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Marcos Pinheiro

Periodista. He pasado por las redacciones de la Agencia EFE y la Cadena SER, y he trabajado también en la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.

Puedes contactar conmigo a través de mpinheiro@eldiario.es.

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Madrid, región corrupta: dos décadas de gobiernos enfangados en los tribunales

El PP se arriesga este domingo a perder el poder en la Comunidad de Madrid, su principal bastión territorial, que ha servido de laboratorio para las políticas neoliberales del partido en Sanidad, Educación e impuestos. Pero además de la externalización sanitaria, el impulso a los colegios concertados y haber convertido la región en una suerte de paraíso fiscal, los populares han dejado también su impronta de corrupción: tres presidentes autonómicos están siendo investigados por los tribunales que aúnan las más de dos décadas de gobiernos del PP.

El cuarto, Alberto Ruiz Gallardón, inauguró el reinado del PP en la Comunidad de Madrid y, aunque parecía estar libre de cualquier sospecha de corrupción, la investigación del caso Lezo acabó con su imputación y la de todo su Gobierno. Quien fue primer presidente de los populares en la Comunidad de Madrid emprendió la expansión internacional de la empresa pública Canal de Isabel II, una aventura en Latinoamérica que después aprovechó Ignacio González para hacer negocio.

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La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Gallardón pero insiste en que hubo delito en la compra de Inassa

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la investigación que abrió contra Alberto Ruiz Gallardón por la compra de la sociedad Inassa a través del Canal de Isabel II, investigada dentro del caso Lezo. Anticorrupción insiste en que hubo delito en esa operación, pero exime al expresidente madrileño y a parte de su gobierno: "No ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos".

En el escrito enviado a la Audiencia Nacional, la Fiscalía también pide que se archive la causa contra Ignacio González y su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino. Eso sí, señala como responsables de esa compra fraudulenta a todo el Consejo de Administración del Canal y pide que se abra una pieza separada en la que se investigue un delito de malversación de caudales públicos agravado.

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El Constitucional ya avaló hace tres décadas otras fórmulas menos rígidas de acatar la Carta Magna

Los diputados de Vox han dado golpes desde sus escaños, algunos de PP y Ciudadanos les han seguido. Albert Rivera, tras hacer aspavientos, ha tratado de interrumpir la sesión sin éxito y se ha resignado a pedir la palabra cuando todos los parlamentarios habían acatado la Constitución en la primera sesión del Congreso. Lo ha hecho para protestar por la fórmula empleada por los diputados de ERC y Junts per Catalunya y acusarles del "insultar el decoro" de la Cámara.

Rivera se quejaba, en concreto, de las alusiones a los "presos políticos" empleadas por los diputados independentistas, entre los que estaban alguno de esos presos. Oriol Junqueras, por ejemplo, ha usado esa fórmula entre los golpes en la mesa y abucheos de los diputados de la derecha: "Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo".

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José Antonio Choclán: un penalista experto en llegar a acuerdos para pilotar el futuro judicial de Cifuentes

No hay prácticamente ninguna investigación judicial relevante en la que no tenga un cliente José Antonio Choclán, un magistrado que despuntó muy joven en la Audiencia Nacional pero que pronto se pasó al otro lado. Fundó un despacho penalista que ahora es una referencia: cuenta entre sus clientes con los principales banqueros con lastres de la crisis en los juzgados, estrellas del fútbol con problemas fiscales y políticos enfangados en casos de corrupción. A la lista se ha sumado esta última semana Cristina Cifuentes.

La expresidenta madrileña ha recurrido al prestigioso penalista cuando está al borde de enfrentarse al juicio del caso Máster. Cifuentes afronta una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel que podrían llevarla a prisión. Su estrategia hasta ahora ha consistido en embestir el muro de las evidencias de la investigación: ella sigue insistiendo en que realizó el máster. Además, aunque su entorno presionó a la Universidad Rey Juan Carlos para conseguir el acta con la que se defendió de las primeras acusaciones, Cifuentes asegura que su falsificación es cosa de la Universidad.

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Jorge Barrero: "Hay que reconocer y remunerar mejor los trabajos que no pueden hacer las máquinas"

Buena parte de los trabajos actuales serán desarrollados en el futuro por robots: quienes hayan conseguido formarse para otros empleos estarán bien pagados, mientras el resto ocupará trabajo precarios. La clase media desaparecerá y el resultado será una sociedad polarizada entre ricos y pobres.

Ese es el diagnóstico sobre el futuro inmediato contra el que lucha la Fundación Cotec -una fundación privada sin ánimo de lucro-, que ha lanzado una campaña para que los políticos abran un debate sobre una profunda reforma en el sistema educativo. La campaña está apoyada en dos vídeos que llevan más de 450.000 visualizaciones y en una carta abierta que pide, entre otras cosas, "que el sistema educativo fortalezca las habilidades que nos hacen ser mejores que las máquinas" o evitar "que las máquinas cometan abusos contra nosotros en vez de estar a nuestro servicio".

