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Carlos Sosa

Cuando empecé en esto no había ordenadores en las mesas (1982, qué año). Pero servía la Olivetti. Buenísima. Fumábamos en la Redacción y nos comíamos el mundo de la mañana a la noche. Sobre todo por la noche. En 2000 un empresario me engañó y terminé lanzando junto a otros incrédulos compañeros el primer periódico canario nativo, CANARIAS AHORA, del que soy director, relaciones públicas y lo que surja. Ya no fumo. Me sigue apasionando el periodismo. Desde la mañana a la noche.

Clavijo desaforado, muy desaforado

Alguien debió haber dicho al presidente del Gobierno de Canarias que su presumible imputación en el caso Grúas iba a morir en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Era el lugar natural para hacerlo, como murió en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en manos de Manuel Marchena, la causa contra Pablo Casado por su máster fraudulento, o la que iba a caerle encima al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por conspirar contra autoridades catalanas utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía, si fuera menester.

Por eso a Clavijo y a los dirigentes de Coalición Canaria no les preocupaba lo más mínimo la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, y como consecuencia, la desaparición de los aforamientos para las autoridades de esta sandunguera nacionalidad. Tenían la seguridad de que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, iba a convencer a sus dos compañeras de la Sala de lo Penal de la conveniencia de sobreseer lo referido al presidente del Gobierno, lo que hubiera supuesto la muerte del procedimiento para los otros dos implicados, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en ese ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño.

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El administrador único de RTVC saca a concurso el transporte de señal sin ser competente y al margen de la norma comunitaria

El administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, ha sacado a concurso el transporte de señal de los dos medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma sin ser competente para hacerlo, en domingo y contraviniendo la normativa europea, que impone de los grandes servicios en lotes que permitan la participación de pequeñas empresas.

La licitación se publicó el pasado domingo en la plataforma de contratación del sector público por un importe de 22,2 millones de euros por un periodo de cuatro años prorrogables a cinco. Esas condiciones contravienen la modificación legal introducida por el Parlamento de Canarias en la Ley de Radio Televisión de Canarias por la que se creaba la figura de un administrador único que hiciera frente a la crisis abierta antes del verano por la gestión del anterior presidente, Santiago Negrín. Las prerrogativas fijadas para el nuevo cargo se limitaban a atender la gestión ordinaria del ente, y particularmente resolver el servicio de informativos y de continuidad que expiraba en julio pasado.

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Coalición Canaria tiene un problema (y no lo sabe disimular)

Nuevo día de furia el de este jueves en Coalición Canaria. Las presiones sobre la Fiscalía Superior de Canarias no daban sus frutos, y a última hora de la mañana hacía público por fin su informe sobre la competencia del Tribunal Superior de Justicia para conocer de la causa llamada caso Grúas. Se desvanecían las falsas expectativas que los dirigentes del partido trataron de transmitir a los suyos y a los medios de comunicación afines haciéndoles creer que todavía existía la esperanza de que el pleito quedara residenciado en una jurisdicción menos hostil que la del común de los mortales. Presionaron más de lo debido, faltaron a la más aconsejable de las prudencias sacando a la plaza pública el color y el dolor de sus presiones al Ministerio Público, y hasta se llevaron por delante el respeto institucional que, como Gobierno de Canarias, debieron siempre guardar.

Nunca hubo la más mínima posibilidad de ver cumplidos sus deseos desde que el pasado martes entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía y quedó abolido el aforamiento para las autoridades autonómicas. La publicación en el BOE sufrió unos días de retraso con respecto a las previsiones iniciales, sin que hasta el momento haya sido plenamente identificada la persona que hizo valer sus influencias en la Villa y Corte para dar más tiempo a la Fiscalía a ver si daba salida a un informe que todo el mundo interpretó siempre que iba a ser favorable al presidente del Gobierno.

