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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 5812

Irretroactividad y anticonstitucionalidad

Si la amnistía fiscal aprobada en 2012 por la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Generales no hubiera sido declarada anticonstitucional, no cabe duda de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no podría hacer pública la lista de los ciudadanos que se acogieron a dicha amnistía. Más todavía: sin la sentencia del Tribunal Constitucional que la declaró anticonstitucional, Pedro Sánchez no se hubiera podido comprometer a que la haría pública, porque no se pueden adquirir compromisos anticonstitucionales. Su propia vicepresidenta que es profesora de Derecho Constitucional se lo habría advertido. Esto no puede ni siquiera discutirse.

Pero ¿sigue siendo imposible por imperativo constitucional o legal la publicación de la lista una vez que la ley de amnistía ha sido declarada anticonstitucional? ¿Se puede hacer valer el principio de irretroactividad reconocido en el artículo 9.3 CE con base en una norma declarada anticonstitucional o la constitucionalidad de la norma tiene que ser el presupuesto para reclamar la aplicación del principio de irretroactividad? ¿Puede recurrirse a la irretroactividad en la anticonstitucionalidad?

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Una anomalía histórica todavía no corregida

La institución monárquica choca frontalmente con los dos principios básicos en los que descansa el Estado constitucional democrático: el principio de igualdad y el carácter representativo de todo poder político. Si hay algo que el Estado constitucional democrático no puede tolerar es que jurídicamente se configuren distintas categorías de individuos jerárquicamente ordenados. Para evitarlo fue para lo que se inventó el concepto de ciudadanía, que supone la equiparación jurídica de todos los individuos, independientemente de sus diferencias personales.

En democracia esta regla no admite excepción. Pero además el Estado constitucional democrático exige que su manifestación de voluntad se reconduzca permanentemente a lo que dichos ciudadanos, bien directamente bien a través de sus representantes, decidan. Por eso el Estado es una forma de organización política formalmente igualitaria y representativa.

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No es un juicio de valor, señor Borrell

En una entrevista publicada ayer domingo en El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respondía a la pregunta acerca de su opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden cursada en su día por el Juez Pablo Llarena, que por supuesto que acataba la decisión, pero reivindicaba al mismo tiempo su derecho a decir que no estaba de acuerdo con ella y a expresar su crítica.

Obviamente no hay nada que objetar a dicha respuesta. Las resoluciones judiciales en cuanto actos de un poder del Estado pueden y deben ser criticadas. Todas. Sean del país que sean.

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Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana

El viejo Engels nos recordó en el Anti-Düring con la frase que da título a este artículo que los problemas que se dan por resueltos sin hacerles frente acaban volviendo a hacer acto de presencia. Y lo suelen acabar haciendo en el momento más inoportuno, cuando empiezan a torcerse las cosas.

En la Transición española se tiraron bastantes cosas por la puerta. Pero, sobre todo, una. Se pasó de la Dictadura a la Democracia con un “ejercicio limitado” del poder constituyente del pueblo español, al que se le impuso la Monarquía como un hecho consumado. Una Monarquía que había sido restaurada por el general Franco en 1947 con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, primera de las Leyes Fundamentales sometida a referéndum.  El príncipe Juan Carlos adquiriría la condición de Rey tras la muerte del dictador y sería él, con el concurso de algunas de las autoridades del Régimen, singularmente el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, y con el presidente Adolfo Suárez, el que dirigiría el proceso que hemos definido como la Transición.

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El estatus jurídico de Puigdemont tras la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein

Carles Puigdemont es ciudadano español. Es posible que prefiriera no serlo. Pero lo es. Y en cuanto tal, es titular de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del mismo (art. 19 CE).

El ejercicio de ese derecho únicamente puede verse limitado mediante una decisión judicial. Cuando un juez entienda que hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Carles Puigdemont, puede proceder contra él y adoptar las medidas que, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, estime pertinentes.

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¡Hay jueces en Berlín!

Al que fuera fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue a quien se le ocurrió que la conducta de Carles Puigdemont y de otros políticos nacionalistas durante los meses de septiembre y octubre de 2017 había sido constitutiva del delito de rebelión. Para la inmensa mayoría de los miembros de la comunidad académica, cuya opinión quedó fijada en un manifiesto hecho público y me imagino que también para buena parte, posiblemente para la mayoría de los jueces y fiscales, aunque no podemos saberlo, dicha calificación penal no era la procedente. Pero los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que tuvieron que admitir a trámite primero la querella activada por el fiscal general y que han tenido que ir tomando después distintas medidas en el recorrido procesal de dicha querella, sí han considerado que la calificación jurídica de la Fiscalía General era la apropiada y han llegado hasta dictar un auto de procesamiento firme por tal delito de rebelión.  

