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Carlos Sosa

Cuando empecé en esto no había ordenadores en las mesas (1982, qué año). Pero servía la Olivetti. Buenísima. Fumábamos en la Redacción y nos comíamos el mundo de la mañana a la noche. Sobre todo por la noche. En 2000 un empresario me engañó y terminé lanzando junto a otros incrédulos compañeros el primer periódico canario nativo, CANARIAS AHORA, del que soy director, relaciones públicas y lo que surja. Ya no fumo. Me sigue apasionando el periodismo. Desde la mañana a la noche.

El alcalde de La Laguna maniobra tentando al PP con cargos remunerados para evitar la moción de censura

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, ha ofrecido al Partido Popular ocupar la presidencia de comisiones municipales de control político y de reclamaciones de la ciudadanía, remuneradas y previstas en la Ley de Grandes Ciudades, para sortear de nuevo una moción de censura que se viene cociendo estas últimas semanas entre todas las fuerzas de la oposición. En la operación son imprescindibles los cuatro votos del PP, cuyos dirigentes ya habían participado en al menos dos conversaciones para promover la censura a Díaz, que gobierna en estos momentos apoyado por los siete concejales de CC, dos del PSOE afín al sector oficial y el exconcejal socialista Zebenzuí González, expulsado tras unos mensajes machistas enviados a través de su WhatsApp.

Las negociaciones para integrar a los populares en los círculos del poder municipal las ha llevado el alcalde de La Laguna con el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, y con el dirigente lagunero Pedro Suárez sin contar con el portavoz municipal del partido en el consistorio de La Laguna, el senador Antonio Alarcó, ni con el presidente regional de la formación conservadora, Asier Antona. Alarcó y Antona ya habían dado el visto bueno a la moción de censura contra el alcalde lagunero y habían conseguido el compromiso de los demás firmantes para designar al portavoz popular presidente del pleno corporativo, una figura a modo de la presidencia de un parlamento, poco frecuente pero también prevista en la Ley de Grandes Ciudades.

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Primer contrato a dedo del administrador de RTVC, que los censuraba en la Audiencia de Cuentas

“Sin cumplir con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, méritos y capacidad”. Así acaba de contratar el administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, a un director de Operaciones, sin cumplir con las exigencias que él mismo imponía de ese modo literal en sus informes como auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Porque el entrecomillado es suyo y lo plasmó en un informe el pasado 22 de diciembre de 2017 al censurar la contratación de tres directivos a dedo, uno en la radio y los otros dos en Televisión Canaria, en el mismo ente público en el que ahora ha hecho esa misma contratación.

Naranjo Sintes considera aquellas apreciaciones suyas como “una interpretación” de las estrictas normas de contratación de personal que rige para las administraciones y las empresas públicas y que están dando lugar a una cascada de sentencias anulando contratos como el de  la directora de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el del director de la Fundación Auditorio y Teatro de la misma ciudad.

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El Diputado del Común desmantela el equipo de juristas de la institución para 'enchufes' del PP y el PSOE

El nuevo Diputado del Común, el doctor en Periodismo Rafael Yanes, ha tenido que desmantelar gran parte del equipo de juristas de la institución para hacer hueco a la demanda de compromisos del Partido Popular y del Partido Socialista, que pactaron junto a Coalición Canaria la renovación de los organismos dependientes del Gobierno de Canarias.

Algunos de los técnicos destituidos (“asesores”, según la terminología utilizada en la ley que regula el Diputado del Común) llevan ocupando esa plaza veinte años, es decir, fueron nombrados por Fernando Giménez y renovados sucesivamente por Manuel Alcaide y Jerónimo Saavedra. “De todos ellos me ha dado muy buenas referencias mi antecesor”, ha dicho a este periódico Rafael Yánes, pero las imposiciones de los tres grupos parlamentarios que negociaron e impusieron la nueva composición del Diputado del Común, de la Audiencia de Cuentas y del Consejo Consultivo, le obligan a prescindir de al menos cinco de los doce que hasta ahora formaban parte de ese equipo de técnicos, que son los responsables de elaborar todos los informes de la institución.

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Clavijo veta a Patricia Hernández; Bermúdez se asusta con Llanos; Mauricio conspira

Episodio 1. Fernando Clavijo veta a Patricia Hernández. Parlamento de Canarias. Causa baja en la Mesa de la Cámara el socialista Héctor Gómez, designado in extremis director general de Turespaña tras ver frustradas algunas de sus apetencias como secretario de Estado de Comercio. O algo similar, que no estábamos para exigencias. La vacante debería corresponder al PSOE y el nuevo secretario insular de Tenerife, Pedro Martín, reclama que sea Patricia Hernández, víctima doble de una alcaldada (con perdón) del presidente del Gobierno y de la bisoñez primeriza de Ángel Víctor Torres, secretario regional, al que le costó creérselo. Pero Torres acepta que sea Patricia Hernández la nueva integrante de la Mesa del Parlamento, resarciéndola así de la purga a la que la sometió cuando la pasó de vicepresidenta ganadora de las elecciones a diputada de a pie. Coalición Canaria reacciona: Clavijo no quiere a Patricia en ninguna foto, y menos ascendida por el PSOE que acaba de refundar Pedro Sánchez. Ruano, el portavoz coalicionero, tienta a Podemos: oye, que esta es tu oportunidad después de que yo te vetara tantos nombres en tantos otros órganos dependientes del Parlamento. Pide esa plaza, que te apoyo. Podemos entra al juego inicialmente, hasta que descubre la maldad: dejar fuera a una mujer que sustituye a un hombre por una vendetta de Clavijo. Mal asunto ese de aprovecharse de circunstancias tan puercas. Que sea Patricia, han dicho. Se la comerá Ruano; se la comerá Clavijo. Con papas, dicen.

