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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

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La vía eslovena

Enric Company publicaba en El País el 3 de julio de 1991 una crónica sobre la vía eslovena a la independencia, que pienso que vale la pena recordar, una vez que el presidente de la Generalitat Quim Torra la ha vuelto a situar en la agenda política. Escribía Enric Company: "El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, animó el pasado mes de diciembre al presidente de Eslovenia, Milan Kucan, a radicalizar sus posturas nacionalistas y se mostró convencido de que el momento actual es idóneo para configurar un nuevo mapa político en el Este europeo [...]. Pujol ofreció una cena oficial a Kucan, en la que, como es en él habitual, no se limitó a efectuar un brindis protocolario [...]. 'Les puedo decir que lo que no consigan ahora (respecto de la independencia) no lo conseguirán más tarde, dentro de unos años'. Y agregó: 'No he de entrar en lo que es su objetivo, pero diré que es un momento lleno de esperanzas y de inquietudes'". A buen entendedor...

Ahora o nunca. El tren de la independencia no es como el cartero que siempre llama dos veces. Pasa una vez y se coge o la oportunidad desaparece. Esta incitación a tomar la vía independentista de manera inmediata la enmarcaba Jordi Pujol en ese mismo brindis en una reflexión sobre si la construcción europea debía hacerse tomando en consideración solamente los nacionalismos “dominantes” o si también debían entrar en la misma los nacionalismos “minoritarios”, dando a entender que cualquier nacionalismo “minoritario” que fuera reconocido suponía un paso en la buena dirección.

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El discurso del rey

El discurso del rey con motivo de la celebración del 40 aniversario del referéndum del 6 de diciembre de 1978 fue un discurso correcto, en el que se evidenció la voluntad del monarca de que nadie pudiera sentirse molesto por sus palabras. Consciente de que el país se encuentra en una situación difícil, por no decir crítica, se limitó a expresar su reconocimiento a todos los que hicieron posible que el proceso constituyente llegara a buen fin y a subrayar la singularidad y relevancia de la Constitución de 1978 en la historia constitucional española. Ha sido, repitió en más de una ocasión, el mayor éxito político de España en los algo más de dos siglos desde la aprobación de la Constitución de Cádiz. Podemos y debemos sentirnos orgullosos de que haya sido así.

El problema del discurso, en mi opinión, es que es el mismo discurso que se viene repitiendo año tras año desde que empezó a celebrarse el aniversario, el 6 de diciembre de 1983. Porque fue el Gobierno presidido por Felipe González el que convirtió el 6 de diciembre en fiesta nacional. De forma imperfecta, ya que debió sustituir la del 12 de octubre por ésta. Pero  estamos en 2018 y el mito fundacional de ‘La Transición’ sigue siendo el único argumento para justificar la ‘legitimidad’ de la Constitución. Seguimos mirando al pasado, por mucho que ese pasado esté cada año un poco más lejos y, en consecuencia, esté erosionado como fuente de legitimidad por el paso del tiempo.

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Tres indicadores de crisis constitucional

A diferencia de lo que había ocurrido con todas las constituciones que iniciaron un ciclo constitucional en España, las de 1812, 1837, 1869 y 1931, que tuvieron una duración muy reducida y muy accidentada, la Constitución de 1978 ha sido una Constitución con duración prolongada en el tiempo y sin que se haya visto suspendida su vigencia ni una sola vez hasta 2017 en que, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (CE), se produjo la suspensión durante unos meses del ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya. Cuarenta años de vigencia ininterrumpida de una Constitución que abre un ciclo constitucional era algo inédito en la historia de España. Si añadimos que ha sido una Constitución “normativa”, que no solamente era un documento político, sino también una norma jurídica alegable ante los tribunales de justicia, el valor de la experiencia es todavía mayor. Con la Constitución de 1978 se ha vivido prácticamente la única etapa de “normalidad constitucional” en toda nuestra historia.

Desde hace unos años hay indicadores diversos que parecen señalar que esta etapa de normalidad constitucional está llegando a su fin. No puedo referirme a todos los indicadores por razones obvias de espacio. Voy a limitarme a tres, que, en mi opinión son los de mayor relevancia.

