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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

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La anécdota Cosidó

Cuando un ordenamiento constitucional se está desmoronando pasan cosas que no ocurren cuando no hay fatiga en los materiales con los que ha sido construido. Se producen desajustes permanentemente en el funcionamiento de las instituciones por las circunstancias más variadas, previsibles o susceptibles de ser previstas en algunos casos o completamente imprevisibles en otros. El sistema inmunológico del organismo constitucional deja de estar operativo y las enfermedades oportunistas se multiplican. Y hacen acto de presencia sin orden ni concierto.

Es lo que acaba de ocurrir con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando a toda velocidad, como consecuencia del último episodio de crisis de legitimidad en el Tribunal Supremo con motivo de la decisión sobre las hipotecas, el Gobierno y el PP deciden que no es posible no renovar el CGPJ en la fecha constitucionalmente prevista, porque la justicia española no admite un gramo más de desprestigio, y se ponen de acuerdo en la designación de sus veinte miembros con el compromiso de que Manuel Marchena sería elegido Presidente de CGPJ y, por tanto, del Tribunal Supremo. Entonces, uno de los negociadores del pacto por parte del PP, el senador Cosidó, lo dinamita enviando un Whatsapp a sus compañeros de partido en el Senado en los términos que doy por supuesto que son conocidos.

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Hablar por hablar

Hasta que no se conozcan los resultados de las elecciones andaluzas el 2 de diciembre, hablar sobre la posible disolución de las Cortes Generales y convocatoria anticipada de elecciones generales, es hablar por hablar. Únicamente el presidente del Gobierno puede tomar la decisión de disolver y convocar y es inimaginable que pueda adoptar esa decisión antes de las 10 o las 11 del 2 de diciembre, que será el momento en que ya se tendrá información precisa sobre los resultados electorales.

Como todo el mundo sabe, la interpretación de unos resultados electorales puede ser una operación sumamente sencilla o sumamente difícil, bordeando incluso lo imposible. Desde la primera de las  elecciones posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, las de 1979, hasta la décima, las de 2011, la interpretación fue siempre sencilla, aunque el resultado no fuera siempre igual de contundente. Pero nunca hubo duda de que el Gobierno estaría presidido o por el candidato del partido de centro derecha (UCD o PP) o de centro izquierda (PSOE). La formación de gobierno estaba siempre asegurada y la duración de la legislatura también, aunque pudiera acabar produciéndose algún pequeño acortamiento de esta última. El riesgo de disolver las Cortes y convocar anticipadamente elecciones se podía calcular y no era, en todo caso, un riesgo existencial ni para el presidente del partido que tenía que tomar la decisión, ni para el sistema de partidos con base en el cual la sociedad española se autodirigía políticamente.

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Vox en Sevilla

El acto que celebró Vox en Vista Alegre hace unas semanas tuvo un enorme impacto mediático. El que tuvo lugar el domingo pasado en Sevilla con la finalidad de hacer la presentación de los cabezas de lista de las candidaturas en las ocho provincias andaluzas para las elecciones del 2 de diciembre no diré que ha pasado completamente desapercibido, porque algún reflejo a tenido en la prensa andaluza, especialmente en la del Grupo Joly, pero no ha recibido la atención que merecía fuera de Andalucía. 

Y sin embargo, lo que ocurrió este pasado domingo es más expresivo de las expectativas de Vox en el ciclo electoral que se va abrir el 2 de diciembre, que lo que ocurrió en Madrid hace unas semanas. El de Vista Alegre fue un acto en el que Vox echó el resto y convocó a ciudadanos de todo el Estado. El de Sevilla fue un acto ordinario de un partido que concurre a unas elecciones autonómicas. Y lo que hizo ese domingo Vox no está en condiciones de hacerlo en Andalucía ni el PP ni Ciudadanos. 

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La inercia del bipartidismo

Llevamos ya varios años dando por supuesto que el bipartidismo se ha acabado y descubrimos de pronto que únicamente el bipartidismo puede asegurar la renovación de un órgano tan importante en el funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho como es el Consejo General del Poder Judicial. Aunque para un buen número de lectores no sea necesario recordarlo, añado para los demás que la mayoría parlamentaria que se exige para la renovación del CGPJ es la misma que para la reforma de la Constitución. El PP y el PSOE pueden hacer una reforma de la Constitución, como lo hicieron en 2011 con el artículo 135 CE. Ahora les sería más difícil, porque no podrían evitar la convocatoria de un referéndum, como hicieron entonces. Pero todavía pueden hacerla.

Quiero decir con ello que en 2018, PP y PSOE pueden todavía garantizar conjuntamente la inercia institucional que posibilita que el sistema político español siga tirando. Malamente, pero tirando. No pueden hacerlo como en el pasado en el que ambos se bastaban para alternarse en el Gobierno, pero siguen controlando en régimen de duopolio piezas esenciales en la anatomía y fisiología del cuerpo político estatal. Y, con esta renovación, envían sobre todo el mensaje de que no está nada claro que todavía no les quede camino por recorrer.

