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Marcos Pinheiro

Periodista. He pasado por las redacciones de la Agencia EFE y la Cadena SER, y he trabajado también en la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.

Puedes contactar conmigo a través de mpinheiro@eldiario.es.

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"La Constitución ha quedado obsoleta, está en cierta medida paralizada"

Pasados 40 años de la aprobación de la Constitución, es momento de reformarla. Es la idea de partida que comparten el politólogo Antón Losada y el constitucionalista Javier Pérez Royo. Con esa premisa comenzaron a debatir sobre la forma de abordar esa reforma, qué elementos que perviven del franquismo en la carta magna hay que eliminar, o sobre el papel de la monarquía en el sistema parlamentario. Ese debate lo han plasmado en el libro 'Constitución: la reforma inevitable'.

En este entrevista con eldiario.es admiten coincidencias en el libro, pero también discrepancias. Por ejemplo, cómo enfrentarse al problema territorial a través de una reforma de la Constitución. O sobre si el escenario político actual permite realmente cambiar la norma fundamental: Losada lo ve posible, Pérez Royo es pesimista.

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El Supremo sume en la incertidumbre a decenas de miles de clientes afectados por el impuesto de las hipotecas

Un "giro radical" que ha provocado una "enorme repercusión económica y social". Con estos argumentos justificó el Tribunal Supremo 24 horas después que se vaya a revisar la sentencia que el jueves dictó que deben ser los bancos, y no los clientes, quienes abonen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), una tasa vinculada a las hipotecas, en contra de lo señalado por dos sentencias anteriores del mismo tribunal. El Supremo  paralizó este viernes los miles de recursos pendientes sobre este asunto hasta que se decida qué criterio aplicar. No hay una fecha concreta para acabar con la incertidumbre. Hasta entonces, ni los afectados ni los bancos sabrán qué criterio aplicará la Justicia a las nuevas hipotecas y a las reclamaciones que vienen de atrás.

La doctrina que iba a sentar  la nueva sentencia será ahora revisada por el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta por 31 jueces, a petición del presidente de la Sala, Luis María Díez Picazo. El fallo del jueves que condenaba a los bancos a pagar el impuesto está firmado por cinco magistrados, mientras que un sexto emitió un voto discrepante.

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Ciudadanos llevará al Congreso como asesor de la Ley Mordaza a un policía que vincula inmigración y terrorismo

Ciudadanos ha presentado este jueves su propuesta de expertos para que asesoren a los diputados en la reforma de la Ley Mordaza que tramita el Congreso de los Diputados. Uno de ellos es el policía Samuel Vázquez, coordinador general del colectivo Una Policía para el Siglo XXI, que ha firmado artículos en prensa en los que vincula la inmigración con el terrorismo y la propagación de enfermedades, y pide un "férreo" control de las fronteras ante la " avalanchas  por tierra y mar, día y noche".

Vázquez, que es uno de los dos expertos que ha invitado Ciudadanos a la Comisión de Interior que reformará la Ley Mordaza, una de las reformas legislativas más polémicas del mandato de Mariano Rajoy, se define en su perfil de Twitter como liberal y cristiano. También es articulista y coordinador de la organización Club de los Viernes, de corte ultraliberal. 

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La prostitución en las tramas de corrupción: un instrumento para ablandar conciencias y festejar los negocios

Club Jezebel, Muñeca Doll, Paradise Club... En una escena de El Reino, la película en la que Rodrigo Sorogoyen radiografía la corrupción española, un alto cargo político asiste avergonzado a un careo judicial en el que le van leyendo los nombres de locales nocturnos y prostíbulos en los que se ha reunido durante años para hablar de comisiones, subvenciones desviadas y contratos amañados. La cámara enfoca a su mujer, que permanece hierática, no del todo sorprendida.

La película incluye ese guiño -que provoca risas en la sala- pero el guión no ha tenido que ir muy lejos: la prostitución emerge en muchos de los sumarios que instruyen los tribunales españoles. Las investigaciones suelen tener elementos comunes: hay amaños de licitaciones, empresarios muy generosos con cargos políticos deseosos de completar la nómina con ingresos extra y a veces hasta es calcado el porcentaje de la mordida. En muchos de ellos aparece la prostitución, a veces como un mecanismo más de compra de voluntades, como ingrediente para engrasar las relaciones o mero festejo de un buen negocio.

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El CNI renuncia a defenderse en la Audiencia Nacional de la demanda presentada por un aspirante a analista

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha renunciado a defenderse en la Audiencia Nacional de la demanda que presentó un aspirante a analista de inteligencia que superó las pruebas pero nunca se incorporó a su puesto. La jueza encargada del caso ha comunicado a ese aspirante que el centro ha optado por no presentar ninguna documentación adicional. No ha contestado a la demanda, por lo que el proceso continuará sin que puedan presentar ninguna prueba.

