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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

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Currículum de hojalata

De todos los presidentes del Gobierno de la democracia española, Leopoldo Calvo Sotelo ha sido, con mucha diferencia, el que ha tenido un currículum más brillante. Además de estar en posesión de uno de los títulos más difíciles de obtener, todavía hoy, pero mucho más cuando él lo obtuvo, dominaba varios idiomas, tocaba el piano, y acreditaba una pasión por la lectura que suele acompañar a las personas curiosas intelectualmente. Recuerdo, varios años después de que hubiera dejado la Presidencia del Gobierno, un diálogo que mantuvo con Santos Juliá en un encuentro académico, al que él acudió como uno más de los que allí estábamos. Un ex-presidente del Gobierno acudiendo a un seminario académico y participando en el debate en pie de igualdad con los demás. Jamás necesitó presumir de su currículum, porque su currículum hablaba por sí solo. Y con su sola presencia se notaba.

No creo que casi nadie entre los ciudadanos que no están muy interesados en la política recuerde hoy a Leopoldo Calvo Sotelo como líder político. Ha sido el único presidente del Gobierno que llegó a serlo sin ser cabeza de lista de un partido en unas elecciones generales y, una vez investido presidente, a nadie en el partido en el que militaba se le ocurrió que podía ser el candidato en las próximas elecciones.

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155 por tiempo indefinido

En los estados de excepción se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Eso es así en general, pero más todavía cuando la adopción de la medida de protección excepcional del Estado tiene su origen en un problema que afecta a la Constitución Territorial. Si la ruptura de la "normalidad" se produce como consecuencia de un problema de naturaleza territorial, es muy difícil reparar lo que se ha roto. En las crisis de esta naturaleza, "la normalidad" se ha ido deteriorando lenta y progresivamente y, cuando se produce la ruptura, lo hace en la forma de un terremoto de magnitud considerable, tras el cual ya no hay "normalidad" a la que volver. El edificio constitucional no puede ser reparado.

Lo que está ocurriendo en España tras la activación del artículo 155 de la Constitución ejemplifica perfectamente lo que acabo de decir. No tengo la menor duda de que el Presidente del Gobierno, cuando decidió hacer uso de la "coacción federal" prevista en dicho artículo, pensaba en una suspensión temporal del ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya con la finalidad de volver a "la normalidad" lo más rápidamente posible. Todavía tengo menos duda de que esa era la idea del Secretario General del PSOE e, inicialmente, también la de Albert Rivera. El 155 de la Constitución como un paréntesis breve, que se extendería el tiempo necesario para la celebración de elecciones e investidura de un president de la Generalitat.

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Debate de investidura o el fracaso del 155

El primer acto del debate de investidura que se vivió en el día de ayer, evidenció que el nacionalismo catalán está muy sólidamente instalado en una actitud de resistencia frente al Gobierno de la Nación. No hay la menor señal de debilidad, a pesar de que los protagonistas de dicha resistencia son muy conscientes de que los riesgos que corren son altos. Y que dichos riesgos no va a ir a menos, sino previsiblemente a más. La persecución penal de los dirigentes nacionalistas no ha hecho más que empezar y, en consecuencia, el número de dirigentes que vayan a ir sintiendo el peso de la acción de los tribunales de justicia irá en aumento. No hubo nada, sin embargo, ni en las palabras de los que intervinieron en el pleno ni en el lenguaje corporal de los demás parlamentarios, que hiciera pensar que el nacionalismo se siente débil y en disposición de aceptar que ha sido derrotado. El desequilibrio de fuerzas es enorme, pero no se contempla la rendición. 

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La televisión como prima a la posesión del poder

Cuando en la lección dedicada al derecho a la información llegaba el momento de hablar de la televisión, solía decirles a los alumnos que a los países había que dividirlos en dos grupos: en uno estarían aquellos en los que la democracia llegó antes que la televisión y en el otro aquellos en los que la televisión llegó antes que la democracia. En las constituciones de ambos grupos el derecho a la información suele estar reconocido en términos parecidos, pero el ejercicio del derecho suele ser diferente en los primeros que en los segundos. 

En los países europeos la televisión nació como servicio público prestado en régimen de monopolio y así se mantuvo durante mucho tiempo. Hasta 1988 no empieza a operar la televisión privada en España. La televisión ha sido durante decenios el medio de transmitir información con más incidencia en el proceso de formación de la opinión pública. Tanto en los países que ya estaban constituidos democráticamente como en los que no lo estaban. En estos últimos todavía más. 

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¿Elecciones anticipadas?

La trayectoria de Cristina Cifuentes una vez que el eldiario.es hizo pública la forma frudulenta en que había conseguido el título de máster por la Universidad Rey Juan Carlos debería haber vacunado al PP contra el error de retrasar indefinidamente la adopción de decisiones inevitables. Cristina Cifuentes no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir políticamente al conocimiento público de la falsificación de su expediente académico. Ninguna es ninguna. Y todo el mundo lo sabía. Cuanto más se tardara en tomar la decisión, peor. Han sido varias semanas de agonía rematadas con un golpe mafioso.

Da la impresión de que vamos a asistir a la repetición del mismo error con Rafael Catalá. Todo el mundo sabe que no puede continuar siendo ministro de Justicia tras sus declaraciones del martes pasado a la Cope sobre el juez autor del voto particular en la sentencia de 'la manada'. Independientemente de que haya realmente algo en la ejecutoria profesional de este juez que lo inhabilitase para formar parte del Tribunal que dictó sentencia o de que no lo haya. Es decir, independientemente de que el ministro de Justicia tuviera razón al decir lo que dijo o no la tuviera.

