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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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El consejero de Sanidad confirma que las bajas de oncólogos en el Hospital Doctor Negrín se deben a la fatiga laboral

El consejero interino de Sanidad, el socialista Julio Pérez, ha señalado este viernes en comisión parlamentaria que un informe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria atribuye a la fatiga laboral la baja de cinco de los ocho especialistas que ejercen en el área de Oncología Médica del complejo. “Nadie nos ha dado una señal de que haya habido deficiencias, anomalías o malas decisiones. Hay una situación de burn out, están quemados por el trabajo, es excesivo, estresante”, ha afirmado el consejero en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP Miguel Ángel Ponce sobre las causas.

Pérez ha remarcado que el gerente del hospital, el neurocirujano Jesús Morera, exconsejero de Sanidad, “tomó cartas en el asunto” desde el pasado mes de enero. “No se han producido demoras ni desatenciones” con los pacientes del servicio por esta coincidencia de bajas laborales, ha afirmado el consejero, que no ha querido minimizar la gravedad del problema.

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Catorce acusados se sentarán en el banquillo por un presunto fraude de 1,7 millones en cursos de formación de UGT Canarias

Una década después de que comenzara la investigación sobre un presunto fraude en las subvenciones públicas concedidas entre los años 2006 y 2009 a la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), vinculada a UGT, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera, ha decretado la apertura de juicio oral contra catorce procesados. Además, les impone fianzas que suman 14,7 millones para hacer frente a las responsabilidades civiles (incluida la del propio sindicato) que se pudieran derivar de una eventual condena y las multas correspondientes.

El presunto fraude está cuantificado en 1,7 millones de euros. Según la acusación, ejercida por la Fiscalía de Las Palmas, por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y por otras dos denunciantes a título particular, la fundación desvió íntegra o parcialmente el dinero procedente de subvenciones del Servicio Canario de Empleo (SCE) para cursos de formación a fines ajenos a los objetivos de estos contratos programa cofinanciados con fondos europeos. En concreto, a cubrir gastos de UGT, a financiarlo. Cuando el juez dictó el auto de procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral, el sindicato difundió un comunicado en el que defendía su actuación y explicaba que esos cursos se impartieron “a plena satisfacción” de sus destinatarios. La dirección de la central sostenía que contrató a Fundescan para la ejecución de esas subvenciones, pero se reservó una cantidad, “en ningún caso superior al 15%”, para hacer frente a los gastos derivados de “la gestión, divulgación y justificación” de estas subvenciones.

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La crisis de la COVID-19 agudiza las históricas carencias de la fisioterapia en Canarias

La fisioterapia reclama un lugar en el pacto para la reactivación social y económica de Canarias. La crisis sanitaria por la epidemia de COVID-19 ha profundizado las históricas carencias que arrastra el sector de la rehabilitación en Canarias, la especialidad que antes de la emergencia presentaba la peor evolución en las listas de espera, con más de 11.000 personas aguardando por una consulta, un 21% más que el año anterior y el cuádruple que en 2015. Una cantidad a la que hay que sumar a aquellos pacientes que, habiendo sido vistos por el médico rehabilitador, permanecen a la espera de iniciar el tratamiento de fisioterapia, en ocasiones con demoras de hasta un año, según el tipo de patología, denuncian los profesionales. Hay, además, una fuerte dependencia del sector privado. El Colegio de Fisioterapeutas de Canarias calcula que el 90% de la atención ambulatoria se realiza en centros concertados.

