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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

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Indicador de regresión de la democracia

La disolución del Parlamento no debería existir. No es una expresión del principio de legitimidad democrática, sino una "excepción" de dicho principio. En los Estados Unidos, que es el primer país que se constituye con base en el principio de "soberanía popular" y que lo hace con una Constitución escrita que no es solamente un documento político, sino también una norma jurídica, la disolución del Congreso no forma parte de la fórmula de gobierno. Las elecciones, todas las elecciones, se celebran "por calendario", en días preestablecidos, que nos pueden ser modificados.

La manifestación de voluntad de los ciudadanos constituidos en cuerpo electoral tiene la vigencia temporal constitucionalmente definida, dos años para los congresistas y seis años para los senadores, un tercio de los cuales se renueva cada dos años. Cuatro años para el Presidente. Ningún órgano constitucional es dueño del "calendario electoral". El calendario electoral lo decidió el constituyente y únicamente mediante una reforma de la Constitución podría ser modificado.

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Apertura en falso

Este martes han hablado las defensas. El miércoles hablarán las acusaciones. A partir de ese momento, la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) tendrá que resolver las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales, sustantivos y procesales, que vienen siendo argumentadas desde que se inició la instrucción por las defensas de los acusados y que han sido ampliadas de manera significativa este martes.

Llevo sosteniendo desde hace tiempo que el juicio no se podía abrir, porque hay problemas que tendrían que quedar resueltos previamente para poder hacerlo. Esto se ha visto con claridad en la sesión de este martes.

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Moción de censura frustada

No cabe duda de que la manifestación de este pasado domingo había sido convocada con la finalidad de ser una manifestación "vinculante", por utilizar la expresión de Santiago Abascal. De ahí la exigencia a los presidentes de Galicia y Andalucía por la dirección del PP de que alteraran su agenda para estar presentes o la exigencia por la dirección de Ciudadanos de la presencia de Manuel Valls. Aquí no puede faltar nadie. Tenía que ser una manifestación de "toda España", que no pudiera dejar de tener el efecto de una moción de censura. Su celebración tenía que certificar el fin del gobierno de Pedro Sánchez y la obligación para este último de convocar elecciones generales o ya o, como muy tarde, el 26 de mayo.

Contemplada desde esta perspectiva, resulta obvio que el objetivo no ha sido alcanzado. Ha sido una manifestación mediocre, que ha quedado a una distancia sideral de lo que con ella se perseguía. El mensaje de que estábamos ante un supuesto de "alta traición", de los que contempla el artículo 102 de la Constitución para la exigencia de responsabilidad penal al presidente del Gobierno, no ha tenido eco en la ciudadanía. No se ha conseguido, ni de lejos, el nivel de indignación ciudadana de las manifestaciones del aborto o de la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo. Tal vez porque en esta, a diferencia de lo que ocurrió en aquellas, la Iglesia Católica no ha tenido el papel de protagonista. Para las derechas españolas la Iglesia Católica como instrumento de movilización ciudadana sigue teniendo una importancia extraordinaria.

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El caballo de Troya del Estado de las autonomías

La sociedad española, tras la muerte del general Franco, decidió no de forma unánime, pero sí muy mayoritaria, que el Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la democracia española. Dicha forma de Estado que empezó a prefigurarse preconstitucionalmente a principios del siglo XVIII y que se confirmó, ya constitucionalmente, a lo largo del siglo XIX y primeros decenios del siglo XX, no ha sido compatible con ninguno de los dos procesos constituyentes democráticos de nuestra historia: los de 1931 y 1978. En ambos, aunque no se definió en la propia Constitución la estructura políticamente descentralizada del Estado, sí se descartó que el Estado unitario y centralista pudiera ser la forma de Estado de la democracia española.

La primera experiencia de descentralización política, la de la Constitución republicana de 1931, tuvo un alcance territorial y temporal muy limitado y además, se vio sometida a una revisión brutal con el alzamiento militar del general Franco en julio de 1936 y el Régimen político que se impuso con la Guerra Civil. El carácter unitario y centralista del Estado español se reafirmó con una intensidad desconocida en el pasado.

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Doble desconfianza

En prácticamente cualquier tipo de conflicto, pero especialmente en los de naturaleza territorial, la premisa para que pueda entablarse un diálogo con la finalidad de encontrar una salida, es que los protagonistas del diálogo tengan una autoridad indiscutiblemente reconocida dentro del campo desde el que cada uno habla. Sin esa autoridad en el interior es muy difícil, por no decir casi imposible, que se pueda dialogar. Ni siquiera iniciar el diálogo.

Es lo que viene ocurriendo desde hace muchos años en el conflicto que afecta a la integración de Catalunya en el Estado. Nadie tiene una autoridad indiscutiblemente reconocida ni en el nacionalismo catalán ni en el Estado español para iniciar un diálogo con posibilidades de traducirse en un acuerdo.

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La trampa de la intervención en Venezuela

Juan Guaidó no se autoproclamó presidente de Venezuela, sino que le ordenaron desde la presidencia de Estados Unidos que se autoproclamara con la finalidad de tener una justificación para poder intervenir en dicho país. Ha sido el presidente Trump el que ha decidido que había llegado el momento de intentar dar un jaque mate a Nicolás Maduro y ha decidido que esta era la forma en que debería ser instrumentado.

