Los cinco partidos con representación en el parlamento andaluz han votado a favor de una Proposición No de Ley (PNL) que contraviene el ordenamiento jurídico español. La cámara andaluza aprobó hace dos semanas una iniciativa de Ciudadanos en defensa de los centros de educación especial y que insta al Gobierno a que garantice el derecho de los alumnos con necesidades educativas especiales a ser escolarizados en centros ordinarios, de educación especial o aulas específicas.

El problema, según explican desde la Plataforma por una Escuela Extraordinaria, compuesta por asociaciones, familias y profesionales en pro de la inclusión, es que España suscribió en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva en centros ordinarios.

Se avecina lío con las becas. El Consejo Escolar del Estado, que representa a la comunidad educativa, ha rechazado este martes el informe sobre el borrador de Real Decreto que regula las ayudas estatales a la educación para el próximo curso. Y sin informe no hay decreto, porque el análisis del Consejo Escolar, aunque no es vinculante, sí es obligatorio que se emita.

El rechazo se ha basado en aspectos de forma y de fondo. El que los miembros del Consejo que han rechazado el texto consideran más grave es la forma: el Ministerio de Educación no ha cambiado el modelo de becas que implantó José Ignacio Wert, seguran, pese a que el PSOE lo criticó fuertemente cuando estaba en la oposición y anunció que lo modificaría al llegar al Gobierno. Pero no lo ha hecho.

Dar de comer a los niños es un negocio rentable. Al menos si eres un colegio privado o concertado. Los centros de iniciativa particular facturan más de mil millones de euros al año por el servicio de comedor, de los que obtuvieron un beneficio bruto de 257 millones de euros en 2015, el último curso con datos disponibles oficiales del INE.

La escuela concertada se lleva la mayor parte de este pastel (también tiene la mayoría de los alumnos en la privada), con una facturación de 698 millones de euros al año y un beneficio de 166 millones entre los centros religiosos (90 millones) y los laicos (el resto). El negocio es próspero: en 10 años el margen que el servicio de comedor deja en estos centros ha aumentado un 91% con una ligera subida de estudiantes.

Descentralizar la educación y transferir la gestión a las comunidades autónomas ha ayudado a reducir las diferencias históricas entre regiones en España. Así de categórico se muestra un estudio elaborado por la Fundación Fideas, que ha comparado 16 indicadores educativos desde que se completó el traspaso de las competencias educativas a todas las comunidades autónomas, en el año 2000, hasta la actualidad.

Los 16 indicadores escogidos evalúan los aspectos educativos fundamentales, explican desde Fideas, y van desde las tasas de escolarización a diferentes edades hasta los resultados, pasando por los recursos financieros dedicados a la educación o los procesos educativos (cómo se gestiona la repetición, por ejemplo).

Mucho aprobado, poca investigación. Las universidades privadas en España (muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica) se centran especialmente en enseñanza y aprendizaje (la parte que atañe a los alumnos matriculados), pero se olvidan más de la otra pata que sustenta la esencia universitaria: la investigación y transferencia de conocimiento, según el ranking CyD.

En este estudio, la Fundación CyD (Conocimiento y Democracia) evalúa las principales universidades españolas y su rendimiento en las diferentes actividades que marcan la idiosincrasia de los centros de educación superior. Y una de las conclusiones de los datos da la razón a los críticos con los centros de iniciativa privada, a los que desde algunos sectores se acusa de no invertir en investigación porque no es rentable, conformando una universidad de baja calidad.

A nivel educativo, las elecciones plantean una dicotomía muy clara en la Comunidad de Madrid: más escuela concertada o menos. Sin términos medios.

Es un tópico que se dice de todas las elecciones y todas las regiones, pero en este caso está más que justificado: Madrid se juega el modelo educativo en estos comicios. La apuesta extrema que el PP ha hecho en la región en la última década —con el apoyo de Ciudadanos en la última legislatura— por un sector basado en la "libertad" de las familias para escoger la educación de sus hijos ha modelado una Educación con unas características muy claras que serán sometidas a plebiscito el 26 de mayo.

Un artículo extra introducido a última hora en la recién estrenada nueva regulación de los jóvenes investigadores españoles tiene en pie de guerra a miles de predoctorales afectados. La clausula ha servido a algunas administraciones para no actualizar sus ingresos como estaba pactado, según indica el sindicato CCOO y confirman varios investigadores con los que ha hablado eldiario.es.

La aprobación el mes pasado, seis años tarde y tras dos de negociaciones, del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) parecía el final de un larga batalla entre los jóvenes investigadores españoles y la administración pública. No lo fue.

Graduarse en la universidad y llegar lo más lejos posible es el último gran reto educativo para los estudiantes con alguna discapacidad. La presencia de este alumnado en los campus, que supone el 1,5% del total de los universitarios, se va diluyendo según se sube por el escalafón: son más en el grado, algunos menos en los posgrados y menos aún en el doctorado, según el IV estudio Universidad y Discapacidad, presentado este jueves en Madrid.

El estudio, realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad en colaboración con la Conferencia de Rectores (CRUE), pone cifras a este descenso progresivo: los estudiantes con alguna discapacidad suponen el 1,8% del total en los estudios de grado, el 1,2% en los posgrados y el 0,7% en el doctorado.

La burocracia gubernamental bloquea la investigación. Son 70 de los mejores jóvenes investigadores de su generación, pero no pueden trabajar. En realidad, la mayoría han buscado algún atajo para arrancar su labor porque las universidades no pueden esperar y los plazos corren, pero lo están haciendo sin contrato y sin ingresos. La culpa, según los estudiantes, es del Ministerio de Ciencia y Universidad.

Estos 70 jóvenes tienen en común que lograron un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU), una de las ayudas más prestigiosas y complicadas de conseguir para estudiantes predoctorales que concede el Gobierno español, dotada con unos 900 euros mensuales durante cuatro años (los últimos cursos la cuantía sube algo). Pero el mismo Ministerio no ha tramitado las ayudas desde hace seis meses, lo que tiene a los estudiantes legalmente bloqueados, aunque ellos se estén buscando la vida. "El Ministerio nos vino a decir que nos buscáramos un trabajito", cuenta a eldiario.es Francisco Vázquez, uno de los investigadores afectados.