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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 12013

¿Cuestión prejudicial fraudulenta?

El domingo 14 de julio Antoni Bayona publicaba en Agenda Pública un artículo, 'El Tribunal Supremo y la Razón de Estado', en el que admitía la posibilidad de que el Tribunal Supremo (TS) dicte sentencia en el 'caso Procés' antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJUE) haya dado respuesta a la cuestión prejudicial acerca de la inmunidad de Oriol Junqueras tras su elección como Diputado europeo. Llegaba incluso a afirmar de manera expresa que el planteamiento de la cuestión "obedece a la estrategia de ganar tiempo para que, antes de que el TJUE decida, el problema se resuelva solo con la sentencia del procés, una sentencia firme que eliminaría la cuestión de la inmunidad".

De ser así, nos encontraríamos ante una estratagema del TS para vaciar de contenido la cuestión prejudicial que el propio TS ha planteado. Cuando reciba la respuesta del TJUE, ya no podrá surtir ningún efecto. El tiempo consumido por el TJUE para estudiar y resolver la cuestión prejudicial le habría permitido al TS redactar y hacer pública la sentencia.

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La investidura no es negociable

La dirección de Unidas Podemos debería haber entendido desde la noche del 28A, pero, sobre todo, desde la del 26M, que la investidura de Pedro Sánchez no podía ser objeto de negociación. Tenía que haber dejado claro desde el primer momento que Pedro Sánchez contaría en todo caso con los 42 escaños de Unidas Podemos. Esta era la condición previa de cualquiera de las negociaciones posibles para fijar una línea de dirección política del país a lo largo de la legislatura, en la que una mayoría clara de la sociedad española integrada no solamente por el conjunto de la izquierda  pudiera reconocerse.

Estamos donde estamos y venimos de donde venimos. La sociedad española el 28A rechazó con claridad la alternativa del 155, que era el punto de encuentro de las tres derechas para el futuro inmediato. Una suerte de estado de excepción autonómico permanente era el escenario que se contemplaba por Casado, Rivera y Abascal en el caso de que hubieran podido formar Gobierno tras el 28A. Nada nos permite pensar que no sigue siendo una alternativa en la que sigan pensando, aunque tras la decisión del Tribunal Constitucional, los márgenes para su aplicación son algo más estrechos de los que ellos tenían en la cabeza. La integración de Catalunya en el Estado sigue siendo el problema más importante con el que tiene que enfrentarse la sociedad española.

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El artículo 99 no es el problema

La investidura del presidente del Gobierno no ha sido un problema desde 1979 hasta 2015. A partir del 20 de diciembre de 2015, la investidura se ha convertido en una tarea (casi)imposible. ¿Es el artículo 99 el responsable? ¿Por qué el artículo que ha sido "funcional" durante las diez primeras legislaturas, empieza a dejar de serlo a partir de la undécima?

Estos son los interrogantes que tenemos que plantearnos. Y a nada que se reflexione, se advertirá que el problema está en los artículos 68 y 69 y en la Ley Electoral. El origen de los problemas de investidura y de gobernabilidad en el sistema político español está en la composición y sistema de elección de las Cortes Generales y no en la fórmula del artículo 99.

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Peor que jugar con fuego

La vida de los seres humanos descansa en "ficciones". No en mentiras, sino en ficciones, es decir, en entes de razón inventados por nosotros mismos para hacer posible la convivencia. Porque, a diferencia de los demás individuos del reino animal que coexisten sin necesidad de tener que explicarse  a sí mismos el porqué y el modo de su coexistencia, nosotros no podemos hacerlo. Los seres humanos tenemos que explicarnos a nosotros mismos el porqué y el modo de nuestra convivencia. Tenemos que justificar nuestra forma de organización social y política.

Lo hacemos a través de la Política y el Derecho, que definen el sistema de ficciones a través del cual los seres humanos hemos explicado y justificado nuestro sistema de convivencia. Es nuestra capacidad fabuladora, nuestra capacidad de inventar ficciones, lo que nos ha permitido transitar de la pura coexistencia animal a la convivencia humana. La Política y el Derecho es lo que nos constituye como seres humanos, lo que nos diferencia esencialmente de los demás individuos del reino animal.

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La dignidad de Fernando Grande-Marlaska

Solo he estado una vez con el actual Ministro de Interior. Fue en Cádiz con ocasión del bicentenario de la Constitución de 1812. La Asociación de la Prensa me encargó la organización de un ciclo de conferencias y una de ellas se la encargué al Juez Fernando Grande-Marlaska. Cuando llevaba unos veinte minutos impartiendo la conferencia, penetraron en el aula de la Universidad bastantes decenas de ciudadanos que se habían estado manifestando en protesta contra los desahucios y que, al tener conocimiento del acto, decidieron acudir para prolongar su protesta de una manera que ellos pensaban que tendría más eco.

Afortunadamente, no era la primera vez que me encontraba en una situación como esta. Como Rector de la Universidad de Sevilla había tenido que hacer frente a ocupaciones del Paraninfo en algunas ocasiones. Pacté que permitieran que el Juez Grande-Marlaska terminara la conferencia y que, después, hablaríamos de todo lo que ellos quisieran. Aceptaron y así se hizo.

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La droga de la disolución del parlamento

La disolución es una reliquia predemocrática, que debería haber desaparecido una vez que el sufragio universal se impuso de manera real y efectiva. La disolución del Parlamento no es coherente con el principio de legitimidad democrática. Es algo más que incoherente. Es contradictoria con dicho principio. 

