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Sergi Pitarch

Sotsdirector d'eldiariocv.es. Nascut a La Pobla de Vallbona (Camp de Túria) el 1982, he treballat els últims set anys al periòdic Levante-El Mercantil Valenciano, on vaig coordinar les seccions de Política i Economia. Fundador del diari digital l'Informatiu i també redactor en Las Provincias i a l'agència de notícies Colpisa. Vaig ser també president de la Unió de Periodistes Valencians. Sóc periodista sense adjectius.

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El promotor del festival de Les Arts quiere ocupar durante un mes y en plena temporada alta los lagos de la Ciutat de les Ciències

La Ciutat de les Arts i les Ciències, el complejo arquitectónico diseñado por el arquitecto Santiago Calatraba, se ha convertido en una de las imágenes de la ciudad de València. Además del museo, la ópera y el cine digital, los gestores de la empresa pública Cacsa llevan años alquilando sus espacios para generar ingresos suplementarios que ayuden a amortizar las obras que constaron casi mil millones de euros. Tanto, que los diferentes escenarios externos del complejo han acogido exposiciones al aire libre, conciertos, películas y hasta se han convertido en el final emblemático de la maratón de València.

Pero el éxito ha sido tal que los operadores privados han entrado con fuerza llegando incluso a intentar alquilar el complejo por varias semanas consecutivas, repercutiendo ello en el devenir habitual del complejo turístico. Esto es lo que pasa con la promotora The Music Republic, que ha solicitado la ocupación de las piscinas junto al Museu de les Ciències durante cuatro fines de semana consecutivos, la última semana de mayo y las tres primeras de junio. Temporada alta para la infraestructura que, cuando se montan grandes escenarios, queda inutilizada para los miles de visitantes y turistas que la visitan. 

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La segona privatització de la sanitat: la Generalitat Valenciana ha pagat ja 369 milions externalitzant operacions per erradicar les llistes d’espera

Amb l’arribada al poder de l’esquerra el 2015, la Comunitat Valenciana va començar després de vint anys de domini del PP la reversió de les concessions sanitàries. Els populars van entregar durant dues dècades a unes poques empreses i asseguradores la gestió de zones sanitàries importants, com Alzira, Dénia, Elx o Manises. Però no va ser l’única entrada de l’empresa en la sanitat pública. Tot just arribar al poder l’any 1995, el Consell d’Eduardo Zaplana va impulsar un pla de xoc per acabar amb les llistes d’espera. Com? Derivant milers de pacients a clíniques privades perquè s’hi operaren, però la factura de les quals pagava l’Administració pública.

La pràctica, que relata amb tot luxe de detalls el llibre La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019) del periodista Sergi Castillo, es va naturalitzar i es va engrossir amb els governs successius del PP i no ha pogut ser erradicada per l’esquerra, ja que les lleis d’estabilitat fiscal de Cristóbal Montoro no han permés dotar de més recursos la sanitat pública després de les retallades durant la crisi. Castillo calcula, citant fonts oficials, que entre el 1997 i el 2016 la Generalitat Valenciana va pagar 335 milions d’euros a clíniques privades per ajudar l’Administració a posar fi a les llistes d’espera. Fonts de l’actual Conselleria de Sanitat xifren en 33,5 milions d’euros més els diners gastats entre els anys 2017, 2018 i 2019.

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La segunda privatización de la sanidad valenciana: la Generalitat ha pagado ya 369 millones externalizando operaciones para erradicar listas de espera

Con la llegada al poder de la izquierda en 2015, la Comunitat Valenciana empezó tras veinte años de dominio del PP la reversión de las concesiones sanitarias. Los populares entregaron durante dos décadas a unas pocas empresas y aseguradoras la gestión de importantes zonas sanitarias como Alzira, Dénia, Elche o Manises. Pero no fue la única entrada de la empresa en la sanidad pública. Nada más llegar al poder en el año 1995, el Consell de Eduardo Zaplana impulsó un plan de choque para acabar con las listas de espera. ¿Cómo? Derivando a miles de pacientes a clínicas privadas para que se operaran pero cuya factura pagaba la administración pública.