Episodio 2. Llanos lanza el primer aviso. La maquinaria propagandística de Coalición Canaria ya está a pleno rendimiento:  guaguas, bocadillos de mortadela, rondallas y soflamas de canariedad inundan el panorama folclórico tinerfeño desde hace ya más de dos meses para ir calentando los estómagos (todavía agradecidos, pero ya veremos) de tantas personas que viven azocadas por ATI-CC. Carlos Alonso se come, al ritmo que caen los bocatas de mortadela, todas las carreteras de Tenerife una por una, sin conseguir que el salvífico Gobierno de Fernando Clavijo sin el PSOE pero con el brillantina de Pablo Rodríguez, le resuelva el clamoroso caos circulatorio de la isla que el Cabildo es incapaz de embridar. En La Laguna crece la ola del caso grúas y del caso prórrogas, sin que se descarten a estas alturas intentos eternamente aparcados. Ante panorama tan deprimente, en el partido omnipresente resalta la figura del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, tocado como mirlo blanco de la causa (otra vez, ¿viste?) por una parte de la muy engrasada prensa de Tenerife. Recuperaremos el suelo contaminado de la refinería de Cepsa para la capital para una “ciudad nueva”,  volverá la capital a ser la capital que siempre ha sido, la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos… mientras el PP, socio en el gobierno municipal, mata moscas con el rabo. De ahí que la aparición repentina de Ángel Llanos como posible candidato a la alcaldía por los populares haya hecho resucitar viejos fantasmas y la posibilidad -encuestas en la mano- de un pulso interesante en mayo del año que viene.

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El juez Alba se esconde del agente judicial y evita pagar una multa por grabar a sus compañeros de la Audiencia de Las Palmas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo había sancionado con una multa de 500 euros por una falta leve de desconsideración a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero el agente judicial que reiteradamente visitó su casa en el municipio de Telde no logró notificarle la sanción y ésta ha prescrito. El magistrado Salvador Alba Mesa ha vuelto a aplicar con éxito una de las tácticas que mejor resultado le está dando desde que cruzó la línea de la decencia para dedicarse a sortear la justicia, en cuya defensa -teóricamente- había trabajado estos últimos veinte años. Esconderse del agente judicial le ha permitido, por ejemplo, continuar ejerciendo como magistrado durante más tiempo del que reglamentariamente era razonable. Al no poder notificársele el plazo de diez días que la ley le otorga para alegar contra su suspensión cautelar, aun hoy - dos meses después de que se le abriera juicio oral- continúa disfrutando de su condición de magistrado.

El Consejo General del Poder Judicial, incapaz de localizar al juez Alba para notificarle su expediente de expulsión, abierto tras sus manejos contra Victoria Rosell, tuvo que publicar tres anuncios consecutivos en el Boletín oficial del Estado (BOE) en abril de 2017. Entonces, sin embargo, el expedientado no estaba de baja ni de vacaciones y se le podía ver por los pasillos de la Ciudad de la Justicia, presidiendo juicios e incluso haciendo sustituciones en juzgados unipersonales. Hacía vida normal pero nadie lograba notificarle.

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Se cierra el círculo para el primer ‘pucherazo’ de la era Cardona en Puertos de Las Palmas

El primer pucherazo de Juan José Cardona al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, se acerca a su materialización. Ocho de los diez aspirantes al puesto de jefe o jefa de la División de Comunicación y Relaciones Externas no han pasado el primer corte, según publicó este viernes el organismo en su web oficial. Los dos que por el momento podrán optar a la final tienen un perfil muy marcado: uno de ellos fue el responsable de prensa del Cabildo de Gran Canaria en la etapa de José Manuel Soria, y la otra ocupó el mismo puesto al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuando el alcalde era precisamente Juan José Cardona.

El primero de ellos, Héctor Pérez Quevedo, abandonó el entorno del Partido Popular, después de ejercer de responsable de comunicación de José Miguel Bravo de Laguna (2011-2015) y en estos momentos es el responsable de cierre del periódico Canarias7. Cristina Rodríguez, sin embargo, es una persona todavía muy cercana al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que apenas lleva dos meses en el cargo. La aspirante ocupa plaza de asesora del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad con un sueldo de 28.000 euros. Y es en ella en la que se fijó toda la atención cuando Cardona hizo pública la convocatoria de esa plaza de “personal laboral temporal” sin especificar duración ni salario, lo que no impidió que, además de Rodríguez, se presentaran otras diez personas.