“Urgen cambios”, señalan los trabajadores después de comprobar cómo la emergencia sanitaria ha exacerbado los problemas crónicos de esta especialidad, con plantillas que no crecen desde hace años a pesar del incremento de la demanda asistencial. Los tratamientos de rehabilitación (fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia) fueron suspendidos en su mayoría para centrar los esfuerzos sanitarios en contener la epidemia. Solo se mantuvieron los urgentes. Ante la falta del material de protección individual necesario, los profesionales se convertían en un vector de contagio de la enfermedad y muchos centros se vieron abocados al cierre temporal. Con la paulatina reactivación de la actividad en el plan de desescalada sanitaria, primero con los pacientes agudos y después con los procesos ambulatorios, los trabajadores comienzan a calibrar la repercusión del parón. A las consecuencias lógicas de la pausa terapéutica hay que sumar las limitaciones que impone la nueva realidad y la obligación de reducir la ratio de pacientes por fisioterapeuta para cumplir con las medidas de seguridad y evitar contagios. “Están empezando a citar, pero el retraso es enorme”, alertan.

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El coronavirus se lleva por delante dos pilares del Gobierno de Canarias: Sanidad y Educación

Paradójicamente, Canarias es la comunidad autónoma menos afectada por la crisis sanitaria de la COVID-19 en cuanto a número de infectados y de fallecidos respecto a otras partes de España. Fue el primer lugar del país donde se detectó el 31 de enero un caso de contagio del virus Sars-Cov-2, de un turista en La Gomera, una isla ya a las puertas de la Fase 3 de la desescalada. Y también el primer y único lugar en confinar con éxito a cientos de turistas en un hotel de Adeje, en el sur de Tenerife, el 25 de febrero. Y aún asi, el bicho se ha llevado por delante a dos pilares del Gobierno de Canarias: los equipos de las consejerías de Sanidad y Educación, con la destitución en marzo y la dimisión en mayo de sus dos titulares, Teresa Cruz y María José Guerra, respectivamente. Así, Canarias, a punto de cumplir un año de gobierno progresista liderado por Ángel Víctor Torres (PSOE) en alianza con Nueva Canarias (NC), Unidas Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) que acabó con un cuarto de siglo de poder de Coalición Canaria (CC), comenzó el confinamiento con su Sanidad descabezada y ha iniciado la exitosa desescalada con su Educación desconcertada.

La primera en caer fue la consejera de Sanidad. El presidente canario ignoró esa máxima que desaconseja cambiar de capitán en medio de la tempestad y destituyó el 25 de marzo, apenas once días después de iniciado el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, a su compañera de partido Teresa Cruz, a quien había confiado tras las elecciones de mayo el timón del área con mayor presupuesto de la comunidad autónoma (3.000 millones de euros), una fuente permanente de conflictos. Unas declaraciones de Cruz en los medios de comunicación precipitaron un destitución que se venía barruntando, al igual que el de la titular de Educación, la recién dimisionaria María José Guerra, desde enero, fecha en la que Pedro Sánchez nombró ministra de Política Territorial y Función Pública a la entonces consejera canaria de Economía, Carolina Darias.

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Los canarios esperan de media siete meses para una prótesis de cadera o rodilla; los vascos, menos de dos  

Los canarios a quienes se les ha prescrito una operación no urgente de Traumatología deben esperar, de media, cerca de siete meses para ser intervenidos. Dentro de la especialidad que sigue acumulando la mayor lista de espera del país, el Archipiélago presenta los peores indicadores de todo el Estado, con una demora de 207 días. En el polo opuesto, los ciudadanos de comunidades como La Rioja o Euskadi esperan menos de dos meses, según el informe publicado esta semana por el Ministerio de Sanidad con datos que corresponden a diciembre de 2019 y que, por tanto, no recogen aún la incidencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y la paralización de las actividades asistenciales no prioritarias.  

En comparación con el mismo mes de 2018, la cifra se reduce ligeramente, en apenas dos días. Sin embargo, si se toman en consideración los datos de junio de 2019, el aumento en Canarias es significativo, ya que entonces el periodo medio de espera se situaba en 187 días, 20 menos.  