La unilateralidad en la manera de proceder alcanza una dimensión superior a la que estábamos acostumbrados últimamente. Para intervenir en Irak el presidente Bush, aunque la decisión fuera casi exclusivamente suya, tuvo que intentar convencer a la comunidad internacional de que existían "armas de destrucción masiva" y tuvo que someter a debate la cuestión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de contar finalmente con el apoyo de una número considerable de gobiernos de distintas latitudes. Barack Obama renunció a intervenir en Siria, tras haberse verificado que el presidente Asad había utilizado armas químicas contra sus propios ciudadanos, ante la negativa de Reino Unido a participar en la intervención como consecuencia de la votación en contra en ese sentido por la Cámara de los Comunes.

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Que los árboles no nos impidan ver el bosque

La incorporación de Podemos al sistema de partidos en las elecciones europeas de mayo de 2014 está en el origen de todos los cambios que se han producido en el sistema político tal como había venido operando desde la entrada en vigor de la Constitución.

El cambio más significativo fue la abdicación del Rey Juan Carlos en su hijo Felipe a las pocas semanas. La Casa Real tuvo instinto de conservación y entendió que se había llegado a un fin de ciclo y que o se hacía la abdicación en ese momento o tal vez  más adelante ya no sería posible. El estallido del caso de las "tarjetas black" de Caja Madrid en octubre de 2014 con la implicación del que había sido durante muchos años Jefe de la Casa Real certificó que el instinto había funcionado adecuadamente.

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Pedir peras al olmo

¿Se puede considerar la conducta de los magistrados del Tribunal Constitucional de posponer la decisión acerca de la situación de prisión provisional en que se encuentra Oriol Junqueras como un supuesto de retardo malicioso, esto es, como un “retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima (art. 449 del Código Penal)? ¿Puede haber alguna motivación “objetiva y razonable” que justifique posponer la decisión? ¿Se trata de un caso tan extraordinariamente complejo y sobre el que es preciso obtener y analizar información adicional, a fin de que los magistrados puedan dictar sentencia? ¿Puede justificarse en el hecho de que se va a abrir en el Tribunal Supremo el juicio oral contra Oriol Junqueras la posposición de la decisión o más bien habría que considerar que la apertura del juicio oral debería conducir a la conclusión contraria? ¿Qué sentido tendría que el Tribunal Constitucional considerara que la prisión provisional de Oriol Junqueras ha sido contraria a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos una vez que el Tribunal Supremo hubiera dictado sentencia? ¿No debería pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre tal circunstancia antes de que se iniciara el juicio? En pocas palabras: ¿Qué “finalidad legítima” puede perseguir el Tribunal Constitucional posponiendo la decisión?

El abogado de Oriol Junqueras ha anunciado su decisión de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de denunciar la “pérdida del objeto” del recurso que interpuso ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de la inactividad de éste. “Sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Estos son los términos que la Constitución utiliza al reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva, que, en lo que a los derechos fundamentales se refiere comprende también al Tribunal Constitucional. E indefensión es, justamente, lo que padece Oriol Junqueras por la conducta de los magistrados del Tribunal Constitucional.

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Lección de monarquía parlamentaria

La pasada semana la Reina Isabel II dio al Rey Felipe VI, sin proponérselo y sin decirlo expresamente, como no podía ser de otra manera, una lección de lo qué es una Monarquía Parlamentaria y de lo que tiene que ser la conducta del o de la Jefe/a del Estado en dicha forma política.

Es sabido que tanto el Reino Unido como España están atravesando un momento en que se está viendo puesta en cuestión la propia integridad territorial de ambos Reinos. Este tipo de crisis política es la más difícil de resolver de todas las que pueden plantearse. En el Reino Unido,  tras las incertidumbres que se vivieron durante la campaña del referéndum de Escocia para decidir acerca de su permanencia en el Reino Unido o su constitución como Estado independiente, el resultado fue claro por la continuidad y contra la independencia. El problema pareció quedar resuelto. Pero el resultado del referéndum sobre el BREXIT que se celebró a continuación, está suponiendo una amenaza muy superior a la que supuso el referéndum escocés para la integridad territorial del Reino Unido. En España, desde 2010 y, sobre todo, desde 2012, nos encontramos en una crisis política que afecta directamente a la integración de Cataluña en el Estado español, pero que indirectamente pone en cuestión la Constitución Territorial construida con base en el pacto constituyente de 1978.

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De necesidad, virtud

La deriva presidencialista de las democracias parlamentarias se ha producido de una manera generalizada, a medida que la imposición real y efectiva del sufragio universal en el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial empezó a surtir efectos. Tras la revisión del parlamentarismo de la IV República Francesa con la Constitución gaullista de 1958, esa tendencia se impondría de manera inequívoca. En España, que se constituyó democráticamente en 1978, esa tendencia estaría presente desde que la democracia empezó a operar. Bajo la Constitución de 1978 la democracia española ha sido fuertemente presidencialista. La primacía no del Gobierno, sino del Presidente del Gobierno, ha operado como una suerte de ley de la gravedad en el sistema político español.

Dicha deriva se ha extendido a todos los niveles de nuestra fórmula de gobierno: estatal, autonómico y municipal. Y de manera progresivamente acentuada. La elección por los diferentes partidos (con la única excepción del PNV) de su secretario general o presidente como candidato a la presidencia del Gobierno estatal, autonómico o municipal, se ha convertido en un momento decisivo de la competición electoral para alcanzar el poder y para la gestión del mismo a lo largo de los cuatro años que dura la legislatura. Cuando no ocurrió así en el PSOE, tras ganar las primarias José Borrell a Joaquín Almunia, las consecuencias fueron catastróficas.

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