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Carlos Sosa

Cuando empecé en esto no había ordenadores en las mesas (1982, qué año). Pero servía la Olivetti. Buenísima. Fumábamos en la Redacción y nos comíamos el mundo de la mañana a la noche. Sobre todo por la noche. En 2000 un empresario me engañó y terminé lanzando junto a otros incrédulos compañeros el primer periódico canario nativo, CANARIAS AHORA, del que soy director, relaciones públicas y lo que surja. Ya no fumo. Me sigue apasionando el periodismo. Desde la mañana a la noche.

Negrín, en la Fiscalía; Clavijo, en un brete

A un mes escaso de que todo pueda irse al carajo en la Radio Televisión Canaria, el Gobierno de Canarias sigue sin proponer el nombre de una persona que sustituya a Santiago Negrín, el artífice del mayor caos que ha vivido jamás un ente público archipielágico.  El 30 de junio expira la prórroga de la que disfruta la productora adjudicataria de la prestación de los servicios informativos y de la continuidad de las emisiones de Televisión Canaria (el canuto por el que pasa toda la programación del medio), y a estas alturas no se sabe quién va a embridar el asunto y, sobre todo, cómo.

El Gobierno de Coalición Canaria busca desesperadamente a un incauto o incauta que, a título de administrador único, sea capaz de conjugar la legalidad vigente con una explosión controlada que impida que sus decisiones se vuelvan en contra de su antecesor y, consecuentemente, contra quienes lo nombraron y lo mantuvieron en el cargo a pesar de las constantes evidencias de que los problemas no se solucionaban sino que se complicaban por momentos.

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Sanidad califica de “anormal” la baja médica del juez Alba, que no es válida para su mutualidad

La baja médica que impide en estos momentos que el Consejo General del Poder Judicial suspenda en sus funciones al juez Salvador Alba Mesa es “anormal”, según confirmó este martes a Canarias Ahora una fuente autorizada del Servicio Canario de la Salud tras comprobar que el facultativo que la firma no tiene concedida la compatibilidad para trabajar en el sector privado. La portavoz de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial de Las Palmas, a la que está acogido el magistrado, sostiene por su parte que ninguna baja médica tiene validez si no está firmada por algún facultativo incluido en el cuadro médico de la aseguradora escogida por el funcionario en cuestión.  El doctor Sergio Hernández no aparece en el cuadro médico de ninguna de las cinco aseguradoras con las que sostiene convenio en Canarias la Mutualidad General Judicial. Por lo tanto, la baja médica de Salvador Alba Mesa no es válida.

Alba mintió este lunes cuando dijo a diversos medios de comunicación que la baja se la firmó su “médico de cabecera” porque Sergio Hernández no lo puede ser ni en el sistema público de salud ni en la sanidad privada. En el primero, porque el paciente no está acogido a tal asistencia, y en el segundo porque el facultativo no tiene adscripción a la mutualidad que atiende al magistrado.

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Palabra de Alba

Además de ser el presunto  autor de cinco lindos delitos que le conducirán en breve al banquillo, del magistrado Salvador Alba Mesa también se puede decir que es un embustero redomado. De la escuela de su mentor y compañero de confidencias en Salinetas José Manuel Soria.

Después de más de dos años de instrucción, que acaba de concluir con la apertura de juicio oral, el magistrado cordobés ha decidido que ha llegado el momento de soltar la lengua a paseo y lanzar al mundo insinuaciones muy graves sobre el comportamiento de algunos de sus compañeros de la magistratura. Y no precisamente de Victoria Rosell, sobre la que ya se ocupó en su momento de verter todo tipo de acusaciones que alimentaron la querella de José Manuel Soria, finalmente archivada por tratarse de imputaciones falsas.

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EXCLUSIVA | Un médico acusado por falsificación firma la baja de enfermedad que libra al juez Alba de ser suspendido

El médico que firma la baja por enfermedad del magistrado Salvador Alba Mesa no es su facultativo de cabecera, ni en la sanidad pública ni en la privada a través de la Mutualidad General Judicial (Mugeju) a la que el juez está acogido como trabajador de la Administración de Justicia. Sergio Hernández Sánchez, sobre el que pende una petición fiscal de seis años de cárcel por supuestamente haber manipulado el historial médico de su exmujer, presta sus servicios en el Centro de Salud de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que su presunto paciente vive en la ciudad de Telde, a casi 20 kilómetros de distancia. El doctor Hernández confirmó el viernes a este periódico que Salvador Alba “está de baja porque tiene que estar de baja, porque está enfermo”. Según el Colegio de Médicos, no pasa consulta privada, y según el Servicio Canario de la Salud, si Salvador Alba no está en su cupo de pacientes, la baja es irregular y será investigada.