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Canarias amenaza con sancionar a los laboratorios y clínicas privadas que dejen a medias el diagnóstico de la COVID-19

Los laboratorios y clínicas privadas que han recibido la autorización del Gobierno de Canarias para realizar test de detección de la COVID-19 se exponen a sanciones económicas si incumplen su obligación de completar el proceso de diagnóstico. Una resolución firmada el pasado 13 de mayo por el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, recoge la obligación de estos centros de hacer, por sí mismos o a través de terceros, todas las pruebas complementarias que sean necesarias para saber si un paciente ha sido infectado con el virus SARS CoV-2. Es decir, no basta con los test rápidos de anticuerpos que se están ofertando con precios que oscilan entre los 35 y los 70 euros. Si el resultado de esas pruebas es positivo, las empresas deberán realizar también la denominada PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) para confirmar el caso.

Las autoridades sanitarias ya han recibido alguna alerta sobre laboratorios que han pretendido desvincularse de esas pruebas complementarias y derivarlas al Servicio Canario de Salud (SCS) después de que los pacientes dieran positivo en un test rápido de anticuerpos. La Consejería de Sanidad ha advertido de que esta práctica contraviene lo dispuesto en la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 30 de abril y también en la resolución del 13 de mayo de Salud Pública y puede dar lugar a sanciones que se estudiarán “caso a caso”. El objetivo es evitar que los centros privados se aprovechen de estas autorizaciones para lucrarse con test más rentables y que al final sea la sanidad pública quien acabe resolviendo el proceso de diagnóstico.

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Victoria judicial contra la banca a 12.000 kilómetros de distancia: "Había pagado la deuda dos veces, se aprovecharon de mí"

La sentencia voló desde un despacho de abogados en Las Palmas de Gran Canaria hasta Pukhet, a casi 12.000 kilómetros de distancia, el pasado 21 de abril. En esta isla tailandesa reside desde 2014 Miguel Ángel López, un entrenador de natación que un año antes de mudarse al país asiático, mientras esperaba en el aeropuerto de Madrid por un avión que debía trasladarlo a Fuerteventura, firmó el contrato para la utilización de una tarjeta de crédito fácil, de las denominadas revolving, que ahora ha sido anulado por un juzgado de la capital grancanaria por usurario, por fijar unos intereses desproporcionados.

"Me sentí muy aliviado cuando vi que ganábamos la demanda, pero también sentí rabia porque había intentado arreglar la situación en múltiples ocasiones y la empresa hizo todo lo posible para aprovecharse de mi", resume López, que explica que, "de deber unos 2.500 euros" a la entidad financiera (WiZink) por un préstamo original de 2.000, podría recuperar, si el fallo judicial adquiere firmeza (se puede recurrir ante la Audiencia Provincial), 1.700 euros. "Había pagado la deuda dos veces", dice. La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia 17 de Las Palmas de Gran Canaria, aplica la doctrina fijada recientemente por el Tribunal Supremo con respecto a las tarjetas revolving y concluye que el interés impuesto por el banco, del 26,82% TAE, es "notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso".

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Hasta 200 euros para detectar la COVID-19 en clínicas y laboratorios privados de Canarias

“Los test de detección de COVID-19, a tu alcance en Hospiten”. El mayor grupo sanitario de titularidad privada en Canarias anunciaba hace unos días con este mensaje publicitario que se lanzaba al negocio de las pruebas para el diagnóstico de la enfermedad. En medio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha afectado a más del 90% de su plantilla, el conglomerado liderado por el poderoso empresario tinerfeño Pedro Luis Cobiella ha visto la oportunidad con el avance del plan de desescalada y la reanudación de actividades económicas en las Islas. La campaña se enfoca tanto a empresas como a particulares. Como ha podido comprobar esta redacción a través de una consulta por correo electrónico, una de sus clínicas, Hospiten Sur, radicada en la localidad turística de Arona (Tenerife), ofrece la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) por 125 euros y la de anticuerpos, por 60. Además, si la persona que las solicita no es paciente del grupo, deberá abonar 15 euros por la cita previa. En total, 200 euros.

