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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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La Audiencia de Las Palmas confirma el archivo de la denuncia del juez Alba contra el empresario que lo grabó

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado el archivo de la denuncia que Salvador Alba interpuso en mayo de 2016 contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien acusaba de presentar en los juzgados una grabación manipulada del encuentro que ambos mantuvieron en el despacho del juez el 16 de marzo de ese mismo año. Esta reunión es el origen del denominado Albagate, la causa por la que el magistrado, suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  será juzgado próximamente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) en la operación urdida para perjudicar la carrera de la jueza y ex diputada de Podemos Victoria Rosell

El auto, dictado el pasado mes de noviembre con el magistrado Nicolás Acosta como ponente, supone un nuevo estacazo a la defensa de Alba, que desde la difusión de esos audios ha tratado de demostrar, con denuedo y sin éxito hasta la fecha, que la grabación que le incrimina en esa conspiración no reúne los requisitos de autenticidad e integridad para tratar de anularla y tumbar todo el procedimiento en su contra. Una estrategia que ha trasladado incluso a otros procedimientos en los que ha tenido que intervenir, como el caso Unión. El fiscal de la pieza original de esta trama de corrupción en la isla de Lanzarote, Javier Ródenas, deslizó en una vista que Alba había anulado la grabación inicial de la causa, un intento de soborno a un consejero del Cabildo, pensando en su propia defensa.

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Desear la muerte de policías tras el suicidio de un agente no es delito de odio

Ni la Policía es un "grupo ideológico" ni sus agentes, como colectivo, pueden ser víctimas de un delito de odio. Así se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Las Palmas para ratificar el archivo de una denuncia presentada por el Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía contra tres usuarios de Facebook que vertieron comentarios hirientes en esta red social tras el suicidio, el 11 de febrero de 2017, de un agente adscrito a la unidad de Traslados en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, una noticia que causó una honda conmoción entre sus compañeros.

En esos mensajes, los denunciados celebraban el lamentable suceso y uno de ellos llegaba a desear la muerte de más policías. "Muerte a los maderos... uno menos! Ahora faltan un par de tiros más en la lápida... A.C.A.B." (acrónimo de la frase en inglés  '' All cops are bastards", "Todos los policías son bastardos), escribió en la red.

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Puertos de Las Palmas ha perdido ya más de 20 millones de euros por las irregularidades en el muelle de La Esfinge

El quebranto económico que han ocasionado a las arcas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas las irregularidades técnicas y contables detectadas en las obras de la segunda fase de construcción del muelle de La Esfinge, en la capital grancanaria, supera ya los 20 millones de euros. Una cifra que se ha alcanzado después de que el Consejo de Administración del ente, presidido desde mayo por Juan José Cardona (PP), acordara en su última reunión, celebrada el 20 de diciembre, adjudicar a la empresa Satocan por 4,3 millones de euros el contrato para reforzar la berma sobre la que se apoyan los bloques de hormigón del dique. El anterior equipo, liderado por Luis Ibarra (PSOE), había promovido este proyecto para solventar una de las deficiencias de esta obra, iniciada en 2007 y recepcionada en 2013, y cumplir así con las exigencias de los pliegos, basadas en informes de Puertos del Estado.

Antes de conceder este último contrato, que prevé el comienzo "inminente" de las obras, con una duración de 33 meses, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ya había pagado algo más de 800.000 euros en actuaciones, estudios y sondeos previos. En total, más de 5 millones de euros a los que hay que sumar los aproximadamente 3,5 millones que había tenido que gastar en otras obras de refuerzo en La Esfinge en años precedentes. El ente público, dependiente del Ministerio de Fomento, perdió además, como consecuencia de las anomalías descubiertas en la dirección de la obra,  11,5 millones de euros al tener que devolver los fondos de cohesión que la Unión Europea había destinado a este proyecto, que contaba con un presupuesto total de 46,3 millones de euros.

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Ciudadanos rechaza al concejal 'enchufado' por Clavijo en Presidencia un día después de anunciar su fichaje

Menos de 24 horas ha durado Domingo Javier Perdomo como coordinador del grupo local de Ciudadanos (Cs) en el municipio grancanario de Firgas. La formación naranja le ha comunicado este viernes por la mañana, un día después de anunciar su fichaje a través de un comunicado difundido a los medios de comunicación, que revoca su afiliación al partido, solicitada hace menos de seis meses, tras "comprobar su trayectoría política" anterior, vinculada a Coalición Canaria (CC), fuerza con la que se presentó a las elecciones de 2015. 