La práctica, que relata con todo lujo de detalles el libro La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019) del periodista Sergi Castillo, se naturalizó y engordó con los sucesivos gobiernos del PP y no ha podido ser erradicada por la izquierda, ya que las leyes de estabilidad fiscal de Cristóbal Montoro no han permitido dotar de más recursos a la sanidad pública tras los recortes durante la crisis. Castillo calcula citando fuentes oficiales que entre 1997 y 2016 la Generalitat Valenciana pagó 335 millones de euros a clínicas privadas por ayudar a la administración a acabar con las listas de espera. Fuentes de la actual Conselleria de Sanidad cifran en otros 33,5 millones de euros el dinero gastado entre los años 2017, 2018 y 2019.

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El puerto de Valencia: o conmigo o contra mí

Este lunes el puerto de Valencia aprobará los pliegos para sacar a licitación las obras de lo que será la nueva terminal de cruceros y su futura gestión por parte de un operador privado. La representación de los empresarios en el consejo de administración y la dirección de la Autoridad Portuaria (APV) decidirán que esta parte de la modificación de la ampliación norte siga adelante sin que el Ministerio de Fomento haya acordado si el cambio en el proyecto es o no sustancial y por lo tanto necesita de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

“El desembarco de políticos”, como han bautizado algunos medios de comunicación a la elección de los representantes de la Generalitat en el consejo de administración, no será suficiente para evitar que el proceso administrativo siga adelante. Tampoco la oposición frontal del Ayuntamiento de Valencia en boca de su alcalde Joan Ribó. Es decir, los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos en la ciudad y la autonomía nada podrán hacer por influir en el futuro de una institución que siempre ha gozado de una gran autonomía de gestión y en la que los ciudadanos han invertido con sus impuestos millones de euros.

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La jueza pide ayuda a la Guardia Civil para seguir con la instrucción del caso en el que está imputado el hermano de Puig

La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, María Leticia Ruiz Pacheco, ha solicitado a la Guardia Civil que colabore en la investigación sobre las subvenciones al valenciano en la que está imputado el empresario de la Comunicación Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La jueza ha asumido así un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide apoyo del equipo especializado en delitos económico del Instituto Armado.

La fiscalía se ha tomado en serio esta investigación, puesto que una solicitud de más pesquisas el pasado mes de noviembre provocó que se suspendiera la declaración como imputado del empresario de Morella y  director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano el pasado 10 de diciembre. 

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El Gobierno valenciano sitúa a la mano derecha de Oltra y a la alcaldesa de Gandia en el consejo del Puerto de Valencia a tres días de una votación clave

El pleno del Consell ha nombrado nuevos consejeros de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Iván Castañón, secretario autonómico de Coordinación Institucional de la Conselleria de Igualdad, y a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant. El pleno también ha decidido que la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero continúe en el consejo de administración del puerto en un momento clave. Castañón y Morant relevan al naviero y líder del lobbie empresarial, Vicente Boluda, y a Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo.

Los nuevos consejeros ya nombrados tiene el próximo lunes una votación importante puesto que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, pretende que se aprueben los pliegos de la nueva terminal de cruceros, incluida en el nuevo proyecto de la ampliación norte y que ocupará parte de los antiguos astilleros de Boluda. El puerto sigue con la tramitación administrativa pese a que todavía no se ha decidido si se debería hacer una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al nuevo proyecto liderado por Martínez y al que se opone el Ayuntamiento de Valencia.

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El testigo protegido mantiene ante el jurado que Juan Cano fue el inductor del asesinato del alcalde de Polop

La declaración del testigo protegido del caso Polop, principal baza de las acusaciones en el caso del asesinato del alcalde del municipio de la Marina Alejandro Ponsoda, ha seguido las previsiones y se ha ajustado a lo que declaró durante la instrucción. Esta pieza clave de la investigación, que trabajó como portero en el club Mesalina de Benidorm, ha señalado a Juan Cano, ex alcalde de Polop, como inductor del crimen y a los tres presuntos sicarios como las personas a las que recomendó para hacer un trabajo que él se negó a ejecutar.

