Las manos que han ayudado a migrantes en Aragón: satisfacción en el colectivo de trabajadores sociales con la regularización

Decenas de trabajadores sociales han dedicado las últimas semanas a asesorar contra reloj a cientos de personas migrantes para que pudieran acogerse al proceso extraordinario de regularización. Con las solicitudes ya presentadas y a la espera de las resoluciones —o de subsanar documentación hasta el 30 de septiembre—, las entidades aragonesas hacen balance de una campaña marcada por los picos de trabajo, la desinformación inicial y las dificultades para obtener documentación de algunos países.

Las experiencias han sido muy distintas, tanto por el volumen de trabajo como por la variedad de personas y colectivos atendidos. Pese a ello, entidades y trabajadores sociales coinciden en la satisfacción de haber podido asesorar a cientos de personas y acompañarlas en la presentación de sus solicitudes.

Entidades pequeñas que trabajan con perfiles concretos

Es el caso de la Fundación Familias Unidas, con sede en Zaragoza y fundada en 2020, que durante este proceso de regularización ha atendido sobre todo a unidades familiares de trabajadoras del hogar, el perfil mayoritario de las personas de sus programas. También trabajan con personas sin hogar y, en total, han asesorado a unas 70 familias.

Sus trabajadoras sociales aclaran que no son “una entidad colaboradora” del Ministerio durante este proceso, pero sí que han estado “ayudando a completar la documentación necesaria para las solicitudes y los expedientes”. Para ellas ha resultado más sencillo tramitar las reagrupaciones familiares, y trabajan habitualmente con personas de origen latinoamericano en diferentes programas. Una de las principales trabas que han encontrado ha sido la obtención de documentos en países con relaciones diplomáticas complicadas con España, como Nicaragua. “En el caso de Nicaragua, el sistema estaba colapsado para apostillar los documentos —es decir, para verificar la firma y el cargo de quien los emitió—. Ha sido necesario que familiares pasen la noche haciendo cola ante distintas instituciones y, una vez conseguido, enviarlo a las personas que viven en Zaragoza”. Otro de los trámites que les ha resultado complejo ha sido la obtención de los certificados de vulnerabilidad para algunas de las personas atendidas.

Durante las primeras semanas del proceso, en abril, desde esta fundación también encontraron dificultades para informarse en la Casa de las Culturas de Zaragoza, que todavía carecía de un procedimiento interno y no podía resolver sus dudas en los primeros días. Valoran que abril y mayo estuvieron marcados por importantes picos de trabajo, también debido a los cambios en los procedimientos, pero que en las últimas semanas de junio, con los expedientes ya en marcha, el trabajo fue mucho más fluido.

ACCEM es una organización especializada en el apoyo a personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo que, desde 2015, tiene oficinas en Zaragoza, en el barrio de San José, así como en Calatayud, Tarazona y Teruel, además de centros de atención en Burbáguena y San Blas. La organización ha atendido a algo más de 400 personas, en su mayoría pertenecientes a un colectivo concreto: solicitantes de Protección Internacional a quienes se ha recomendado acogerse a este proceso de regularización.

Para esta ONG, “el plazo de obtención de pasaportes y certificados de antecedentes penales en países del África subsahariana, como Malí, Guinea Conakry o Gambia, ha sido mayor en comparación con América Latina, donde no se han registrado demoras gracias a la posibilidad de solicitar dichos documentos por vía telemática”. Sus trabajadores aseguran que el trabajo se ha mantenido bastante estable, sin grandes picos ni acumulaciones.

Las entidades grandes: protocolos internos, desconocimiento del asesoramiento gratuito y otras trabas

La Fundación Convive Cepaim, que cuenta con unos 40 centros de atención en todo el Estado, sí es una entidad colaboradora con el Ministerio en este proceso de regularización. Tiene tres centros en Aragón, en Teruel, Zaragoza y, desde 2020, en Barbastro, donde ofrece soporte integral, orientación legal y acompañamiento gratuito. Según las trabajadoras sociales de su oficina en Zaragoza, uno de los primeros problemas que detectaron fue la desinformación de las personas solicitantes, que desconocían que podían recibir asesoramiento gratuito sin necesidad de contratar abogados. También tuvieron que adaptar sus propios protocolos para ofrecer una información ajustada desde el inicio a las personas que acudían al centro. Por ello, lo primero que elaboraron fue un protocolo interno con toda la información necesaria para resolver las dudas de forma eficaz.

Esta entidad desarrolla programas habituales de empleo y emprendimiento, además de otros dirigidos a solicitantes de protección internacional. Las trabajadoras sociales recuerdan que disponer de un NIE (Número de Identificación de Extranjero) permite acceder a empleos más cualificados. También lamentan que algunos empleadores que recurren al trabajo irregular prefieran que sus trabajadores no regularicen su situación para poder seguir aprovechándose de ella. Se han encontrado con casos de empleadores que no han querido contratar, ni facilitar la documentación necesaria a sus trabajadores, o incluso que los han despedido cuando la han solicitado. Para ellas, este proceso de regularización supone un paso importante para la integración de todas estas personas.