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Catalunya lo ocupa todo

No está ocurriendo solo en España. La degradación de la democracia que se viene extendiendo como una mancha de aceite en los países respecto de los que desde hace muchos decenios no cabe dudar de su calificación como auténticas democracias, está alterando la articulación normalmente aceptada entre las distintas formas a través de las cuales se expresa periódicamente el cuerpo electoral. Una cosa son unas elecciones generales y otra distinta unas elecciones municipales, regionales o europeas. Y sin embargo, últimamente parece que todas son la misma.

Lo acabamos de ver en el país europeo aparentemente más estabilizado política y constitucionalmente con la celebración de las elecciones en Baviera y en Hesse. Los resultados de ambas elecciones han sido interpretadas en clave federal. No solamente fuera de Alemania, donde casi nadie es capaz de recordar quiénes se enfrentaban en dichas elecciones y qué tipos de gobierno se pueden constituir a partir de dichos resultados, sino también dentro. Es el debilitamiento de Angela Merkel lo que se ha subrayado, así como lo que dicho debilitamiento puede suponer para el inmediato futuro de la Unión Europea, que tiene que hacer frente al Brexit y a unas elecciones parlamentarias europeas más que problemáticas.

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La carta de Carlos Lesmes

El Español publicó el pasado domingo  la carta dirigida el viernes 2 de noviembre por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al juez de instrucción titular del juzgado nº 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que falleció este lunes.

En dicha carta, Carlos Lesmes recordaba que Ramírez Sunyer fue ingeniero antes que juez y que fue con 44 años cuando decidió dar un cambio a su vida y transitar del ejercicio de la ingeniería al de la función jurisdiccional, teniendo que realizar el enorme esfuerzo personal que tal tránsito comporta. A continuación añadía: “Pero tú decidiste cambiar el rumbo de tu propia historia y, al hacerlo, cambiaste el de la Historia (la mayúscula está en la carta) de nuestro país”.

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La suerte está echada

Desde que la Fiscalía confirmó ayer viernes como delito de rebelión la calificación que de la conducta de Oriol Junqueras y otros querellados hizo a finales de 2017 el Fiscal General del Estado José Manuel Maza y que hicieron suyas tanto los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo como las Salas de ambos Tribunales que ha resuelto los recursos contra los autos de los jueces instructores, la suerte está echada.

Estoy completamente de acuerdo con el artículo que publica hoy, 3 de noviembre, en AGENDA PÚBLICA, Jordi Nieva-Fenoll con el título “¿Desescalando la tensión?”. Comparto todas las preguntas que formula y que, en su opinión, tendrían que ser respondidas por el Tribunal Supremo, a fin de que quedara certificado por encima de toda sospecha que realmente se cometieron los delitos de rebelión o sedición. También comparto su conclusión de que, si no es posible despejar las dudas razonables sobre la respuesta incriminatoria a las preguntas por él formuladas, la Fiscalía debería pedir la absolución y los jueces deberían absolver a los acusados, porque así lo exige la presunción de inocencia. Discrepo, sin embargo, en que esto vaya a ocurrir.  Voy a intentar explicar por qué.

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La Casa Real

“La ciudad se compone de CASAS”. “República es recto gobierno de varias FAMILIAS y de lo que les es común con poder soberano”. Se trata de las palabras con las que empiezan la Política, de Aristóteles, y los Seis Libros de la República, de Bodino. La casa, la familia, es la unidad a partir de la cual se constituyen las formas políticas previas al Estado Constitucional. La casa, la familia tiene en estas formas políticas preestatales una dimensión constituyente.

Dejan de tenerla en el Estado Constitucional, en el que únicamente el individuo tiene esa dimensión. El individuo tiene derecho a constituir una familia y la familia es una institución civil clave en la sociedad individualista sobre la que se constituye el Estado. Pero carece de dimensión constitucional.

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Consulta obligada

La querella por rebelión contra Oriol Junqueras y otros políticos nacionalistas está vinculada a la convocatoria y celebración del referéndum del 1-0 de 2017 a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Sin dicha convocatoria y celebración no hubiera sido activada ninguna querella. La convocatoria y celebración del referéndum es, pues, el presupuesto fáctico al que se anuda la querella.

Voy a dejar de lado que se puedan considerar como constitutivos de la violencia contemplada en el tipo penal de la rebelión los incidentes de violencia que se produjeron con ocasión de la convocatoria y celebración de dicho atípico referéndum. Sé que es mucho dejar de lado, pero voy a hacerlo, porque quiero centrarme en un punto que, en ningún caso, puede dejarse de lado, que es el del órgano constitucional-estatutario que decidió la convocatoria del referéndum.

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Nunca segundas partes fueron buenas

Una vez que se ha lanzado la acusación al presidente del Gobierno de estar participando en un golpe de Estado y de haberlo hecho en el pleno del Congreso de los Diputados, es imposible que se pueda entablar ningún debate parlamentario digno de tal nombre. Para que pueda haber debate, tiene que haber algo que sea indiscutible para quienes participan en el mismo. Sin un suelo común en el que asentarse no es posible hacerlo.

Y ese suelo común en todo Estado democráticamente constituido no puede ser nada más que la Constitución y el reconocimiento de que todos los que participan en el debate la aceptan como punto de referencia, aunque puedan discrepar en determinadas interpretaciones de la misma. Para resolver esas discrepancias es para lo que está prevista la Justicia Constitucional.

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