La verdad judicial española, por el momento, es la de que hay indicios sólidos de que  en los meses de septiembre y octubre se pudo cometer un delito de rebelión por un número determinado de autoridades y dirigentes nacionalistas catalanes. Eso es lo que vienen reiterando todos los miembros del Ministerio Fiscal que han intervenido y todos los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han tenido que tomar decisiones respecto de las querellas activadas por la Fiscalía General del Estado. Aunque el Auto de la Sala del Tribunal Supremo que dio firmeza al Auto de Procesamiento dictado por el Juez Instructor deja claro en su fundamentación jurídica que estamos en un momento inicial del proceso y que la calificación de las conductas de los querellados como constitutivas del delito de rebelión puede ser revisada, la decisión final del auto es mantener la acusación por rebelión.

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Un respeto decente al juicio de la humanidad

La suspensión de los parlamentarios catalanes acordada ayer por el Juez Pablo Llanera estaba descontada, por decirlo de manera comprensible. Se trata, además, de una suspensión, que, de cumplirse el calendario que se está barajando, sería relativamente irrelevante. Si a finales de año se celebra el juicio oral y antes de que acabe 2018 o en los primeros meses de 2019 se ha dictado la sentencia por el Tribunal Supremo, el alcance de la suspensión temporal sería mínimo.

Lo que importa en este momento es la decisión que adopte la Fiscalía en el escrito de conclusiones provisionales respecto de la calificación jurídica de la conducta de los querellados. Como la Sala de Apelaciones dejó claro en el auto a través del cual otorgó firmeza al auto de procesamiento dictado por el juez instructor, es el Ministerio Fiscal el que ejerce el ius puniendi del Estado y, en consecuencia, es en el momento en que redacte el escrito de conclusiones provisionales cuando sabremos de qué delito acusa.

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Nadie a mi derecha

La derecha española parece que no sabe competir si no es escorándose hacia la extrema derecha. Le pasó inmediatamente después de la inicial puesta en marcha de la democracia tras la entrada en vigor de la Constitución, y le está pasando ahora mismo, cuando está teniendo que dar respuesta al problema que le ha planteado la "huida" de Mariano Rajoy tanto de la presidencia del Gobierno como de la del partido.

Lo que ocurrió en los años ochenta, con la desaparición de UCD y su sustitución como partido representativo de la derecha española, no es comparable con lo que está ocurriendo ahora mismo en el interior del PP. O no es comparable todavía. Porque lo que pueda ocurrir en el PP a partir del día 21 puede acabar pareciéndose  a lo que ocurrió en UCD. Las siglas PP pueden no ser las siglas con las que compita la derecha española tras las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019.

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El golpe de estado de José María Aznar

Según José María Aznar en “España hay un golpe de Estado sin desarticular”. Los protagonistas de dicho golpe fueron desalojados de las instituciones desde las que lo habían perpetrado con la aplicación del artículo 155, pero han vuelto a ocuparlas tras las elecciones del 21D del año pasado. Y allí siguen.

No ha sido el primer presidente del Gobierno del PP el primero en poner en circulación la tesis del golpe de Estado que se habría concretado entre los meses de septiembre y octubre del año pasado en Barcelona, pero sí el primero que mantiene que el golpe de Estado está vivo y que, en cierta medida, ha triunfado, en la medida en que los protagonistas del mismo siguen controlando las instituciones de gobierno de la Generalitat de Catalunya. Siguen, en consecuencia,  en condiciones de poder intentarlo de nuevo.

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El derecho a la vida

Todos los derechos fundamentales, menos algunos, como el derecho a la educación, que es reconocido por la Constitución no solo como derecho sino también como obligación,  tienen una vertiente positiva y otra negativa. Pueden ser ejercidos o pueden no serlo, dependiendo de la voluntad de cada uno de los titulares del mismo.

Desde una perspectiva jurídica no hay ningún obstáculo para que se pueda reconocer en el ordenamiento jurídico el derecho a la vida desde una perspectiva negativa, es decir, para que se reconozca el derecho a la propia muerte. El derecho a la vida entra en el círculo del derecho a la libertad personal y no hay, en principio, desde una perspectiva jurídica ninguna razón para negar a un individuo el derecho a poner fin a su vida.

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