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Jueces que cantan las leyes

El rey Felipe VI, durante un acto de entrega de despachos a los jueces de la nueva promoción de la Carrera Judicial. EFE/Quique García

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En 1748 Carlos Luis de Secondat, barón de Montesquieu, publica una obra en la que plantea por primera vez que en el Estado hay varios poderes diferenciados. De todos ellos hay uno al que califica de poder terrible entre los hombres y que es el que más riesgo presenta de abusos por parte de quienes lo ejerzan. El poder judicial. El filósofo francés era enemigo decidido de que hubiera jueces profesionales y permanentes, temiendo que sus decisiones dejaran entonces de ser la pura y simple aplicación de la ley.

Casi trescientos años después España afronta una de las mayores crisis que puede enfrentar una democracia: la pérdida de confianza en la justicia. Unos lo ven como la consecuencia de una malvada campaña de la izquierda, otros como el producto de una judicatura incapaz de actuar de manera imparcial al modo que temía Montesquieu. De un modo u otro, la ciudadanía española cada vez confía menos en sus jueces. Es necesario abordar este problema antes de que desbarate toda la legitimidad del sistema democrático. La única manera de hacerlo es diseñar colectivamente el modelo de juez que exige la constitución y cambiar el modo de selección de los candidatos para que tengamos jueces acordes a ese modelo. Porque ahora lo que tenemos, esencialmente son jueces que saben cantar.

Entiéndame bien. Tenemos jueces bien preparados. La mayoría funcionarios dedicados e incansables pese a unas penosas condiciones de trabajo difíciles. Enfrentan su tarea con la mejor voluntad e intentan demostrar independencia de criterio. Sin embargo, no han sido seleccionados por eso. Ni es eso lo que demostraron en su oposición, ni han sido especialmente formados para evitar que abusen de su función, lo que está en el origen de espectáculos tan lamentables como los comportamientos de algunos magistrados en redes sociales, las manifestaciones callejeras de otros -vestidos con sus togas- cuando una ley no coincide con sus ideas o algunas decisiones claramente politizadas.

La oposición a la carrera judicial se introdujo hace 150 años, en pleno siglo diecinueve, como un modo de objetivar el nombramiento de los jueces. Con la llegada del franquismo se diseñó, hace ya ochenta años, el sistema actual que apenas ha cambiado y que no busca medir la aptitud personal del candidato para el puesto sino solo sus conocimientos. Y ni eso. Tras pasar un primer test, los candidatos tienen que realizar dos pruebas orales. Básicamente tienen que recitar de memoria ante un tribunal examinador algunos de los 300 temas del temario. Lo que en su argot llaman cantar. Los que mejor cantan ganan. Después van unos meses a la escuela judicial y ya pueden juzgar nuestras vidas.

Esa oposición memorística y oral es un sistema extremadamente justo desde el punto de vista del opositor: todos los candidatos son evaluados del mismo modo. Pero eso no es suficiente. La pregunta mágica no es cómo se evalúa, sino qué tenemos que evaluar. La oposición selecciona a los mejores. Pero no a los mejores juzgando, ni a los que mejor aplican la ley, ni a los que más imparciales son, sino a los mejores cantando temas de memoria. Los candidatos demuestran buena memoria y buena capacidad de declamación. Poco más.

La memoria es una cualidad útil. En general hay estudios que dicen que tener buena memoria te ayuda, en un sesenta por ciento de los casos, a desarrollar mejor tu profesión. Además, en España tenemos usamos las oposiciones memorísticas también para acceder a otras profesiones públicas. Eso solo muestra que toda nuestra administración pública necesita una reforma en profundidad si quiere mantener un mínimo de eficacia y ser atractiva para las mentes más brillantes. Y si en el resto de profesiones ese problema condiciona la eficacia, en lo que se refiere al modo de constituir un poder del Estado simplemente resulta ilegítimo. No estamos seleccionando a los futuros jueces del modelo más adecuado para conseguir el modelo ideal de poder judicial de una sociedad democrática como la que configura nuestra Constitución.