Salvador Alba pretendía reunirse el viernes con los otros dos magistrados con los que formó tribunal para enjuiciar el llamado caso Faycán, una trama de corrupción del Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde entre los años 2003 y 2006. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 12 de marzo y, a pesar de que la Audiencia Provincial lo liberó de toda carga de trabajo a finales de abril, la sentencia sigue sin estar acabada. Su situación de incapacidad laboral transitoria le impide trabajar, al menos teóricamente.

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Negrín deja a la televisión pública canaria sin informativos, sin señal y sin audiencia

Ni siquiera al dimitir, Santiago Negrín lo ha hecho pacíficamente.  En su carta dirigida a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, el expresidente de Radio Televisión Canaria (RTVC) no ha dejado títere con cabeza: ha disparado contra los partidos políticos por hacer “política partidista”; contra el Parlamento por haber sometido a “una vergüenza” a las dos candidatas al consejo rector de RTVC que no pudieron ser elegidas; contra el consejo rector que presidía por los obstáculos que le puso, y por supuesto, contra la empresa adjudicataria de los servicios informativos de la Televisión Canaria, Videoreport, por haberle asaetado con recursos y acciones ante los tribunales de justicia y por insinuar que servía a intereses de la competencia. Ninguna concesión a la autocrítica, porque el hasta ahora presidente de RTVC  se marcha sin haber sido capaz de adjudicar el concurso de informativos y sin convocar y resolver el concurso de transporte de señal, que dejó prorrogado sin la bendición de la interventora general de la Comunidad Autónoma. Además, Negrín deja una televisión bajo mínimos, con sus cotas más bajas de audiencia y de credibilidad, y con los trabajadores más desconcertados que nunca.

Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife parece haber sido la excusa de Santiago Negrín para renunciar. En esa resolución no se toma ninguna medida definitiva, simplemente se acepta el desistimiento de Videoreport a las medidas cautelares de suspensión del concurso del que finalmente ha resultado ganadora. Pero el juez introduce varios pasajes que dejan claro por dónde podría ir su sentencia cuando entre en el fondo del asunto: Santiago Negrín nunca fue competente para pilotar y adjudicar el concurso de informativos de Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años (2018-2026). Un golpe en la línea de flotación de toda la estrategia legal que durante todo este tiempo han venido desplegando Negrín y su equipo jurídico habitual, encabezado por el letrado tinerfeño Carlos Cabrera, que el juez aprecia contrario a la ley 13/2014 de Radio Televisión Pública de Canarias.

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Se cumplen los peores presagios: el juez Alba insinúa que no pondrá la sentencia del caso Faycán

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas hizo todo lo posible por aligerar la duración del juicio del  caso Faycán  alcanzando acuerdos con 20 de los 28 acusados por esta trama de corrupción que protagonizaron dos exalcaldes y altos cargos del Partido Popular en la ciudad de Telde en el mandato 2003-2007. Luis del Río, el fiscal, pretendía así evitar que el juicio pudiera sufrir las consecuencias derivadas del proceso penal que ya pendía sobre el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Salvador Alba. Y los hechos parecen confirmar los peores presagios.

El juez ha informado que está de baja médica y que es muy probable que no pueda estar disponible para la deliberación y voto de la sentencia con sus otros dos compañeros de tribunal el próximo día 18. Y no solo por su incapacidad laboral, que ha relatado al periódico Canarias7 sin especificar la dolencia por motivos de privacidad, sino también porque, si funciona el protocolo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su comisión permanente habría de suspenderlo en su reunión del día 17, una vez se reciba en ese organismo  el auto de apertura de juicio oral que dictó esta semana la magistrada instructora de su causa, Margarita Varona.

