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Marcos Pinheiro

Periodista. He pasado por las redacciones de la Agencia EFE y la Cadena SER, y he trabajado también en la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.

Puedes contactar conmigo a través de mpinheiro@eldiario.es.

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Requisar teléfonos y ordenadores de periodistas: cuando perseguir un delito choca con la protección de las fuentes

La Policía Nacional paró en la mañana del martes al periodista del Diario de Mallorca Kiko Mestre para requisarle su teléfono personal. Por la tarde acudió a la sede de Europa Press en Baleares para hacer lo mismo con otra periodista. También se llevaron varios ordenadores de la redacción. Los agentes esgrimieron una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que, a instancias del empresario Bartolomé Cursach -acusado de casi una veintena de delitos, todos muy graves- ha pedido que se investigue la publicación de ciertas informaciones sobre su caso.

La actuación de los agentes, a instancias del juez, ha provocado la reacción inmediata de asociaciones de periodistas y de plataformas en defensa de la libertad de prensa. La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha visto obligada a salir al paso de las críticas porque la Fiscalía de Baleares apoyó esa intervención de la Policía. Ha afirmado que tanto jueces como fiscales velan por la libertad de prensa, pero ha entendido que este asunto provoque "inquietud".

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La Policía reconoce ante el juez que durante el Gobierno de Rajoy se pagó a informadores para espiar a Bárcenas

La Dirección General de la Policía ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que señala que hay indicios de que agentes de la Policía Nacional participaron en un operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, denominada Operación Kitchen. Además, admite que hay pruebas de que se pagó a "colaboradores o informadores" para esos trabajos.

El juez que instruye el caso Villarejo, Diego de Egea, abrió una pieza separada de esa causa para investigar el espionaje al extesorero del PP a partir de unas grabaciones incautadas al comisario encarcelado. En concreto, se investigan los pagos al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que obtuviese información. Este miércoles tendrá que declarar como imputado en la Audiencia Nacional.

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El tortuoso camino para reclamar los 1.000 millones de indemnización del Prestige 16 años después

El 13 de noviembre de 2002, un día con un temporal intenso, el petrolero Prestige comunicó que tenía una vía de agua y estaba perdiendo fuel frente a la costa gallega. Tras seis días de desastrosas decisiones por parte del Gobierno de José María Aznar, el barco se partió en dos y se hundió. Inundó la costa con  77.000 toneladas de crudo en uno de los mayores desastres ecológicos de España. 16 años después, el Estado español y los perjudicados no han cobrado un euro de la indemnización.

La Audiencia de A Coruña fijó hace más de un año esa indemnización en  1.573 millones de euros para España, 61 millones para Francia y 1,8 para la Xunta. Ese pago lo tienen que afrontar el capitán del buque, Apostolos Ioannis Mangouras, y la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association hasta un límite de 1.000 millones.

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La secretaria general de Adif salta a la jefatura de lo Penal de la Abogacía del Estado y coordinará la acusación del procés

La Abogada General del Estado, Consuelo Castro, ha nombrado a  Rosa María Seoane nueva jefa de la sección Penal. La actual secretaria general de Adif sustituirá en el cargo a Edmundo Bal, relevado el pasado 21 de noviembre por discrepancias en el juicio del procés, y se encargará de coordinar esa acusación.

El nombramiento ha sido ya comunicado a los integrantes de la Abogacía del Estado, según informan fuentes de ese organismo. Seoane era hasta ahora secretaria general de Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Antes ocupó la Subdirección de General de asuntos consultivos y contenciosos del servicio jurídico de la Agencia Tributaria. Desde ese organismo se inicia la persecución de la mayoría de los delitos contra la Hacienda Pública.

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Abascal, el político que cobró sueldos de 80.000 euros de las autonomías y pide acabar con ellas

De un sistema de autonomías a un "Estado unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división". Sin parlamentos y con la capacidad legislativa de esos territorios limitada hasta el extremo. Por supuesto, sin competencias en Sanidad, Educación o Justicia. El programa electoral de Vox, por ahora una recopilación somera de sus ideas en 100 puntos, dedica una buena parte a prometer el desmantelamiento de un modelo territorial del que su líder, Santiago Abascal, ha vivido durante años.

