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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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El juez Salvador Alba, camino del banquillo por cuatro delitos mientras sigue presidiendo juicios por corrupción

La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona ha dado por finalizada la instrucción abierta en mayo de 2016 contra el juez Salvador Alba, a quien le imputa cuatro delitos: prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos. En estas diligencias se han investigado las actuaciones ejecutadas por Alba para perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell, a quien sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la jueza solicitó la excedencia para presentarse como candidata a diputada en las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos. 

En un auto notificado este jueves a las partes, la instructora transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso anterior a la apertura del juicio oral contra Alba, que mientras tanto sigue juzgando casos de corrupción en las Islas, como el de Faycán, una trama para el cobro de comisiones ilegales por  la que están encausados dos exalcaldes del PP de Telde, la segunda ciudad en importancia de la isla de Gran Canaria.

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Un juez de Lanzarote se rebela contra el Supremo y anula el IRPH de una hipoteca, la conflictiva alternativa al Euríbor

Un juez de Lanzarote se ha rebelado contra el criterio impuesto por el Tribunal Supremo en la sentencia, dictada el pasado 14 de diciembre, que da la razón a la banca en la batalla de los consumidores contra el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), la conflictiva alternativa al Euríbor que ha atrapado y encarecido las cuotas de 1,3 millones de familias en España y más de 50.000 en Canarias.

El titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Arrecife ha estimado la demanda presentada por una clienta residente en la isla, representada por el abogado Andrés Roda, y ha eliminado la cláusula del contrato, obligando al banco, en este caso a la Unión de Créditos Inmobiliarios, la financiera del Santander, a recalcular las cuotas sin este índice y a devolver las cantidades cobradas de forma indebida por la aplicación del IRPH. 

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Los jueces canarios no se ponen de acuerdo sobre la devolución de los gastos de las hipotecas

Los jueces canarios no han adoptado aún un criterio unificado a la hora de decidir sobre la devolución de los gastos de formalización de las hipotecas que las entidades financieras han imputado en exclusiva a los consumidores. Desde que, en diciembre de 2015, una sentencia del Tribunal Supremo declarara abusivas las cláusulas que imponían a los hipotecados el pago de determinados aranceles e impuestos necesarios para la constitución del préstamo, los tribunales de primera instancia de las Islas han emitido pronunciamientos dispares, incluso contradictorios, en relación con las consecuencias de la anulación de esas cláusulas.

Seis sentencias dictadas en un intervalo de seis meses (de julio de 2017 a enero de 2018) por seis juzgados distintos de la provincia de Las Palmas evidencian estas discrepancias. Se trata de resoluciones que responden a demandas interpuestas por clientes representados por el mismo abogado con idénticos argumentos.

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Anfi ya ha pagado 1,35 millones de euros por condenas en el negocio del 'timesharing' y pleitea por otros 27

Las demandas por irregularidades en la comercialización de productos de timesharing, el aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico, continúan ocasionando quebraderos de cabeza a Anfi, líder europeo en este modelo de negocio. El grupo, participado al 50% por los hermanos Santana Cazorla y, desde septiembre de 2016, por la cadena IFA (tras la compra de la mitad de las acciones a los herederos del empresario noruego Björn Lyng), sigue acumulando derrotas judiciales. 

Según datos facilitados por el principal despacho de abogados especializado en tiempo compartido en la isla de Gran Canaria, Canarian Legal Alliance, Anfi ya ha pagado 1,35 millones de euros a clientes de timesharing en ejecución de cerca de cincuenta sentencias firmes y mantiene abiertos en los juzgados pleitos en los que se reclama un total de 27 millones. En concreto son 395 los casos que siguen vivos en los tribunales. De ellos, más de cien ya cuentan con sentencia favorable a los clientes. Algunas son firmes pero aún no han sido ejecutadas de forma definitiva y otras han sido recurridas ante el Supremo por Anfi.

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Condenado a cuatro años de cárcel el abogado grancanario Juan Arencibia por ocultar una cuenta en Suiza

El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al conocido abogado y asesor fiscal Juan Arencibia, exdirector de la firma de auditores Ernst & Young y   actual socio del bufete Aramburu & Montero, a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda durante los ejercicios 2005 y 2006. En una sentencia dictada el pasado lunes, la jueza Ivana Aisa Muiños impone al letrado dos multas que suman cerca de 1,7 millones de euros, además de obligarle a indemnizar a la Agencia Tributaria con más de 865.000 euros en concepto de responsabilidad civil y de impedirle el acceso a cualquier subvención, beneficio o incentivo fiscal durante seis años, tres por cada uno de los delitos.

Según el relato de hechos probados, Arencibia omitió deliberadamente en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2005 y 2006 que era titular de una cuenta en el HSBC Private Bank de Suiza en la que llegó a guardar 1,69 millones de euros, utilizando para ello una empresa pantalla radicada en el paraíso fscal de las Islas Vírgenes, según reveló la denominada lista Falciani, publicada en 2013.

