Para que las clases de 15 alumnos como máximo que proyecta el Ministerio de Educación para la vuelta del curso escolar en septiembre sean factibles, CCOO calcula que serán necesarios un 33% más de profesores y una inversión de 7.385 millones de euros.

Así figura en un informe que la organización ha presentado este jueves en Madrid –de manera virtual–, en el que se realiza un detallado estudio de las necesidades que tendría el sistema educativo y los fondos necesarios para solventar cada una de ellas. Los más de 7.000 millones estimados por el sindicato corresponden a un 15,5% del total del gasto educativo que se hace en España al año y, suponiendo que las demás variables no cambiasen, elevaría la inversión en Educación del actual 4,22% del PIB (mínimo histórico) hasta el 4,84%. El Gobierno se ha comprometido a subirlo hasta el 5% para el final de la legislatura. Los expertos consideran el 7% como la cifra ideal para invertir en Educación, aunque prácticamente ningún país en el mundo la alcanza.

La vuelta al colegio durante la desescalada está siendo muy distinta en función de la comunidad autónoma y de las edades de los escolares. Aún así, tras las imágenes de la apertura de los institutos en Euskadi este lunes, se espera que la mayoría de alumnos españoles que acaban Primaria (6º curso), ESO (4º) y Bachillerato (2º) se reencuentren en las aulas ante final de curso.

No ocurrirá lo mismo en las aulas de Infantil, que retomarán la actividad de forma mucho más minoritaria y con mayor revuelo entre los educadores. Consideran los docentes –todos los sindicatos van a una en esto– que la actividad presencial no debería retomarse en ninguna etapa y en ningún territorio, y que esto es especialmente válido para los más pequeños, más difíciles de controlar y con una educación basada sobre todo en el contacto y la interacción. Tampoco están de acuerdo, añaden los propietarios de centros, con el papel de elemento para la conciliación que se está dando a la educación infantil.

El Ministerio de Universidades ha cerrado con las comunidades autónomas –no por unanimidad– el cambio en el sistema de fijación de precios de las tasas universitarias que anunciaron la semana pasada. Con el nuevo método, que busca rebajar el coste de estudiar en la universidad en casi todas las regiones y armonizar precios entre las comunidades, al menos diez Gobiernos regionales tendrán que abaratar el precio de sus estudios superiores.

El nuevo sistema fija un tope de precios y es vinculante para todas las autonomías, pese a que no todas han votado a favor. Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia y Euskadi son las regiones que no se han mostrado favorables, una lista muy similar a las que ha estado disintiendo del Ministerio de Educación en las etapas obligatorias. Fuentes de la Comunidad de Madrid han lamentado que el ministro haya "impuesto a las comunidades una bajada del sistema de precios públicos sin llegar a ningún acuerdo con ellas" y sin "ninguna propuesta económica concreta". Estas mismas fuentes especifican que no están en contra de la bajada per se, sino de la imposición sin una alternativa económica.

Los presidentes de las asociaciones de directores de instituto de toda España tienen claro que las clases no deben volver hasta septiembre. "Hay absoluto consenso, si no no lo habríamos puesto en el comunicado", explica Raimundo de los Reyes, el presidente de Fedadi, la federación que los agrupa a todos ellos a nivel estatal, en alusión a la nota que publicaron hace unos días pidiendo que no vuelva la actividad presencial.

De los Reyes, que dirige un instituto en un pueblo de Murcia, reflexiona sobre la gestión educativa del confinamiento, lamenta que la administración se haya desentendido en ocasiones y le haya traspasado la responsabilidad de ciertas decisiones a los profesores, alerta sobre las dificultades que va a tener una probable vuelta con aforos limitados en los centros educativos y sostiene que la escuela no está para conciliar, lo cual no es incompatible con que se utilicen sus instalaciones para ello igual que se hace durante los veranos.

La Comunidad de Madrid tendrá que escolarizar a Carlos en un colegio ordinario como su madre siempre ha querido. La magistrada del juzgado de lo contencioso administrativo nº 27 de Madrid ha emitido una sentencia por la que da la razón a Cristina en su pretensión de que hijo, que tiene un trastorno del espectro autista (TEA), acuda a un colegio ordinario frente a la pretensión de la Consejería de Educación de la región, basada en sus propios informes, de que vaya a uno de educación especial.