Ese documento surge del acto del pasado 7 de octubre en Vistalegre. Ese en el que 10.000 personas escucharon las proclamas de Abascal y otras 1.000 se quedaron fuera por falta de espacio. Allí se redactó un esbozo de programa en epígrafes muy sencillos, en los que se propone la derogación de la ley contra la violencia de género, la de memoria histórica o se alerta de los peligros de la inmigración. En casi todos sus apartados hay referencias a la limitación del estado autonómico y a su supuesto despilfarro.

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Los resultados que no predijo ninguna encuesta: ni el desplome de Susana Díaz ni los 12 diputados de Vox

Ninguna encuesta de las publicadas en estas últimas semanas sobre las elecciones en Andalucía vaticinó el profundo cambio político que han arrojado los resultados de este domingo. Todas apuntaban a que Susana Díaz revalidaría la presidencia de la Junta de Andalucía con pactos y todas se quedaron cortas en las proyecciones sobre Vox.

El PSOE ha caído de 47 a 33 escaños y no llega a la mayoría absoluta de 55 diputados ni con su socio actual, Ciudadanos -que pasa de 9 a 21-, ni con Adelante Andalucía -que pasa de 20 diputado a 15. El PP se deja 7 escaños -de 33 a 26- pero podría gobernar en Andalucía con la suma de Ciudadanos y Vox, que irrumpe con 12 parlamentarios.

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Los pactos posibles que deja el 2D: mayoría en la derecha y Ciudadanos con la llave

Los resultados de las elecciones en Andalucía han arrojado un vuelco político histórico. El PSOE, tras 38 años en el gobierno de la Junta de Andalucía, tiene prácticamente imposible mantenerse en el poder. La suma de PP, Ciudadanos y Vox alcanza la mayoría de 55 escaños. El bloque de la derecha se impone al de la izquierda, aunque las posibilidades de pacto y las exigencias de los líderes de esas formaciones podrían romper esos bandos.

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Enrique Cerezo ficha a Catalá, el ministro de Justicia al que recurrió para solucionar sus problemas judiciales

Rafael Catalá, hasta hace unos meses ministro de Justicia con el PP y aún diputado en el Congreso, se va a incorporar como patrono a la Fundación del Atlético de Madrid, el club que preside el empresario Enrique Cerezo. Ambos mantienen una amistad que el empresario no dudó en utilizar cuando él y otro de sus amigos, Ignacio González, se vieron en apuros judiciales por el caso Ático. La Unidad Central Operativa (UCO) agrupó todas esas maniobras en un informe que destacaba sus tintes mafiosos.

Según ha adelantado este jueves El Confidencial, Catalá ha recibido autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así lo recoge el Portal de Transparencia, donde se informa de que el pasado lunes Catalá obtuvo permiso para incorporarse a cuatro puestos: en la Fundación del Atlético de Madrid, en el Colegio de Abogados, en el bufete Herbert Smith Freehils y en la Fundación de Legálitas.

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La jueza desmonta las excusas de Cifuentes para justificar que hizo el TFM

Cuando se publicó la primera información del máster, el pasado 21 de marzo, Cristina Cifuentes ni podía atisbar que meses después iba a tener que declarar en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Cuando se acercó ese día trató de evitarlo por todos los medios a su alcance, pero finalmente el 23 de julio tuvo que sentarse ante la jueza. Carmen Rodríguez-Medel no se creyó ninguna de las excusas que dio para tratar de hacerla creer que hizo su Trabajo de Fin de Máster (TFM), pero que no conservaba ninguna prueba de ello.

Así lo hace constar la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el auto por el que este miércoles ha dado por finalizada la investigación del caso Máster. Rodríguez-Medel lo ha concretado en su escrito de diez páginas en el que no solo deja patente que no cree el relato de la expresidenta madrileña. También relata que fue Cifuentes quien  instigó la falsificación del acta sobre su TFM con el que trató de sobreponerse a las informaciones de eldiario.es sobre su posgrado que amenazaban durante aquellas primeras semanas su carrera política.

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La jueza del caso Máster procesa a Cristina Cifuentes por la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster

La jueza Carmen Rodríguez-Medel propone juzgar a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster. En un auto dictado este miércoles, Rodríguez-Medel da por concluida la instrucción y transforma las diligencias en procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de cárcel.

Rodríguez-Medel toma la misma decisión para el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde; la profesora Cecilia Rosado (presunta autora de la falsificación de las firmas) y Maite Feito, asesora del Gobierno de Cifuentes que supuestamente presionó para que se realizara la falsificación.

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