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6 de noviembre de 2018: Canarias entierra el sistema electoral más injusto de Europa y acaba con los aforamientos

Trece días después de que el Senado pusiera fin a su larga tramitación, hoy, 6 de noviembre de 2018, ha entrado en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La nueva norma, con rango de ley orgánica, acaba con el sistema electoral más injusto de Europa y convierte a Canarias en la primera comunidad autónoma española en abolir el aforamiento del que hasta hoy venían disfrutando las autoridades autonómicas, es decir, los altos cargos del Gobierno (consejeros y presidente) y los diputados regionales. Igualmente pone fin al culebrón vivido estos últimos días en los alrededores del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante los intentos del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, de que se agilizara la tramitación de una causa non nata -el caso Grúas- que ahora deberá regresar automáticamente a los juzgados de la ciudad de La Laguna.

Efectivamente,  el BOE corrió finalmente más que el TSJ de Canarias en el pulso echado por el presidente Clavijo y su consejero de Justicia, José Miguel Barragán, al Ministerio Fiscal, que aguantó durante dos meses su informe sobre la conveniencia de tramitar o no unas diligencias penales contra la primera autoridad de Canarias para evitar una decisión en los momentos previos a la desaparición de los aforamientos políticos.

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El Gobierno canario abraza los eslóganes de Bolsonaro y de Trump para divulgar el nuevo Estatuto de Autonomía

Un perro abandona el lateral izquierdo del escudo de la Comunidad Autónoma de Canarias y corre hacia uno nuevo dibujado en la parte derecha de la doble página. Por el camino deja abandonado en el suelo el collar que lucía y se dirige al otro escudo, donde dos perros sostienen el campo de azur, con siete islas de plata bien ordenadas en su interior, ya sin nada al cuello. Es uno de los elementos contenidos dentro de la doble cubierta exterior que envolvía varios periódicos impresos canarios el pasado fin de semana coincidiendo con la aprobación en el Senado del Estatuto de Autonomía de Canarias. La inversión publicitaria era del Gobierno de Canarias, que empleó para tal fin dos eslóganes, uno en la portada, Canarias en marcha, y el otro, en la contraportada: Primero Canarias.

En la doble página interior, diez íntems trataban de resumir el contenido del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, desde el incremento de autogobierno que se incluye en el nuevo texto legal, hasta el acervo lingüístico, del que se reconoce el silbo gomero o el dialecto del español que se habla en las islas.

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¿Resolver ahora en el TSJC la imputación de Clavijo?: “Eso no debería tener lugar”

Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) se muestra en esta entrevista entusiasmado con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias (se niega a considerarlo una mera reforma) ya aprobado por las Cortes y a punto de entrar en vigor en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. De él destaca especialmente la reforma del sistema electoral que pone fin a 36 años de “injusticia”, de ser “la causa del mal causado, que es la desafección, el desprestigio de las instituciones autonómicas, la deserción de las urnas y la desconfianza de los canarios en que puedan deshacerse de un gobierno que no les gusta con el voto, que a mi juicio significa que no estamos ante una democracia verdaderamente merecedora de ese nombre”. Descarta que el Tribunal Superior de Justicia no se esté tomando en serio la inminente desaparición del aforamiento para las autoridades autonómicas y arriesgue su prestigio interviniendo estos días en la causa contra el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, por el caso Grúas: “Eso no debería tener lugar”, responde escuetamente sin entrar en mayores valoraciones. 

Por fin una reforma del sistema electoral en condiciones, ¿o no? 

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Carrera contra el BOE en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha embarcado en una carrera contrarreloj contra el Boletín Oficial del Estado (BOE) para intentar resolver la posible imputación penal del presidente del Gobierno autonómico antes de que se publique el nuevo Estatuto de Autonomía y queden suprimidos los aforamientos para los miembros del Ejecutivo y los parlamentarios regionales. Fernando Clavijo se encuentra en manos del TSJC desde agosto pasado, cuando una jueza de instrucción de la ciudad de La Laguna elevó una exposición razonada al encontrar indicios de delito en su actuación durante el tiempo que fue concejal y alcalde de la ciudad en el llamado caso Grúas.

