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Marcos Pinheiro

Periodista. He pasado por las redacciones de la Agencia EFE y la Cadena SER, y he trabajado también en la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.

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La Abogacía del Estado logra imponer su tesis sobre el 1-O tras una campaña de ataques desde la derecha

Lo que ocurrió en Catalunya en el otoño de 2017 encaja en el delito de sedición: el Tribunal Supremo considera que hubo algunos episodios de violencia, pero muy alejados de los que exige el delito de rebelión. No hubo violencia "instrumental, funcional y preordenada de forma directa"; no tuvo la entereza para forzar una independencia, ni siquiera era ese el objetivo. "La inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta", escribe en la sentencia dictada por unanimidad el ponente Manuel Marchena.

Lo que dice ahora el Tribunal Supremo, pero cuando fue la Abogacía del Estado -un órgano dependiente del Gobierno- la que apostó por esa calificación delictiva en su escrito para el juicio se desató una tormenta política contra Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos usaron la acusación que ahora se ha convertido en condena para denunciar un supuesto pacto secreto entre el PSOE y los partidos independentistas. 

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La presencia de Vox en el juicio del procés lleva al Supremo a insistir en que los partidos no pueden ser acusación

El Tribunal Supremo se posiciona claramente en contra de que los partidos políticos puedan ejercer la acusación en un proceso judicial. "Es verdaderamente perturbador", dicen los jueces que han firmado la sentencia del procés, en la que Vox ha ejercido la acusación popular.

La sentencia, de casi 500 páginas, dedica unos cuantos párrafos a contestar a Jordi Cuixart, que denunció que se vulneraba su derecho a un proceso con todas las garantías si se permitía que Vox -del que destacó su ideología xenófoba y machista- ejercía la acusación contra él. Pedía que se expulsase al partido de extrema derecha como acusación.

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El Supremo afirma que Junqueras ejerció el control y el liderazgo de los actos que desembocaron en el 1-O

Oriol Junqueras renunció a hacer una defensa jurídica en el juicio del procés y optó por un alegato político, convencido desde el principio de que había poca pelea que dar en el Supremo -se presentó como un "preso político" y que la verdadera batalla se libraría en la justicia europea. Ahora ya sabe con qué pena acudirá a esos tribunales: 13 años de prisión.

El exvicepresidente de la Generalitat ha recibido en la cárcel de Lledoners -lleva dos años en prisión preventiva- una sentencia de casi 500 páginas que le define como el líder del proceso que desembocó en el referéndum del 1-O. Ante la ausencia en el banquillo de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, Junqueras carga con la máxima responsabilidad de lo ocurrido en Catalunya.

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La Justicia investiga el acceso a datos judiciales confidenciales por parte de informáticos del Gobierno de Madrid

Informáticos de la Comunidad de Madrid llevan al menos una década accediendo a datos judiciales confidenciales en todo tipo de tribunales, presuntamente sin el consentimiento de los jueces. Un juzgado de Madrid ha imputado a dos trabajadores de la empresa pública por revelación de secretos y también al responsable de informática del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), que recibía esos datos y los usaba para reclamar el pago de las cuotas mensuales a sus colegiados.

La investigación se inició hace dos años pero es ahora cuando se han producido los primeros avances. Los dos informáticos imputados son empleados de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), ahora denominada Madrid Digital. ICM es una empresa pública dependiente del gobierno regional, encargada entre otras cosas del mantenimiento de los ordenadores de los juzgados de Madrid. La empresa está inmersa en la investigación del caso Púnica por contribuir a la financiación ilegal del PP de Madrid. Llegó a manejar presupuestos de más de 150 millones de euros anuales. 

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Las detenciones en Catalunya incendian la campaña

Catalunya había perdido peso en la actualidad política en los últimos meses. Las consecuencias judiciales del referéndum del 1 de octubre de 2017, la negociación de los presupuestos generales y la campaña electoral habían mantenido la cuestión independentista en la primera línea del debate público, pero el final del juicio y las negociaciones para la investidura -de las que no participaron los partidos catalanes- apartaron temporalmente el foco de Catalunya. La manifestación de la Diada del pasado 11 de septiembre fue la menos concurrida desde 2012 y la tensión entre la Generalitat y el Gobierno central estaba contenida a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

Todo cambió el pasado 24 de septiembre. La Guardia Civil desplegó en Catalunya la operación Judas para detener a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). El plano policial, la intervención se saldó con nueve detenidos, siete de los cuales fueron conducidos a la Audiencia Nacional tras declarar ante los agentes; en el plano político, las detenciones han vuelto a provocar un incendio con epicentro en Catalunya a las puertas de unas nuevas elecciones generales.

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La cuarta campaña en cuatro años arranca con un clima de profunda desconfianza en la política

"Dos fuerzas políticas conservadoras y una fuerza de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno que las urnas reclamaron. Lo hemos intentado todo y nos lo han hecho imposible". Pedro Sánchez confirmó con esta frase lo que la Casa Real había apuntado minutos antes en un comunicado en el que el rey renunciaba a presentar nuevo candidato a la investidura: España celebrará sus cuartas elecciones en cuatro años y lo hará en medio de un clima de descontento con la política.

