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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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Canarias abre la puerta a la entrada de directivos privados en puestos de gestión en la sanidad pública

"Impulsar la gestión profesionalizada mediante el desarrollo de procedimientos abiertos de selección de puestos de gestión". Este objetivo, incorporado al Compromiso para la mejora de la sanidad pública en Canarias, un documento presentado a finales de 2017 por el Ejecutivo regional con una ficha financiera de 190 millones de euros y el respaldo de las organizaciones sindicales mayoritarias en el sector, colegios profesionales y asociaciones de pacientes y familiares, comienza a cobrar forma.

El Servicio Canario de Salud (SCS) se ha propuesto cambiar la fórmula para elegir al personal de alta dirección y, para ello, ha presentado una propuesta que ha despertado elogios, por cuanto supone la introducción de un proceso selectivo para acabar con las designaciones a dedo, pero también el recelo de un sector de los profesionales, que teme que se produzca el desembarco de directivos procedentes del ámbito privado en la sanidad pública.

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“La Audiencia de Las Palmas debió defender a los jueces ante el bochorno de acciones de personas concretas”

Carla Vallejo lleva diez años trabajando como jueza. Comenzó su carrera en Fuerteventura, en los juzgados de primera instancia, instrucción y de violencia contra la mujer. Con posterioridad fue trasladada  a su isla natal, Gran Canaria, donde ejerció en los partidos de Telde, San Bartolomé y la capital.

Miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el año 2009, también ha desempeñado funciones durante un año en una sección penal de la Audiencia Provincial. En la actualidad es titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

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“Es imposible compaginar un juicio complejo con las sustituciones que hacen los jueces de la Sección Sexta”

Hace exactamente una década, en 2008, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Con 21 años de experiencia, Pilar Parejo es la magistrada más antigua de entre las secciones penales de este órgano judicial. Desde 2005, es la máxima responsable de la Sección Segunda, encargada, entre otros, de los procesos por violencia de género.

Representante de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es también miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y delegada de Igualdad del alto tribunal de las islas.

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“La designación de Alba como ponente del caso Faycán fue aleatoria y no había forma de evitarla desde la Audiencia”

Emilio Moya nació en un pueblo de Cuenca hace 61 años, pero lleva tres décadas, toda su vida profesional, instalado en Canarias. Ingresó en la carrera judicial en 1998 y ha sido decano de los jueces en Santa María de Guía - por antigüedad-, decano en Las Palmas de Gran Canaria -por elección-, y miembro de la Sala de Gobierno del TSJC, entre otros cargos.

Asociado a Francisco de Vitoria, entre 2003 y 2005 se apartó temporalmente de la judicatura para ocupar el puesto de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, en un Ejecutivo liderado por Coalición Canaria (CC) gracias a un pacto con el Partido Popular (PP).

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Cuatro aspirantes optan a presidir una Audiencia de Las Palmas sumida en el descrédito por el caso Alba

Emilio Moya, Pilar Parejo, Juan José Cobo Plana y Carla Vallejo. Cuatro aspirantes para un cargo que debe despojarse de una pesada losa, el descrédito ciudadano ante el escándalo que sacudió la Audiencia Provincial de Las Palmas en mayo de 2016, con la difusión de una grabación en la que se escuchaba cómo un magistrado en activo, Salvador Alba, orientaba y preparaba la declaración judicial de un empresario al que investigaba por fraude fiscal, Miguel Ángel Ramírez, con el objetivo de perjudicar a la anterior instructora de la causa, la exdiputada Victoria Rosell, y allanar así el archivo de la causa.

El revuelo generado por el denominado  Albagate, un caso por el que el magistrado, ya suspendido en sus funciones, se acabará sentando en el banquillo acusado de seis delitos y con peticiones de hasta trece años y medio de cárcel, ha estado muy presente en las comparecencias de los candidatos a presidir la Audiencia Provincial ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el punto de que tres de ellos aludieron directamente en sus intervenciones de este martes a la crisis desatada en el seno del órgano judicial por este motivo.

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El ocaso del empresario Suárez Gil: "Era un VIP en Canarias y ahora estoy arruinado, me lo han quitado todo"

José Miguel Suárez Gil ha escenificado este martes en los juzgados su propia decadencia. El ex presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de 74 años, se sentaba en el banquillo de los acusados para responder por un presunto fraude fiscal vinculado a la operación de compraventa de un solar que la patronal de alimentación que presidía, Fedalime, tenía en la zona de La Ballena de la capital grancanaria. Y el polémico empresario, condenado a un año de cárcel en 2011 por  encañonar con una pistola con bala en la recámara y amenazar a su ahora exesposa, la abogada Josefina Navarrete, en la casa que ambos compartían en Tafira, ha protagonizado un espectáculo de agresividad verbal y gestual y ha aprovechado la ocasión para arremeter con dureza contra la reconocida letrada penalista, a la que responsabiliza de su declive económico y personal. 