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Los peritos de Hacienda atribuyen a los dos exalcaldes de Telde acusados en Faycán ingresos sin justificación por valor de 150.000 euros

Los técnicos de la Agencia Tributaria que han declarado este viernes en calidad de peritos en la octava sesión del juicio del  caso Faycán han atribuido a los dos exalcaldes de Telde que permanecen procesados en esta causa, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, del Partido Popular (PP), ingresos sin justificación entre los años 2003 y 2006 por un valor total cercano a los 150.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de haber percibido dinero de las comisiones ilegales que la cabecilla de la trama, María Antonia Torres, a través de su asesor, Francisco Gordillo, exigía a las empresas para adjudicarles obras y servicios o para darles prioridad en el cobro de facturas pendientes en distintas concejalías del Ayuntamiento de Telde.

En el caso de Valido, actual secretario político del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Telde, el desfase entre los ingresos percibidos y declarados (su nómina como regidor y parte del alquiler de dos viviendas y un local comercial) y las rentas disfrutadas durante ese periodo asciende a 34.539,43 euros. A esa cantidad se le suman las discrepancias patrimoniales detectadas por Hacienda al extender su investigación a las cuentas de la esposa de Valido, Inmaculada Concepción León. En concreto, 56.232,02 euros, cifra que eleva los ingresos de origen desconocido de la unidad familiar a 90.771,45 euros.

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Políticos “perretosos”, listas de empresas y testigos condenados por corrupción en el juicio del caso Faycán

Diez testigos propuestos por las defensas del caso Faycán, entre ellos dos condenados por corrupción en el Grupo Europa, una de las piezas separadas de la trama, han protagonizado la séptima sesión del juicio, una jornada que apenas ha dejado material de interés acusatorio para el fiscal Anticorrupción, Luis del Río. Lo más parecido a una incriminación ha sido la anecdótica referencia de una de las funcionarias sobre lo “perretosos” y “caprichosos” que se ponían los políticos para dar prioridad a determinadas empresas sobre otras a la hora de conceder contratos de obra y servicio.

“Cambian los políticos y cambian las empresas. Si te vas a la historia, ves que depende del grupo político trabajan con unas empresas u otras, se invita más a unas que a otras”, ha relatado Milagrosa Ramos, jefa de servicio accidental en el área de Contratación durante la época investigada, al ser cuestionada por el representante del Ministerio Público por los negociados sin publicidad, uno de los procedimientos utilizados por el grupo de  gobierno del Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) entre 2003 y 2007 para dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones a las empresas que accedían a pagar las comisiones ilegales a los miembros de la trama. 

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El juez Alba descalifica a un testigo policial clave para incriminar a uno de los acusados del caso Faycán

El juicio por el caso Faycán de corrupción en el municipio grancanario de Telde se desinfla a medida que avanza. Los doce años transcurridos desde que comenzara la instrucción de la causa, las lagunas de memoria de acusados y testigos, el fallecimiento durante el proceso de  otros cuyo testimonio se antojaba relevante para incriminar a algunos de los principales procesados y el arrepentimiento de 21 de los 28 encausados a cambio de una sustancial reducción de condena han rebajado el interés y la expectación por el macroproceso judicial del año en Canarias.

La sexta sesión de la vista oral, celebrada este martes, apenas ha durado media hora. Y eso que estaban citados a declarar siete agentes de la Policía Nacional que participaron en la operación. Todos ellos ratificaron, sin más, sus actuaciones en las labores de seguimiento a los investigados para obtener pruebas del pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras y servicios o de un trato preferencial para cobrar facturas pendientes en distintas concejalías del Ayuntamiento de Telde.

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Los tesoreros señalan al exalcalde de Telde en el caso Faycán: priorizó el pago a empresas de la trama sobre las nóminas

El alcalde de Telde entre 2003 y 2006, Francisco Valido (Partido Popular), uno de los principales acusados en el caso Faycán de corrupción en el Ayuntamiento del segundo municipio en importancia de la isla de Gran Canaria, ignoró durante esos años las advertencias lanzadas desde el área de Tesorería sobre el riesgo de impago de nóminas por falta de liquidez en las arcas municipales para priorizar las transferencias a empresas de la trama de cobro de comisiones ilegales. 

Así se desprende de la declaración prestada en fase de instrucción -leída este lunes en la quinta sesión del juicio- por el entonces tesorero de la corporación, el ya fallecido José Rodas, y del testimonio aportado a la Sala por el auxiliar administrativo José Manuel Alonso, quien lo sustituía durante sus periodos de ausencia. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Valido, procesado por prevaricación y cohecho. El exalcalde de Telde, uno de los siete acusados que no han reconocido los hechos (el octavo, el técnico Esteban Cabrera, ya ha anunciado su arrepentimiento tras un pacto con la Fiscalía), es en la actualidad secretario político del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Telde.

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El Gobierno canario suspende un concurso de comunicación tras un recurso contra el "monopolio" de la agencia denunciada por pagar en B

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ha paralizado el  concurso convocado a finales de diciembre para la contratación de un servicio de apoyo al gabinete de prensa y seguimiento de medios, valorado en 106.248 euros anuales y un presupuesto base de 53.124 euros.

La suspensión de la licitación responde al recurso presentado por una empresa del sector contra unos pliegos que repiten las cláusulas que han provocado que en los dos últimos años la práctica totalidad de los contratos adjudicados por el Ejecutivo regional en materia de comunicación se concentren en las mismas manos, en la agencia Metrópolis,  denunciada ante la Inspección de Trabajo por mantener en plantilla a periodistas sin contrato y pagar en B parte de los salarios.

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