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos han fracasado. Los dos grandes partidos de la derecha no han rechazado la petición de Sánchez de que le diese sus votos para "desbloquear la situación" y que la legislatura eche a andar. Este lunes se disolverán las Cortes por segunda vez en un año; se votará el 10 de noviembre. La precampaña ya está en marcha, si es que alguna vez había dejado de estarlo.

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Vox radicaliza sus propuestas para ganar notoriedad tras su irrelevancia en el debate en torno a la investidura

Como había hecho otras veces, Vox pretendía no asistir al minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en Madrid. Sin embargo, el partido de extrema derecha cambió a última hora su estrategia habitual con estos actos para ir un paso más allá: los concejales se presentaron ante el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital, con una pancarta propia en la que se leía "La violencia no tiene género" y se situaron a unos metros del resto de ediles. El líder del partido en el consistorio, Javier Ortega Smith, consiguió un enfrentamiento público con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y un montón de titulares.

Es la última muestra, tal vez la más estridente, de la estrategia que ha empleado Vox en las últimas semanas, en las que se han producido unas negociaciones para la investidura en las que la formación de Santiago Abascal no ha tenido ningún papel. El fracaso de esas conversaciones conduce a unas elecciones a las que la extrema derecha concurre ahora muy alejada del momento dulce que vivió en la campaña del 28 de abril, en las que llegaron a estimar que sacarían el doble de los 24 diputados que obtuvieron finalmente.

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La Audiencia Nacional exime al CNI de responsabilidad por dejar sin plaza a un aspirante que superó las pruebas

Eduardo Blanco Buzón superó las exigentes pruebas para convertirse en analista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estuvo años esperando para incorporarse mientras desde la institución recibía promesas constantes: llegaron a enseñarle el que iba a ser su despacho. Pero jamás accedió a ese puesto de trabajo. La Audiencia Nacional abrió una investigación a raíz de la querella que presentó este aspirante a entrar en el cuerpo español de inteligencia y en la que reclamaba 120.000 euros de indemnización por el perjuicio causado. La sentencia acaba de eximir al CNI de cualquier responsabilidad.

El proceso que investigaba la Audiencia Nacional se celebró en 2011: 43 opositores superaron las pruebas para ser técnicos superiores de Inteligencia Generalista, Grupo A (en la actualidad ese puesto se denomina Oficial Superior de Inteligencia, Subgrupo A1). Aprobaron esos 43, pero en un primer momento solo 24 consiguieron una plaza. Los 19 restantes quedaron a la espera de que una ampliación del presupuestos del centro permitiese su contratación. Así se lo dijo el propio CNI. Uno de esos aspirantes que se quedó en espera es Eduardo Blanco.

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PSOE y Podemos cierran su sexto acuerdo territorial de coalición con las negociaciones estatales encalladas

"El acuerdo no es sólo de programa, que también, porque lo importante de todo era dar estabilidad a la décima legislatura del Gobierno de La Rioja". Con esa frase ha anunciado la socialista Concha Andreu que será la próxima presidenta de La Rioja con el apoyo de Unidas Podemos, que tendrá una consejería en ese Ejecutivo de coalición. Ambas formaciones cierran así su último acuerdo territorial mientras la negociación para el Gobierno estatal sigue estancada entre reproches por ambos bandos.

El acuerdo de La Rioja ha sido el más difícil de cerrar. La negociación provocó una ruptura entre Podemos e Izquierda Unida y condujo a una investidura fallida a mediados de julio. La diputada de Podemos Raquel Romero llegó a enfrentarse a la dirección nacional de su partido, que le insistió en que reconsiderase su 'no' a la elección de Andreu. Esta última acusaba a Romero de haber exigido tres consejerías a cambio de su único voto.

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Ignacio González incluyó a Enrique López en sus movimientos para librarse de las investigaciones por corrupción

Cuando Ignacio González se vio acorralado por varias investigaciones sobre corrupción decidió maniobrar y hacer valer su agenda de contactos para intentar librarse. Hasta el punto de que trató de influir en el nombramiento del Fiscal General del Estado, del responsable de Anticorrupción y hasta de cambiar a un juez de la Audiencia Nacional. En la ronda de contactos que diseñó con el exministro Eduardo Zaplana y el empresario Enrique Cerezo incluyó al entonces magistrado Enrique López, hoy nuevo consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Dijo que comían habitualmente y relató una conversación en la que trataban los cambios en la Fiscalía cuando González ya estaba imputado por el caso Ático y el PP gobernaba con mayoría absoluta en España.

Esos contactos, que según las conversaciones grabadas por la Guardia Civil se celebraron en 2016, vienen recogidos en un informe del caso Lezo, la investigación que motivó la detención de González y su entrada en prisión provisional. El documento de más de 300 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) dedica uno de sus apartados a las maniobras del expresidente madrileño para "beneficiar sus intereses particulares o de terceros en los diferentes procesos judiciales que tiene abiertos".

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