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El Ayuntamiento de La Laguna paga 8.000 euros para propaganda del grupo de gobierno

El Ayuntamiento de La Laguna ha gastado 8.000 euros (más 560 de IGIC) en la publicación de ocho páginas de propaganda política en la edición de julio de una revista mensual llamada Tribuna de Economía, bajo el epígrafe "Invertir en La Laguna, la mejor inversión". Se trata de un especial inserto en otra publicación, de nombre Tribuna de Tenerife, de otras 44 páginas, nueve de las cuales se destinan a contenidos relacionados con Coalición Canaria y sus gobiernos (Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno canario), y dos al PSOE de La Laguna, cuyo sector oficial mantiene un pacto de gobierno con los nacionalistas encabezados por el alcalde José Alberto Díaz.

El máximo responsable municipal aprovecha el espacio que se le cede en Tribuna de Tenerife a cambio de la publicidad que paga en Tribuna de Economía para conceder una amplia entrevista que ocupa dos páginas en la que arremete contra la oposición municipal, de la que llega a decir que “es destructiva”, y que “no ha aportado nada positivo en la construcción del municipio”.

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La reaparición de Soria

Australia Navarro fue la primera en restar importancia a la reaparición de José Manuel Soria en el Partido Popular de Canarias. Dijo a los periodistas que es un afiliado del PP y que, por lo tanto, tiene perfecto derecho a presentarse a compromisario del congreso nacional de los próximos días 20 y 21. Es Australia Navarro, presidenta del PP de Gran Canaria, la dirigente de los populares canarios señalada como la heredera de los principios políticos de quien lo fue todo en el partido, y la que hizo valer su memoria y su influencia en una reciente reunión del grupo parlamentario en el que se decidía respaldar o no a Coalición Canaria en el conflicto de Radio Televisión Canaria. A Antona no le gustaba José Carlos Naranjo Sintes como administrador único del ente público y dijo algo parecido a mandarlo a tomar por saco. Australia Navarro se le tiró al cuello y le dejó claro que “nuestro hombre es Sintes y el jefe ha dicho que lo vamos a apoyar”. El poder.

¿El jefe? El jefe sigue siendo en algunos ambientes del PP canario José Manuel Soria, que según estas fuentes continúa moviendo algunos hilos, particularmente aquellos que le permiten combinar dinero y poder, poder y dinero, la fórmula que le permite seguir vivo. Por eso se le atribuye a él el nombramiento de Juan José Cardona como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el momento exactamente anterior a que Pedro Sánchez pusiera repentino punto final al Gobierno de Mariano Rajoy. El dinero.

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Aguas de Las Palmas pagó con obras un préstamo de 100.000 euros a los ejecutivos de Saur y Sacyr

Nuevos documentos incorporados a las investigaciones judiciales sobre la gestión de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) confirman la ausencia de control en la adjudicación de contratos de obras y comportamientos atípicos de los dos ejecutivos representantes de los socios privados en la compañía. Un préstamo personal de 100.000 euros, concedido por un proveedor a los consejeros de las dos sociedades privadas en el consejo de administración de la compañía, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, de la francesa Saur, y Pablo Abril-Martorell, director general de Valoriza Agua (filial de Sacyr), fue satisfecho mediante obras contratadas al prestamista por la empresa Emalsa, participada en un 34% por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un 33% por Valoriza y otro 33% por Saur.

Así consta en un burofax remitido al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, por el empresario canario Felipe Guerra, el prestamista, en el que se relatan “hechos en apariencia de especial gravedad” protagonizados por los dos ejecutivos citados actuando en nombre de la mercantil Sercanarias, participada a partes iguales por Saur y por Valoriza, y dedicada a recibir y gestionar todos los contratos de mantenimiento y reparación de Emalsa.

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Televisión Canaria evita in extremis ‘irse a negro’ alquilando a Videoreport sus instalaciones y sus medios técnicos

Televisión Canaria no se irá a negro a las 00.00 horas de este domingo, 1 de julio. Un acuerdo in extremis firmado a las 06:25 horas de este sábado resolvía el menos temporalmente el galimatías en el que se enredó el ente público Radio Televisión Canaria por la gestión del concurso de informativos y control de emisiones (continuidad) en los últimos meses. Finalmente será Videoreport Canarias, la actual concesionaria de esos servicios en conflicto, la que continúe prestándolos, aunque de manera indirecta: tras subrogarse sus 230 trabajadores, RTVC alquila por un precio de momento no publicado las instalaciones de la compañía privada, así como todos sus medios técnicos y materiales, esto es, platós, centros de control, material audiovisual, unidades móviles, etcétera. El contrato tiene una duración de seis meses prorrogables a otros seis.

Los informativos continuarán en manos de Videoreport pero sin Videoreport, consiguiendo así el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ver cumplido al menos formalmente su compromiso de que el medio de comunicación que lidera el eje del mal, Canarias7, principal accionista de la productora, no gestione los informativos y la continuidad de la televisión pública.

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