El caso comenzó el pasado el pasado mes de abril, cuando Eduardo B. decidió iniciar un proceso judicial por la vía contencioso administrativa de la Audiencia Nacional para reclamar al CNI una indemnización de 120.000 euros. Cifró en esa cantidad el perjuicio de haber estado cinco años esperando a incorporarse al puesto de analista de inteligencia. Había superado las pruebas y el CNI le prometió que entraría a trabajar, hasta que un día le comunicó que su plaza había caducado.

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La Audiencia Nacional procesa a los tres acusados de los atentados de Barcelona y Cambrils

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado este miércoles el procesamiento de los tres miembros de la célula terrorista que cometió los atentados de Cataluña del pasado mes de agosto de 2017. El magistrado destaca que tenían como objetivo un gran atentado contra un lugar emblemático, pero que este quedó frustrado por la explosión de Alcanar. El resultado fue el atropello de La Rambla y el ataque en Cambrils.

El magistrado procesa a Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir por integración en organización terrorista, delito de fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa. Respecto a Said Ben Iazza, el magistrado le procesa por colaboración con organización terrorista. El magistrado considera que los tres formaban parte de un grupo radicalizado cuyo objetivo era "llevar a cabo atentados contra los considerados 'sus enemigos', es decir, el mundo occidental".

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El Congreso aprueba la moción que pide el cese de la ministra de Justicia con la abstención de Unidos Podemos

El Congreso ha aprobado este martes una moción por la que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cese de forma inmediata" a la titular de Justicia, Dolores Delgado. El PP, autor de la iniciativa, ha reprochado a la ministra su cercanía al exjuez Baltasar Garzón y ha cuestionado también su trabajo como fiscal. Sus votos, junto a los de Ciudadanos y con la abstención del PP ha permitido aprobar el texto, que al igual que la reprobación del Senado, no tiene carácter vinculante.

La diputada del PP María Jesús Moro Almaraz ha sido la encargada de exponer su moción. "No ha existido ejemplaridad en tu trayectoria profesional como fiscal ni en sus breves meses como ministra", ha dicho la parlamentaria, que le ha reprochado que rechazase defender en un primer momento al juez Pablo Llarena por la querella de Carles Puigdemont.

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Quién es quién en Vox: los nombres detrás del partido que aspira a colocar a la ultradererecha en las instituciones

Vox llenó este domingo el Palacio de Vistalegre, convertido ya en escenario icónico de la política española. Según el partido, casi 10.000 personas aplaudieron el discurso de Santiago Abascal, el líder de la formación, que cargó contra el independentismo, contra la inmigración, contra el feminismo y hasta defendió el derecho a portar armas. Él mismo presume de ir siempre con pistola.

Antes que Abascal pasaron por el estrado algunos de los cargos del partido, los que durante los últimos años le han acompañado en su batalla por abrir un hueco en el espacio político para la formación de ultraderecha. Hablaron, por ejemplo, Javier Ortega Smith, número dos, y Jose Antonio Ortega Lara. Son las caras más visibles del partido, integrado por habituales de Intereconomía -donde llevan años siendo entrevistados y participando en tertulias- y en cuyos currículum destacan los perfiles empresariales y la educación privada.

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Las grabaciones de Villarejo, el último intento de desacreditar el caso Gürtel

El caso Gürtel ha sufrido sucesivos intentos de derribo desde que comenzó la investigación con las grabaciones de un concejal arrepentido. Presiones políticas, jueces inhabilitados, trabas a la investigación y ataques constantes contra la prueba principal, esas grabaciones entregadas a Anticorrupción en 2007 y que recopilaban en miles de horas de conversaciones cómo la trama corrupta se había infiltrado hasta la raíz de las instituciones, con la necesaria ayuda de decenas de cargos del PP.

Ahora una nueva tanda de conversaciones grabadas, las mantenidas hace una década por el excomisario José Manuel Villarejo, se han convertido en la última arma para desacreditar la causa cuya sentencia provocó la salida del PP de la Moncloa.

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Las tarjetas black: el caso que juntó en el banquillo a empresarios, sindicalistas y políticos de todo signo

Empresarios, políticos de PP, PSOE e IU y sindicalistas. El proceso judicial por las tarjetas black juntó en un banquillo de la Audiencia Nacional a una pequeña representación de lo que fue el poder político y económico en una época en la que partidos y organizaciones sociales colonizaban las cajas para poner a sueldo a sus afines. El Tribunal Supremo  ha confirmado este miércoles las principales penas de cárcel para muchos de ellos por gastar dinero primero de Caja Madrid y luego de Bankia sin control y a escondidas de Hacienda.

Según el alto tribunal, Rodrigo Rato y Miguel Blesa mantuvieron y ampliaron un sistema que permitía a la cúpula de la entidad "disponer a su antojo" del dinero de la Caja, rescatada con 22.000 millones de dinero público, para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

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