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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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Plante sindical en Justicia por el "desprecio" del Gobierno al caso de la funcionaria vetada por un juez

Los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias han abandonado este jueves la reunión ordinaria del Comité de Prevención de Riesgos Laborales en señal de protesta por el "desprecio" con el que, a su juicio, está tratando el Gobierno el caso de la funcionaria vetada por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván Mesa, durante las jornadas de guardia. Este juez ha ordenado a la Guardia Civil  en cuatro ocasiones expulsar a la trabajadora de las dependencias judiciales, alegando pérdida de confianza y atribuyéndole retrasos en la tramitación de las causas. 

Los delegados sindicales se sienten "ninguneados" por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez. Le acusan de no preocuparse ni siquiera en nombrar a un sustituto para presidir la reunión de este jueves, a la que no acudió por encontrarse en unas jornadas de trabajo en Madrid, y de no incluir en el orden del día la situación de la empleada pública afectada, a pesar de que Intersindical Canaria (IC) pidió el pasado 21 de agosto la convocatoria urgente de un comité extraordinario con el objetivo de que se adoptasen medidas inmediatas para proteger la salud de la funcionaria, que ha acabado en Urgencias con subidas de tensión cada vez que ha sido expulsada de los juzgados.

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Sanidad derivó 1,6 millones a San Roque a través de contratos menores del servicio de Oncología Radioterápica del Negrín

El servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Doctor Negrín, dirigido por el catedrático Pedro Lara, desvió en 2017, a través del área de Salud de Gran Canaria, un total de 260 tratamientos a Clínicas San Roque, derivaciones que reportaron a este centro privado 1,6 millones de euros, según información oficial de la Consejería de Sanidad contenida en la respuesta ofrecida a una pregunta parlamentaria del PSOE. Lara, que  dejó su cargo público como jefe de servicio en agosto tras publicar Canarias Ahora que trabajaba a la vez para el grupo hospitalario del que también procede el actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, institucionalizó en 2014 el envío sistemático de cinco pacientes a la semana a esta clínica, la principal de titularidad privada de la isla de Gran Canaria, sin que mediara concurso y con independencia de las necesidades del servicio y las fluctuaciones de la lista de espera. 

Para ello, la Consejería de Sanidad, entonces regida por Brígida Mendoza (Coalición Canaria), aplicó la fórmula de los contratos menores urgentes, una opción prevista en el decreto de homologación de los centros sanitarios del Archipiélago, aprobado en julio de 2006, y en una disposición adicional de la antigua Ley de Contratos del Sector Público, de 2011, entonces vigente. Así consta en una resolución firmada en abril de 2014 por el director del área de Salud de Gran Canaria, por delegación de competencias de la consejera, que adjudica a través de este procedimiento 40 tratamientos a la Clínica San Roque por un montante de 220.000 euros. 

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Una jueza concede por segunda vez la incapacidad a una matrona afectada por el síndrome del trabajador quemado

Francisca Barreto, una matrona de 42 años con plaza de interina en el Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, ha recuperado la pensión que perdió el pasado 1 de mayo. La jueza María José Andrade, sustituta en el Juzgado de lo Social número 5 de la capital grancanaria, le ha concedido la incapacidad permanente total al entender que aún persisten las patologías y las limitaciones que padecía en noviembre de 2015, fecha en la que, a través de una sentencia pionera, la empleada pública logró que le fuera reconocido el síndrome del trabajador quemado (burnout), que tiene su origen en el estrés laboral y el desgaste profesional y que causa un “grave daño” a la salud de quien lo sufre.

La matrona  se quedó el pasado mes de mayo sin la pensión por incapacidad que cobraba, con efectos retroactivos, desde noviembre de 2014. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictaminó, tras someterla a una valoración médica a finales de 2017, que la alteración ansioso-depresiva que padecía no alcanzaba un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral. Según este informe, no existía en este caso una patología psiquiátrica incapacitante, ni era preciso tratamiento psicofarmacológico ni había alteraciones conductuales que afectaran al trabajo. A la pérdida de su condición de pensionista, se le sumó el rechazo de la gerencia del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil a su reincorporación a la plantilla, ya que no forma parte del personal fijo.  