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Un 28F invertido

Entre el 28F de 1980 y el 2 de diciembre de 2018 hay una frontera, esto es “contacto” y “separación”. En principio, no parece que exista conexión alguna entre lo que ocurrió en Andalucía el 28F de 1980 y lo que ha ocurrido este 2 de diciembre de 2018. Y, sin embargo, no es así. Catalunya es el punto de conexión entre ambas fechas. La autonomía de Catalunya en 1980. El tránsito de la autonomía a la independencia en 2018. En ambos casos, además, se trata de consultas formalmente andaluzas pero materialmente españolas. Hemos votado los andaluces, pero en buena medida nuestra decisión se proyecta en el resto del Estado. Ni en 1980 se decidió exclusivamente la vía de acceso a la autonomía para Andalucía, ni en 2018 se ha decidido exclusivamente quién y cómo va a gobernar en Andalucía. Aunque es seguro que Susana Díaz no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía, no es seguro quién vaya a sustituirla o incluso no es completamente descartable, aunque sí improbable, que haya que repetir elecciones. De la misma manera que el 28F de 1980 fue el anticipo de la generalización del derecho a la autonomía en todas las “regiones”, el resultado del pasado domingo es el anticipo de lo que va a ocurrir en todas las regiones españolas y en los grandes municipios del país en mayo. Y Catalunya, repito, es el punto de “contacto”.

Pero entre el 28F de 1980 y el 2 de diciembre de 2018 hay, sobre todo, “separación”, que es para lo que esencialmente están pensadas las fronteras. La del 28F de 1980 fue una reacción al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Adolfo Suárez y los nacionalismos vasco y catalán, que permitió la aprobación de los Estatutos de Autonomía de ambas “nacionalidades”. Fue una reacción frente a lo que en Andalucía se entendió como “parcialidad territorial” por parte del Gobierno de la Nación en la interpretación de la Constitución Territorial. La interpretación de la Constitución no debía hacerse en clave nacionalista, sino que debía hacerse como un problema general de la estructura del Estado. Era el Estado en su totalidad el que debería “territorializarse”, con la extensión del ejercicio del derecho a la autonomía también a las “regiones”. Obviamente, en el referéndum votábamos solo los andaluces, pero con su resultado se fijó la norma para la descentralización política de todas las “regiones”.

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Ataque sobrevenido de dignidad

Al final es lo de siempre. "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional". El 10 de marzo de 1820, el nefasto Fernando VII pronunciaba estas palabras al jurar la Constitución de Cádiz. A partir de aquel día, conspiró durante tres años hasta que un ejército extranjero, los franceses Cien Mil Hijos de San Luis, invadió España para ayudarle a traicionar su juramento y reinstaurar la monarquía absoluta. Durante el apasionante siglo XIX, la expresión “marchemos francamente, y yo el primero' sostuvo toda una corriente de cachondeo político. Si los españoles no despreciáramos nuestra historia tanto como la ignoramos, seguiríamos utilizándola, porque ocasiones no nos faltaban”. Son palabras de Almudena Grandes en su columna publicada en El País el 5 de diciembre de 2016 con el título Marchemos.

Coincido plenamente con ella. De hecho, es lo primero que se me vino a la cabeza tras el “ataque sobrevenido de dignidad” del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, una vez que El Español hizo público el WhatsApp del senador Cosidó explicándole a los senadores del PP las bondades del pacto alcanzado con el Gobierno del PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que incluía el compromiso de designación del juez Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Justamente en esa designación estaba para el PP la garantía de que era un buen pacto, que permitiría controlar “desde atrás” la Sala Segunda del TS y la Sala 61 LOPJ, que es la que puede tomar una decisión sobre suspensión o disolución de un partido político. Esto es lo que transmitió el senador Cosidó a sus colegas del PP. Tranquilos: Marchena es uno de los nuestros.

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El futuro del Estado de la democracia española

Hace algo más de treinta y ocho años, el 28 de febrero de 1980, los ciudadanos andaluces decidieron en referéndum que únicamente era aceptable una interpretación de la Constitución que supusiera una descentralización completa del Estado, sin que pudiera ser de naturaleza diferente el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido a las “nacionalidades” y a las “regiones”. Todas tenían que ser titulares de un derecho a la autonomía de naturaleza política, lo que exigía que en todas hubiera una expresión inequívoca del principio de legitimidad democrática a través de un Parlamento elegido por sufragio universal. Esto es lo que significó el referéndum del 28F, que fue formalmente un referéndum andaluz, pero materialmente fue un referéndum de todas las “regiones” españolas. Andalucía definió el canon interpretativo de la Constitución en lo que a la estructura del Estado se refiere. De ahí vinieron los Pactos Autonómicos de 1981 y la construcción del Estado de las Autonomías con base en los mismos.

Ha sido el Estado más legítimo y más eficaz de la historia contemporánea de España. Con mucha diferencia. La sociedad española ha sido consciente en sus dos únicas experiencias inequívocamente democráticas, la de 1931 y la de 1978, que el Estado unitario y centralista, que inicia su construcción con la llegada de los Borbones a comienzos del siglo XVIII y se perfecciona a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, llegando hasta el paroxismo con la Dictadura del general Franco, no podía ser la forma de Estado de la democracia española. La democracia exigía la descentralización política.

