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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

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El mundo al revés

¿Ha cometido delito la jueza Carmen Rodríguez-Medel al decidir, ante una denuncia dirigida contra todos los Delegados de Gobierno de las Comunidades Autónomas, proceder solamente contra el Delegado del Gobierno en Madrid sin deducir testimonio de la denuncia a los jueces decanos de las provincias donde está fijada la residencia de la Delegación del Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, a fin de que la autoridad judicial competente decidiera lo que estimara pertinente? ¿No está "discriminando" con ello al Delegado de Gobierno en Madrid respecto de los demás Delegados de Gobierno? ¿No está privando con ello a los jueces radicados en las distintas Comunidades Autónomas del ejercicio de la potestad jurisdiccional? ¿Considera la jueza Carmen Rodríguez-Medel que entra dentro de su competencia reducir la denuncia dirigida contra todos a uno solo? ¿Considera que ella sí y los jueces radicados en las demás Comunidades Autónomas no pueden entender de la denuncia presentada por el Sr. Valladares? ¿Con base en qué criterio "objetivo y razonable" considera que puede hacerlo? ¿Era distinto el derecho de manifestación cuya pretensión de ejercicio se puso en conocimiento de todos los los Delegados de Gobierno de todas las Comunidades Autónomas? ¿Era distinta la competencia de los distintos Delegados del Gobierno respecto del ejercicio del derecho? ¿Singularizaba la denuncia del Sr. Valladares la conducta del Delegado del Gobierno en Madrid respecto de las conductas de los demás Delegados del Gobierno? ¿Hacía alguna consideración sobre la diferente naturaleza del derecho ejercido el 8 de marzo en Madrid y en las demás ciudades españolas?

Es posible que la jueza Carmen Rodríguez-Medel tenga una respuesta para todos estos interrogantes o para algunos de ellos y que, en consecuencia, pueda justificar de una manera "objetiva y razonable", por qué ha decidido actuar contra el Delegado en Madrid sin "deducir testimonio" a los jueces decanos para que pudieran los jueces competentes en las distintas Comunidades Autónomas hacerlo o no hacerlo contra los Delegados del Gobierno de dichas comunidades.

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Lo que resulta insoportable a las derechas españolas

Los españoles hemos sido convocados a unas elecciones legislativas o generales en cuatro ocasiones entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019. Tras las elecciones de 2015 no se alcanzó la investidura de un candidato como Presidente del Gobierno y hubo disolución automática y una nueva convocatoria, que se celebró en julio de 2016. Mariano Rajoy sería investido Presidente gracias a la abstención del PSOE, sin la cual la mayoría parlamentaria hubiera sido contraria a su investidura. 

En 2015/2016 Rajoy había dilapidado el capital político, 186 escaños, de las elecciones de 2011. El PP continuaba siendo el primer partido del país, pero "la derecha" española que el PP desde las elecciones de 1993 representaba prácticamente en régimen de monopolio, había dejado de ser mayoritaria en el Congreso de los Diputados. Por eso fue posible el éxito de la moción de censura "constructiva" presentada por Pedro Sánchez en 2018, que exige la aprobación por mayoría absoluta (art. 113 CE).

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¿Prevaricación administrativa o ignorancia judicial?

El derecho de manifestación es uno de los derechos fundamentales reconocido en la Constitución y, como todos los demás, es un derecho cuyo ejercicio no necesita autorización de ningún tipo. Cuando el derecho de manifestación se ejerce en lugar de tránsito público, su convocatoria tiene que ser puesta en conocimiento de la autoridad gubernativa, que no la autorizará, en ningún caso, pero que sí puede prohibirla o proponer que se lleve a cabo en un formato distinto del que ha sido programado por los promotores. Insisto en la no autorización.

En el caso de prohibición o de recomendación de un formato distinto, la autoridad competente tiene que "motivar" su decisión, es decir, tiene que justificar con base en qué interpretación de la Constitución y de la Ley Orgánica reguladora del derecho considera que no es conveniente que la misma tenga lugar o que tenga lugar de forma distinta a como ha sido propuesta por los convocantes: recorrido distinto, horario distinto... Únicamente cuando se deniega la celebración de la manifestación o se recomienda una forma alternativa de ejercicio, hay un "acto administrativo" por parte de la autoridad competente, con la motivación correspondiente del mismo.

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Manifestación de impotencia

En la trayectoria de la derecha española desde la entrada en vigor de la Constitución la manifestación que culminó con la foto de Casado, Rivera y Abascal en la Plaza de Colón ocupa, sin duda alguna, un lugar destacado. Convocada, por si el lector no lo recuerda, para el día previo a la apertura en la Sala Segunda del Tribunal Supremo del juicio del procés, con la finalidad no disimulada de hacer una demostración de fuerza que no pudiera pasar desapercibida para nadie y muy especialmente para los Magistrados integrantes de la Sala, el número de asistentes quedó lejos de las expectativas que se habían generado con su convocatoria. Los tres partidos de la derecha española cometieron un error de cálculo. Lo que debía haber sido "la madre de todas las manifestaciones" se convirtió en una manifestación más. La foto de los tres líderes juntos lo subrayaría todavía más. Ni con la suma de todos se alcanzó el objetivo.