Ciudadanos responde así a la noticia publicada este jueves por Canarias Ahora, que recordaba que Perdomo fue premiado a lo largo de este mandato en dos ocasiones por el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, con cargos públicos en Presidencia por su contribución a mantener la única alcaldía de CC en la isla de Gran Canaria.

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Ciudadanos ficha al concejal que Clavijo 'enchufó' en Presidencia para mantener la única alcaldía de CC en Gran Canaria

Ciudadanos ha confiado la coordinación de su recién constituido grupo local en Firgas a un ex de Coalición Canaria (CC), Domingo Javier Perdomo, que mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento de este municipio grancanario en el grupo de los no adscritos. Considerado ahora como un tránsfuga por su anterior partido, Perdomo fue durante meses, sin embargo, un bastón imprescindible para que CC, con quien había roto en septiembre de 2017 por desavenencias internas, lograra mantener su única alcaldía en la isla después de que  Manuel Báez dimitiera como regidor a finales de ese mismo año tras admitir, a raíz de una noticia publicada por este periódico, que había suplantado a su hijo en las oposiciones de más nivel de la Comunidad Autónoma, una causa por la que fue condenado a seis meses de cárcel. 

El apoyo que brindó desde ese preciso momento, apenas cuatro meses después de abandonar la formación, a la sustituta de Báez, Rosario Marrero, f ue premiado en mayo por Fernando Clavijo, también de CC, con un sueldo público de 18.000 euros anuales, al ser nombrado asistente de la residencia oficial del presidente en la capital grancanaria, una vivienda que el jefe del Ejecutivo no usa. Un cargo que, en teoría, compatibilizaba con el de concejal de grupo de gobierno con competencias en siete áreas (Agua y Alcantarillado, Parques y Jardínes, Vías y Obras, Medio Ambiente, Vivienda, Fiestas y Juventud), trabajo por el que no recibía remuneración alguna.

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Sanidad ignora una sentencia firme y mantiene la fórmula anulada por el TSJC para la elección de jefes de servicio

La dirección del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria continúa convocando procedimientos para la elección de jefes de servicio mediante una fórmula que ha sido tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una sentencia ya firme, la que anuló la designación del máximo responsable del área de Cardiología. Esta resolución judicial, dictada en octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y no recurrida por el Servicio Canario de Salud (SCS) ante el Supremo en el plazo concedido de treinta días, estimó el recurso presentado por uno de los aspirantes al puesto y se pronunció por primera vez contra la orden que rige estos concursos, que data de 2012 y que está firmada por la entonces consejera de Sanidad Brígida Mendoza

El TSJC advirtió de que esa orden chocaba con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y con los principios que deben regir el acceso al cargo (mérito, capacidad y publicidad) debido el sistema fijado para conformar las comisiones de valoración. La orden del Gobierno regional deja la presidencia de los tribunales calificadores en manos de los gerentes de los centros hospitalarios, personal de designación política. El TSJC remarcaba en su fallo que la elección de los miembros de la comisión tiene que responder a principios como "la cualificación profesional, la competencia y la especialización" y no a la confianza del consejero de Sanidad, que es quien nombra y cesa a los gerentes.

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El Supremo ordena repetir un juicio porque el juez Alba y sus compañeros de sala negaron a la defensa una prueba válida

La Sala de lo Penal del Supremo ha anulado un juicio celebrado en octubre de 2017 en la Sección Sexta de la Audiencia Las Palmas, así como la posterior sentencia condenatoria, porque este órgano judicial negó a la defensa de una mujer acusada de un delito de insolvencia punible una prueba que ya había sido admitida y declarada pertinente. El alto tribunal español enmienda así la decisión adoptada por una sala compuesta por el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, recientemente renovado en el cargo; por el magistrado Salvador Alba, ahora  suspendido en funciones y a las puertas de sentarse en el banquillo acusado de seis delitos por conspirar contra la también jueza Victoria Rosell, y por Carlos Vielba, que ejerció como ponente.

La sentencia del Supremo, que está fechada el pasado 27 de noviembre, estima el recurso extraordinario de casación presentado por la afectada y ordena repetir el juicio con un tribunal de composición diferente y con la inclusión de las pruebas que fueron denegadas “sin razones suficientes” por la Audiencia de Las Palmas, que había condenado a la acusada a dos años de cárcel, una multa de 4.500 euros y una indemnización sin cuantificar.

