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Marcos Pinheiro

Periodista. He pasado por las redacciones de la Agencia EFE y la Cadena SER, y he trabajado también en la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.

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Fiscal General del Estado: una silla caliente que acumula cuatro décadas de polémicas

El Gobierno lo nombra pero no lo puede cesar. Es un cargo del Poder Judicial pero lo elige el Ejecutivo. Es designado a dedo por el presidente del Gobierno, pero independiente en sus decisiones. La naturaleza del cargo de fiscal general del Estado lo hace un puesto delicado, a medio camino entre dos poderes que deben estar separados. Esa distancia a veces se ha estrechado: en ocasiones por el propio origen de los fiscales, salidos de las mismas filas de los partidos; en ocasiones por sus decisiones, a veces guiadas más por la política que por el derecho.

El revuelo regenerado por la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado para el puesto de fiscal general del Estado se suma a una larga lista de polémicas que la institución arrastra desde hace cuatro décadas. Durante la Transición se definieron los parámetros que rigen en la actualidad un cargo nacido hacia 1870. Con el primer Gobierno del PSOE llegaron los roces, las injerencias, las rebeldías. Con periodos intercalados de calma, la polémica nunca ha abandonado a la cúspide del Ministerio Público.

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La Justicia belga suspende la euroorden contra Puigdemont y Comín por su inmunidad parlamentaria

La Justicia belga ha decidido dejar en suspenso la orden de detención europea dictada por Pablo Llarena contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados.

Así, la Justicia belga no continuará con el procedimiento que se reactivo con la sentencia hasta que el Supremo no tramite el suplicatorio al Parlamento Europeo y este les retire la inmunidad.

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PP y Ciudadanos recurren a una ley anti-ETA para inhabilitar a Torra en la Junta Electoral y torpedear la investidura

Con el acuerdo entre PSOE y ERC a la espera de la posición de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, la derecha ha desplegado todas las herramientas a su alcance para tratar de hacer descarrilar la investidura. PP y Ciudadanos han recurrido a la Junta Electoral Central (JEC) para que inhabilite de inmediato al líder de Esquerra sin esperar al Tribunal Supremo, y para que haga lo propio con el president de la Generalitat, Quim Torra, por su condena por desobediencia.

La JEC ha acordado que se reunirá el próximo día 3 para tratar esos recursos, a los que se suma el de Vox. Eso implica que la posible inhabilitación del presidente catalán se producirá en los días que el Gobierno había previsto para celebrar el debate de investidura de Sánchez. ERC tendrá que decidir ahora si fija su posición tras conocer el informe de la Abogacía -que tiene que presentarse antes del día 2- o decide esperar al pronunciamiento de la JEC, lo que obligará a postergar la fecha de la investidura que anhela el PSOE.

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El juez archiva el caso del acceso a datos judiciales confidenciales por parte de informáticos de la Comunidad de Madrid

El juez cierra la investigación sobre si hubo delito de revelación de secretos en el acceso de funcionarios de la Comunidad de Madrid a datos judiciales para después enviarlos al Colegio de Procuradores (ICPM). El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Coslada entiende que de las diligencias practicadas se concluye que "los hechos denunciados no son constitutivos de delito".

"Consta abundante documentación de la que se infiere la existencia de la necesaria cobertura legal reglamentaria y administrativa para la válida cesión al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de los datos facilitados", escribe el juez Luis Miguel Arroyo en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es y que tiene fecha del 10 de diciembre.

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Los partidos en la era de la nueva política: hiperliderazgos y menos democracia interna

La noche del 10 de noviembre, antes de salir al balcón de la sede socialista a celebrar su segunda victoria electoral en seis meses, Pedro Sánchez reunió a su equipo más cercano en su despacho para contarles que esta vez sí habría coalición con Unidas Podemos. Las urnas se habían vaciado un par de horas antes, el PSOE tenía tres diputados menos que en abril y el líder del partido decidió dar un nuevo volantazo a su discurso para tratar de desbloquear el país con el primer bipartito de la democracia española. Luego festejó su triunfo con centenares de militantes, dejó sin contestar un mensaje de Pablo Iglesias que le urgía a negociar, evitó responder también a la llamada de Pablo Casado y se fue a dormir.

