El PP de Feijóo promete una ambiciosa contrarreforma legal con recortes en derechos sociales si llega al poder

“Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”, advirtió a principios de semana el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una entrevista que le hizo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en The Objective. Alentado por algunas encuestas, el principal partido de la oposición está convencido de que en cuanto Pedro Sánchez convoque las elecciones generales, el PP volverá a la Moncloa. Y la derecha ya trabaja en una contrarreforma legal que tiene previsto poner en marcha en cuanto recupere el poder. El plan pasa por derogar algunas de las principales leyes aprobadas en los últimos ocho años de gobiernos progresistas, incluso las que incorporaron derechos sociales de la ciudadanía.

La estrategia es idéntica a la que materializó Mariano Rajoy nada más llegar al poder, en 2011. En solo un mes, ese Ejecutivo del PP trató de acabar con leyes que habían establecido nuevos derechos para poner fin a lo que en ese momento se llamó el 'zapaterismo', haciendo así alusión a que eran normas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además de mantener su recurso contra el matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional –que, no obstante, acabó avalando la norma– en esas primeras semanas los ministros de Rajoy plantearon recortes a la ley del aborto –que, sin embargo, terminó forzando la salida de Alberto Ruiz Gallardón del Ejecutivo sin la reforma prometida–, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después. Son solo tres ejemplos.

Ahora en el punto de mira de Feijóo están también leyes que han ampliado derechos o han provocado avances sociales, como la ley trans, las políticas de igualdad, la ley de Memoria Democrática, la de amnistía –avalada esta misma semana por la justicia europea–, y se plantea además recortes en prestaciones por desempleo, en materia de derechos de los trabajadores e incluso limitando el acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital.

Justo el primer sábado de julio, coincidiendo con la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, precisamente el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que solo unos días antes se había declarado “orgulloso” de ser “maricón y del PP” durante una intervención en el Congreso, anunció que si Feijóo gobierna recortará por Ley los derechos ahora reconocidos a las personas trans. Tras décadas de lucha, el colectivo logró que en la legislatura pasada se aprobara una ley que dejaba de considerar enfermos a los ciudadanos transexuales para poder así ver reconocida su identidad real a nivel oficial a través de la autodeterminación de género.

En una entrevista en El País, De los Santos aseguró que nada más llegar al Gobierno el PP volverá a considerar enfermas a las personas trans. “La autodeterminación en sí misma es una ficción. Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada”, dijo. Se refería a que con un Gobierno de los populares las personas trans deberán volver a demostrar que padecen “una disforia de género” e hizo afirmaciones sosteniendo que “las mujeres que transicionan a hombres” se hacen “una mastectomía doble” o hablando de la “castración” de “los hombres que transicionan a mujeres”, vinculando siempre la identidad de género a esas operaciones o a “tratamientos hormonales”.

El PP pretende así regresar a 2007 (con la normativa que estaba vigente hace 19 años) para volver a exigir a las personas trans “una documentación sobre si hay o no disforia de género, un informe, efectivamente, psicosocial” como condición para ser reconocida su identidad. Este retroceso en el colectivo LGTBIQ+ no tendría efectos retroactivos, pero sí supondría un duro golpe para las personas que siguen luchando para que sea reconocido su género.

La ley del feto y el derecho al aborto

Días después de que De los Santos hiciera esas declaraciones, Feijóo anunció otro golpe para los derechos reproductivos de las mujeres. “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, anunció. Se trata de una propuesta que ya se ha transformado en ley en la Comunidad de Madrid y también en Galicia, pero que, según algunos juristas, puede afectar al derecho al aborto de las mujeres, ya que si el feto es considerado un ser humano desde su concepción –el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llegó a decir que incluso antes de que la mujer se duchara después del coito– una interrupción voluntaria del embarazo implicaría, por tanto, acabar con un ser humano. Esta teoría choca con todo tipo de normas internacionales y científicas. El PP ha anunciado que no tiene intención de reformar la Ley del Aborto vigente.

También en cuanto a derechos sociales, Feijóo ha desvelado en los últimos días cuál será su contrarreforma si llega a la Moncloa. A principios de mes y ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados.

En cualquier caso, Feijóo anunció que una de las principales iniciativas que adoptará si llega al poder será reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. De hecho, el PP se enredó a hablar de “absentismo” obviando que las bajas médicas o las ausencias por enfermedad no tienen nada que ver con ese término que se refiere a prolongadas y sistemáticas ausencias del puesto de trabajo sin justificación. El líder del PP trataba de atender así a una histórica reivindicación empresarial que ya existió con Rajoy en 2012 y que recortaba las prestaciones de los trabajadores.

También habrá recortes en derechos sindicales si el PP vuelve a la Moncloa. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. Y, en pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC.

En cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular. A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio, aventurando así que muchas personas que ahora pueden recibir ayudas sociales y que llevan poco tiempo en España, con la derecha en el poder no podrán seguir percibiéndolas.

El recorte en derechos también afectará a las víctimas del franquismo. La semana pasada, en un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, Tellado trató de vincular las leyes de memoria con EH Bildu y vaticinó: “La ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”. Esta supresión afectaría de lleno a los españoles represaliados por la dictadura, ya que la norma, en vigor desde 2022, creó un censo de víctimas y estableció el derecho a su reparación moral y económica. Sin la ley, el PP dejaría a esas víctimas sin ayudas.

Las víctimas del franquismo y la 'ley de nietos'

Pero uno de los focos en los que más ha centrado el PP su justificación para suprimir esa norma es lo que se ha denominado 'ley de nietos'. Aunque esta lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.

En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.

La amnistía, una derogación “simbólica”

Otra de las leyes con la que pretende terminar Feijóo si alguna vez llega a la Moncloa es la de amnistía, que precisamente ha sido avalada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE, algo que el líder del PP –partido que llevó la norma a Bruselas– dijo que no ocurriría. En este caso los populares reconocen que esa derogación “no tendría efectos” prácticos, tal y como explicó Tellado en su conversación con Esperanza Aguirre. Sería algo “simbólico”, según dijo.

Nada que ver, por tanto, con los recortes de derechos que sí implicarían los puntos de la contrarreforma antes mencionados y que Génova 13 está segura de poder llevar a cabo para “acabar con el sanchismo” al dar por hecho que el líder socialista no repetirá mandato y que los españoles situarán a Feijóo en la Moncloa en 2027.