Incertidumbre es la palabra. Nadie sabe qué va a pasar con las becas Erasmus+ con el brexit. Y la fecha límite del 29 de marzo se acerca. Una cosa sí es segura: pase lo que pase, los estudiantes europeos que se encuentran en el Reino Unido este curso podrán finalizar su estancia sin problemas. A partir de ahí, todo dudas.

Los escenarios posibles son dos: una salida sin acuerdo o un abandono pactado. El primer caso es el de la incertidumbre absoluta. Si Reino Unido deja la UE unilateralmente, la situación que parece más probable es que el programa Erasmus+, que centraliza las ayudas europeas y españolas, deje de aplicarse al menos hasta que se firmen acuerdos bilaterales entre Reino Unido y cada país.

Jordi Pérez conoce bien el modelo de legalización del cannabis en Canadá. Este médico barcelonés, investigador y profesor de anestesia en la Universidad McGuill, una de las más importantes del país, es un observador del sistema en primera línea. Dirige la unidad de dolor oncológico y trabaja en la de dolor no oncológico de su universidad, trata con pacientes y conoce sus temores y, cada vez más, necesidades.

En los últimos años, ha observado la evolución de la regulación en Canadá y no tiene duda de que "es el modelo a seguir". Firme defensor de la evidencia científica como buen investigador, apoya sin ambages la regulación del uso terapéutico del cannabis, aunque no tiene tan clara, "sin ser un talibán", la legalización recreativa. 

Docentes que trabajan más horas, plantillas envejecidas y menguadas. Este panorama dejaron los recortes entre un cuerpo docente de la educación pública en España que, casi siete años después, aún no se ha recuperado.

Contra ciertos tópicos y algunos mensajes políticos, los profesores españoles trabajan más que sus colegas europeos y en peores condiciones. Y el sistema afronta un problema de números: en los próximos años se van a jubilar unas cuantas decenas de miles de docentes y con la tasa de reposición al 100% se podrán renovar esas plazas, pero no recuperar ninguna.

Jorge Lirola es una persona incómoda, al menos para ciertos sectores de la Universidad de Almería (UAL). Es de los que no se callan. Si ve algo que considera irregular o ilegal, lo dice. Protesta en directo y por escrito. De momento le ha costado dos sanciones de la dirección de la universidad por, supuestamente, sobrepasarse con sus superiores.

La segunda sanción, muy reciente, era de más de cuatro años de suspensión de empleo y sueldo. Pero las dos veces Lirola consideró que era injusto, que estaba sufriendo una especie de caza de brujas por ser insistente en la denuncia. Recurrió a la Justicia y ganó. Las dos veces; la segunda, recientemente. Pero no han acabado sus cuitas con la UAL: en este momento tiene otro proceso abierto.

Casi uno de cada tres alumnos en España de 15 años (el 31,4%) está en un curso inferior al que le corresponde. Uno de cada siete (14,3%) ni siquiera ha necesitado tanto tiempo para repetir: con 12 años sigue en Primaria, cuando ya debería estar en Secundaria, según el anuario Las cifras de la educación en España, publicado por el Ministerio de Educación.

Estos dos datos ponen de relieve que España tiene un problema con la repetición, responsable de este desajuste de la llamada tasa de idoneidad (también se pueden perder cursos por cambios de residencia o enfermedades prolongadas, pero es más residual). Un problema que provoca además un efecto dominó y se convierte, unos años después, en otro: el abandono escolar temprano, la tasa de personas que, con entre 18 y 24 años no ha ido más allá de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y ya no estudia más, está en el 18%. Europa nos exige bajar al 15% para el año que viene.

La historia de la escuela concertada en España ha evolucionado desde la necesidad a la dialéctica política. Los colegios de iniciativa privada sostenidos con impuestos se establecieron como parte del sistema público en 1985, con las mismas condiciones teóricas que los públicos, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) por falta de recursos.

Más de 30 años después, el debate en torno a este modelo educativo ha mutado de la necesidad a la ideología con la bandera de la libertad de elección como estandarte (de algunos). Y con el dinero siempre de fondo: los colegios piden más y bajo el argumento de su infrafinanciación pública piden cuotas voluntarias a sus familias, pese a que la normativa las prohíbe.

Esta es una historia repetida en algunas universidades españolas. Un concurso por una plaza, dos candidatas. Una tiene un perfil a priori más ajustado a la plaza, la otra saca la plaza con unos criterios desconocidos. La primera recurre, la universidad lo ignora. Hasta que un juez le dice que el proceso "no se ajusta a derecho" y debe repetir la prueba.

Pero la Universidad de Oviedo obvió la sentencia judicial durante un año, estuvo pagando un salario público a la profesora a la que el juez había anulado la plaza. Repitió el proceso de selección que la Justicia había invalidado y volvió a otorgársela a la misma profesora que la había ganado en primera instancia. La otra profesora ha vuelto a recurrir.

Lío en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Los estudiantes han convocado una huelga durante toda esta semana en protesta por el Plan de Reordenación Docente del Centro. Entre las medidas que serán aprobadas y que rechaza el alumnado está la supresión de seis grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) en el campus de Aranjuez a partir del próximo curso.

La propuesta del Rectorado es que ningún estudiante pueda comenzar en septiembre los grados de Administración y Dirección de Empresas, Trabajo Social, Derecho, Economía, Relaciones Laborales y Turismo en Aranjuez.

Madrid tendrá tres nuevas universidades privadas, y ya serán 13 frente a las 6 públicas. Con este trío de nuevos centros, aprobados contra la opinión de la comunidad universitaria por Ángel Garrido (PP), la relación entre centros públicos y privados en la región ahonda en un camino que ha recorrido el Estado en general en los últimos años: el número de centros de iniciativa privada crece sin parar (serán 37 con las nuevas madrileñas, el 43% del total) mientras los públicos se mantienen estables desde hace décadas en 50 (57%).

¿Tenemos demasiadas universidades privadas? Para Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid, sí. "La última pública, la Politécnica de Cartagena, se creó a principios de los 90. Las privadas no paran de crecer", comenta.