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La izquierda busca repetir el éxito del 28A en unas elecciones que proclamarán al líder de la derecha

Con el Congreso de los Diputados todavía por constituir y sin atisbo aún de pactos para formar Gobierno arranca una nueva campaña electoral, 12 días después de los últimos comicios. El próximo 26 de mayo volverán a abrirse los colegios y esta vez con tres urnas -municipales, autonómicas y europeas- que determinarán si la izquierda es capaz de mantener el nivel de movilización del 28A, que lo llevó a superar a la derecha en votos y escaños, para mantener sus gobiernos autonómicos y arrebatar feudos históricos del PP y otros que gobierna con Ciudadanos.

En la derecha, los comicios de dentro de dos semanas supondrán una segunda vuelta de la pugna particular entre Pablo Casado y Albert Rivera por ver quién se erige como líder de la derecha.

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El CIS prevé una clara victoria de la izquierda el 26M: mantiene sus gobiernos y gana en la Comunidad de Madrid

La izquierda obtendrá una victoria arolladora en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26M, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves. La suma de PSOE, Podemos y otros pequeños partidos les permitiría retener gobiernos como el de Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura (donde la derecha sumó más votos el 28A) y tendrían al alcance gobernar por primera vez en tres décadas en la Comunidad de Madrid.

Según los datos recopilados por el CIS, la izquierda también acaricia el gobierno en Murcia, otro feudo histórico del PP, aunque la derecha está más cerca de la mayoría absoluta. En Castilla y León, otro territorio dominado por el PP en las últimas tres décadas, ganarían los socialistas aunque tendrían muy difícil arrebatar a la derecha la mayoría absoluta. Sí que podrían gobernar en Canarias, hasta ahora en manos de Coalición Canaria -partido al que saca 10 puntos en intención de voto- y el PSOE ganaría por primera vez en 24 años en La Rioja.

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Las bases para un acuerdo programático: PSOE y Unidas Podemos coinciden en Educación, Sanidad e impuestos

"Las posiciones son conocidas, nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo". Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, ha resumido con esa frase su reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en Moncloa. Según Iglesias, no han hablado de entrar en el Gobierno o de acuerdo programático y todo hace intuir que nada avanzará hasta después del 26M.

Esas posiciones conocidas de las que ha hablado son el principal escollo para llegar a un acuerdo. Unidos Podemos reclama entrar en un Gobierno de coalición con el PSOE. Desde el Ejecutivo de Sánchez apuestan por un pacto basado en las medidas del programa.

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El PP encara el 26M con la amenaza de que Ciudadanos le supere en cuatro comunidades autónomas

El PP no tiene tiempo para lamerse las heridas que le ha dejado la fuga de casi cuatro millones de votos del 28A. Pablo Casado se juega en menos de un mes la segunda vuelta que determinará si el batacazo al que ha llevado al partido en la generales se traslada a las municipales y autonómicas. El pasado domingo Ciudadanos se quedó a nueve diputados y menos de tres puntos de los populares; el 26M puede superarlo en cuatro comunidades autónomas y en algunas de las grandes ciudades.

Casado afronta esa cita electoral tratando de dar un giro a su estrategia que tiene que ver con su propia supervivencia en medio de una grave crisis interna y con algunos de los barones territoriales cuestionando su gestión. La debacle ha reabierto las guerras intestinas entre diferentes bandos que se responsabilizan unos a otros de la derrota. El aznarismo defiende que la caída había empezado ya con Rajoy. Y la propia Esperanza Aguirre ha puesto fecha al inicio del retroceso, 2008, a pesar de que después de eso Rajoy logró una mayoría absoluta y ganó las elecciones dos veces más. 

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El Supremo se reunirá este domingo para decidir si Puigdemont, Comín y Ponsatí pueden presentarse el 26M

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Madrid, junto con los juzgados de lo Contencioso 9 y 21, ha decidido elevar al Tribunal Supremo la decisión sobre las candidaturas de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí a las elecciones europeas. Entienden que debe pronunciarse el Alto Tribunal –que ya ha anunciado que se reunirá este domingo a las 12.00 horas para tomar una decisión– porque el recurso plantea cuestiones que afectan "tanto a la inelegibilidad de los candidatos como a la proclamación de las candidaturas".

En los tres juzgados habían recaído recursos idénticos de los tres políticos catalanes contra su exclusión de la candidatura europea de JxCat. La Junta Electoral Central consideraba −tras un recurso de PP y Ciudadanos contra la designación− que no son elegibles pues, al haber sido declarados en rebeldía en el juicio del procés, no pueden figurar en el censo electoral. Según la resolución dictada este sábado, los tres tribunales estiman que el Supremo tiene que establecer un criterio jurídico que lo resuelva y evitar así "posibles resoluciones contradictorias".

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