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Marcos Pinheiro

Periodista. He pasado por las redacciones de la Agencia EFE y la Cadena SER, y he trabajado también en la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.

Puedes contactar conmigo a través de mpinheiro@eldiario.es.

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Una década de corrupción y despilfarro en la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos del PP

Los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid pusieron las instituciones y empresas públicas regionales al servicio de sus intereses. Despilfarraron dinero público, beneficiaron a empresas amigas y desviaron fondos a las cuentas del partido. Esa es la contundente conclusión que han alcanzado los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid tras cuatro años de investigación en la Comisión de Investigación de la Corrupción Política.

El resultado de esa investigación ha quedado plasmado en un dictamen de 160 páginas que ahora tendrá que ser votado por el pleno de la Asamblea de Madrid. Pueden producirse aún algunas modificaciones en su contenido, pero el grueso se mantendrá porque es fruto del acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Los tres partidos suman diputados suficientes como para sortear el voto en contra del PP, que durante todo este tiempo ha tratado de entorpecer los trabajos de la comisión.

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La oposición concluye que el PP usó las instituciones de la Comunidad de Madrid para lograr beneficios "ilegítimos"

La Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política en la Comunidad de Madrid acaba de presentar sus conclusiones. El dictamen provisional señala que el Partido Popular usó las instituciones regionales "para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales" entre 2007 y 2015.

El documento, que tiene que ser ratificado por la Asamblea de Madrid y será trasladado a la Fiscalía Anticorrupción, apunta a tres responsables fundamentales de los hechos que se relatan: Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre. Y concluye que el PP pudo beneficiarse "con el desvío de fondos desde fundaciones o empresas contratistas de la Comunidad de Madrid para la financiación de campañas electorales".

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Citaciones equivocadas, testigos que no asistirán: el juicio a la Gestapillo se convierte en un vodevil

"Disculpa por el lío". La quinta jornada del caso de los espías ha arrancado con la magistrada pidiendo perdón. Se dirigía al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Por "lío", la jueza del caso se refería a la amenaza que tuvo lugar en la misma sala de vistas 24 horas antes, cuando amenazó con enviar a la Policía a buscar al expresidente a su casa por eludir una citación para declarar como testigo que en realidad nunca existió.  

Todo fue fruto de un "error administrativo", uno más de los que se suceden en el juicio de la llamada "gestapillo"una trama de espionajes y seguimientos a dirigentes políticos del PP de Madrid enfrentados a la entonces presidenta, Esperanza Aguirre. Diez años después el asunto llega a juicio entre un sinfín de descuidos, descoordinaciones y olvidos y en el que solo el PSOE ejerce la acusación.

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Guía para no perderse en el juicio del procés

Nueve miembros del antiguo Govern, la expresidenta del Parlament y dos líderes de organizaciones independentistas se sientan este martes en el Tribunal Supremo, donde se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia.

El juicio por el procés se extenderá durante varios meses y comenzará con la exposición de las cuestiones previas. Luego será el turno de los acusados, antes de que comparezcan como testigos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el actual president del Parlament, Roger Torrent.

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El Supremo confirma la nulidad de las elecciones de 2015 al Colegio de Procuradores de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las elecciones al Colegio de Procuradores de Madrid porque se celebraron "sin garantías". Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado esa resolución al inadmitir a trámite el recurso que presentó la cúpula de ese organismo. El alto tribunal no revisará esa sentencia, que ya es firme.

En una sentencia publicada hace un año, el TSJM resolvió un recurso del Colegio de Procuradores contra un fallo anterior dictado por un juzgado de Madrid. Esa sentencia recogía una serie de irregularidades que influyeron en el resultado, que dio como ganador a la candidatura de Gabriel de Diego. La cúpula del Colegio de Procuradores -que dimitió tras esa resolución- llevó el caso ante el Supremo.

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La promotora de la Operación Canalejas, una "empresa amiga" que ayudó al PP cuando había elecciones

La Operación Canalejas es el proyecto urbanístico estrella del centro de Madrid. Unirá varios edificios situados en la almendra de la capital, a escasos metros del Congreso de los Diputados, y reordenará el tráfico de vehículos, las aceras y modificará hasta las salidas de Metro. Desde que se proyectó, la constructora OHL, una de las promotoras del complejo, ha recibido facilidades por parte de las administraciones gobernadas por el PP de Madrid.

Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, y el PP han tenido siempre una relación muy estrecha que les ha llevado a coincidir incluso en los sumarios de los casos de corrupción más importantes de los últimos años. El empresario aparece como donante en los papeles de Bárcenas y los investigadores de Púnica afirman que aportó fondos para las elecciones de 2011. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil da por hecho que la constructora se presentaba como una "empresa amiga" del partido en "periodo electoral".

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Sergio Gamón, el escolta de Aguirre que se ocupó de su seguridad política

Sergio Gamón ha desarrollado gran parte de su carrera como Policía Nacional en labores de escolta. Durante años fue el guardaespaldas de Esperanza Aguirre, que le fichó durante su etapa como ministra de Educación y luego se lo llevó al Senado cuando fue elegida presidenta de la Cámara Alta. Cuando se hizo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid volvió a recurrir a su escolta, aunque en esta ocasión le confió mucho más que eso: también su seguridad política.

El pasado jueves Gamón se sentó en una sala de la Audiencia Provincial de Madrid como principal acusado del caso sobre el espionaje político, la gestapillo de Aguirre como la bautizó uno de sus principales enemigos internos, el vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo. Las acusaciones sitúan al viejo guardaespaldas de Aguirre como la persona que ordenó a varios agentes de policía y guardia civil que trabajaban para él que siguiesen a los rivales políticos de la presidenta. Los seguimientos se produjeron en los meses previos al Congreso del PP de 2008, para el que la entonces presidenta regional sopesaba presentarse para destronar a Mariano Rajoy, dentro de una campaña en la que el aguirrismo no estaba solo, le amparaba parte de la derecha mediática de la capital.

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El Gobierno da por rotas las negociaciones con los independentistas y se centrará en defender los presupuestos

El Gobierno ha presentado este viernes el documento que contenía sus propuestas para iniciar una negociación sobre una solución para Catalunya a través de una mesa de partidos. Esas bases, que eran la última oferta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluyen abrir la mesa a representantes estatales de todas las formaciones con representación en el Parlament. Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los partidos independentistas han rechazado esa propuesta: "No aceptan el marco que hemos propuesto".

Calvo ha dicho que ante ese rechazo el Ejecutivo va a centrarse en aprobar las cuentas. El documento que iba a servir de base para las negociaciones y que, según el Gobierno, han rechazado los partidos independentistas, recoge que sus participantes podrán plantear "sus propuestas de resolución y proyecto político, con total libertad, sobre el futuro de Cataluña". El objetivo inicial consensuar "una propuesta política y democrática".

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El principal acusado por el espionaje político dice que "nunca" ordenó seguimientos a políticos del PP

Sergio Gamón es policía nacional y ha desempeñado buena parte de su carrera como escolta de Esperanza Aguirre y como alto cargo de su gobierno regional. Este jueves se ha sentado como acusado en la Audiencia Provincial por, presuntamente, ordenar a varios agentes que siguieran en 2008 a varios rivales internos de la expresidenta, entre los que estaban Manuel Cobo, Alfredo Prada y Cristina Cifuentes.

Gamón era en esa época director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, un puesto de libre designación con un sueldo de 90.000 euros. Según las acusaciones del caso Espías, él ordenó los seguimientos a los rivales de Aguirre en los meses previos al Congreso de 2008 en el que se iba a poner a prueba el liderazgo de Mariano Rajoy.

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Ignacio González se convierte en el protagonista del juicio por el espionaje político a cargos del PP de Madrid

"No se ha acreditado y no existe". Ignacio González fue tajante durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que le interrogó por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los presuntos responsables de ese seguimiento han declarado ante la jueza que, cuando recibieron la orden de seguir a los rivales internos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, se les dijo expresamente que era por el "especial interés" que tenía en ese encargo el entonces vicepresidente madrileño.

José Oreja Sánchez y Antonio Coronado son agentes de la Guardia Civil y estuvieron destinados en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. El responsable de esa área, Sergio Gamón, les citó en febrero de 2008 a una reunión junto a otros cuatro agentes de Guardia Civil y Policía. Ante la jueza, han dicho que Gamón les dio unas instrucciones "ilegales" para hacer "seguimientos" a, entre otros, Alfredo Prada, Manuel Cobo o Cristina Cifuentes.

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