Aquella manifestación fallida incrementaría el desbarajuste en que ha desembocado el estallido del PP tras el éxito de la moción de censura que condujo a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. A Albert Rivera, que había convocado inicialmente en solitario la manifestación aunque abriéndola a la participación del PP, le salió el tiro por la culata. No solamente fue modesta la participación ciudadana, sino que, además, se incorporó Vox en plan de igualdad con Ciudadanos y PP, alterando con ello cualquier estrategia de futuro que se tuviera hasta ese momento.

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La inseguridad es mala consejera

La inseguridad ha conducido al presidente del Gobierno a un error de cálculo y a una mala decisión. Y no me refiero a que la decisión de derogar la reforma laboral de 2012 sea mala, sino a la forma en que dicha decisión se ha alcanzado y se ha dado a conocer. Muy inseguro se tiene que haber sentido el presidente respecto a la votación sobre la prolongación del estado de alarma, para haber autorizado que se hiciera una negociación sobre una materia tan sensible y se diera a conocer el resultado de la misma de la forma en que se ha producido. Con un mínimo de seguridad en el resultado de la votación, es inimaginable que se hubiera podido cometer dicho error.

A toro pasado, el error parece incomprensible. En medio del torbellino que fue el miércoles pasado en el Congreso, ya no lo resulta tanto. El Gobierno no podía perder la votación. Esa opción no podía siquiera ser contemplada. De ahí que "amarrara en exceso" el resultado.

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Investidura y estado de alarma

La investidura tiene como finalidad la constitución de una mayoría parlamentaria para la ejecución del programa de Gobierno presentado al Congreso de los Diputados por el candidato a la Presidencia propuesto por el Jefe del Estado tras la celebración de las elecciones generales.

El estado de alarma tiene como finalidad hacer frente a una emergencia sobrevenida que, en un caso extremo como el que representa la emergencia generada por la COVID-19, impide la ejecución del programa de gobierno en torno a la que se constituyó la mayoría parlamentaria.

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Política en años de pandemia

Tenemos que acostumbrarnos a pensar en años y no en meses. El lunes lo argumentaba de manera sumamente convincente Margarita del Val. El fin de la desescalada es lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. No pone fin a nada, sino que es un paso más en la lucha contra la pandemia. De nada vale hacerse ilusiones.

Quiere decirse, pues, que las elecciones vascas y gallegas van a ser las primeras del primer año de la pandemia, pero, previsiblemente, van a ser muchas más las que se van a celebrar antes de que haya desaparecido o tengamos una vacuna contra el virus que la ha generado.

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¿Último estado de alarma?

¿Para qué está el estado de alarma en la Constitución si no se puede hacer uso del mismo para hacer frente a una emergencia como la generada por la COVID-19? Todo el mundo coincide en que se trata de la mayor crisis con la que ha tenido que enfrentarse no la sociedad española, sino la de todos los países del mundo en el último siglo. Todo el mundo coincide en que el distanciamiento es la medida más útil para evitar la propagación del virus y, aunque el distanciamiento no tiene por qué llegar hasta el confinamiento, en determinadas circunstancias esta última medida resulta necesaria. Cuando esto ocurre, las autoridades que tienen que ordenar el confinamiento y los ciudadanos que tienen que obedecer la orden de hacerlo deben  tener la seguridad de que lo están haciendo de una manera jurídicamente correcta las primeras y que no se están viendo indebidamente privados del ejercicio de un derecho los segundos.

En España esto únicamente puede garantizarse con la declaración del estado de alarma. Garantizarse de manera indiscutible. No hay ninguna otra norma en el ordenamiento jurídico que proporcione seguridad a la autoridad pública que tiene que ordenar el confinamiento de que puede hacerlo y que proporcione seguridad a los ciudadanos de que la orden es constitucionalmente irreprochable. Ningún jurista solvente discute que es así.

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Explicación para no juristas

La decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) de 5 de mayo sobre el Programa del Banco Central Europeo (BCE) de compra de de deuda pública de los Estados miembros en los mercados secundarios jurídicamente es absurda. Formalmente es una sentencia, pero materialmente no lo es. Y el TCFA la ha dictado como si fuera una sentencia, sabiendo perfectamente que no era una sentencia lo que estaba dictando.

Con su decisión de 5 de mayo el TCFA resuelve formalmente un recurso interpuesto contra un programa del BCE de 2015, avalado en su adecuación al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2018. Se trata, por tanto de un recurso contra un acto de un órgano de la UE, el BCE, declarado conforme con el TFUE por el TJUE.

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En la estela de la marcha de la muerte de Donald Trump

"El coronavirus fue una emergencia hasta que Trump descubrió quiénes eran los que estaban muriendo". Es el título del artículo de Adam Serwer en The Atlantic. "Una vez que el impacto desproporcionado de la epidemia fue visible para la élite política y financiera, muchos empezaron a considerar el número creciente de muertes más como un inconveniente que como una emergencia nacional". De ahí la "Marcha de la Muerte de Donald Trump", que The New Republic lleva a la portada de su edición digital.

El Washington Post, por su parte, abría su edición del domingo con una información con la siguiente cabecera: "A medida que aumenta el número de muertos, Trump intenta convencer a los americanos de que es seguro avanzar hacia la vuelta a la normalidad". El presidente ha decidido cambiar la estrategia de gestión de la crisis por otra de reapertura de la nación, aunque dicha estrategia suponga que los ciudadanos tengan que aceptar "la proposición devastadora de que una constante acumulación diaria de muertes solitarias es el duro pero inevitable coste de reabrir la nación".

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