Clavijo y dos de sus concejales, uno de ellos su sustituto al frente de la alcaldía (todos ellos de Coalición Canaria),  fueron denunciados por varios concejales de la oposición por las gestiones que realizaron con la empresa municipal de retirada de vehículos de La Laguna, primero privatizándola, luego presionando para que quedara en manos de sus empleados (algunos de ellos amigos de Clavijo), luego concediéndole un préstamo con fondos municipales y finalmente ampliándole la concesión en lugar de rescatarla cuando presentaba ruina. Todo ello de espaldas a los informes del interventor del Ayuntamiento. El actual alcalde y el portavoz de Coalición Canaria se encuentran ya imputados.

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Ridículo socialista en La Laguna

El ridículo del Partido Socialista Canario en la ciudad de La Laguna no puede ser más clamoroso. Unas primarias en las que un fontanero de la lideresa local gana a la lideresa local, desemboca en un esperpento en el cual la derrotada lideresa local anuncia que rompe el pacto que sostiene a Coalición Canaria en el Ayuntamiento, al tiempo que el fontanero ganador anuncia una moción de censura que hasta entonces había prohibido como secretario general local en nombre de su todopoderosa lideresa local. Detrás aparece el líder regional socialista anunciando urbi et orbi que no es posible una moción de censura en La Laguna porque “no se dan las condiciones” ya que tres de los cinco concejales socialistas no la pueden firmar por haber sido expulsados del grupo correspondiente. Dos de ellos, se le olvidó decir a Ángel Víctor Torres, purgados precisamente por promover una moción de censura contra el alcalde nacionalista de La Laguna, José Alberto Díaz, al que el PSOE de repente quiere dejar gobernando en solitario, y accesoriamente censurar, sin haber explicado mínimamente los motivos. Es imposible mayor grado de machangada.

La idiotez socialista no hay por donde cogerla. Abandonar el grupo de gobierno al que durante estos años se han aferrado como lapas la primera teniente de alcalde y lideresa local socialista, Mónica Martín, y su compañera de Cultura María José Castañeda, supone como primera medida dejar al alcalde, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, con todo el Ayuntamiento a su disposición para zamparse una campaña electoral a lo grande, sin el más mínimo recato y sin tener que compartir presupuesto, fastos, merendolas y explicaciones con sus socias del PSOE.

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Hay más Saramago

La noticia es que hay más Saramago. Que había más Saramago incluso oculto a los ojos de Pilar del Río, que cuatro años antes de encontrar el Cuaderno número 6 contestaba circunspecta a un periodista de Diario de Jalisco: “Ya no hay más novelas, ya no hay más apuntes. Algunos papeles sueltos de juventud, si se publican, se publicarán en ediciones de la fundación, especiales para estudiosos. Pero no hay más Saramago”. Pero, por suerte, se equivocaba: había más Saramago. Una feliz insistencia del director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, para que la compañera de Saramago comprobara unas fechas, la condujo a un viejo Acer Pentium a buscar en una carpeta de archivos guardada bajo el nombre de Cuadernos. Nunca pensó que aquel señalado con el número seis, el referido al año del Nobel, 1998, iba a estar completo y listo para publicar en cuanto alguien lo descubriera y lo decidiera.

El cuaderno del año del Nobel (Alfaguara), presentado esta semana pasada en Lanzarote, es una auténtica joya por todo el significado que atesora. Y si se lee junto a Un país levantado en alegría, del periodista brasileño Ricardo Veil, también presentado en el mismo multitudinario acto en la Fundación César Manrique de Tahiche, la satisfacción para los seguidores de José Saramago puede ser inmensa.

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“Hay que cambiar el delito de rebelión” para facilitar una salida al conflicto catalán

Cambiar el tipo delictivo de la rebelión para facilitar una salida al conflicto suscitado en Catalunya, adaptándolo a las actuales circunstancias para que opere de la manera más favorable a los acusados. Esta es la propuesta que formula el magistrado Pascual Ortuño, con destino en la Audiencia Provincial de Barcelona y experto en resolución de conflictos por la vía de la negociación, que presenta estos días su nuevo libro Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional.

“Hay que cambiar la ley. Ahora que se está hablando de que hay tipos delictivos relacionados con la Ley Mordaza, están casi todos de acuerdo en que hay que cambiarlos, yo me pregunto, ¿y no puede haber una iniciativa parlamentaria para cambiar el tipo delictivo del delito de rebelión?”

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