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José Precedo

Me divertí diez años en El País, cuatro en la Cadena SER y pasé otro par en Telecinco. Una compañera y yo descubrimos un día que nuestro alcalde no pagaba sus impuestos. Él tuvo que dimitir y sigue creyendo que la culpa fue nuestra, no suya. Hice un librito sobre eso, Conde Roa, caso perdido, que según mis amigos se leía muy rápido y según los libreros se vendía despacito. Al cumplir 40 creo que puedo seguir disfrutando del mejor oficio del mundo en eldiario.es donde haré... lo que pueda.   

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Un gobierno en funciones, otro roto a la mitad y todos los partidos en campaña: la tormenta perfecta del conflicto catalán

La quinta noche consecutiva de disturbios, la más furiosa de todas en el epílogo de la huelga general entre el viernes y el sábado, dejó un balance de 182 personas heridas,  83 detenciones y un álbum de fotos que pinta el centro de Barcelona como una ciudad sitiada entre barricadas, hogueras y un suelo de cristales, chatarra y cenizas. Si se extiende el cómputo a toda la semana, esas cifras se multiplican: casi 600 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de salud en Catalunya y desde que arrancaron las protestas las fuerzas policiales cuentan 300 arrestos. El Ayuntamiento de Barcelona cifra los daños de seis días de algaradas en dos millones de euros. El aeropuerto internacional de El Prat estuvo bloqueado durante horas el lunes y tuvo que cancelar el 20% de sus vuelos. Tres personas han perdido la visión de un ojo, presuntamente por impactos de pelotas de goma disparadas por la policía (los mossos tienen prohibido usarlas). Todos los partes son provisionales porque cada noche últimamente en Barcelona abre una página en blanco.

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La batalla legal de los Franco otorga a Pedro Sánchez su principal trofeo a las puertas de la campaña electoral

Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy –hace dos legislaturas aunque solo haya pasado un año–, su lema fue desalojar a un gobierno corrupto, acabar con los recortes y reparar la justicia social. Ya asentado en la Moncloa y con su exiguo apoyo parlamentario que requería del voto de Unidas Podemos, el PNV y los partidos independentistas para sacar adelante cualquier ley, el presidente socialista empezó a trabajar en una propuesta histórica que serviría como hito político de su legislatura: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos cuatro décadas después.

Lo que no había logrado ningún gobierno –ni siquiera con las arrolladoras mayorías absolutas de Felipe González– lo iba a hacer Sánchez con 84 diputados. Se trataba de una decisión simbólica para lanzar el mensaje de que las cosas en España habían cambiado, el equivalente a lo que significó la retirada de las tropas de Irak para el Gobierno de Zapatero. En Moncloa concluyeron que la medida solo tenía ventajas: conseguirlo sería una victoria histórica pero si no podía llevarse a cabo al menos el presidente lo habría intentado. De paso, serviría para introducir en la agenda un asunto en el que el PP siempre se ha sentido incómodo.

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Edmundo Bal, el abogado del Estado que denuncia "el golpe" del independentismo en mítines y platós

"Si acepté el ofrecimiento de Albert fue para contribuir al proyecto de Ciudadanos pero no para ser un simple diputado. Mi aspiración es ocupar responsabilidades desde donde pueda aportar todos mis conocimientos y ayudar a mejorar el país", defendió Edmundo Bal (Huelva, 1967) ante un reducido grupo de periodistas poco después de las elecciones generales del 28A. Concurrió a ellas como número cuatro en la candidatura por Madrid que encabezó Albert Rivera como uno de sus fichajes estrella de la campaña.

Desde entonces su día a día profesional ha cambiado radicalmente. El jefe de la sección de lo Penal de la Abogacía del Estado, el alto funcionario con fama de progre en uno de los cuerpos más conservadores de la Administración, el hombre que plantó cara en la lucha contra el fraude fiscal a apellidos ilustres de la prensa salmón como Jaime Botín o José María Aristrain, y que estableció multas millonarias a las estrellas de fútbol o al 'señor del acero', se emplea ahora a fondo en mítines y platós, donde denuncia "el golpe de Estado" en Catalunya. Esta semana lo ha empezado a hacer también desde la tribuna de oradores del Congreso, para sorpresa de algunos de sus compañeros en la Abogacía del Estado, un cuerpo adscrito al Ministerio de Justicia para defender los intereses de la Administración y acostumbrado a recibir instrucciones del Gobierno.

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Pere Navarro: "No entendemos que se vendan coches que corren a más de 200, es un delito, está en el Código Penal"

Bajo su mandato en los Gobiernos de Zapatero entre 2004 y 2012, España redujo el número de muertos en la carretera un 80% y su gestión de todo aquello, el carné por puntos, la reforma del Código Penal, se estudia en todo el mundo. Aunque dijo hace unos años que segundas partes nunca fueron buenas, Pere Navarro (Barcelona, 1952) regresó de la mano de Pedro Sánchez hace ahora un año a la DGT y acaba de presentar el balance del verano: el menos malo en víctimas mortales desde que existen recuentos.

