y es importante que ese esfuerzo no acabe con los 18 años [...]. Es un colectivo muy vulnerable porque con la mayoría de edad salen de los centros de protección y en muchos casos se quedan bastante desamparados y van dando tumbos", han explicado la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, y el secretario general de Derechos Humamos y Convivencia, Jonan Fernández, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Este colectivo, conocido como 'jenas' ('jóvenes extranjeros no acompañados'), dispone ahora de programas de emancipación y de pisos sociales "pero hay una necesidad imperiosa de impulsar la atención socio-laboral". Lo que se planteará desde noviembre es una "formación completa" de dos años para que al menos 250 jóvenes puedan tener acceso al mercado de trabajo. En Euskadi, se entiende que a partir de los 23 años es posible acceder a la renta de garantía de ingresos, el salario social para personas sin recursos o con ingresos bajos, y para los 'menas' el tramo de los 18 a los 23 años podía suponer un riesgo de exclusión social sin los apoyos adecuados. El plan de infancia y adolescencia de Vitoria puesto en marcha en primavera, por ejemplo, ya previó acciones especiales para este colectivo. 

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Varios imputados del 'caso De Miguel' responden ya a la Fiscalía que no pactarán y defenderán su inocencia

El juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi,  se encuentra suspendido hasta el 1 de octubre ante la posibilidad de que los principales imputados, empezando por el ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel, alcancen un  acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena a cambio de reconocer su culpabilidad en unos hechos que hasta ahora había negado con vehemencia. Las negociaciones exploratorias con el letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, se han extendido ya a otros abogados, que han iniciado los contactos desde el mismo momento en que el lunes se levantó la sesión o que irán desfilando en las próximas horas por el Palacio de Justicia de Vitoria. Según ha podido saber este periódico, al menos dos de ellos -relacionados con las operaciones de Miñano y Zambrana- han trasladado ya al ministerio fiscal su negativa a un acuerdo. Un tercero, el defensor del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, confirma también públicamente que salvo "grandes novedades" se inclina por mantener hasta el final la inocencia de su cliente y colaborar con la Fiscalía y con todas las partes durante el juicio en busca de la libre absolución.

Larrañaga está acusado en la subderivada de esta macrocausa que afecta a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, una oficina dependiente del Departamento de Cultura del que el político guipuzcoano del PNV era 'número dos'. La investigación concluyó que el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, concedió contratos 'a dedo' a tres empresas de la órbita de De Miguel, Errexal,  Kataia Consulting y Ortzi Muga, y que, en muchos casos, no consta que se realizaran los trabajos que supusieron un desembolso de más de 200.000 euros. Las contrataciones fueron firmadas por Larrañaga, a quien la Fiscalía considera copartícipe de los hechos, por lo que solicita para él hasta 17 años de prisión.

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La Sanidad vasca concluye su investigación sobre la filtración de las irregularidades: "Lo único demostrado es que no hay pruebas"

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha concluido su investigación interna a raíz de las denuncias de manipulación y filtraciones en las últimas oposiciones, especialmente en los exámenes de las especialidades médicas hospitalarias. La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ha sido tajante en una comparecencia extraordinaria celebrada este lunes por la tarde en Vitoria: "Lo único demostrado es que no hay pruebas". 

Si después de las primeras informaciones la primera respuesta del Departamento de Salud fue pedir "pruebas" porque no había "elementos objetivos" que demostraran las filtraciones, el final del trabajo interno -"trabajamos sin descanso, incluso en agosto"- ha llegado a la misma conclusión. "Resulta obligado abogar por la presunción de inocencia", ha apostillado Múgica sobre una polémica que está ahora en manos de la Fiscalía vasca, que tiene abierta una investigación a instancias de varios sindicatos y de tres médicos anestesistas que denunciaron la "corrupción" existente en la Sanidad vasca. Según Múgica, que ha comparecido flanqueada por otros cargos de Osakidetza, Salud no tiene "ninguna noticia" de la fiscal Carmen Adán aunque se ha mostrado "a su disposición" para colaborar.

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El tribunal da dos semanas a Fiscalía y De Miguel para negociar los términos de su culpabilidad

"Suspendemos el juicio", ha proclamado el presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia, tras que posiblemente haya sido la más breve de las 45 sesiones de este macrojuicio por corrupción iniciado el 8 de enero. La sala aceptaba así la solicitud de la Fiscalía y del letrado del principal acusado, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, de ganar tiempo para negociar un acuerdo después de que el político, que se expone a 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo) por 21 delitos, se haya avenido a poder reconocer su culpabilidad.

