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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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El jurado declara culpables de todos los cargos a los acusados del caso Eólico

El jurado popular ha declarado este jueves culpables de todos los cargos imputados por la Fiscalía a los seis acusados del caso Eólico, que se enfrentan a penas que oscilan entre los cuatro años y tres meses de prisión que pide el Ministerio Público para el principal procesado, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, hasta los cinco meses (con penas alternativas para alguno de ellos) que solicita para los procesados que han reconocido el cohecho, los empresarios Enrique Guzmán, José Ignacio Esquivel, Alfredo Briganty y el funcionario Honorato López, jefe de servicio de Industria. Para la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, que es la única, junto a su pareja en el momento de los hechos, Celso Perdomo, que no ha confesado y ha defendido su inocencia, pide dos años y nueve meses de cárcel. 

El jurado han elevado su veredicto al presidente del tribunal, el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Pedro Herrera, que deberá ahora dictar la sentencia (prevé hacerlo en la segunda quincena de septiembre, según recoge la agencia Efe). Todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad de sus miembros y, en todos los casos, con enunciados desfavorables para los acusados.

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El Poder Judicial suspende de funciones al juez Alba y le reprocha su viaje a las Maldivas estando de baja médica

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en su sesión de este jueves la suspensión provisional de funciones del magistrado Salvador Alba. La decisión del órgano de gobierno de los jueces se produce como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado en su contra por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 8 de mayo, hace 73 días.

Alba está acusado de la comisión de cinco delitos (prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) en la operación urdida contra Victoria Rosell, a quien sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales de 2015.

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El Poder Judicial vota este jueves la propuesta para suspender al juez Alba

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deliberará este jueves la propuesta de suspensión cautelar del magistrado Salvador Alba,  acusado de la comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) por  sus maniobras para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell durante su sustitución en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. 

La propuesta del servicio de personal judicial del CGPJ ha sido incluida en el orden del día de la sesión que la Permanente celebrará este jueves, fecha en la que se cumplirán 73 días (casi dos meses y medio) desde que la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona dictara el auto de apertura de juicio oral contra Alba y 58 desde que el órgano de gobierno de los jueces  iniciara el procedimiento para apartar al magistrado de la judicatura hasta que haya sentencia firme en la causa penal que se sigue en su contra, ya sea una resolución condenatoria o la absolución del ya encausado.

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Sanidad cuestiona un informe de la UE sobre trece turistas infectados por una superbacteria en hospitales grancanarios

Las autoridades sanitarias de Canarias y España han cuestionado un informe elaborado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) que alerta de la infección de trece turistas en hospitales de Gran Canaria por una bacteria resistente a los antibióticos, la denominada Klebsiella multiresistente OXA-48. Los afectados son siete ciudadanos de nacionalidad noruega y seis suecos. Al menos nueve de ellos fueron ingresados en la misma clínica privada, que según ha podido saber Canarias Ahora es Hospiten Roca.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias asegura estar en contacto con el Ministerio al tratarse de un tema supranacional, aunque mantiene el hermetismo sobre esta cepa y se limita a comunicar lo que ya recoge el informe de la agencia de la Unión Europea, que las instituciones españolas no respaldan las conclusiones a las que han llegado los  22 expertos consultados, nueve del propio ECDC y trece externos de organismos de Suecia, Noruega, Finlandia, Bélgica y Grecia.

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La llamada con la que ganó 24.000 euros o la excusa del principal acusado del caso Eólico para negar un soborno

Una supuesta intermediación inmobiliaria de la que sólo hay constancia de una gestión, una llamada telefónica a un abogado, es la excusa que ha utilizado la defensa del principal acusado del caso Eólico, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, para tratar de justificar dos transferencias del empresario Enrique Guzmán, por un valor cercano a los 24.000 euros, a la cuenta de Mónica Quintana, pareja del ex alto cargo en el momento de los hechos, en el Fortis Bank de Luxemburgo. Según la Fiscalía y el propio empresario, que ha confesado los hechos, el objetivo de esos ingresos era bien distinto: pagar los favores de Perdomo en el concurso de asignación de potencia eólica.

Para María del Mar García, letrada del hombre de confianza de Luis Soria en la Consejeria de Industria entre 2003 y 2005, existen "dudas razonables" sobre las acusaciones vertidas contra su representado en este procedimiento. Una de ellas tiene que ver con esos dos pagos, uno de 14.052 y otro de 9.400 euros, que el Ministerio Público atribuye con un delito de cohecho. En su informe final, la abogada se ha escudado en la versión de la intermediación inmobiliaria, a pesar de que Perdomo no dijo nada de ella en las declaraciones que prestó durante la fase de instrucción.

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Cuatro años y tres meses de cárcel, la máxima condena solicitada para los acusados en el caso Eólico

El fiscal Anticorrupción Luis del Río ha modificado este jueves, en la última sesión del juicio del caso Eólico, sus conclusiones para aplicar el atenuante de dilaciones indebidas a todos los acusados, los seis, y el de confesión a los cuatro que han reconocido los hechos. De esta manera se reducen las condenas que solicita para los altos cargos, funcionarios y empresarios procesados, en especial para los que han mostrado su arrepentimiento y han admitido su participación en el amaño del concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias en 2004. 

