El juez adjudica los hoteles de Santana Cazorla al grupo Martinón por 85 millones de euros

El juzgado de la Plaza 1 de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado al grupo Martinón los hoteles subastados en el concurso de acreedores de Santana Cazorla, unos activos por los que también pujaba Lopesan. En un auto dictado este martes, el juez Alberto López Villarrubia resuelve la disputa que mantienen desde hace cerca de un año los dos gigantes del turismo en las Islas por hacerse con los hoteles Valle Taurito, Costa Taurito y Lago Taurito, en Mogán, y con la concesión del Hotel Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana. 

Tras un proceso de venta gestionado por una entidad especializada, se presentaron dos pujas máximas por esos activos de la concursada Mar Abierto, perteneciente al otrora potente holding empresarial de los hermanos Santana Cazorla. El grupo Martinón presentó una oferta de 85 millones de euros a través de su sociedad División Turística Valle Taurito. La propuesta de Lopesan, mediante su filial Isla Marina, era 1.000 euros superior. 

Sin embargo, el juez ha dictaminado que no rige el criterio estricto de una subasta pura, donde gana quien ofrezca más dinero, sino “un procedimiento híbrido” donde se deben valorar otros elementos, como la subrogación de contratos o la postura de los trabajadores. Y es por ese motivo por el que ha decidido otorgar esos hoteles al grupo Martinón, en un auto que no es firme. 

Fue el propio administrador concursal, Amalio José Miralles, quien elevó un informe razonado a favor de la adjudicación al grupo Martinón aludiendo a tres factores que luego el juez hizo suyos para resolver el “empate técnico” del precio. 

Por un lado, el “grave perjuicio” que, en su opinión, suponía la decisión de Lopesan de no asumir el contrato para la explotación del parque acuático y el aparcamiento que da servicio a los hoteles. Según el administrador, esta exclusión hubiera ocasionado un perjuicio económico a la concursada (Mar Abierto), al tener que asumir indemnizaciones y posibles demandas, ya que el parque es un reclamo incluido en los paquetes vacacionales. 

Por otro lado, el auto hace referencia a la aceptación por parte de Martinón de que los derechos de cobro frente a turoperadores, estimados en 2,5 millones de euros, se quedaran en la masa activa del concurso para beneficio de los acreedores. Lopesan exigía que la cesión fuera a su favor, lo que “habría minorado” el patrimonio del concurso, recoge la resolución.

El tercer factor es la preferencia de los representantes de los trabajadores por la proposición presentada por Martinón, que se comprometía a subrogar a todo el personal con contrato laboral vigente en la fecha de transmisión, manteniendo su antigüedad y los derechos adquiridos. Isla Marina, en cambio, excluía a aquellos que estaban en situación de excedencia.

Desestimadas las alegaciones de Lopesan

El auto desestima las alegaciones presentadas por Lopesan, que defendía que su oferta era superior y que la de Martinón era “inválida” porque vinculaba la adjudicación del lote de los hoteles con el de los locales. El juez hace alusión a resoluciones previas en las que acordó que la subasta debía resolverse separando los lotes y que, por tanto, no se iban a tener en cuenta esas vinculaciones que condicionaban la compra de un lote a otro.

También incide el magistrado en que no se trata de una “subasta estricta” de mejor precio y que la exclusión de la subrogación del contrato del parque acuático o la retención de cobros pasados de turoperadores perjudicaban a la concursada. Lopesan sostenía que el administrador concursal había aplicado una norma sobrevenida en los criterios de adjudicación.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pidió suspender la cesión del Hotel Las Tirajanas por existir un expediente de resolución de la concesión administrativa. El juez lo rechaza, indicando que Martinón asume el riesgo legal de ese expediente.

El auto da diez días a División Turística Valle Taurito para que consigne los 85 millones de euros en la cuenta del juzgado. Ese plazo comenzará a contar desde que la resolución adquiera firmeza. De momento se puede recurrir en reposición (ante el mismo juez).