Evita ser triunfalista y rechaza hablar de un futuro de coches autónomos porque su misión es "intentar que el año que viene haya menos víctimas". Con 56.000 condenas el año pasado por conducir bajo los efectos del alcohol, Navarro sostiene que en España el alcohol es un problema al volante, pero sobre todo un problema social. Igual que la dependencia del móvil, que es hoy la primera causa de los accidentes mortales. En la entrevista, celebrada el pasado viernes en la redacción de eldiario.es en Madrid, se extiende sobre las ciudades que vienen, las furgonetas que cubren la última milla para entregar en cada casa las compras por Internet que crece exponencialmente y a las que nadie presta atención,  el cambio cultural que ha experimentado el coche entre la juventud en las tres últimas décadas -de símbolo de status a un instrumento más que compartir- y los lobbies que presionan a su institución. Al final de la charla, deja un recado para los fabricantes de coches: "Vender un vehículo que circula a más de 200 kilómetros por hora es vender un artículo que puede mandar a la gente a la cárcel".

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La Audiencia Nacional cerca a Cifuentes y Aguirre, a un paso de la imputación

El magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, tiene una importante decisión que tomar esta semana a su regreso de las vacaciones. Sobre la mesa tiene un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide imputar a las dos últimas presidentas de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en dos investigaciones sobre corrupción. La petición del Ministerio Público se fundamenta en una serie de informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que sitúan a Aguirre en encuentros donde presuntamente se urdió la financiación irregular del PP madrileño.

En cuanto a Cifuentes, Anticorrupción y la Guardia Civil tienen bajo la lupa la adjudicación de la cafetería del Parlamento madrileño, cuando ella era número dos de la Asamblea de Madrid, al grupo hostelero Cantoblanco, propiedad entonces del líder de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Se trata de un viejo amigo del PP madrileño, al que se le llegó a llamar "el noveno consejero" de Aguirre, que ya fue condenado por uso irregular de las tarjetas black de Caja Madrid, y al que ahora se investiga por supuesta financiación ilegal del PP, precisamente por la adjudicación del restaurante de la Asamblea a través de un concurso que no cuadra a los investigadores.

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PSOE y Unidas Podemos se presentan al primer pleno del Congreso tras la investidura fallida con los puentes rotos

Oficialmente, se había convocado un Pleno extraordinario para que la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo rindiera cuentas en el Congreso sobre la crisis del Open Arms y la política migratoria del Gobierno, que ha generado críticas generalizadas de todos los grupos de la oposición. Pero la sesión parlamentaria fue más allá de eso. Mucho más. Cuatro horas y media de debate, en el que el PSOE y Unidas Podemos, que formalmente siguen llamándose "socios prioritarios", escenificaron hasta qué punto están distanciados cuando el calendario señala un plazo de tres semanas para alcanzar un acuerdo de investidura y evitar las cuartas elecciones generales desde 2015.

La última vez que los diputados pisaron el Palacio de Las Cortes fue el 25 de julio, cuando la abstención de Unidas Podemos frustró la presidencia de Sánchez. Un mes de titulares y mensajes cruzados después, la situación no ha mejorado nada. Está peor. La sesión extraordinaria evidenció que a día de hoy los puentes entre las fuerzas de izquierda están rotos.

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IU, las confluencias y Podemos aparcan sus diferencias y acuerdan unidad de acción: coalición o elecciones

La decisión de Pedro Sánchez de retirar la oferta de coalición del pasado julio a Unidas Podemos y la amenaza de unas elecciones inminentes que si no hay acuerdo de investidura ya tienen fecha –el 10 de noviembre– han servido para que el grupo confederal cierre filas en torno a la estrategia de negociación de Pablo Iglesias. 

El grupo parlamentario de Unidas Podemos hace tiempo que dejó de comportarse como un bloque monolítico y en él conviven distintas opiniones, tanto sobre la forma como en el fondo, sobre cuál es la mejor estrategia de negociación para la investidura de Sánchez. Las divergencias no son menores. Pero a pesar de ellas, según las fuentes consultadas, "la unidad de acción está garantizada para lo que viene durante las próximas tres semanas: o gobierno de coalición o elecciones". El plan es aparcar cualquier discrepancia interna que pueda ser interpretada como un signo de debilidad por el PSOE y respaldar el plan negociador de Iglesias.