"Mi patrimonio era de siete millones de euros. Tenía coches de alta gama, mi casa en Tafira... Era un VIP en Canarias", ha manifestado un altivo Suárez Gil recordando la época - década de los noventa y principios de siglo- en la que se convirtió en un referente del movimiento empresarial en las islas. Luego llegó el ocaso: su detención por el violento episodio en el domicilio familiar, la posterior  incautación de un arsenal de armas, su condena, los quebrantamientos de la orden de alejamiento y su ingreso en prisión.

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El TSJ de Canarias pone en entredicho la elección de los jefes de servicio en los hospitales de las Islas

Una sentencia dictada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) amenaza con tumbar los procedimientos celebrados en los últimos años en los hospitales públicos de las Islas para la elección de las jefaturas de servicio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ratificado la anulación del nombramiento del actual jefe de Cardiología del Hospital del Insular de Gran Canaria por la presencia en el tribunal calificador, en calidad de presidente, de un cargo de designación política, el gerente del complejo, Víctor Naranjo. Esta resolución judicial puede tener repercusión en otros procesos similares, puesto que el patrón se repite en todos los concursos de selección.

El TSJC se ha pronunciado por primera vez sobre  la orden vigente para la provisión de los puestos de jefatura de sección y de servicio de carácter asistencial en la sanidad pública canaria, firmada el 31 de octubre de 2012 por la entonces consejera Brígida Mendoza (Coalición Canaria). En esta disposición, el Gobierno regional dejó la presidencia de las comisiones de valoración en manos de los gerentes de los centros hospitalarios, personal directivo que es nombrado y cesado por el consejero del ramo.

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Una multinacional farmacéutica se cuela en un hospital público de Canarias a través de una fundación contra el cáncer

La  Fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (FICIC), una asociación sin ánimo de lucro, se ha convertido en el caballo de Troya para la entrada de una gran multinacional farmacéutica, Abbott SA, en el servicio de Oncología Radioterápica del hospital público Doctor Juan Negrín de Gran Canaria. Unas becas convocadas por la FICIC y financiadas en su integridad por el laboratorio estadounidense, uno de los diez mayores del mundo por volumen de ventas según la Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico, ha permitido a esta empresa colocar en los últimos cinco años, en distintos periodos, a tres trabajadoras dentro del servicio para realizar labores de valoración y soporte nutricional de pacientes oncológicos de cabeza y tracto aerodigestivo.

Abbott tiene intereses comerciales en el sector de los productos dietoterápicos. La multinacional vende los comúnmente denominados batidos nutricionales, vitales para pacientes quirúrgicos y con patologías crónicas como el cáncer, el SIDA o el síndrome de mala absorción, entre otras. En ocasiones, estos productos constituyen el único soporte nutricional para las personas que sufren estas enfermedades. Y el servicio de Oncología Radioterápica es, precisamente, uno de los que más prescribe estos batidos.

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La Seguridad Social cifra en 67 millones de euros la pérdida de recaudación por la falta de personal en Fuerteventura

El director de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas, Francisco Capellán, ha cifrado en 67 millones de euros la pérdida de recaudación en la isla de Fuerteventura por la falta de personal en la oficina del organismo en Puerto del Rosario. Como ya informó Canarias Ahora a principios de octubre, el déficit en medios humanos está impidiendo el cobro de determinadas deudas en vía ejecutiva y la tramitación de los expedientes de subasta de bienes embargados. 

La alarma saltó en la sesión de septiembre de la Comisión Ejecutiva de la Seguridad Social en Las Palmas. Los sindicatos con representación en la provincia oriental, CCOO y UGT, aseguran que en esa reunión Capellán  cuantificó la deuda en 77 millones y en once los años sin realizar una subasta.

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El fiscal sostiene que el juez Salvador Alba anuló la grabación inicial del caso Unión pensando en su propia defensa

El nombre del magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba,  suspendido de funciones tras la apertura de juicio oral en su contra por la presunta comisión de cinco delitos, ha estado muy presente en la vista celebrada este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para dirimir el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto con el que anuló la grabación inicial del caso Unión

Javier Ródenas, representante del Ministerio Público, sostiene que la decisión adoptada por el polémico juez, que había sido designado presidente del tribunal de jurado de la principal pieza de esta trama de corrupción en la isla de Lanzarote, tenía como finalidad "blindarse ante las acometidas procesales" en la causa en su contra, la que se instruyó en el TSJC por sus maniobras para perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell.

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