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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

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Un escrito para tapar la corrupción

La magistrada-juez del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dirigió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la imposibilidad de continuar la instrucción sobre el Máster de Derecho Público Autonómico impartido en el Instituto de Derecho Público, dirigido por el profesor Enrique Álvarez Conde, en la Universidad Rey Juan Carlos, al tener que extender su investigación a D. Pablo Casado,  cuya conducta solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo por tener la condición de diputado.

La exposición razonada es un texto de 54 páginas, en el que la magistrada-juez hace un trabajo de orfebrería jurídica, a fin de que el Tribunal Supremo disponga de la información necesaria para poder formarse una opinión y poder actuar en consecuencia. En el escrito se delimita con precisión el problema, que es el siguiente: se ha detectado que en el Máster de Derecho Público Autonómico en el curso académico 2008-2009 hubo dos clases de alumnos matriculados.

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El chat de los jueces

Si hubieran sido miembros de las Fuerzas Armadas tal como están contempladas en el artículo 8 de la Constitución o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal como están contempladas en el artículo 104, los que hubieran participado en un chat corporativo en los mismos términos en que lo han hecho diversos jueces y magistrados en el suyo, ¿tiene alguien la menor duda de que ya se habría abierto una investigación oficial sobre su conducta e incluso se habrían adoptado medidas provisionales limitativas de su libertad personal?

¿Puede resultar aceptable que los jueces y magistrados puedan hacer lo que no podrían los militares, guardias civiles o policías nacionales? Es obvio que estos últimos tienen lo que técnicamente se denomina una “relación especial de sujección” con el Estado distinta de la “relación general de sujección” que tenemos todos los ciudadanos. En la especialidad de esa relación, más intensa en el caso de los militares que en la de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y más intensa en los guardias civiles que en los policías nacionales, se justifica la restricción del ejercicio de determinados derechos, como sería su libertad de expresión en un chat corporativo en unos términos como los que han utilizado los jueces en el suyo.

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Tesis, másteres y doctorandos

En la universidad española se leen todos los años varios miles de tesis doctorales. Algunas pocas son muy buenas o excepcionalmente buenas. Un número considerablemente mayor son buenas. El número mayor de tesis son medianas o mediocres. Hay también un número muy reducido de tesis impresentables, que nunca debería haber llegado al momento de su defensa pública.

Esto es así en todos los países, aunque el nivel medio de calidad de los estudios de doctorado no sea el mismo en todos. España se encuentra en la zona alta del nivel medio de calidad en términos comparados, pero no entre los primeros lugares de los países que se encuentran en esa zona alta. Como nos ocurre en general, excepto en lo que a clubs de fútbol se refiere, en lo que sí somos la primera potencia.

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Willy Toledo y la Constitución

Doy por supuesto que los lectores saben que el actor Willy Toledo fue citado dos veces como imputado por un juez de instrucción y que, tras negarse a acudir, el juez ordenó su detención, practicada a continuación por la policía, que lo mantuvo en el calabozo de la comisaría durante la tarde y la noche de su detención, llevándolo a la mañana siguiente delante del juez, que lo puso en libertad sin adoptar ninguna medida cautelar.

¿Es aceptable esta decisión judicial desde la entrada en vigor de la Constitución?  ¿Puede un juez ordenar en cualquier caso la detención de un ciudadano si no comparece cuando ha sido citado como imputado? No hay que haber estudiado derecho para saber que esto se está haciendo sistemáticamente. Los jueces de instrucción españoles tienen la costumbre de ordenar sistemáticamente la detención de todos los ciudadanos a los que se cita como imputados y no comparecen. ¿Es constitucional esa costumbre?

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En Bruselas como en Madrid

La casualidad ha querido que hayan coincidido en el tiempo el Pleno en el Parlamento europeo en el que se ha decidido activar el artículo 7 del Tratado que contempla la posibilidad de imponer sanciones a un Estado por su ejecutoria antidemocrática, y el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se decidió la convalidación del Real Decreto-ley sobre la exhumación de Franco.

En Bruselas, el Parlamento decidió aprobar la medida propuesta por una muy amplia mayoría: 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones. En Madrid, la convalidación se produciría con una mayoría menos rotunda, aunque sin votos en contra y con un número muy alto de abstenciones. Se produjo casi un empate.

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La tesis de Pedro Sánchez

Las tesis doctorales, como los trabajos de investigación en general, tienen no pocos, sino muy pocos lectores. En España y en todos los países del mundo. Hay cuatro escalones en lo que al conocimiento de las tesis doctorales y trabajos de investigación se refiere.

