Las empresas de la sanidad privada ya gestionan uno de cada tres hospitales de la red pública

El negocio de la sanidad privada sigue creciendo a costa de la pública. En la última década, el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que implica que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. O lo que es lo mismo: uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023.

Así lo revela un extenso informe sobre la sanidad privada que ha presentado este martes en Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Mónica García. “El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”, señala el Ministerio.

El documento que ha presentado García llega en plena polémica por las noticias acerca el Hospital de Torrejón, un centro público de Madrid gestionado por la multinacional Ribera Salud, y en el que se han destapado prácticas para ahorrar costes como no coger a pacientes complejos de fuera del área sanitaria u obligar a cambios en el triaje de Urgencia para calificar como leves a enfermos graves. García ha calificado lo ocurrido en Torrejón como un ejemplo del “modus operandi que intenta parasitar el sistema público”.

“Quirón y Ribera Salud son las dos caras de la misma moneda”, ha dicho García, que considera que el “patrón” de la privatización “necesita de la connivencia” del PP en la Comunidad de Madrid. La ministra ha advertido de que nadie debe “anteponer” los intereses económicos a los de la salud, como se demostró en los audios del CEO de Ribera Salud en el caso del hospital de Torrejón que reveló El País.

En la rueda de prensa, García ha incidido en que los estudios cuestionan el mantra de que las empresas privadas gestionan mejor la sanidad. “La sanidad privada se utiliza para casos puntuales”, ha señalado García, que ha incidido en que el seguimiento de las patologías se hace en la sanidad pública.

El informe señala que el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023. “La proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%”, señala el documento.

Además de que haya empresas privadas gestionando hospitales públicos, en muchos territorios se derivan buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos.

Es decir: las arcas públicas cada vez financian en mayor medida el negocio de las empresas de la sanidad privada. Por un lado con la gestión externalizada de hospitales de la red pública y por otro con las derivaciones a hospitales privados de pruebas que los públicos no pueden asumir.

Según recalca el Ministerio en su nota de prensa, “este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud, y advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema”.

Un ejemplo es que esos hospitales privatizados no asumen los procesos asistenciales de mayor coste: “Al estudiar en qué centros hospitalarios se abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95%”.

El informe también señala que el modelo implica riesgos para el sistema público, como la fragmentación de la red asistencial, que se cree una brecha salaria y de condiciones del personal, que la red pública pierda capacidad de planificación o que hay riesgo de sobrecoste y se pierde capacidad para vigilar la facturación. Pero además, el informe señala como riesgo lo que ya se ha comprobado que ocurre en el Hospital de Torrejón: “Atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos”.

El documento recoge también que el número de seguros privados ha crecido desde el 17,2% en 2017 al 32,6% en 2024. “Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (296,4 %), Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8 %) y la Comunidad Valenciana (234,8 %)”, señala la nota de Sanidad, que incide en que los pacientes se decantan por los servicios públicos en atención primaria, urgencias o ingresos hospitalarios.

El estudio de Sanidad señala la pandemia del Covid-19 como el principal causante en ese aumento de seguros privados “como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas”.

Como conclusiones a su estudio, el Ministerio recomienda “reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos, exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos y promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos”.