La sentencia pone fin –en principio– a años de pelea de Cristina con la administración, que nunca le ofreció el colegio que ella quería y que le engañó para que firmara un dictamen que se elaboraría días después, según explica. La situación llegó a enrocarse de tal manera que la madre se negó a llevar a su hijo al centro de educación especial que proponía la Consejería y ante la falta de alternativas se plantó: Carlos lleva año y medio sin acudir a ningún colegio.

Como un jarro de agua fría les ha caído a los futuros MIR la decisión del Ministerio de Sanidad de que elijan especialidad a distancia. El Ministerio colgó el pasado viernes en el BOE las instrucciones para que los casi 10.000 recién licenciados en Medicina que han superado la prueba que da acceso a su residencia elijan especialidad y centro. Y llegó el lío.

Debido a la COVID-19, Sanidad ha diseñado un método por el que los médicos tendrán que definir sus elecciones (qué especialidad quieren hacer y en qué centro desean cursar la residencia) en una lista que deben entregar telemáticamente como tarde 12 horas antes de que tenga lugar el proceso selectivo. La elección será automática, basada en esa lista.

La Universidad Rey Juan Carlos investiga a un profesor de su Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual por acoso sexual a varias alumnas. Lo hace utilizando un protocolo genérico contra el acoso, puesto que el centro es uno de los pocos que todavía no cuenta con un protocolo específico contra el acoso sexual, a pesar de que la Ley de Igualdad lo exige. La norma, de 2007, instaba a las administraciones públicas y a los organismos dependientes de ellas a negociar con la representación de los trabajadores "protocolos de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo". Trece años después, la Universidad Rey Juan Carlos aún no ha aprobado uno.

Aunque no hay un listado oficial de todas las universidades públicas con planes contra el acoso, sí lo tienen los otros grandes centros de Madrid: la Universidad Complutense –cuyo protocolo es uno de los referentes–, la Carlos III, la Autónoma de Madrid y la Politécnica. Según una recopilación de la Universidad de Islas Baleares, la Rey Juan Carlos sería una de las diez universidades públicas en España (de 50) que no tiene un protocolo específico. Sí cuentan con uno todas las universidades públicas de Andalucía y Catalunya, la de Castilla-La Mancha, la Universidad de Zaragoza, la de Oviedo, Cantabria, Santiago de Compostela, País Vasco o la Universidad de La Laguna en Tenerife.

"Me gustas mucho, de todas las maneras posibles". "No te sientas avergonzada, yo me comportaré noblemente y te trataré como a una amiga y buena persona (aparte de guapísima y sexy, pero yo creo que somos mayorcitos para entenderlo todo. Noto ALGO entre tú y yo (al menos, de mí hacia ti). Si me tengo que afeitar la barba para gustarte, dímelo, que yo por ti, lo que sea".

Por mensajes como estos –y otros muchos– enviados a través de Whatsapp y del correo electrónico, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha abierto una investigación por acoso a un profesor del grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, según ha adelantado El País. Fuentes del centro confirman que el pasado día 31 de octubre, el rector firmó la apertura de la inspección por acoso.

El Gobierno pretende duplicar el número de estudiantes con beca completa en la universidad con la reforma estructural del sistema de ayudas que ha presentado este martes. Las principales novedades que plantean los Ministerios de Educación y Universidades pasan por eliminar los requisitos académicos para acceder a las becas y la subida de los umbrales mínimos de renta familiar que había establecido Wert, según la nota que han distribuido ambos ministerios.

Estas medidas, junto a otras de menor impacto, pretenden elevar el número de personas que reciben la beca completa, que según el Ejecutivo pasará de los 89.376 beneficiarios actuales a 175.945. Esta ayuda consiste en el pago de la matrícula más una cuantía fija de 1.600 euros anuales (y otros 1.500 euros para los estudiantes que estudien fuera de su lugar de residencia). La idea del Gobierno es que el cambio entre en vigor ya el próximo año. Fuentes del Ministerio de Universidades explican que la reforma está ya negociada presupuestariamente.