Cultivar cannabis en España está prohibido... excepto para ciertas empresas. El Gobierno ha concedido hasta la fecha ocho autorizaciones para cultivar cannabis sativa a siete entidades, según una respuesta parlamentaria por escrito del Ejecutivo al diputado Miguel Vila Gómez, del grupo Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque actualmente solo se encuentra en vigor cinco, según el mismo texto.

De los permisos concedidos originalmente, cinco eran para cultivos con fines de investigación, dos para empresas que desarrollan cultivos con fines medicinales (para vender sobre todo fuera de España) y la octava para la plantación de marihuana con fines "exclusivamente didácticos y educativos".

Al igual que sucede con los estudiantes universitarios, los alumnos de Formación Profesional (FP) de grado medio y superior también cotizarán a la Seguridad Social cuando hagan prácticas. Falta conocer los detalles de  la medida que el Gobierno aprobó a finales de año casi de tapadillo, en forma de disposición adicional de una ley con múltiples y variadas iniciativas, pero es seguro que afectará a los casi 800.000 alumnos de FP.

El sector cree que la medida es positiva, con matices a la espera del desarrollo reglamentario que acabará de aclarar una situación que ahora es un poco confusa, aunque hay unanimidad en afear al Ejecutivo las formas con que ha aprobado este cambio.

La mayoría pasan desapercibidos, pero no es por falta de noticias o porque sean pocos. Cada día se denuncian en España, de media, 68 desapariciones de personas (24.794 solo en 2017). Un vistazo rápido por las cuentas de Twitter de la Policía Nacional  o de la Guardia Civil dan cuenta de la situación: rara es la jornada que no se pide colaboración ciudadana para localizar a alguien.

En la mayoría de las ocasiones la persona desaparecida reaparece o es localizada. Suelen ser mayores que se desorientan o gente que, por las circunstancias que sean, prefieren esfumarse motu proprio y sin dar explicaciones. Pocos son los casos que acaparan la atención desmedida de la prensa, como el reciente de la maestra Laura Luelmo, asesinada en un pueblo de Huelva, o el del niño Gabriel.

La Asociación para la Transparencia Universitaria (ATU) nació después de que en la Universidad Politécnica de Madrid aparecieron miles de diplomas falsos otorgados por academias privadas, pero avalados en teoría por la UPM, aunque la universidad no sabía nada al respecto. Desde ese año 2000, Juan Castellanos, su secretario y fundador, profesor en la Facultad de Informática que se vio en medio del escándalo, batalla desde ATU contra la corrupción en la universidad, que conoce bien tras 33 años como profesor, y por la transparencia como remedio de casi todos los males. Tras el  caso máster de la URJC y su desempeño activista en los últimos años, ATU se ha convertido en un pequeño refugio al que acuden trabajadores de universidades de toda España, en su mayoría profesores, cuando se sienten víctimas de una injusticia o una irregularidad en su universidad.

¿Está tan mal la universidad como podría parecer leyendo la prensa?

Los becarios de las universidades están recibiendo informaciones contradictorias estos días. Por un lado, el Gobierno publicó en el BOE el 29 de diciembre que todos los estudiantes universitarios que realicen prácticas formativas deberán ser incluidos en la Seguridad Social, de manera que los jóvenes vayan acumulando años de cotización.

Como reacción, los rectores de las universidades españolas replican: está muy bien que se valoren así las becas, pero la consecuencia directa de incrementar sus costes para las universidades o las empresas beneficiarias (formadoras), a falta de dirimir quién se hará cargo de las cuotas, puede ser que caiga el número de becas disponibles. Y no son lo mismo las prácticas curriculares que las no curriculares, añaden.

Perdido entre un mar de medidas de distinta índole, el Gobierno publicó el pasado 29 de diciembre en el BOE la obligatoriedad de que todos los becarios universitarios, independientemente del tipo de prácticas que estén realizando, sean remuneradas o no, deberán cotizar a la Seguridad Social.

Los rectores, que se enteraron de la disposición cuando ya era una realidad y critican por ello al Gobierno (hablan de "aprobación sorpresiva y sin consulta previa"), han puesto el grito en el cielo ante las consecuencias que puede tener. Según ellos: un gasto inasumible para las universidades, una caída en la oferta de prácticas externas a los estudiantes ante el aumento de los costes y una discriminación para ciertos alumnos.

La casa de Carola Pérez siempre está en penumbra. "El dolor se lleva mal con la luz", se excusa al abrir la puerta. Y en su hogar siempre hay penumbra porque siempre hay dolor. Un dolor físico insoportable, que le postra en cama durante largos periodos de tiempo.

Un día, cuando tenía 11 años, salió a patinar, como tantas veces, y se cayó. Igual que en otras ocasiones. Pero esa vez no era lo mismo. Ella no lo sabía, pero esa caída le iba a cambiar la vida para siempre. Rotura de coxis. Con ella vendría el dolor crónico neuropático, la peor de las versiones del dolor. "¿Alguna vez te has roto un hueso? Pues imagina ese dolor constantemente", trata de explicarlo.

En los últimos 25 años, la evolución de los precios de las tasas universitarias han modelado un panorama educativo superior de desigualdades regionales que parecen haber llegado para quedarse. La diferencia entre el coste de estudiar una carrera se ha disparado entre comunidades autónomas y el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar los estudios (medido en gasto sobre la renta) se duplica, por ejemplo, de Bilbao a Barcelona.

Al Ejecutivo no le agrada esta circunstancia. O, al menos, eso dice. El secretario de Estado de Universidad, José Manuel Pingarrón, comentó la semana pasada su preocupación por la disparidad del coste de estudiar un grado universitario en función de la comunidad autónoma en la que se haga: "No puede ser que cueste el triple estudiar en Catalunya que en Galicia".

El derecho a decidir y la República arrasan en la Universidad. El 86,7% de las 52.462 personas que han participado hasta la fecha en 14 universidades públicas han apoyado abolir la monarquía en estas consultas simbólicas convocadas por estudiantes que se están celebrando este mes por todo el Estado.

Estudiantes y trabajadores de los campus están llamados a participar en estas consultas, sin censos oficiales, pero que están mostrando el interés de la sociedad por debatir el modelo de Estado, según sus organizadores.