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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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Las clínicas concertadas canarias ya no podrán tener tres camas por habitación

La instrucción que firmó a principios de abril el anterior director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, para facilitar un incremento de las derivaciones hacia las clínicas privadas con el que hacer frente al colapso en los hospitales públicos es "nula de pleno derecho".

Así lo han dictaminado los servicios jurídicos de la Secretaría General Técnica del SCS, que han dado indicaciones a las direcciones de área para impedir que los hospitales concertados puedan ocupar tres camas por habitación y saltarse así la limitación de los dos pacientes por estancia, un requisito que figura en la orden de homologación que regula las condiciones de contratación con la administración pública, rubricada tan solo un año antes de la instrucción, en marzo de 2018, por el entonces consejero José Manuel Baltar, exdirectivo de uno de los principales grupos hospitalarios de titularidad privada de las Islas, Clínicas San Roque. 

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A juicio un agente de movilidad que pedía 50 euros a los infractores de tráfico a cambio de ‘hacer la vista gorda’

“Si me das 50 euros, me olvido de esto”. Un tribunal de jurado juzgará la próxima semana a un agente de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria para quien la Fiscalía pide dos años, tres meses y un día de prisión por un delito continuado de cohecho. El ahora acusado pedía 50 euros a conductores y conductoras que habían cometido alguna infracción de tráfico a cambio de no tramitar el correspondiente boletín de denuncia. El agente se valía así de la autoridad que le otorgaba su empleo público para tratar de obtener “un beneficio patrimonial ilícito”.

El Ministerio Público también solicita para el agente una multa de 1.620 euros y la inhabilitación para ejercer en la Policía Local durante cinco años. En su escrito de calificación y a la hora de ponderar las penas, el fiscal le aplica las circunstancias atenuantes de toxicomanía, ya que el procesado consumía cocaína en el momento de producirse los hechos, y de reparación del daño causado, puesto que ya ha consignado en los juzgados los 100 euros que le pagaron dos conductores.

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Huelga a los seis meses: los sindicatos afines al anterior equipo de Sanidad declaran la guerra a la consejera

Tan solo seis meses después de acceder al cargo y sin haber podido gestionar aún un presupuesto propio, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, la socialista Teresa Cruz, se enfrenta a su primera huelga, la que han convocado para el próximo 12 de febrero los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería (Cemsatse). Las “imposiciones” y la falta de negociación en la Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir las plazas de médicos especialistas correspondientes a las convocatorias de 2016 a 2018 y la adicional de 2019 han sido las razones que han argumentado para acudir a esta medida de presión que prevén materializar en una movilización a la que están llamados cerca de 2.000 facultativos temporales.

Los sindicatos convocantes son los mismos que, cinco días antes de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, se pronunciaron a favor de la continuidad del anterior equipo de gestión, el liderado por el consejero José Manuel Baltar y el director del SCS Conrado Domínguez en el Gobierno presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tras respaldar su gestión y “la conquista de derechos sociales” durante esta etapa.  Ahora, piden el relevo de Cruz, de la directora del SCS, Blanca Méndez, y del director de Recursos Humanos, Francisco Artiles, porque, a su juicio, “no sirven, tienen una nula experiencia y conocimiento sanitario y no se dejan asesorar ni aconsejar sobre la realidad de un servicio público”.

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El exministro Soria usaba el correo oficial del Ministerio de Industria para sus negocios privados un año después de dimitir

Un año después de dimitir por su implicación en los papeles de Panamá, José Manuel Soria accedió a su cuenta de correo corporativo en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la utilizó para enviar un mensaje al consejero económico y comercial de España en Oriente Medio, Erik Rovina, con el objetivo de buscar su apoyo para favorecer la implantación en la zona del grupo Hotusa, un consorcio hotelero al que comenzó a asesorar y representar formalmente en febrero de 2017 a través de la consultora que montó a los pocos meses de abandonar el cargo, Sorben Partners, con la que facturó más de 420.000 euros en el año 2018.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, Soria remitió ese correo desde una cuenta a su nombre en el dominio minetur, acrónimo de Ministerio de Turismo, en torno a las 21.00 horas del miércoles 5 de abril de 2017. El mensaje que contenía era similar al que había enviado en fechas cercanas a otros embajadores comerciales de España desde el correo de su empresa consultora. En él pedía el "inestimable apoyo y ayuda" del consejero para organizar una agenda de trabajo en los Emiratos Árabes para favorecer la penetración del grupo hotelero en la zona y el contacto con inversores locales.

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El exministro Soria aprovechó la red exterior del Gobierno en sus negocios privados con empresas de sectores que reguló

Tan solo diez meses después de presentar su dimisión como ministro de Industria, Energía y Turismo y como presidente del Partido Popular en Canarias por su aparición en los denominados papeles de Panamá, José Manuel Soria comenzó a defender los intereses de un importante grupo hotelero y de una empresa industrial, sectores sobre los que había regulado en su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de Sorben Partners, la consultora que abrió apenas dos meses después de ver frustrado su fichaje como director ejecutivo del Banco Mundial por las presiones en su propio partido.

Soria asesoró a estas empresas privadas en sus objetivos de internacionalización y, para ello, no dudó en aprovechar la red de altos cargos dependientes del Gobierno del que formó parte entre el 22 de diciembre de 2011 y el 15 de abril de 2016, el día en el que presentó su renuncia cercado por las informaciones periodísticas sobre sus participaciones en sociedades offshore y por sus propias contradicciones a la hora de explicar estas actividades.