Aunque han atendido perfiles muy variados, algunos países han acumulado importantes retrasos en la concesión de citas para obtener los certificados de antecedentes penales. “Venezuela, por su situación actual, y Argelia, Gambia, Senegal o Guinea Conakry han sido consulados que han tardado demasiado en conceder citas. En el caso de Argelia, no las han proporcionado durante varias semanas, complicando en exceso la obtención de este documento para muchos solicitantes”. La fundación ha atendido a 433 personas de distintos países de origen, de las que 200 pertenecen a unidades familiares. En el caso de solicitantes de protección internacional con los que ya trabajaban, les han facilitado acogerse, cuando ha sido posible, a este proceso de regularización para intentar resolver su situación. Tras las primeras semanas marcadas por los picos de trabajo y la organización interna, el trabajo ha sido más fluido y estable.

Una entidad de mayor tamaño en Aragón, como la Fundación Federico Ozanam, coincide en que también elaboró protocolos internos: “Uno para la presentación de los expedientes, destinado a los trabajadores de los equipos de atención para ofrecer un asesoramiento adecuado a las personas. Además, creamos otro para los certificados de vulnerabilidad”. La fundación se ha centrado en presentar expedientes de personas que ya participaban en sus programas, unos 200 expedientes completos, fundamentalmente en Zaragoza. En el caso de los certificados de vulnerabilidad, destacan que “se trata de un documento que hemos realizado para todas aquellas personas interesadas y que ha supuesto 3.669 certificados entre Zaragoza, Huesca y Teruel”. Han atendido perfiles muy diversos y explican que “el criterio ha sido que, si alguien podía realizar los trámites por sí mismo o a través de un abogado con el que ya estaba trabajando, no interveníamos. Hemos dedicado nuestros esfuerzos a aquellas personas que tenían más dificultades, ya fuera por los trámites electrónicos, el idioma u otros motivos”. También han contado con voluntarios que han prestado apoyo durante los dos meses y medio que ha durado el proceso.

Sin aportar cifras concretas, Cáritas Diocesana Zaragoza explica que ha atendido y acompañado durante este proceso a todas las personas con las que ya trabajaba en la diócesis de Zaragoza y que cumplían los requisitos para acogerse a la regularización. En su experiencia, “las personas acompañadas venían con mucha desinformación, con dudas y nervios, y han necesitado el apoyo y asesoramiento jurídico que les hemos ofrecido”. La entidad también ha contado con voluntarios para sacar adelante el acompañamiento en los trámites durante estas semanas. Al igual que el resto de organizaciones, remarcan que “las gestiones burocráticas online no son nada fáciles para los colectivos vulnerables que atendemos”. Consideran que “hemos hecho un esfuerzo extra estos meses para atender las necesidades del colectivo susceptible de acogerse a la regularización y esperamos que muchos procesos sean positivos y que las personas puedan acceder a un empleo normalizado y con condiciones dignas”.

Satisfacción por el trabajo frente a la falta de tiempo

Para la Fundación Federico Ozanam, estas semanas de trámites “han supuesto un reto importante para nuestros equipos, ya que la mayoría de los profesionales han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder abordar esa labor de asesoramiento en tan poco tiempo. Sin embargo, la sensación con la que nos quedamos todos es que ha merecido la pena: la mejora que supone para cada una de las personas a las que hemos ayudado conseguir regularizar su situación compensa con creces el trabajo realizado”.

Las mayores dificultades se concentraron durante las dos primeras semanas y, según explican, también habrían agradecido disponer de algo más de tiempo para organizar el proceso. Aun así, el balance es positivo, ya que afirman que “todos necesitamos, de vez en cuando, ver de manera tan evidente, como en este caso, el valor que tiene nuestro trabajo”.

Estas fundaciones y organizaciones, además de valorar de forma positiva el trabajo realizado durante estas semanas y el que continúan desarrollando en esta segunda fase del proceso, esperan seguir recibiendo las resoluciones de los expedientes dentro del plazo previsto, en principio hasta el 30 de septiembre. No obstante, son conscientes de que, debido al elevado volumen de expedientes que deben tramitarse en todo el Estado —más de un millón—, esta segunda fase podría prolongarse.

Consultada como una de las entidades que también ha colaborado durante estas semanas en la tramitación de expedientes desde sus diferentes oficinas, SOS Racismo se muestra más crítica. La organización considera que buena parte de estas labores de asesoramiento se han sostenido gracias al apoyo del voluntariado y al esfuerzo de entidades que, además de asumir muchas otras funciones, no contaban con un presupuesto específico para hacer frente a este proceso.