eldiario.es

9

Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 16335

Un paso más en la degradación institucional

Empecemos poniendo orden para que el lector no se desoriente.

La Constitución exige que el presidente de la Comunidad Autónoma sea parlamentario. No lo exige para ser presidente del Gobierno, pero sí para serlo de una Comunidad Autónoma. Establece, por tanto, una conexión necesaria entre la condición de parlamentario y la de presidente.

Seguir leyendo »

Sedición: un delito predemocrático

El delito de sedición es un delito predemocrático en el sentido de que es un delito del que apenas se hace uso en las sociedades democráticamente constituidas de manera estable. Dichas sociedades suelen disponer de unas fuerzas y cuerpos de seguridad lo suficientemente numerosos y adecuadamente preparados como para que puedan responder actuando ordinariamente ante una perturbación como la que tipifica el Código Penal como delito de sedición.

Esta es la razón por la que no hay jurisprudencia digna de mención, ni en España ni en los demás países democráticos europeos, sobre el delito de sedición. Llevamos decenios sin que se hayan producido sediciones, es decir, perturbaciones que merecieran ser calificadas jurídicamente como tales y que acabaran siendo residenciadas ante la justicia penal para que los protagonistas de tales perturbaciones fueran condenados como autores de dicho delito.

Seguir leyendo »

La respuesta constitucional al veto parental

El disparate que el veto parental supone tiene que ser detenido primero y anulado después. Para eso es, justamente, para lo que está el artículo 161.2 en la Constitución, que dice así: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El artículo 161.2 CE es, por un lado, un "privilegio procesal" del que el Gobierno de la Nación puede hacer uso cuando interpone un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de una Comunidad Autónoma, pero es también, por otro, una vía autónoma mediante la cual el Gobierno puede reaccionar frente a normas o actos sin fuerza de ley, "disposiciones o resoluciones", de una Comunidad Autónoma que entiende que lesionan valores o derechos reconocidos en la Constitución. Este es el caso del veto parental.

Seguir leyendo »

El desconcierto de Fernando Savater

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia el pasado 19 de diciembre en la que estableció la doctrina de que el principio de legitimación democrática exige que la condición de diputado se obtenga por el voto de los ciudadanos en las urnas, debidamente certificado por la Administración electoral, y no por el juramento o promesa de la Constitución.

Como ya he publicado varios artículos en los que he puesto de manifiesto el desconcierto que dicha sentencia ha provocado en el Ministerio Fiscal y en el Tribunal Supremo (TS), y he anticipado las conclusiones que de la misma cabe desprender para el estatuto jurídico de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín, que no vieron reconocida su condición de diputados tras su proclamación como candidatos electos por la Junta Electoral Central (JEC) el 13 de junio de 2019, no voy a volver sobre ello.

Seguir leyendo »

Imprudencia frente a irresponsabilidad

La prudencia dicta que los miembros del Gobierno no hagan referencias, ni críticas ni laudatorias, a los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. No solamente a los que se integran en el Tribunal Supremo (TS), sino a ninguno. Tienen que darse circunstancias muy excepcionales, para que se justifique una desviación de esa regla de la prudencia. Y en el caso de que así fuera, no es un programa de televisión el lugar apropiado ni la improvisación sobre la marcha la forma de hacerlo. Es de esperar que el vicepresidente haya aprendido la lección.

Pero una cosa es la imprudencia y otra la irresponsabilidad institucional, que es en la que ha incurrido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al hacer público en los términos en que lo ha hecho el comunicado mediante el que pretende dar respuesta al comentario televisivo de Pablo Iglesias, mencionándolo expresamente en el mismo.

Seguir leyendo »

Disonancia cognitiva

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es, en mi opinión, el problema más urgente de los muchos que se tienen que resolver en el comienzo de esta legislatura. El propio presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha alertado de que es el prestigio de la propia institución y, por extensión, del sistema de administración de justicia, lo que está en juego. Más todavía si recordamos la esperpéntica forma en que se torpedeó la renovación que ya se había pactado por parte de uno de los negociadores del pacto, el senador Ignacio Cosidó, con el Whatsapp que remitió a todos los senadores del PP, justificando la renovación en el hecho de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, iba a ser el presidente del CGPJ renovado. Tras aquel fiasco, pocas cosas deberían ser tan urgentes como renovar de una manera conforme con la Constitución un órgano que ocupa un lugar tan decisivo en la economía de nuestro sistema constitucional. No por casualidad se exige para su renovación la misma mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado que se exige para la reforma de la Constitución o para la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La renovación del CGPJ, como la de los magistrados del TC, tiene una dimensión "cuasi constituyente". A través de dichas renovaciones el constituyente nos recuerda que la "legitimidad" del sistema político exige periódicamente el recurso a las "mayorías cualificadas", que sirven de recordatorio de lo que fue el pacto constituyente originario. Por eso la mayoría coincide con la de la reforma de la Constitución, con la mayoría del "poder constituyente constituido".