Ninguno de los abogados de los otros acusados -son un total de 26- se ha opuesto a este aplazamiento, aunque muchos de ellos han reconocido en público que no tenían ni información de las negociaciones y en privado después de la vista que no están de acuerdo con esta salida, ya que hasta ahora la versión coordinada y única era criticar con dureza a la Fiscalía y negar de raíz todas las acusaciones. Tapia ha comunicado que el juicio se retomará el lunes 1 de octubre: "Damos un tiempo suficiente para que se produzcan esas negociaciones".

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Llega la hora de De Miguel: así fueron sus tres declaraciones anteriores

Llega la hora de Alfredo de Miguel. Exactamente ocho años y medio después de que fuera detenido por corrupción y trasladado por la Ertzaintza ante el juez de Vitoria Roberto Ramos, el ex 'número dos' del PNV de Álava, a quien todos conocen como Txitxo, está convocado este lunes para declarar en el juicio del caso que lleva su apellido y que se inició en la Audiencia Provincial de Álava el 8 de enero. Es más que factible, eso sí, que la Fiscalía y su letrado, Gonzalo Susaeta, planteen la suspensión de la vista para cerrar un acuerdo de conformidad por el cual el político se declararía culpable de varios delitos de corrupción, incluyendo la extorsión a la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi para que le abonara una comisión de 100.000 euros derivada de sus "recomendaciones" para que la asesoría de la profesional, Urbanorma Consulting, se llevara 'a dedo' un contrato en el parque tecnológico de Miñano.

Hasta julio, cuando el proceso se tomó un respiro estival, la defensa de De Miguel defendió que "no hay ni habrá prueba alguna" de corrupción, como tampoco enriquecimiento ilícito. El plan entonces era no responder a las preguntas del fiscal, Josu Izaguirre, y limitarse a fijar una versión de los hechos a instancias de su abogado. Ahora el escenario es radicalmente nuevo e incierto. Sea como fuere, la de este lunes es la cuarta comparecencia de De Miguel por este asunto desde aquel 17 de marzo de 2010. ¿Cómo fueron las tres anteriores?

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De Miguel defendió hasta julio que "no hay ni habrá prueba alguna" de corrupción

El miércoles 11 de julio se celebró, en la Audiencia Provincial de Álava, la última sesión del juicio del  'caso De Miguel' antes del parón vacacional. Gonzalo Susaeta, el abogado de Alfredo de Miguel, el principal acusado en este caso de corrupción, quiso terminar con las espadas en alto dentro de su teoría de que todo es un montaje contra su cliente, el que fuera 'número dos' del PNV de Álava. Llevó al juicio a un economista, Víctor Benedito, que declaró que De Miguel nunca se enriqueció ni llevó un modo de vida elevado -"no tenía un Porsche"-. Manifestó también que su empresa Kataia Consulting, supuesta pantalla para el cobro de comisiones ilegales y cuyos primeros ingresos se destinaron a comprar un Saab, a un viaje a Extremadura y a comprar casi 6.000 euros en joyas, era una "micropyme" absolutamente normal, con sus ingresos y gastos ordinarios. El resto de imputados -son 26 en este proceso- salieron satisfechos con el aplomo de Benedito dentro de la estrategia compartida - salvo pocas excepciones- de considerar falsa toda la acusación del fiscal, Josu Izaguirre, y de proclamar la absoluta inocencia de todos los imputados, muchos de ellos relacionados con el PNV.

Pero el verano todo lo ha cambiado.  De Miguel valora una oferta del ministerio fiscal para declararse culpable y cuyo primer punto supondría la admisión de que era cierta la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi, que acusó a quien todos conocen como Txitxo y a su compañero en la dirección del partido Aitor Tellería de extorsionarla para que les pagara una 'mordida' de 100.000 euros. Si se confirma el pacto -para cerrarlo se pedirá previsiblemente una suspensión del juicio este lunes en su reanudación tras las vacaciones- habrá quedado en papel mojado toda una estrategia de defensa que, en ocasiones incluso con palabras gruesas, estaba presidida por la máxima de que "no hay ni habrá prueba alguna de obtención de enriquecimiento ilícito", como dejó escrito Susaeta antes del juicio, que arrancó el 8 de enero.

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