El juicio de David Sánchez llega a su ecuador con un choque entre la UCO y el testimonio de los testigos y peritos

La Audiencia de Badajoz ha completado la fase testifical en el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero en el año 2017 en la institución. Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que han participado 42 testigos, han estado definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Este jueves es el turno de los acusados. Declarará en primer lugar Gallardo y después lo hará Sánchez y el resto de encausados, 11 en total.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y responsable del volcado de los correos intervenidos a los trabajadores de la Diputación, ha atribuido al ex secretario general del PSOE extremeño la decisión de crear la plaza de libre designación de coordinador de los conservatorios pacenses y ha considerado que la adjudicación a Sánchez estaba “predeterminada”.

Balas “entiende y considera evidente” estas afirmaciones por inferencias tras el análisis de las comunicaciones internas entre funcionarios, altos cargos socialistas de la Diputación y Gallardo, aunque no ha aportado ninguna prueba, algo que algunos letrados de la defensa han querido evidenciar.

De Gallardo a Doaremon

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, incluso ha dejado patente que la afirmación del teniente coronel es una deducción y a la salida de la Audiencia ha señalado que “ha apuntado a Gallardo como podría haber apuntado a Doraemon, al final de lo que se trata es de probarlo”.

Cortés se ha mostrado combativo con el agente y en la Sala ha dejado en evidencia la falta de formación de la UCO, como ha admitido el teniente coronel, en materia de contratación administrativa, aunque hayan analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

Según el mando de la UCO, la decisión de crear el puesto en octubre de 2016 “partió de un nivel superior con capacidad política” y no de las necesidades técnicas del área de Cultura. Balas ha sostenido que, como el tema de Personal obedece a “estrategias políticas”, el impulso para crear la plaza “partió de un nivel superior con capacidad política”. Y ha concluido: “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es a Miguel Ángel Gallardo”.

No obstante, en un primer atestado, de finales de 2024, la UCO aseguró desconocer de quién partió la idea de habilitar la plaza de libre designación. Pero tras una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación “concluimos lo que acabo de concluir”, ha indicado Balas.

El teniente coronel ha indicado que le “llamó la atención” la “urgencia” para la habilitación de la plaza. El Gobierno provincial dio el visto bueno el 10 de octubre de 2016 durante una reunión preparatoria para los presupuestos del año siguiente, a pesar de que unos días antes Gallardo había considerado “excesiva” la propuesta del área de Cultura para crear nuevos puestos de alta dirección. Para entonces, Pedro Sánchez no solo no era presidente del Gobierno: además había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se había celebrado el 1 de octubre.

El mando de la Guardia Civil también ha destacado que, a pesar de esa “urgencia” para habilitar la plaza en octubre de 2016, luego no se activó el proceso para cubrirla hasta mayo de 2017. El proceso de adjudicación se hizo efectivo en poco tiempo, por lo que “parece que estaba predeterminada” a David Sánchez, según Balas. El proceso de selección, con la publicación de las bases, no se activó hasta el 19 de mayo de 2017.

Cabe recordar que para entonces el PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez. En ese proceso, además, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza y no a Sánchez. No fue hasta un año más tarde, en 2018, que el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la que Sánchez se convirtió en presidente.

“Hermanísimo”, el término de la discordia

Uno de los indicios de la UCO para afirmar que el proceso de selección estaba amañado es el correo que ese 19 de mayo envía el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, a su compañera Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, en el que le envía las bases y en el asunto pone “hermanísimo”. A juicio del teniente coronel, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender. Sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Sin embargo, este extremo lo desmintió Valentí en su declaración como testigo el lunes. El director del conservatorio rebajó a categoría de anécdota el uso de ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, pero no de que el puesto estuviera adjudicado de antemano. Por su parte, la directora del otro centro afirmó que ni siquiera se percató de que el asunto del correo fuera ese.

Ambos, que en un principio no eran partidarios de la creación de una nueva plaza porque “había otras necesidades”, afirmaron en su comparecencia que la ayuda del coordinador “vino muy bien” por la carga de trabajo “tremenda” que tienen los conservatorios y porque el hermano del presidente del Gobierno tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. En este sentido, la UCO no ha encontrado indicios del posible absentismo laboral que señalan las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox.

Sobre la afirmación de que la plaza estaba dada de antemano, sustentada en el término “hermanísimo” y en que Sánchez buscara vivienda de alquiler en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, su abogado ha sido muy crítico, aunque ha asegurado que se trata de una parte de la causa que el tribunal ya declaró prescrito el lunes. Uno de los participantes en el proceso de selección, Nerses Avakimyam, aseguró el lunes que no percibió irregularidades ni detectó nada extraño en los requisitos exigidos. Pero otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, se quejó de “falta de igualdad de oportunidades”, aunque no denunció y solo envió una queja a la Fiscalía en 2025, siete años después del proceso de selección y cuando el caso estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción.

Los técnicos de la Diputación, peritos y directores de centros musicales que han comparecido en el juicio han mantenido una postura uniforme de defensa de la legalidad de los trámites y procedimientos en la creación de la plaza, la adjudicación al músico, el posterior cambio de denominación del puesto de trabajo, que las acusaciones consideran que se hizo para satisfacer las “preferencias personales” del músico, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del Sánchez, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La exdirectora de Recursos Humanos, Cristina Correa, y otros funcionarios testificaron que tanto la contratación por Carrero como el posterior cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 fueron procedimientos “ordinarios” y “habituales”. Correa aclaró además que la desaparición de la casilla de incompatibilidad ('I') en la relación de puestos de trabajo de 2023 no eximía al puesto de dicho régimen, el cual continuó vigente por ley al tratarse de un cargo de alta dirección.