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Indignación tras la cuarta expulsión de una funcionaria del juzgado de guardia en Las Palmas: "Una toga no sirve para todo"

De "indignación desmedida" ha calificado este sábado el presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Las Palmas, Luis Piernavieja,  el sentir de los representantes de los trabajadores tras una nueva expulsión, la cuarta en poco más de un mes, ordenada por el magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital grancanaria, contra la funcionaria a la que ha vetado durante las jornadas de guardia, con la consiguiente pérdida del complemento salarial, alegando "pérdida de confianza". 

"Una toga no sirve para todo y esto debe tener un límite", ha advertido Piernavieja, que insiste en que el juez se ha atribuido funciones sancionadoras que corresponden al Gobierno de Canarias.

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El Gobierno canario ‘se lava las manos’ en el conflicto entre un juez de guardia de Las Palmas y la funcionaria vetada

El Gobierno de Canarias se ha puesto de perfil en  el conflicto laboral abierto en la Administración de Justicia de Las Palmas por la decisión del magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital grancanaria, de prohibir a una funcionaria ocupar su puesto durante las jornadas de guardia. Este juez ha ordenado ya en tres ocasiones a la Guardia Civil la expulsión de la trabajadora, a la que atribuye falta de diligencia y retrasos en la tramitación de las causas. Para ello se agarra a una resolución de 2016, una notificación oficial sobre un expediente abierto a la empleada pública por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, finalmente archivado.

Por un lado, el Gobierno regional da la razón a la afectada y a la Junta de Personal, que denuncian que el magistrado se ha arrogado funciones sancionadoras que corresponden al Ejecutivo. Según un escrito al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, se ha dirigido al juez Luis Galván para informarle de que la funcionaria no ha sido expedientada ni sancionada ni suspendida de empleo, por lo que no hay ninguna razón que le impida llevar a cabo las funciones que tiene atribuidas. El Gobierno regional precisa en ese escrito que tampoco hay constancia de ninguna resolución que prive a la trabajadora de hacer las guardias.

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El juez Salvador Alba pretendía absolver al PP en el caso Faycán 'olvidando' facturas y a un cargo del partido

"El Partido Popular de Telde no puede tener una responsabilidad civil subsidiaria cuando sus representantes no tienen una responsabilidad penal". La frase está recogida en el décimo punto del  voto particular emitido por Salvador Alba en la sentencia del caso Faycán, notificada este miércoles a las partes. El polémico magistrado pretendía exonerar al PP de la devolución de una factura amañada de 740 euros, la cantidad reclamada por la Fiscalía, al entender que no existe "prueba alguna directa o indirecta que demuestre que las obras de reforma en la sede de dicho partido se sufragaran con dinero público del Ayuntamiento de Telde, lo que excluye, incluso, la participación del partido a título lucrativo". 

Olvidó Alba que uno de los procesados que se confesaron autores de los hechos, José Luis Sánchez, asesor de María del Carmen Castellano, entonces concejala de Desarrollo Local, era, en el momento de los hechos, secretario del comité local del PP en Telde. En la declaración que prestó el 19 de enero en el juicio del caso Faycán, Sánchez admitió la financiación irregular de la sede del partido en el barrio de Arnao y señaló a Francisco Gordillo, asesor de la cabecilla de la trama, la ya fallecida María Antonia Torres, como su muñidor. Las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación le incriminaban y comprometían también a su jefa, que ha sido finalmente absuelta.

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El juez Alba usa la sentencia de Faycán para atizar a los medios por el "escarnio" a los acusados por corrupción

El magistrado Salvador Alba, que deberá sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados para responder  por la presunta comisión de cinco delitos en la operación maquinada contra la también jueza Victoria Rosell para perjudicar su carrera política y profesional, ha aprovechado el voto particular emitido en la sentencia de caso Faycán para criticar el "escarnio" al que, en su opinión, someten los medios de comunicación a los procesados en causas de corrupción como la que se ha enjuiciado, que se ha prolongado, desde la primeras detenciones, más de una década.