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El dueño de un 'after hour' ilegal en Agüimes está detrás de la denuncia contra Antonio Morales en la Fiscalía

Un empresario del sector del ocio, propietario del local after hour Zona 13, es el promotor de  la denuncia ante la Fiscalía contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, por las presuntas irregularidades en la contabilidad del Ayuntamiento de Agüimes de 2013. Precisamente es en Agüimes donde se encuentra Zona 13, un establecimiento que no cuenta con ningún tipo de licencia y sobre el que se substancia en estos momentos un expediente administrativo que en breve concluirá con una orden de clausura, según han confirmado fuentes municipales.

Pero el firmante de la denuncia no es el empresario Samuel Yebra, que es como se llama el dueño de este negocio ilegal, sino uno de sus colaboradores en ese local, Norberto Jonay Pérez Peña, que se prestó a estampar su firma en la denuncia que en realidad ha promovido su jefe. Pérez Peña aparecía profusamente fotografiado en su perfil de Facebook en instantáneas captadas en ese local de ocio hasta el momento mismo en el que una periodista de Canarias Ahora contactó con su propietario, Samuel Yebra. A partir de entonces, Jonay Pérez Peña dejó de tener cuenta en esa popular red social.

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Negrín, nuestro Cifuentes

Cristina Cifuentes sabía que era impepinable su caída desde el momento en el que se descubrió que habían falsificado su expediente académico para otorgarle un gracioso master en financiación autonómica. Se mantenía a duras penas mientras duró su pulso con el Partido Popular y éste la respaldaba con vítores para que mantuviera a raya a Ciudadanos, ese invento maléfico de la derecha salvaje que los populares no saben ahora cómo gestionar.

El empeño de la expresidenta de Madrid alcanzó cotas esperpénticas y fue un revés inesperado (la difusión de un viejo vídeo grabado tras un hurto en un supermercado) lo que precipitó lo inevitable.

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El caos paraliza la gestión de Radio Televisión Canaria

Nadie sabe en Radio Televisión Canaria cómo evitar que el 1 de julio próximo la televisión pública se vaya a negro. Ni siquiera cómo garantizar que el transporte de la señal para ese medio y para la radio se pueda mantener mucho más tiempo, toda vez que, tres meses después de haber sido adjudicado por la vía de urgencia el concurso correspondiente, lo mantiene vetado la Intervención General de la Comunidad Autónoma por defectos de fondo que, de momento, parecen insubsanables.

Santiago Negrín, el presidente del ente, es incapaz siquiera de conseguir que el Gobierno le designe de entre los funcionarios de la Comunidad Autónoma un secretario o secretaria que permita constituir el consejo rector desde el que, previa transformación en junta general de accionistas de Televisión Pública de Canarias, SA (TVPC, SA), emitir el informe preceptivo pero no vinculante para adjudicar el concurso de informativos que acaba de ganar de manera inesperada el actual contratista, Videoreport Canarias.

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Soria y Alba, como si no se conocieran

Antes era el lugar en el que ambos fueron vistos en más de una ocasión departiendo amistosamente. Ahora casi da la impresión de que se esquivan. José Manuel Soria ya no es ministro de Industria, Energía y Turismo, sino un consultor internacional que se gana la vida explotando los contactos que atesoró durante sus más de veinte años en la política pública. Salvador Alba Mesa es un magistrado bajo sospecha que quedará automáticamente suspendido como juez en cuanto una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decrete apertura de juicio oral  por la presunta comisión de cuatro delitos graves cometidos en el ejercicio de su función jurisdiccional (cohecho, falsedad, prevaricación judicial y revelación de secretos).

Ambos, el empresario y el juez en capilla, coincidieron la noche de este lunes en la misma terraza, La Gabarra, un lugar céntrico, casi inevitable de la playa de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde. Esa misma mañana el TSJC había comunicado al juez que su última bala para esquivar el banquillo de los acusados la había gastado sin éxito: se inadmitía su recurso contra el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, la antesala al juicio oral, cuya fecha se señalará en cuanto se constituya un tribunal formado por tres magistrados o magistradas. Por eso quizás se le notaba decaído y taciturno en su larga charla con su hermano Francisco Alba, cirujano en Hospiten Roca, en la urbanización turística de San Agustín (San Bartolomé de Tirajana), y muy activo en las redes sociales tanto en aspectos muy técnicos propios de su profesión, como a favor de las tesis más conservadoras del Partido Popular cuando de hablar de política se trata.

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