En su escrito de conclusiones, el representante del Ministerio Público enumera once circunstancias que justifican la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas. El caso Eólico llegó a juicio catorce años después de que se produjeran los hechos y doce años después de que tuvieran lugar las primeras detenciones. Entre las causas del retraso acumulado en el procedimiento cita la recusación de jueces, la tardanza en resolver los recursos presentados por las defensas, el fallecimiento del magistrado que había sido designado presidente del tribunal, Ignacio Marrero, que solventó las cuestiones previas, o la renuncia de los abogados de los acusados Celso Perdomo y Mónica Quintana a su defensa y el tiempo que necesitaron los nuevos letrados para ilustrarse sobre el procedimiento. 

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José Carlos Mauricio se queda solo: los otros dos acusados admiten el fraude para legalizar a una extranjera

José Carlos Mauricio ya se siente condenado. El histórico dirigente nacionalista canario se ha quedado solo en su defensa de la legalidad del contrato laboral que firmó a través de la fundación que presidía, el Centro de Estudios Canarios (CEC), con Mayra Despagne, una ciudadana de nacionalidad cubana pareja de Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la facultad de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y amigo de Mauricio. Los otros dos acusados han reconocido  en el juicio celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal 2 de la capital grancanaria que esa relación laboral fue simulada con el único propósito de que Despagne obtuviera el permiso de residencia en España.

“Escándalo”, “perversión judicial lamentable” o “chantaje”. Son algunos de los epítetos que Mauricio ha dedicado a su salida de los juzgados, sin mencionarlas directamente, tanto a la jueza que ha presidido la vista, Mónica Oliva, como a la fiscal Teseida García, esta última por haber alcanzado un acuerdo con los otros dos procesados para que confesaran a cambio de una rebaja de condena, de quince a seis meses de cárcel y de 3.600 a 1.800 euros de multa para cada uno de ellos. Con respecto a Mayra Despagne, al ser la pena inferior a un año, la representante del Ministerio Público ha eliminado también de sus conclusiones la petición para que sea expulsada del territorio nacional.

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El TSJ de Canarias alerta al Poder Judicial de las vacaciones “irregulares” de Salvador Alba en las Maldivas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha comunicado este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el magistrado Salvador Alba se encuentra en una situación que califica de  "irregular", al haberse marchado de vacaciones al archipiélago de Maldivas pese a encontrarse de baja médica. Una vez confrontada "la solvencia de la información" publicada por Canarias Ahora el domingo, el alto tribunal canario se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para que valore la procedencia de abrir un nuevo expediente al polémico magistrado, que está  acusado de cinco presuntos delitos en la operación maquinada contra su compañera Victoria Rosell y sobre el que pesa  una propuesta de expulsión de la carrera judicial que está paralizada hasta que se sustancie el proceso penal.

Según han informado a este periódico fuentes oficiales del TSJC, junto a esta comunicación se ha remitido una copia del último parte de baja de Alba, de treinta días de duración, que fue presentado por el juez el 3 de julio. El Poder Judicial ha pedido información complementaria por correo electrónico.

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Un juez condena a la financiera Wizink a devolver 16.000 euros por usura

Usura, letra pequeña y falta de transparencia. Un juez del municipio tinerfeño de Arona ha condenado a la entidad financiera Wizink (antes Citibank) a devolver los intereses desorbitados que cobró durante más de una década a un recepcionista de hotel por un crédito rápido asociado al uso de una tarjeta de las denominadas revolving, una modalidad  que ofrece como atractivo la posibilidad de aplazar el pago en cuotas bajas y que suelen ofrecer centros comerciales, hipermercados o tiendas para facilitar las compras.  

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 4 de Arona da la razón al consumidor, que reclama unos 16.000 euros, y declara la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios al entender que el banco no informó de forma adecuada de las condiciones financieras de la tarjeta ni de la carga económica y jurídica que acarreaba.

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Los peritos desmontan la coartada de los acusados en el caso Eólico y confirman el cobro de comisiones ilegales

Dos peritos de la Policía Nacional han desmontado la coartada utilizada por los acusados del caso Eólico que siguen defendiendo su inocencia,  el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, para tratar de justificar dos ingresos, uno de 14.052 euros y otro de 9.400, en la cuenta corriente que la segunda abrió en el Fortis Bank de Luxemburgo. Las defensas han sostenido durante la vista que esas transferencias fueron realizadas por el empresario Enrique Guzmán, uno de los cuatro procesados arrepentidos, como contraprestación a una supuesta labor de intermediación de Perdomo en la compra de una parcela en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona y la posterior construcción en ese lugar de una planta  de producción de anhídrido carbónico de la sociedad Carboneco, que había alcanzado un acuerdo de suministro con la multinacional Coca Cola.

Este jueves han declarado en el juicio los autores del informe policial que concluyó, en el año 2006, que Perdomo y Quintana habían percibido esas cantidades en concepto de comisiones ilegales por la información privilegiada que el primero le había proporcionado a Enrique Guzmán para que se situase en una posición de ventaja en el concurso eólico con respecto a sus competidores. En una comparecencia conjunta, el instructor de la investigación policial, que ya había declarado en calidad de testigo, y el entonces jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas, también máximo responsable del grupo de Blanqueo de Capitales, han ratificado las conclusiones de un informe que echa por tierra el argumento exculpatorio de los acusados.

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