En un primer escalón están los que la "leen" en profundidad, porque suelen estar trabajando sobre el mismo tema y su estudio le resulta imprescindible. Son los que suelen entrar en un diálogo crítico con el autor de la investigación. Son poquísimos. Lo normal es que se cuenten con los dedos de una mano o, a lo sumo, de las dos. En el segundo escalón están los que la "consultan", porque el contenido de la tesis es más o menos relevante para la investigación que ellos está haciendo. Pueden ser varias decenas. En el tercer escalón están los que la "citan", independientemente de que la hayan leído o consultado con mayor o menor detenimiento o, incluso, sin hacer ni una cosa ni la otra. Son muchos más. En el cuarto escalón están los que "tienen noticia" de su existencia, que son muchísimos más.

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La responsabilidad de las derechas española y catalana

La STC 31/2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya se hizo pública a finales de junio, unos meses antes de que se iniciara un ciclo electoral que se abriría con las elecciones parlamentarias catalanas en noviembre de ese mismo año, continuaría con las elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2011 y concluiría con las elecciones generales de noviembre de ese mismo año. Una situación muy parecida a la que nos encontramos en este 2018, sustituyendo Catalunya por Andalucía. 

En esas tres convocatorias electorales, noviembre de 2010, mayo y noviembre de 2011, se produciría un retroceso considerable de las izquierdas española y catalana y un avance igual de considerable de las derechas española y catalana. La superposición de la crisis de la Constitución territorial, que activó la STC 31/2010, a la crisis del Estado social de derecho consecuencia de la crisis económica de 2008, tendría un impacto notable en el mapa electoral. El ciclo de recuperación de las izquierdas que se inició con las elecciones catalanas de 2003, que acabaron con los 23 años de gobierno de CiU, y que continuó con el triunfo contra pronóstico del PSOE en las elecciones generales de 2004, quedó interrumpido de forma brusca. La combinación de ambas crisis, la social y la territorial, desarboló a las izquierdas y empoderó a las derechas. 

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Recuperar el orden constitucional

Tuve la suerte de tener durante cuatro años consecutivos a D. Alfonso de Cossío como profesor de Derecho Civil. D. Alfonso fue decano de la Facultad de Derecho y Decano del Colegio de Abogados de Sevilla. Fue un eminente profesor y un eminente abogado. Como en la década de los sesenta el catedrático era prácticamente el único docente que impartía la asignatura y el número de alumnos era todavía relativamente reducido, el contacto con D. Alfonso fue muy intenso. 

La clase que impartió sobre el concepto de seguridad jurídica es de las que te marca en tu proceso de aprendizaje del oficio de jurista. La empezó con una provocación. En un pleito nunca se sabe lo que puede pasar porque no se puede descartar el elemento irracional que es el juez. Lanzada la provocación, que provocaba la risa en los alumnos acompañada por la risa hacia dentro que lo caracterizaba, iniciaba la explicación. 

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El ‘no todos somos iguales’ sobraba

La información sobre las posibles irregularidades en la forma en que la ministra Carmen Montón cursó y obtuvo el título de máster en el ya tristemente famoso Instituto de la Universidad Rey Juan Carlos dirigido por el profesor Enrique Álvarez Conde se ha conocido este mismo lunes. Dicha información no cuenta por tanto aún con la fiabilidad judicial que sí tienen las que los mismos periodistas de eldiario.es han transmitido en estos últimos meses sobre los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. En estos últimos no estamos ya ante una información periodística exclusivamente, sino que dicha información se ha visto confirmada en la investigación judicial que se puso en marcha a raíz de su publicación. Las más de cincuenta páginas de la Exposición Razonada dirigida por la jueza Carmen Rodríguez-Medel al Tribunal Supremo, dada la condición de diputado de Pablo Casado, hablan por sí solas. 

En este momento es imposible saber, judicialmente, si es igual la forma en que Carmen Montón ha cursado el máster de la forma en que lo cursaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado y demás alumnos VIPS. Todavía no es posible. Pero lo que sí sabemos ya es que su forma de reaccionar ha sido la misma. En esto han sido exactamente iguales. 

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Pregunta a los fiscales

Este domingo El País informa en portada y de manera destacada que los cuatro fiscales de Sala que dirigen la acusación −Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno− mantienen un criterio unánime con respecto al delito de rebelión contra los políticos catalanes procesados. Añade la información que los cuatro están en sintonía con la Fiscal General del Estado y, en consecuencia, se puede dar como seguro que dicha calificación se mantendrá, como mínimo, hasta el escrito de conclusiones provisionales y previsiblemente, hasta el de conclusiones definitivas.

No acabo de entender con base en qué interpretación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Catalunya consideran los fiscales que se puede continuar acusando a los exconsellers del delito de rebelión después de no poder acusar, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, de dicho delito al expresident de la Generalitat.

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