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La Hacienda canaria da por perdidos más de 170 millones de euros de deudas tributarias

De los 339,02 millones de euros que la Hacienda canaria contabilizaba al cierre de 2018 como derechos pendientes de cobro, algo más de la mitad, un total de 173,08 millones, es de difícil o imposible ingreso en las arcas públicas por prescripción de la deuda o por insolvencia de los contribuyentes, según reconoció por primera vez el Gobierno regional en el balance del último ejercicio contable fiscalizado por la Audiencia de Cuentas. 

Se trata de una de las principales novedades que contiene el informe de 2018 elaborado por el órgano de control de la actividad económica de la administración autonómica y de las corporaciones locales, puesto que fija un cambio de tendencia y confirma que las cuentas de los años precedentes no reflejaban una imagen fiel y real de la situación financiera de la comunidad autónoma, como ha venido advirtiendo con insistencia el ente auditor. 

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Una jueza de Las Palmas investiga una grabación que compromete al último administrador de Seguridad Integral Canaria

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha incorporado al procedimiento en el que investiga el presunto desvío de fondos y vaciado de las cuentas de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) una grabación que compromete a su último administrador, Héctor de Armas, quien fuera mano derecha de su antecesor, Miguel Ángel Ramírez, con quien ahora está enfrentado. En ese audio, de alrededor de 36 minutos de duración, se escucha cómo De Armas pide a uno de sus colaboradores que busque a “cinco, seis o siete” trabajadores de confianza que se presten a cobrar 500 euros en dietas ficticias para recolectar esa cantidad de dinero y así poder “comprarle los (regalos de) Reyes a los chiquillos”. 

Con esa operación, el administrador único de la sociedad pretendía, según se desprende del contenido de la grabación, esquivar para su propio beneficio el control del administrador concursal de la empresa, responsable de la prelación u orden de pagos.

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Sanidad cerró las consultas los días 24 y 31 para “reforzar las urgencias” en los centros de salud ante la falta de médicos

El gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, Ricardo Redondas, ha asegurado este martes que la decisión de cerrar las consultas durante los días 24 y 31 de diciembre de este año se adoptó con el objetivo de reforzar y poder cubrir los servicios de urgencias en los centros de salud de la isla. Con esta solución se pretendía aliviar los “serios problemas” derivados de la carencia de profesionales sanitarios en unas fechas en las que se eleva la demanda asistencial, fundamentalmente por episodios de gripe, y disminuye el número de efectivos y la posibilidad de sustituciones por la acumulación de los días de libre disposición a los que tienen derecho los trabajadores.

Redondas ha asegurado que este sistema, criticado en un comunicado difundido el lunes por la Plataforma de Trabajadores de Urgencias del Servicio Canario de Salud (SCS), es el mismo que se utiliza todos los sábados en los centros de salud y que también se aplica durante la Nochebuena y la Nochevieja desde hace años en Atención Primaria de Tenerife y en los hospitales de referencia de Gran Canaria, el Insular para los residentes en la zona sur de la isla y el Doctor Negrín para los del área norte.

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Sanidad deberá indemnizar a una mujer por la muerte de su bebé durante el parto en el tinerfeño Hospital de La Candelaria

El Consejo Consultivo ha dictaminado que el Servicio Canario de Salud (SCS) debe indemnizar a una mujer por el fallecimiento de su bebé durante el parto en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. El órgano autonómico no aprecia negligencia en la actuación de los profesionales sanitarios que atendieron a la afectada, pero entiende que debe estimarse la reclamación patrimonial que ha presentado porque no se adoptaron todas las precauciones y medidas de seguridad que exigía el caso, provocando una “pérdida de oportunidad” de que el embarazo prosperase. La resolución concluye que esa falta de control impidió que se pudiera practicar una cesárea a tiempo, una operación que, si bien no garantizaba un resultado óptimo, sí daba unas probabilidades de éxito que el Consultivo estima en un 75%.

La cantidad reclamada asciende a 200.000 euros, aunque el dictamen sostiene que debe ser la propia administración quien cuantifique el daño -físico y moral- producido a la paciente. 

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Una sentencia anula por abusivo el aval que unos padres firmaron para garantizar la hipoteca de sus hijos

Una reciente sentencia de un juzgado de La Laguna, en Tenerife, ha vuelto a evidenciar las prácticas abusivas de la banca en la comercialización de los préstamos hipotecarios durante la crisis. Entre la ristra de cláusulas declaradas nulas se encuentran las que fijan un tipo de interés mínimo (suelo) del 3,5%, una comisión de 15 euros en concepto de reclamación de posiciones deudoras (por tener la cuenta en números rojos), unos intereses por demora en el pago que se sitúan ocho puntos por encima del remuneratorio (el establecido en el crédito) o la que impone todos los gastos de formalización, con independencia de quién sea el beneficiario real, al cliente. 

Sin embargo, la que más destaca, por menos habitual, es la nulidad de la denominada cláusula de afianzamiento, la que equiparó en la categoría de deudor del banco a los hipotecados, una pareja residente en San Sebastián de La Gomera, y a los cuatro avalistas, sus padres.

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