El Estado constitucional descansa en el principio de igualdad que tiene que objetivarse en el principio de soberanía popular para hacer técnicamente posible la organización de dicha forma política. Una forma política no solamente tiene que ser susceptible de ser pensada intelectualmente, sino que tiene que ser, además, susceptible de ser organizada técnicamente. A partir del principio de igualdad se puede pensar la democracia como forma política. Pero no se la puede organizar técnicamente. Para esto último es necesario, además, identificar un lugar de residencia del poder coherente con ese principio de igualdad. La soberanía popular es ese lugar de residencia del poder. Esa fue la “invención” de la Convención de Filadelfia, de la que nació la Constitución de los Estados Unidos. Y en dicha invención no tuvo cabida la disolución del Parlamento, como es sobradamente conocido.

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Un muy mal indicador

España ha sido el último país de la Europa Occidental tras la división del continente  después de la Segunda Guerra Mundial que se constituyó democráticamente. El último de los tres que quedaron descolgados de la ola del constitucionalismo democrático que se abre en la segunda mitad de la década de los cuarenta: Grecia, Portugal y España. Ese fue el orden de incorporación a la democracia.

España ha sido uno de los primeros países democráticos europeos que ha tenido que repetir elecciones ante la imposibilidad de que hubiera acuerdo parlamentario para investir a un candidato como presidente del Gobierno. Ocurrió en la legislatura que se abrió con las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.

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Incógnita despejada procesalmente

La decisión del Tribunal Supremo de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que interprete de manera definitivamente vinculante a partir de qué momento es portador de inmunidad parlamentaria Oriol Junqueras, es, sin duda, una decisión prudente y acertada.

Desde un punto de vista procesal la incógnita ha quedado despejada. El Tribunal Supremo reconoce la competencia de la justicia europea para entender de este asunto. Frente a la tesis de la Fiscalía que consideraba que no había nada que preguntar, porque resultaba indiscutible la competencia exclusiva y excluyente de la justicia española y era, por tanto, superfluo preguntar nada al TJUE, la Sala, con buen criterio, ha entendido que no es así y ha decidido plantear la cuestión prejudicial.

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El corrector de las municipales

La participación suele ser menor en las elecciones municipales que en las generales y, sin embargo, las primeras son de alguna manera, más representativas que las segundas. En primer lugar, porque el número de concejales en los diferentes municipios suele ser considerablemente más elevado que el número de diputados en las diferentes provincias. Traducir el voto en escaño cuesta menos en las municipales. El porcentaje de ciudadanos que no se ven representados en sus municipios es considerablemente menor que los que no se ven representados en los diputados elegidos en sus provincias. Y en segundo lugar, porque reflejan la implantación territorial de los partidos con una intensidad muy superior. Hacer cincuenta y dos candidaturas en las elecciones generales es relativamente fácil. Hacer más de 8000 candidaturas en las elecciones municipales no lo es. La fotografía de los partidos de las elecciones municipales tiene una riqueza y una complejidad incomparablemente superior.

Si hay mucha distancia temporal entre las elecciones generales y las municipales o si las municipales se celebran antes, el resultado de las elecciones generales no se ve afectado por el de las municipales, pero, cuando no es así, cuando las elecciones municipales se celebran inmediatamente después de las generales, el resultado de estas últimas puede verse corregido y corregido de manera significativa.

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El desgobierno

Llevamos cuatro años sin Gobierno. Desde las elecciones de diciembre de 2015 no se ha constituido ninguna mayoría de Gobierno que diera consistencia y estabilidad al proceso de dirección política del país. En la legislatura que se inició el 20 de diciembre asistimos por primera vez a la renuncia a intentar formar gobierno por el candidato designado por el Rey y al intento de formar uno por el candidato del PSOE, que había obtenido el peor resultado electoral desde 1979. La no investidura de este último condujo a la primera disolución por este motivo no solo en la democracia española, sino en toda la democracia europea.

En la legislatura que se inició con las elecciones de julio de 2016, se evitó la repetición de las elecciones por la abstención del PSOE, lo que conllevó la dimisión del Secretario General, Pedro Sánchez, que abandonó asimismo su escaño en el Congreso. Mariano Rajoy conseguiría de esta manera una mayoría de investidura, pero no una mayoría de gobierno. Ocupó la presidencia del Gobierno, pero no pudo desarrollar la acción de gobierno. Se preocupó más de obstaculizar las proposiciones de ley de la mayoría parlamentaria heterogénea que estaba en la oposición, por lo que fue reprobado incluso por el Tribunal Constitucional, que de remitir proyectos de ley a las Cortes para su aprobación. Solo consiguió la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, incumpliéndose el principio de anualidad presupuestaria exigido desde la Constitución de Cádiz. Y al final, tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, fue expulsado por una moción de censura, que condujo a la Moncloa a Pedro Sánchez a partir de un grupo Parlamentario de 84 diputados. Hubo una mayoría de desinvestidura de Mariano Rajoy, pero no una mayoría de investidura de Pedro Sánchez, que sobrevivió a base de dictar decretos-leyes y conseguir aprobar unos Presupuestos que habían sido pactados por Mariano Rajoy con el PNV, que se comprometió a apoyar la moción de censura, si el nuevo presidente respetaba el pacto presupuestario alcanzado con el presidente anterior. Parece una broma, pero así fue.

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