Seguir leyendo »

La suerte no está echada

El presidente del Parlamento Europeo emitió una nota el pasado viernes por la tarde a través de la cual "hacía suya" la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de diciembre, realizada por la Junta Electoral Central (JEC) primero y por el Tribunal Supremo (TS) después. En el sentido de considerar que, a pesar de la doctrina que dicha sentencia establecía de que se adquiere la condición de diputado con la proclamación como candidato electo sin necesidad de juramento o promesa de la Constitución, en el caso concreto de Oriol Junqueras tal doctrina no era de aplicación, porque se había dictado ya contra él sentencia firme y, por tanto, el asunto estaba cerrado. La doctrina del TJUE sería aplicable "pro futuro", pero no "pro pretérito".

Es obvio que la nota emitida por el presidente del Parlamento Europeo tuvo que serlo con base en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara y no es, por tanto, una opinión individual sino institucional. No es el presidente, sino el Parlamento Europeo el que ha dado por buena la interpretación de la JEC y el TS españoles.

Seguir leyendo »

El Tribunal Supremo se enroca

De la misma manera que el Tribunal Supremo (TS) se resistió a aceptar que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín adquirieran la condición de diputados europeos y no lo ha conseguido, también se resiste a aceptar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que les reconoció dicha condición con efectos distintos para cada uno de ellos. Para Oriol Junqueras decidiendo que no tiene la condición de diputado europeo y que, en consecuencia, no tiene que dirigirse al Parlamento Europeo para que le levante la inmunidad. Para Carles Puigdemont y Toni Comín, todo apunta a que mantendrá activa la orden de detención en territorio español y se dirigirá al Parlamento Europeo solicitando que les levante la inmunidad, con la finalidad de poder detenerlos y procesarlos. El TS actúa como si la sentencia del TJUE no hubiera sido dictada o, mejor dicho, como si no hubiera dicho lo que ha dicho. Va a retrasar lo inevitable, pero no lo va a poder impedir.

En el momento actual nos encontramos ante la situación siguiente: el Parlamento Europeo ha interpretado la sentencia del TJUE en el sentido de que Puigdemont, Junqueras y Comín habían visto reconocida su condición de parlamentarios europeos desde el 13 de junio y que dicha condición se hizo efectiva el día de la sesión constitutiva del Parlamento el 2 de julio. Ha extendido las credenciales correspondientes en ese sentido y les ha enviado la comunicación de la fecha de la celebración del pleno del próximo lunes, 13 de enero. Los tres aparecen ya con sus perfiles en la página web del Parlamento y a Puigdemont y Comín se les ha ingresado ya las cantidades devengadas pero no cobradas desde el 2 de julio. 

Seguir leyendo »

La segunda incógnita

En varias ocasiones a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre pronostiqué en eldiario.es y en ARA que los dos acontecimientos más decisivos de la agenda política española una vez que se reanudara el "curso político" serían la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la decisión que adoptara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

La negativa de Pedro Sánchez a formar gobierno con base en los resultados de las elecciones del 28 de abril y la decisión del TS de elevar la cuestión prejudicial al TJUE el día 1 de julio hacía que la investidura y la inmunidad de Oriol Junqueras se entrelazaran de manera inexorable.

Seguir leyendo »

La quiebra (¿definitiva?) del proyecto de José María Aznar y la alternativa progresista

Carles Castro arranca su ‘Relato Electoral de España’ (1977-2007) (ICPS Barcelona 2008) con las elecciones generales más anodinas de la reciente historia electoral de España. Todas las demás elecciones generales son recordadas por su singularidad. Las de 1977, porque hicieron la Constitución. Las de 1979, porque fueron las primeras constitucionales y revalidaron el liderazgo de Adolfo Suárez. Las de 1982, porque supusieron la primera alternancia en el poder y la llegada del PSOE con Felipe González a La Moncloa. Las de 1986, por el referéndum de la OTAN. Las de 1993, porque estuvo a punto de producirse el triunfo del PP. Las de 1996, porque se produjo el triunfo del PP y, con ello, la segunda alternancia en el poder. Las de 2000, por la mayoría absoluta de José María Aznar. Las de 2004, por la nueva alternancia en el poder con José Luis Rodríguez Zapatero. Las de 2008, por la resistencia en la segunda derrota del PP liderado por Mariano Rajoy. Las de 2011, por la nueva alternancia en el poder con mayoría absoluta del PP. A partir de 2015, por el desmoronamiento del sistema de partidos que había dirigido el país desde la transición. Investiduras fallidas y repetición de elecciones.

Las elecciones de 1989 no se recuerdan por nada. Han sido las más anodinas de nuestra reciente historia electoral. Y sin embargo, Carles Castro las toma como punto de partida de "su" Relato. Y lo hace, porque sostiene con mucho fundamento, que  a partir del análisis de los resultados de dichas elecciones José María Aznar inició la construcción de su proyecto de dirección política para España. Las elecciones de 1989 supusieron la "tercera" mayoría absoluta consecutiva del PSOE. Los 176 escaños iniciales se quedaron reducidos a 175, tras la anulación primero y repetición después de las elecciones en Melilla, pero eso es irrelevante. 175 escaños, frente a los 105 del PP.

Seguir leyendo »