El movimiento independentista catalán está poniendo a prueba la solidez del sistema democrático español. Y, por ahora, nuestra democracia está quedando muy malparada. El Gobierno, los jueces y la estructura del Estado no parecen llevar bien que el sistema constitucional de 1978 sea garantista de los derechos de todos; incluso de quienes desde dentro del propio sistema aspiran a modificar el modelo territorial.

La tolerancia de nuestro sistema de libertades no es compartida por quienes tienen que aplicarlo y asegurarlo. De pronto tenemos que ver cómo se desarrolla una aplicación del art. 155 de la Constitución manifiestamente inconstitucional que acaba con el concepto mismo de autonomía; los jueces pierden su neutralidad y dictan o retiran órdenes europeas contra personas acusadas de graves delitos según sea su conveniencia política; el propio Tribunal Constitucional se salta las normas que lo encuadran y dicta resoluciones que no puede dictar, guiado por el afán de evitar determinadas consecuencias políticas… Toda una serie de disparates constitucionales que sólo pueden explicarse si lo que se está defendiendo no es la Constitución y la democracia sino tan sólo la unidad de España.

La Constitución reconoce en su artículo segundo el derecho al autogobierno de las nacionalidades que integran España. También establece una estructura básica de división de poderes para las comunidades autónomas, que tendrán un Gobierno, un Presidente, un Parlamento y un Tribunal Superior de Justicia.

Ése es el régimen constitucional de distribución territorial del poder. La manera en que normalmente debe funcionar el Estado español. Junto a ello, y sólo para el caso de circunstancias muy anómalas, el artículo 155 CE prevé una posibilidad tremendamente excepcional: la suspensión temporal y extraordinaria del derecho al autogobierno y del régimen constitucional autonómico. No es éste el único ejemplo de suspensión temporal de los principios y derechos constitucionales. La Constitución también prevé en otros artículos la posibilidad de suspender la vigencia de sus normas. Así sucede en tiempo de guerra o catástrofe, cuando el art. 116 CE permite que se suspendan determinadas garantías y derechos. Otras suspensiones tienen menor entidad: por ejemplo, el secreto de las comunicaciones pierde eficacia cuando de manera temporal y motivada un juez autoriza su interceptación para la investigación de un delito.

La libertad de expresión es uno de los derechos más difíciles de aceptar de la Constitución. Todos quieren invocarlo a su favor pero casi nadie lo acepta en su contra. No es sólo que tengamos escasa capacidad de aceptar críticas, sino que nos duele especialmente que se difundan ideas u opiniones que creemos equivocadas. Es algo generalizado y es, sin duda, la tragedia de la libertad de expresión. Cuando condenan a una tuitera por hacer humor negro con un almirante fascista, o investigan a anarquistas por ridiculizar las procesiones de semana santa, o persiguen a un concejal que ridiculiza la mitificación de las víctimas del terrorismo lo que ofende, en esencia, es la diferencia. Lo que molesta es que alguien discrepe de nuestros valores. Por un extraño deseo de imponerlos parece que nos molesta que alguien no respete lo que nosotros mismos respetamos. Nos duele que alguien se ría de lo que consideramos importante.

Y sin embargo la libertad de expresión se garantiza prácticamente en todas las constituciones del mundo desde finales del siglo dieciocho. Pero no es el derecho a decir cosas que agraden a la mayoría, ni mucho menos al poder. Halagar a quien manda o difundir ideas que todo el mundo acepta puede hacerse sin necesidad de un derecho fundamental. Uno sólo necesita protección si se atreve a decir cosas que molestan a la mayoría. La libertad de expresión existe precisamente para asegurar que se puedan emitir opiniones desagradables, minoritarias, dolorosas o injustas. Sólo para eso.

Este martes, el Tribunal Constitucional dictó una  sentencia resolviendo el recurso planteado por el Gobierno central contra el decreto andaluz sobre la Función Social de la Propiedad.

Se trata del decreto-ley aprobado en 2013 por el Gobierno de Andalucía para evitar que las entidades financieras pudieran desahuciar por falta de pago de sus hipotecas a personas en situación de emergencia social. Entre otras medidas, el decreto preveía la posibilidad de expropiar el uso de esas viviendas para permitir a los afectados que estuvieran en situación de emergencia social residir en ellas por un período de tres años desde la fecha prevista para el desahucio. Eso es lo que se ha anulado el Tribunal Constitucional, principalmente.