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La anécdota Cosidó

Cuando un ordenamiento constitucional se está desmoronando pasan cosas que no ocurren cuando no hay fatiga en los materiales con los que ha sido construido. Se producen desajustes permanentemente en el funcionamiento de las instituciones por las circunstancias más variadas, previsibles o susceptibles de ser previstas en algunos casos o completamente imprevisibles en otros. El sistema inmunológico del organismo constitucional deja de estar operativo y las enfermedades oportunistas se multiplican. Y hacen acto de presencia sin orden ni concierto.

Es lo que acaba de ocurrir con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando a toda velocidad, como consecuencia del último episodio de crisis de legitimidad en el Tribunal Supremo con motivo de la decisión sobre las hipotecas, el Gobierno y el PP deciden que no es posible no renovar el CGPJ en la fecha constitucionalmente prevista, porque la justicia española no admite un gramo más de desprestigio, y se ponen de acuerdo en la designación de sus veinte miembros con el compromiso de que Manuel Marchena sería elegido Presidente de CGPJ y, por tanto, del Tribunal Supremo. Entonces, uno de los negociadores del pacto por parte del PP, el senador Cosidó, lo dinamita enviando un Whatsapp a sus compañeros de partido en el Senado en los términos que doy por supuesto que son conocidos.

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Hablar por hablar

Hasta que no se conozcan los resultados de las elecciones andaluzas el 2 de diciembre, hablar sobre la posible disolución de las Cortes Generales y convocatoria anticipada de elecciones generales, es hablar por hablar. Únicamente el presidente del Gobierno puede tomar la decisión de disolver y convocar y es inimaginable que pueda adoptar esa decisión antes de las 10 o las 11 del 2 de diciembre, que será el momento en que ya se tendrá información precisa sobre los resultados electorales.

Como todo el mundo sabe, la interpretación de unos resultados electorales puede ser una operación sumamente sencilla o sumamente difícil, bordeando incluso lo imposible. Desde la primera de las  elecciones posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, las de 1979, hasta la décima, las de 2011, la interpretación fue siempre sencilla, aunque el resultado no fuera siempre igual de contundente. Pero nunca hubo duda de que el Gobierno estaría presidido o por el candidato del partido de centro derecha (UCD o PP) o de centro izquierda (PSOE). La formación de gobierno estaba siempre asegurada y la duración de la legislatura también, aunque pudiera acabar produciéndose algún pequeño acortamiento de esta última. El riesgo de disolver las Cortes y convocar anticipadamente elecciones se podía calcular y no era, en todo caso, un riesgo existencial ni para el presidente del partido que tenía que tomar la decisión, ni para el sistema de partidos con base en el cual la sociedad española se autodirigía políticamente.

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Vox en Sevilla

El acto que celebró Vox en Vista Alegre hace unas semanas tuvo un enorme impacto mediático. El que tuvo lugar el domingo pasado en Sevilla con la finalidad de hacer la presentación de los cabezas de lista de las candidaturas en las ocho provincias andaluzas para las elecciones del 2 de diciembre no diré que ha pasado completamente desapercibido, porque algún reflejo a tenido en la prensa andaluza, especialmente en la del Grupo Joly, pero no ha recibido la atención que merecía fuera de Andalucía. 

Y sin embargo, lo que ocurrió este pasado domingo es más expresivo de las expectativas de Vox en el ciclo electoral que se va abrir el 2 de diciembre, que lo que ocurrió en Madrid hace unas semanas. El de Vista Alegre fue un acto en el que Vox echó el resto y convocó a ciudadanos de todo el Estado. El de Sevilla fue un acto ordinario de un partido que concurre a unas elecciones autonómicas. Y lo que hizo ese domingo Vox no está en condiciones de hacerlo en Andalucía ni el PP ni Ciudadanos. 

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La inercia del bipartidismo

Llevamos ya varios años dando por supuesto que el bipartidismo se ha acabado y descubrimos de pronto que únicamente el bipartidismo puede asegurar la renovación de un órgano tan importante en el funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho como es el Consejo General del Poder Judicial. Aunque para un buen número de lectores no sea necesario recordarlo, añado para los demás que la mayoría parlamentaria que se exige para la renovación del CGPJ es la misma que para la reforma de la Constitución. El PP y el PSOE pueden hacer una reforma de la Constitución, como lo hicieron en 2011 con el artículo 135 CE. Ahora les sería más difícil, porque no podrían evitar la convocatoria de un referéndum, como hicieron entonces. Pero todavía pueden hacerla.

Quiero decir con ello que en 2018, PP y PSOE pueden todavía garantizar conjuntamente la inercia institucional que posibilita que el sistema político español siga tirando. Malamente, pero tirando. No pueden hacerlo como en el pasado en el que ambos se bastaban para alternarse en el Gobierno, pero siguen controlando en régimen de duopolio piezas esenciales en la anatomía y fisiología del cuerpo político estatal. Y, con esta renovación, envían sobre todo el mensaje de que no está nada claro que todavía no les quede camino por recorrer.

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