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El PSOE prepara una última oferta de programa a Podemos sin coalición para una negociación in extremis

Sin negociación a la vista, a cuatro semanas de que expire el plazo legal para investir presidente y se convoquen formalmente otras elecciones para el 10 de noviembre, PSOE y Unidas Podemos intercambian mensajes a través de los medios de comunicación. Los últimos, de Noelia Vera, portavoz de Unidas Podemos, que ayer tras la primera reunión del Consejo de Participación desde el 25 de julio, quien este lunes preguntó a los socialistas "¿cual es la excusa ahora para no aceptar la coalición?". La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, por su parte, volvió a definir a Unidas Podemos como "socio prioritario" pero animó al grupo confederal a explorar "otras opciones, que tienen que estar en torno a las políticas". 

Delgado, que este lunes se reunió junto a Sánchez con colectivos de memoria histórica, situó la vuelta a las negociaciones en los primeros días de septiembre sin llegar a poner una fecha concreta. Durante lo que queda de semana el PSOE seguirá con su ronda de contactos con distintos colectivos de eso que se ha dado en llamar sociedad civil. 

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Feijóo va por libre en el PP de Casado

Alberto Núñez Feijóo no es un barón más en el PP. Es el dirigente al que todo el partido miró cuando Mariano Rajoy decidió dar un paso atrás tras ser descabalgado por la moción de censura que nació de la sentencia de Gürtel, que certificó tres décadas de financiación en negro del que entonces era el partido en el Gobierno.

El dirigente gallego acumula tres mayorías absolutas en Galicia, incluida la primera en 2009 que salvó el pellejo al propio Rajoy cuando más cuestionado estaba a nivel interno. Y no tiene grandes rivales en el partido. Por eso, cuando se produjo su espantada a última hora, en una comparecencia pública con la escenografía de las grandes citas, para decir que no concurriría a las primarias del PP, cundió el desconcierto en el partido. Candidatos que finalmente lo fueron, como la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, y el propio Pablo Casado afirmaron que su decisión de dar un paso adelante estuvo condicionada por la renuncia de Feijóo.

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La amenaza de las cuartas elecciones en cuatro años socava la credibilidad de una clase política bajo mínimos

Salvo sorpresa en las próximas semanas, España se aboca a nuevas elecciones, las cuartas desde 2015, en medio de una grave crisis institucional que sacude a la política y a la justicia en un momento clave, a las puertas de la sentencia del Supremo sobre el procés y mientras en Europa atruenan tambores de recesión.

Cuatro meses después de las elecciones generales, PSOE y Unidas Podemos eternizan su batalla por el famoso "relato" que escribe episodios nuevos cada semana mientras la gestión del día a día la asume un gobierno en funciones con los poderes limitados por la Constitución y Pedro Sánchez al frente, que ejecuta los presupuestos diseñados por Mariano Rajoy para el año 2018 (contra los que se posicionó el grupo socialista en el Congreso). En 42 años de democracia, los presupuestos solo se habían prorrogado cinco veces. Los agentes sociales, la patronal, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entretanto, claman por que haya gobierno para afrontar los retos que el país tiene por delante.

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  • Política

    Podemos despide con 20 días de indemnización a los trabajadores del equipo de Íñigo Errejón

    #167 Por aclarar el asunto del "minuto de juego y resultado", si hubiera un error, es mío, como redactor jefe de Política de eldiario.es. La idea de recurrir a esa fórmula que utilizan habitualmente las radios para informar de lo que pasa en muchos estadios o pabellones a la vez los fines de semana trataba de ser un guiño a ese formato. Porque la información consistía en un repaso rápido sobre el "aquí y ahora" de las confluencias en distintos territorios. Un repaso muy somero, un par de líneas por comunidad. De ahí que decidiese utilizar esa expresión en el titular. Ni se trataba de hacer chistes de fútbol ni de frivolizar con una información que este diario considera muy relevante, tal y como se puede observar cada día en nuestra página. Seguramente no fue una decisión acertada porque tu queja no fue la única que se produjo. Y si hay que explicarlo es seguramente porque el titular no era adecuado. Pero la decisión errónea fue mía, no de Aitor, que no tuvo nada que ver y que acabó siendo víctima de críticas (y también algún ataque) que no debieran ser para él. Riveiro cubre una de las áreas más sensibles de la información política y la honestidad y profesionalidad que ha demostrado durante estos últimos cuatro años son incontestables. Puede equivocarse a veces. Como lo hago yo, como lo hacemos todos.. Pero dudar de su integridad es injusto. La de hoy es otra de sus muchas exclusivas y a veces las noticias no gustan a todos. La información no entra a juzgar si el despido es justo y mucho menos si se ajusta a Derecho. No es ese nuestro trabajo. Aitor cuenta una información que no se conocía, que es relevante y que hoy repican muchos medios de comunicación. A eso nos dedicamos a veces los periodistas. Nada más. Nada menos.

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