"Diez años de publicación en medios de comunicación, de calificativos hacia todos los implicados y de evidente intención de crear una corriente de opinión que, desde luego, no ha debido resultar fácil de soportar o llevar para ninguno de los hoy acusados. Ni para los que reconocieron los hechos ni para aquellos que, sin reconocerlo, se sometieron a un juicio de tres meses y, ante la ausencia de pruebas, hoy son declarados absueltos", expone el magistrado en el último punto de su voto particular.

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El tribunal de Faycán reduce la trama de comisiones ilegales a "una empresa familiar" que ignoraba el alcalde del PP

La sentencia del caso Faycán, notificada este miércoles a las partes, reduce  la trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007, con el Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) en el gobierno local, a "una suerte de empresa familiar" dirigida por la ya fallecida María Antonia Torres, a la sazón concejala de Obras Públicas, junto a su marido, Enrique Orts, entonces interventor municipal, y su asesor, Francisco Gordillo, "el conseguidor". El tribunal sostiene que, de las pruebas practicadas durante el juicio, no puede deducirse que el alcalde en la época enjuiciada, Francisco Valido, del PP, hubiera percibido alguna mordida de los empresarios ni que tan siquiera estuviera al tanto de los manejos de su compañera de partido. 

El voto particular del magistrado Salvador Alba, asumido, en lo que se refiere a la responsabilidad de Valido, por sus compañeros de sala -Carlos Vielba y Oscarina Naranjo-, califica los indicios contra el exalcalde de Telde de meras "conjeturas" sobre las que "no puede construirse una condena penal" La resolución judicial, que a lo largo de sus 145 páginas deja varias píldoras contra la investigación de la Brigada de Información de la Policía Nacional, resta valor al informe de la Agencia Tributaria que  atribuyó al dirigente popular y a su esposa ingresos sin justificación por valor de 90.000 euros y lo contrapone a la pericial "armada y contundente" presentada por la defensa de Valido.

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El juez Salvador Alba sigue en activo y de baja cuatro meses después de que el TSJC lo enviara a juicio por cinco delitos

A punto de cumplirse cuatro meses desde que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona decidiera enviarle a juicio por la presunta comisión de cinco delitos, Salvador Alba sigue siendo, a todos los efectos, incluidos los económicos, un juez en servicio activo, aunque permanece de baja médica prácticamente desde la misma fecha. Según han confirmado a C anarias Ahora fuentes judiciales, el TSJC no le ha notificado aún  el acuerdo de suspensión cautelar de funciones adoptado el pasado 19 de julio por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Es al tribunal canario a quien corresponde notificar y ejecutar esa medida cautelar, según ha explicado a este periódico el gabinete de prensa del órgano de gobierno de los jueces, que ha añadido que el traslado del acuerdo de la Comisión Permanente al TSJC para que diera cumplimiento al mismo fue inmediato.

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La reforma electoral canaria encara la cuenta atrás con lagunas que amenazan su entrada en vigor antes de las autonómicas

Canarias afronta el inicio del curso político con los comicios autonómicos de 2019 en el horizonte y el reto de llegar a esta cita con un nuevo sistema electoral que destierre, tres décadas después, el modelo vigente, el más desproporcionado del mundo según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. La posibilidad de acabar con la actual fórmula, la que ha perpetuado a Coalición Canaria (CC) en el poder y le ha permitido ser la primera fuerza política en diputados en el Parlamento regional aun siendo la tercera en número de votos, la que propicia que la papeleta de un ciudadano de El Hierro valga 17 veces más que la de un residente en Gran Canaria o Tenerife, parece más cercana que nunca tras la aprobación en el Congreso, el pasado 25 de julio, del informe de la ponencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, que incluye la modificación del sistema electoral.

Este texto, que aún debe ser refrendado por el pleno de la Cámara Baja tras la reanudación de la actividad parlamentaria en septiembre y superar otro trámite en el Senado antes de su promulgación, supone un avance importante tras años de estancamiento. Sin embargo, la reforma electoral blindada en el Estatuto no ha logrado despejar todas las incógnitas sobre su entrada en vigor ni ahuyentar fantasmas de fracasos pasados, como el último, en 2008.

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