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"Parches" contra el colapso en urgencias de los centros de salud de Gran Canaria

"Rápido, fácil y cerca de casa". Con esta llamada difundida en diferentes soportes publicitarios, el Servicio Canario de Salud (SCS) ha instado en las últimas semanas a la población a acudir a los servicios de urgencias de los centros de salud para aliviar la saturación en los hospitalarios. La campaña ha indignado a los médicos de familia, que solicitaron su retirada a través de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (SoCaMFyC). Este colectivo, que engloba a más de 700 profesionales en el Archipiélago, cree que transmite un mensaje "erróneo" que invita a los pacientes a ir a las urgencias extrahospitalarias "ante cualquier eventualidad", un discurso que se aleja del que defiende, centrado en el uso racional de los recursos, las políticas de prevención y el uso de la cita previa con el médico de cabecera de Atención Primaria como vía de entrada al sistema. 

La campaña publicitaria ha coincidido, además, con un colapso en los centros de salud de Gran Canaria que, según ha denunciado la Plataforma de Trabajadores de Urgencias Extrahospitalarias de la isla, que aglutina a unos 400 profesionales, han sufrido los pacientes con esperas de hasta cinco horas durante la pasada semana. En esta, los tiempos se han reducido, pero aun así los ambulatorios con mayor presión asistencial (Vecindario, Barrio Atlántico y Tamaraceite) han registrado hasta tres horas de demora en la atención.

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Un médico de urgencias se enfrenta a tres años de cárcel por la muerte de un paciente que bebió veneno por error

Un médico del servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por la muerte de un joven de 19 años a quien dio el alta tras practicarle dos lavados de estómago y dos endoscopias para tratar una intoxicación por la ingesta accidental de un pesticida venenoso que confundió con un refresco. La Fiscalía de Las Palmas acusa al facultativo, M.A.P., de un delito de homicidio imprudente por infringir “la más elemental diligencia profesional”, que exigía el ingreso hospitalario para el control y la vigilancia terapéutica del paciente y la administración de sustancias para disminuir la absorción del producto tóxico.

Los hechos se remontan al 11 de febrero de 2014. Según el relato del Ministerio Público, el paciente fue derivado al Insular en ambulancia desde el centro de salud de El Calero, en Telde, a donde acudió tras haber bebido por error de una botella de Nestea que había sido rellenada con un herbicida, de nombre comercial Reglone. Se trata de un compuesto, el diquat o dicuat, de alta toxicidad y riesgo para el ser humano, que se utiliza en agricultura para eliminar la maleza. El producto se mezcla con un mojante, el Agral, que aumenta la cobertura del herbicida.

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Caso Melchior: ‘desterrada’ al sótano tras ganar una sentencia a Puertos de Tenerife por un despido nulo

Alicia Rojas se siente incómoda en el papel de protagonista de la noticia. Acostumbrada a lidiar desde el otro lado de la barrera tras haber ejercido, sin exposición pública y a la sombra de representantes políticos, en puestos de responsabilidad en el área de comunicación de diversas administraciones, su nombre ha aparecido en los últimos meses, en contra de su voluntad, en foros vinculados a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y en algún medio de comunicación como consecuencia del pleito judicial que ganó al ente, un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Un procedimiento que dio origen, a su vez, a una investigación de oficio de la Fiscalía, que permanece abierta, por contrataciones “arbitrarias y discrecionales” en la época como presidente de Ricardo Melchior, histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) y también expresidente del Cabildo de Tenerife.

Las “denigraciones” que asegura haber padecido en estos foros han sido el motivo que ha impulsado a Rojas a dar la cara para defender su profesionalidad y su “dilatada trayectoria” en el sector y contar lo que cataloga como un caso de acoso laboral en el seno de la institución. Según su testimonio, el “linchamiento” hacia su persona comenzó cuando intentó regularizar su situación de falsa autónoma en la Autoridad Portuaria, con un despido en forma de represalia, y se acentuó tras su reincorporación al ente después de ganar la sentencia, cuando el presidente la destinó a un despacho en el sótano, “a las mazmorras”, sin compañía, en un espacio “abandonado, sin ventilación, al lado del archivo y de una máquina de cafés, sucio, con malos olores y donde no llegaba la señal del móvil ni del wifi”.  

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