El Supremo rechaza una denuncia de Manos Limpias contra políticos de PSOE, ERC y Junts por criticar el 'lawfare'

El Tribunal Supremo insiste en que hablar de 'lawfare' no constituye un delito de amenazas. En un escrito reciente, la Sala de lo Penal ha decidido inadmitir una denuncia de Manos Limpias contra Gabriel Rufián, Jordi Turull y Santos Cerdán en la que acusaban a los tres políticos de amenazar a jueces como Manuel García Castellón, Pablo Llarena o Manuel Marchena al hablar de 'lawfare' en varias intervenciones públicas, algunas de ellas desde la tribuna del Congreso. Los jueces explican que puede tratarse de una “falta de respeto” pero en ningún caso de un delito de amenazas, como sostiene el pseudosindicato ultra que impulsa la acusación popular contra Begoña Gómez.

El pasado mes de mayo, el alto tribunal ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre una denuncia similar presentada por Manos Limpias contra Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. La parlamentaria independentista se refirió a media docena de jueces que habían participado en el procés para asegurar que “había que juzgarles de inmediato, cesarles”, calificando a estos magistrados de “indecentes”.

El Supremo ya inadmitió esa primera denuncia, explicando que las expresiones de Nogueras estaban amparadas en la inviolabilidad parlamentaria de diputados y senadores cuando hablan desde la tribuna. Posteriormente tuvo que analizar un segundo pleito penal interpuesto por Manos Limpias contra otros políticos por declaraciones similares aunque no emitidas todas desde el Congreso de los Diputados.

En este caso, el pseudosindicato ultra de Miguel Bernad acusaba de un delito de amenazas a Gabriel Rufián (ERC), Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts) por hacer alusión al 'lawfare' en distintos puntos de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno así como para sacar adelante la amnistía. Para Manos Limpias, por ejemplo, la alusión al 'lawfare' que hacía el acuerdo entre PSOE y refleja “de manera inequívoca un delito de amenazas contra el poder judicial”.

Lo mismo decía Manos Limpias sobre las comisiones de investigación proyectadas en torno a este asunto. Gabriel Rufián, en el debate de investidura de Sánchez, también “dejó de una manera clara amenazas a los jueces en general y en particular a los intervinientes en los procesos penales del secesionismo”. Por último, la organización ultra destacaba unas palabras de Turull en TV3 sobre la amnistía para sumarle a la lista de presuntos autores de las amenazas.

El Tribunal Supremo entiende que ninguna de esta declaraciones ni alusiones al 'lawfare' puede ser considerada un delito de amenazas. “Nos encontramos con meras manifestaciones genéricas contra el poder judicial, pensando en una posible actuación del mismo en un futuro”, dice el alto tribunal.

Las declaraciones de los políticos denunciados, explica la Sala de lo Penal, “pueden ser tachadas de falta de respeto y consideración ante los Magistrados a los que se refiere en concreto y frente a uno de los poderes del Estado en general, como el es el poder judicial” pero “no se está amenazando con la causación de un mal para ellos o para personas allegadas a los mismos”.