La mañana siguiente en España se empezó a fraguar una coalición que todavía precisa de una mayoría parlamentaria y en el camino se sucedieron una serie de movimientos políticos que evidencian hasta qué punto los hiperliderazgos se han adueñado de las grandes decisiones en la era de la nueva política y cómo los órganos internos de los partidos están siendo relegados a un papel secundario, aun cuando lo que está en juego es la misma gobernabilidad del país. 

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MAPAS | Vox arrebata el primer puesto de la derecha al PP en ocho provincias

Vox irrumpió en la política en las elecciones andaluzas de 2018, entró en el Congreso -con peor resultado del esperado- el 28A y se convirtió en decisivo para formar algunos gobiernos autonómicos tras el 26M. Este domingo, la formación de extrema derecha se ha colocado como tercera fuerza en el Congreso y ha ganado la partida al PP en varios territorios.

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El PSOE gana las elecciones, Vox se convierte en tercera fuerza y ningún bloque tiene mayoría absoluta

El PSOE ha vuelto ganar las elecciones generales pero ha perdido apoyos respecto al 28A. Los socialistas han conseguido 120 escaños este domingo, tres menos. El PP, por su parte, ha logrado recuperarse del batacazo de hace seis meses y subir hasta los 88 diputados. El gran cambio respecto a las anteriores generales lo protagoniza Vox: la extrema derecha se coloca como tercera fuerza en el Congreso de los Diputados.

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El plan de los CDR detenidos para "tomar y defender" el Parlament: pisos francos y ayuda del Govern

Los miembros de los CDR detenidos y encarcelados por la Audiencia Nacional planearon la "toma y defensa" del Parlament en lo que denominaron como "día D". La idea era encerrarse durante una semana en la cámara catalana y para ello planearon el alquiler de pisos franco, elaboraron un plan para neutralizar a los Mossos y diseñaron un dispositivo para poder comunicarse con el exterior. Todo ello contaría con ayuda del Govern, según comentaron en las conversaciones telefónicas que grabó la Guardia Civil.

Esas grabaciones y los informes de los investigadores sobre el plan para asaltar el Parlament constan en el sumario del caso, al que ha tenido acceso eldiario.es. Algunos de los detenidos mantuvieron conversaciones en las que hablaban de este plan y uno de ellos lo confesó durante su declaración. Los CDR implicados en este plan fueron detenidos a finales de septiembre y permanecen en prisión provisional.

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El PP usa la recusación de De Prada para intentar tumbar la sentencia de Gürtel en el Supremo

El Partido Popular sigue intentado que el Tribunal Supremo anule la sentencia de la primera época de la trama Gürtel que consideró que se había beneficiado de la corrupción. Un año después de presentar el recurso en el que piden la absolución, su abogado ha enviado un nuevo escrito al Alto Tribunal en el informa de la recusación del magistrado José Ricardo de Prada y añade que la decisión apoya sus argumentos para que la condena sea anulada.

El escrito, firmado por el letrado Jesús Santos y al que ha tenido acceso eldiario.es, informa al Supremo de que en una resolución del pasado 4 de octubre, la Audiencia Nacional ha acordado apartar al juez De Prada del caso de la caja B, una de las piezas separadas de Gürtel que aún quedan por juzgar. La recusación, promovida por el PP y su extesorero Luis Bárcenas, partió a la Sala de lo Penal: la decisión se tomó por ocho votos a siete.

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La sentencia del Supremo aviva el debate sobre el riesgo de que la sedición pueda aplicarse a protestas como los desahucios

Los jueces del Tribunal Supremo no han visto que en los actos ocurridos en Catalunya durante el otoño de 2017 hubiese un delito de rebelión. Sí que han considerado que las protestas y los episodios de desobediencia encajan en el tipo penal de la sedición, y aunque los magistrados hacen un esfuerzo por circunscribir la aplicación de ese delito a lo ocurrido en los preparativos y la celebración del 1-O, algunos expertos ven en la sentencia el riesgo de que sus conclusiones puedan aplicarse a protestas pacíficas en las que se intente impedir el cumplimiento de una resolución judicial. Otros, sin embargo, no creen que el fallo del Alto Tribunal se pueda extrapolar para castigar otras movilizaciones.

La sentencia, de casi 500 páginas, dedica buena parte a detallar por qué el delito de sedición es el que debe aplicarse a los condenados. La sedición castiga a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

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