"No quise hacer el trabajo porque no estaba interesado. Me dijeron si conocía a alguien y di los nombres de Robert y Radim. Si lo hicieron o no, no lo sé ni nunca lo he sabido. En la reunión de verano de 2007, cuando me ofrecieron el trabajo, estaba Juan Cano, que había sido alcalde. Creo que no era alcalde porque tenía un problema con el alcalde", ha explicado a preguntas de la fiscal.

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Una empleada de Caixabank declara que advirtió a la directiva imputada de la EMT del riesgo de fraude en las transferencias

La investigación judicial sobre el robo de 4 millones de euros en el seno de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en cuya causa tan solo está investigada de momento la directora de administración despedida como autora de las transferencias saltándose todos los protocolos de seguridad sigue en marcha.

Este miércoles declaró en calidad de testigo la trabajadora de Caixabank que cursó las dos primeras transferencias los días 3 y 6 de septiembre.

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Batalla judicial por 9,6 millones en bienes: el propietario de Teconsa, procesado por Gürtel, contra el testaferro de Díaz Ferrán

En la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia arrancaba este miércoles un juicio por una estafa millonaria, pero ha acabado convirtiéndose en un manual de los principales escándalos de fraude y corrupción de los primeros 20 años del siglo XXI en España. El acusado, Ángel de Cabo, el que fuera mayor liquidador de empresas durante la crisis y considerado testaferro del exlíder de la CEO Gerardo Díaz Ferrán en el caso Viajes Marsans. En la acusación, la fiscalía y la familia leonesa Martínez Parra, propietarios de Teconsa, la que fue tercera constructora del país e investigada en la trama Gürtel, concretamente por cobrar siete millones de Canal 9 de la visita del Papa de València en 2006

En el juicio se ha hablado de la estafa, que se cifra en 9,6 millones de euros en bienes que De Cabo habría  puesto a su nombre o de sus sociedades y que habría utilizado para señalar las garantías de su fianza cuando fue encerrado en prisión provisional por el caso Viajes Marsans. Pero también de Gürtel y el concurso de acreedores de Teconsa, que llevó a término el propio acusado y que afectó a unos 2.000 empleados. La vista oral ha sido un toma y daca entre las acusaciones y la defensa que todavía tienen en Galicia otra causa abierta. En este caso, los acusados son José Luis y Maribel Martínez Parra. 

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Batalla judicial per 9,6 milions en béns: el propietari de Teconsa, processat per Gürtel, contra el testaferro de Díaz Ferrán

En la secció segona de l’Audiència Provincial de València arrancava dimecres un judici per una estafa milionària, però ha acabat convertint-se en un manual dels principals escàndols de frau i corrupció dels primers 20 anys del segle XXI a Espanya. L’acusat, Ángel de Cabo, el que va ser el liquidador d’empreses més gran durant la crisi i considerat testaferro de l’exlíder de la CEO Gerardo Díaz Ferrán en el cas Viajes Marsans. En l’acusació, la Fiscalia i la família lleonesa Martínez Parra, propietaris de Teconsa, la que va ser tercera constructora del país i investigada en la trama Gürtel, concretament per haver cobrat set milions de Canal 9 de la visita del papa a València el 2006.

En el judici s’ha parlat de l’estafa, que es xifra en 9,6 milions d’euros en béns que De Cabo hauria posat a nom seu o de les seues societats i que hauria utilitzat per a assenyalar les garanties de la seua fiança quan va ser tancat a la presó provisional pel cas Viajes Marsans. Però també de Gürtel i el concurs de creditors de Teconsa, que va portar a terme el mateix acusat i que va afectar uns 2.000 empleats. La vista oral ha sigut un estira i arronsa entre les acusacions i la defensa que encara tenen a Galícia una altra causa oberta. En aquest cas, els acusats són José Luis i Maribel Martínez Parra.

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