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Crece el desgobierno

La declaración del ministro de Justicia esta mañana en Onda Cero es un indicador de que no hay Gobierno. Un indicador de que hay un Consejo de Ministros, pero de que no hay Gobierno con un proyecto de dirección política para el país. No es imaginable que, con una dirección política unitaria, un ministro pueda actuar de la manera en que lo ha hecho el de Justicia, dejando descolocados a los demás ministros y a los dirigentes del partido. Me imagino que también al presidente. La cara del ministro de Interior en Algeciras cuando fue interrogado por un periodista esa misma mañana lo decía todo. Exactamente igual que la de Martínez-Maillo. Nadie sabía nada. Desconcierto general.

Lo ocurrido esta mañana es expresión de desorden, de desbandada, de que no hay nadie que dirija y, como consecuencia de ello, no hay ningún ministro que sepa a qué tiene que atenerse. Cada uno reacciona en cada momento como le parece adecuado. En este caso, desconcertado sin duda por la magnitud de la protesta ciudadana tras la sentencia de 'la manada', a Rafael Catalá no se la ha ocurrido otra salida que desplazar cualquier posible responsabilidad hacia los jueces, incluido el órgano de gobierno de los mismos, el Consejo General del Poder Judicial. A todos los ha acusado de tener conocimiento de una circunstancia singular que concurría en el juez que redactó el voto particular, que lo inhabilitaba, en su opinión, para el ejercicio de la función jurisdiccional en este asunto. El conocimiento "por todos" de esa circunstancia singular debería haber conducido a que se tomaran las medidas oportunas para apartarlo del Tribunal que dictó sentencia.

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Antesala de la descomposición

Hace ya bastantes años Karl Loewenstein clasificó las Constituciones en la tríada de constituciones “normativas”, “nominales” y “semánticas". Normativas son aquellas constituciones en las que se da una notable coincidencia, identidad es imposible, entre lo que ocurre en la realidad y lo que la Constitución dispone. Son las constituciones propias de las democracias que operan como tales. Nominales son aquellas en las que existe una desviación notable entre lo que la Constitución prevé y la realidad. Semánticas son aquellas en las que el parecido entre lo que la Constitución establece y la realidad es pura coincidencia.

La Constitución española de 1978 ha sido una Constitución normativa desde su entrada en vigor hasta finales de 2015. Desde entonces no ha hecho otra cosa que deslizarse por la pendiente que conduce a la Constitución nominal. En las dos últimas legislaturas, la prácticamente non nata como consecuencia de la imposibilidad de investir a un candidato como presidente del Gobierno y la actual, resultado de la disolución anticipada de la anterior, tienen de legislatura de un Estado democrático el nombre, pero poco más.

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Una sentencia peor que el delito

Para la víctima de la conducta de los cinco miembros de ‘la manada’, que ha sido calificada por el Tribunal de Navarra como “abuso sexual” y no como “violación”, tiene que haber sido mucho más dolorosa la conducta de los jueces que la de los que la agredieron.

Y tiene que haberlo sido, porque objetivamente, desde una perspectiva moral lo es, aunque no lo sea desde una perspectiva jurídica. Los jueces que dictaron sentencia no han cometido ningún delito, aunque sí han vulnerado el ordenamiento jurídico, como argumentaré en otro artículo.  Pero moralmente su decisión supone una violación para la chica mucho más dolorosa que la que sufrió realmente por los integrantes de ‘la manada’. Porque es imposible que ella entienda que, tras pasar lo que pasó, la sentencia haya sido la que ha sido.

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Corrupción institucional

El Estado Constitucional es la primera forma de organización del poder en la historia en la que se produce la separación del poder político de la propiedad privada. El poder político había sido hasta ese momento un correlato de la propiedad de la tierra. Con el Estado se produce la separación del primero de la segunda. El poder no es de nadie. Por eso tiene que ser un poder “representativo”. Por eso se habla de Estado Representativo. Empieza siendo de unos pocos, porque el vínculo con la propiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero la tendencia es a ser representativo de todos. El sufragio universal forma parte del código genético del Estado.

Justamente por eso, la corrupción es la patología más grave para el Estado. Porque la corrupción es la privatización del poder, la subordinación por vías soterradas y espurias del poder político a la propiedad privada. La corrupción ataca al Estado en su núcleo esencial. Lo ataca en aquello que lo hace ser tal, que lo diferencia de las demás formas políticas que han existido en la historia.

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Montoro y el delito de malversación

Cristóbal Montoro dijo lo que dijo y lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados. Sus palabras tienen que figurar en el Diario de Sesiones tal como fueron pronunciadas. No cabe duda de que el abogado de Carles Puigdemont ya habrá solicitado a la Secretaría General copia de las mismas y que, acompañadas de la traducción correspondiente, las pondrá en conocimiento de los tres jueces que van a constituir el Tribunal de Schleswig-Holstein que tendrá que tomar la decisión sobre la extradición por este delito.

En España están pasando cosas que nunca pensamos que llegaríamos a verlas, pero, a pesar de todo lo que hemos visto, pienso que el Congreso de los Diputados no es la Universidad Rey Juan Carlos y no creo que se pueda rectificar fraudulentamente el contenido del Diario de Sesiones como se han rectificado las actas de las asignaturas del Máster de Cristina Cifuentes. En consecuencia, las palabras del Ministro de Hacienda en el Pleno del Congreso de los Diputados acerca de que no se ha gastado ni un euro público en el referéndum del 1-O es la “verdad gubernamental oficial” en la materia. Tanto desde un punto de vista político como administrativo esa es la posición del Gobierno. Debe recordarse, además, que esa misma posición fue mantenida expresamente por el presidente del Gobierno en respuesta a una interpelación de Albert Rivera también en el Pleno del Congreso de los Diputados. Se supone que tanto Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro tenían la información pertinente y la transmitían con veracidad.

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