Necesitamos jueces que conozcan bien las leyes, sin duda. Aunque para eso no hace falta cantarlas de memoria. De hecho, durante la vida profesional de cualquier juez gran parte de las leyes que cantó en su oposición son derogadas y substituidas por otras. Los jueces son capaces de aplicar las nuevas leyes, aunque no se las hubieran aprendido de memoria en su momento. Seguramente, porque de lo que deben ser capaces no es tantos de conocerlas, como de saber aplicarlas con lógica. Pero, además, sobre todo, necesitamos jueces democráticos. Cuando a una persona se le asigna un poder tan terrible sobre las vidas de los demás, hay que estar seguro de que es alguien que respeta el principio de que es la mayoría la que tiene que decidir qué leyes nos damos; alguien que cree en el sistema de separación de poderes y no va a intentar sustituir la voluntad del legislador con la suya propia. Más aún, necesitamos jueces humildes, conscientes de sus limitaciones, que por eso mismo extremen la prudencia a la hora de dejar caer el peso de la la ley sobre alguien, alterando en ocasiones su vida entera. 

Necesitamos también jueces empáticos, capaces de ponerse en la piel tanto de las personas que juzgan como de sus eventuales víctimas. No para que modulen a su antojo la dureza de la ley, sino para poder resolver adecuadamente los conflictos que se les plantean a diario. Sin empatía, un juez no es capaz de entender a los colectivos vulnerables. Muchos de nuestros magistrados desprecian, por ejemplo, la perspectiva de género porque son incapaces de valorar cómo muchas mujeres se ven a diario en peor situación que los hombres y hasta qué punto son aún un colectivo amenazado y despreciado. Empatía es la virtud republicana que en los antiguos eslóganes llamaban fraternidad.

Pero por encima de todo necesitamos jueces imparciales. Entre nuestro poder judicial está extendida la idea de que la imparcialidad es una cualidad divina que el espíritu santo insufla en la mente del opositor el día en que aprueba. Por el mero hecho de aprobar ese examen el futuro magistrado ya es capaz de conocer sus sesgos y prejuicios y dejarlos fuera de los juzgados. Se convierte automáticamente en un ser de luz capaz de analizar cualquier tema con objetividad y olvidándose de su propia manera de entender el mundo. Es absurdo y evidentemente falso. La imparcialidad se aprende y se educa. Baste decir que para ser imparcial lo primero que hace falta es ser consciente de que todos tenemos prejuicios y sesgos… y sin embargo, la mayoría de los portavoces públicos de los jueces españoles empiezan cualquier explicación diciendo justo lo contrario de lo que la ciencia y la experiencia muestran: “somos imparciales y juzgamos con objetividad”.

Ese modelo de juez capaz de razonar, democrático, humilde, empático e imparcial no se alcanza mediante un sistema de acceso basado en jueces cantores de temas. Resulta imprescindible modificar el sistema estableciendo uno igualmente igualitario y justo pero capaz de medir los valores constitucionales del juez. No es este el lugar de hacer una propuesta cerrada de mecanismo de selección y lo que se decida debe hacerse con el mayor consenso social posible. Sin embargo, sí es posible apuntar algunas líneas que funcionan bien en otros países.

Algo que da buenos resultados es que quien quiera ser juez haya trabajado antes unos años en una profesión jurídica, preferentemente abogado. Quien ha estado al otro lado de los estrados es más consciente de los vicios y las virtudes de un buen juez que quien nunca lo ha experimentado. También funciona que los exámenes sean más prácticos que teóricos y en ellos se mida la capacidad de razonamiento en la aplicación de la ley que la memoria. También está demostrado que en general las pruebas orales son más susceptibles de llevar a decisiones sesgadas que las escritas. Otra opción pasa por aumentar los años de escuela judicial y la posibilidad de que incluyan pruebas realmente eliminatorias. En fin, controles psicotécnicos no están de más a la hora de seleccionar a quienes van a decidir sobre vidas ajenas.

Hay, pues, métodos y alternativas disponibles. Sólo falta valentía política. El gobierno que afronte esta reforma imprescindible encontrará poderosas resistencias. Tantos de quienes aprobaron una oposición cantando como de quienes querrían vivir aún en el siglo XIX. Pero solo cambiando el sistema de acceso podemos conseguir el juez constitucional que necesitamos y recuperar la confianza pública en la justicia. Sin tener que cerrar los ojos ante los excesos de los jueces cantores.

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