Hospiten no es un caso único. Clínicas San Roque se publicita como “el único hospital privado acreditado” para la realización y obtención de los resultados de todas las pruebas diagnósticas del coronavirus en apenas 24 horas. El test rápido (de baja sensibilidad), por 35 euros. El serológico (de anticuerpos IgG e IgM), por 58. La PCR, por 140, el mismo precio que pide por esta prueba otro de los grandes centros privados de Gran Canaria, el Hospital Perpetuo Socorro, si el paciente da positivo en el test rápido que ofrece en un pack junto a la consulta médica por unos 70 euros.

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¿Una segunda vida útil para los equipos de protección contra el virus? Canarias busca la solución en el ozono

La escasez de equipos de protección individual (EPI) ha sido el principal motivo de preocupación y frustración para los trabajadores que han actuado en primera línea contra el coronavirus. Con la epidemia ya disparada en Estados Unidos (EEUU), la revista de la asociación médica del país norteamericano, JAMA (Journal of the American Medical Association), una de las más prestigiosas del mundo, publicaba el pasado 20 de marzo un editorial en el que invitaba a los sanitarios a aportar "soluciones creativas" para optimizar el uso de los EPI y conservar o identificar nuevas fuentes para su suministro con la finalidad de garantizar la seguridad de los profesionales. Tres días después, investigadores canarios enviaron un comentario a esa publicación con una idea que se ha acabado transformando en uno de los proyectos que serán financiados con cargo a los denominados Fondos COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III.

"La finalidad del estudio es comprobar si el ozono es capaz de destruir el virus SARS-CoV-2 presente en los equipos de protección individual", resume Bernardino Clavo, miembro de la Unidad de Investigación del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, uno de los cinco centros del Archipiélago que participan en el proyecto. Las propiedades desinfectantes del ozono son conocidas. "Se utiliza desde hace más de cien años para destruir muchos virus y bacterias". El desafío ahora es conocer cómo actúa sobre el coronavirus descubierto en Wuhan y analizar los niveles de concentración y los tiempos de exposición más adecuados para dejarlo inactivo. También será necesario verificar que tras su uso no se alteren las propiedades de los equipos de protección de los trabajadores sanitarios (gafas, pantallas faciales, mascarillas, guantes, calzas…).

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Circuitos de entrada y salida, más personal y nuevas consultas: las urgencias de los centros de salud se adaptan a la desescalada

El avance del plan de desescalada en Canarias está provocando un incremento progresivo de la presión asistencial en las urgencias de los centros de salud. Las medidas de confinamiento impuestas tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo produjeron un parón en su actividad. En el ambulatorio de San José, ubicado en uno de los barrios más populosos de Las Palmas de Gran Canaria, la media de pacientes que acudía a este servicio en día laborable, entre las 17.00 y las 09.00 horas, era durante esta etapa de entre 8 y 10 personas. En esta última semana, con la isla en la fase 1 de la transición hacia lo que se ha dado en llamar “nueva normalidad”, la cifra ha aumentado por encima de los 60, según afirma el portavoz de la Plataforma de Trabajadores de Urgencias Extrahospitalarias, Miguel Ángel Morales, que precisa que la actividad habitual entre semanas se situaba, antes de la crisis de la COVID-19, en torno a los 120 y 140 pacientes al día, y los fines de semana (24 horas), por encima de los 300.

La dirección de este centro de salud ha aprobado recientemente un protocolo piloto que recoge las reivindicaciones planteadas por los trabajadores, que se muestran satisfechos por los resultados obtenidos en los primeros días de funcionamiento. Entre las medidas propuestas y aceptadas destaca la creación de unos circuitos “seguros y diferenciados” para transitar por las instalaciones. Hasta ahora, los pacientes que acudían a urgencias durante el horario de guardia entraban y salían por la misma puerta, situada en uno de los laterales del edificio. Ahora, el acceso se realizará por la puerta principal del centro, en donde se ubicará un puesto de triaje con un profesional sanitario y un celador para poder aislar de inmediato en una sala contigua habilitada a aquellos casos sospechosos de padecer la COVID-19.

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