La historia de la polémica del veto parental es breve: nunca ha existido. En ninguna de las instancias en las que se habla de políticas educativas o, incluso, de programación docente en los centros, si se quiere bajar hasta las aulas, la materia ha sido objeto de cuestionamiento por parte de políticos o familias hasta que Vox la ha metido con calzador y el PP le ha comprado los argumentos.

Están haciendo ruido los populares estos días subidos a la ola del veto parental. Pero nunca lo han hecho donde tocaría, en los órganos donde se habla de educación. El asunto no ha salido siquiera en la Conferencia Sectorial, el organismo que sienta en la misma mesa al Ministerio de Educación con las Consejerías de las Comunidades Autónomas –donde se habla de políticas educativas en general y donde se abordan cuestiones concretas–, según confirman fuentes presentes en las últimas citas (también es cierto que no se celebra ninguna desde las pasadas elecciones autonómicas, cuando Vox irrumpió en escena).

Murcia está vulnerando "el derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1 de la Constitución Española" con las instrucciones dadas a los centros para que apliquen el veto parental de Vox, que "contravienen igualmente diversos tratados internacionales ratificados por España (...) y suponen establecer mediante un instrumento carente de eficacia jurídica una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley".

El requerimiento que el Ministerio de Educación envió al Gobierno murciano el pasado viernes para que derogue las instrucciones que ha dado a los centros para que instauren la censura que promueve Vox a ciertas actividades, le recuerda al Gobierno del popular Fernando López Miras que dichas instrucciones no solo van contra estos convenios y contra la LOMCE, sino incluso contra su propia normativa en el decreto 198/2014, que establece el currículo en la región.

Los países dedican más dinero a educar a sus niños más ricos que el que emplean en sus pequeños con menos recursos. Es la conclusión de un estudio de Unicef, que ha analizado 42 países de todos los rangos económicos (España no está entre ellos) y ha detectado que en todos se repite el mismo patrón, aunque con diferencias: todos ellos sin excepción dedican más del 20% de sus recursos educativos al 20% de los estudiantes más adinerados, pero menos del 20% a la misma proporción de alumnos pobres.

"Una aproximación equitativa debe tener como objetivo llegar a todos los chicos, de manera que ninguno se quede atrás, además de reducir la brecha existente en la distribución de recursos", valora Unicef. "Cubrir a los chicos más pobres implicará necesariamente mayores gastos porque sus necesidades de aprendizaje son más grandes y requieren de más apoyo de los sistemas educativos", añade el informe. Y cifra en un 20% del gasto educativo la cantidad mínima de recursos educativos que debe dedicarse a los que menos tienen.

Guerra al llamado pin parental. El Gobierno ha iniciado el procedimiento para exigir a Murcia que retire la norma que permite a los padres vetar las actividades complementarias en los centros educativos que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios, según han anunciado las ministras portavoz, María Jesús Montero, de Educación, Isabel Celaá, e Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Gobierno ha mandado un requerimiento al Ejecutivo murciano para que retire la normativa que ya aplican los centros desde principio de este curso. Si Murcia no obedece, se abrirá la vía judicial. "El Gobierno recurrirá a la vía administrativa y judicial contra cualquier iniciativa del PP y Vox que pretenda limitar las libertades fundamentales", ha anunciado la portavoz Montero.

Sergio García Torres será el primer alto cargo que tiene España para el bienestar animal. El actual responsable del área de protección animal de Podemos será nombrado este viernes Director General de Protección Animal, según fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno, de la que colgará el organismo, y que muestra la importancia que la coalición da a los temas animalísticos.

El objetivo principal de la Dirección General será sacar adelante las directivas europeas en bienestar animal, explican las fuentes, como por ejemplo una ley específica sobre la amputación de rabos y orejas a perros. El pacto de Gobierno entre el PSOE y UP contempla, en su punto 3.16, que el nuevo Gobierno impulsará una Ley de Bienestar Animal "que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos".

La Universidad Carlos III (UC3M) se va a gastar 84.700 euros en defenderse del acta que le ha levantado la Inspección de Trabajo por el supuesto uso fraudulento de becarios. La UC3M va a contratar para ello los servicios de Sagardoy Abogados, el mismo bufete que está defendiendo a Deliveroo de sus riders y el que llevó el ERE de Coca Cola (con poco éxito en ambos casos).

La Inspección de Trabajo reclama a la universidad 1,5 millones de euros en concepto de cotizaciones salariales por haber estado utilizando becarios para hacer las labores que tendrían que estar haciendo empleados del centro, según argumenta el organismo de control laboral. En concreto, la inspección ha cambiado de oficio la categoría laboral de los becarios, que actualmente en teoría están contratados por la universidad aunque no tienen contrato alguno firmado y la UC3M no reconoce esta relación laboral. Trabajo ha levantado acta a la universidad madrileña por el uso de 570 becarios en los últimos cuatro años, más de 200 de ellos activos en el momento de la visita de los inspectores.

La Comunidad de Madrid ha tenido que gastarse más de ocho millones de euros en un programa informático que parcheara el software de gestión de su sistema educativo encargado a la empresa Indra en 2010, pero que la tecnológica nunca llegó a entregar a pesar de haber recibido 5,5 millones de dinero público.

Tras cinco años y el fracaso para crear la plataforma Nexus, el Gobierno autonómico del PP tuvo que echar mano de un programa de software libre y gratuito llamado Raíces, creado por la Junta de Andalucía y cuya adaptación costó 2,2 millones euros en 2016. Este programa no fue el final del camino: el Ejecutivo ya ha licitado Raíces 2.0 por otros seis millones. El periplo entero ha supuesto abonar o comprometer al menos 13,7 millones de euros en el software que gestione su sistema educativo en una década.

La Inspección de Trabajo ha levantado acta a la Universidad Carlos III (UC3M) por el supuesto empleo fraudulento de 570 becarios durante cuatro años, según fuentes sindicales de la universidad. El organismo de control laboral considera que la Carlos III utilizó realmente a estos becarios como trabajadores estructurales, ha cambiado la cotización de los casi tres centenares que seguían vinculados al centro y le impone el pago de un millón y medio de euros por este cambio con carácter retroactivo.

Martina (nombre ficticio) recibió el pasado 16 de diciembre un mensaje en su teléfono móvil en el que la Seguridad Social le informaba de que había sido dada de baja como trabajadora de la Universidad Carlos III (UC3M). Acto seguido, recibía otro en el que volvía a ser dada de alta de nuevo. Extrañada por la situación, solicitó su vida laboral y se percató de que su relación laboral con la Universidad madrileña había cambiado: pasaba de ser becaria a trabajadora indefinida a tiempo parcial como auxiliar administrativa.

La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre pagó 5,5 millones de euros a Indra, una de las principales empresas implicadas en la trama Púnica, por un software que la empresa acabó no entregando por cuestiones técnicas, según justificó el Ejecutivo. Sin embargo, ese programa informático era necesario, por lo que el Gobierno regional recurrió a la Junta de Andalucía para utilizar una herramienta similar, que es la que se está usando finalmente, sumando así nuevos costes.

Este contrato fallido se adjudicó en mayo de 2010 y tiene como protagonistas a algunos de los principales actores implicados en la trama Púnica de presunta financiación irregular del Partido de Popular en la Comunidad de Madrid. El organismo público que asignó el trabajo por 15,8 millones de euros fue ICM, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por José Martínez Nicolás y que dependía, a su vez, de la Vicepresidencia de Ignacio González. González ejercía entonces de mano derecha de la presidenta regional, Esperanza Aguirre.