Son muchas las administraciones en España que realizan sorteos por apellidos entre los aplicantes cuando hay empates a la hora de adjudicar plazas en algún proceso. Ocurre, por ejemplo, a la hora de elegir los miembros de un tribunal que juzgue unas oposiciones porque no suele voluntarios suficientes. Pasa también para determinar qué niño entra a un determinado colegio si la puntuación entre varios pequeños es la misma.

El sistema es sencillo. Se coge a todos los candidatos a la/s plaza/s y se ordenan alfabéticamente a partir de sus apellidos. Por sorteo se elige una letra (o dos) que determinan el apellido de la lista a partir del cual, por orden, se empiezan a adjudicar las plazas disponibles hasta que se agoten. Parece justo, cada letra tiene las mismas opciones de salir que las demás. No lo es. Ni de lejos.

Hay hermanos de, hijos de, parejas, primos, sobrinas y cuñados. Hay profesores, personal de servicio, empleados de la Fundación y de la asesoría jurídica. En la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) son habituales las sagas.

Al menos cuatro de los seis exrectores que ha tenido la universidad tienen un familiar trabajando para la misma URJC. Gerentes y decanos también comparten espacio de trabajo con personas de su misma sangre. Y políticos, en este caso, sobre todo, del PP. De los populares madrileños, que crearon la universidad, pero también nacional: Alberto Ruiz Gallardón o Jaime Mayor Oreja son dos ejemplos. Un catedrático del centro lo ha definido como "la agencia de colocación del PP".

Margarita Cifuentes, hermana de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, deja su puesto de docente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la misma universidad donde Cristina Cifuentes sacó su máster con notas falsificadas. Un puesto que Margarita Cifuentes obtuvo de manera irregular, ya que no cumple las condiciones que exige la ley para ser profesora visitante, la figura laboral a la que estaba acogida en la universidad.

La ya exprofesora lo deja de forma "voluntaria", según ha explicado a este periódico, aunque los plazos de la renuncia coinciden con el tiempo máximo que la normativa permite a una persona ser profesor visitante: dos años. Otra cosa es que no sería la primera persona que ejerce como visitante en fraude de ley en la URJC, según ha admitido ante un juez la propia universidad al menos en una ocasión.

Ha habido plagios, contrataciones irregulares de profesores, tratos de favor a políticos, rectores que salieron a cerrar filas cuando no había manera de contener la marea. Ha habido medidas cosméticas y otras de algún calado más, pero solo con el objetivo de "alejar a los medios de comunicación de la universidad", dicen los alumnos.

Así que los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se han cansado de la situación, del deterioro de la imagen pública de su universidad y la afectación que eso puede tener sobre su esfuerzo y sus títulos y han convocado una huelga estudiantil para el próximo jueves 27 de septiembre.

El mercado estudiantil-laboral español está creando una paradoja. Los estudiantes cada vez se forman más, tener  solo un grado se considera insuficiente y aumenta cada curso el número de alumnos que estudia un posgrado. Sin embargo —o precisamente debido a ello— la sobrecualificación de los trabajadores crece año tras año.

La estadística dice casi 200.000 personas se matricularon en un máster el curso 2016-17, más que ningún otro año. Buenas noticias para la Universidad, que además obtiene buenos ingresos de estos alumnos, que pagan varios miles de euros por estos cursos. La mala noticia para los campus es que en paralelo a la subida de alumnos de máster se está registrando una caída en el número de estudiantes de grado, la base de la universidad. En el curso de referencia se matricularon poco más de 1.300.000 alumnos, la cifra más baja de la última década.

Apenas fue un anuncio, cuatro palabras sin más desarrollo, pero que atienden una vieja reivindicación del sector educativo y que, de cumplirse, podrían cambiar la vida de muchas familias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pactaron el pasado jueves universalizar la gratuidad del tramo educativo de cero a tres años.

Pero al anuncio deja más dudas que certezas. ¿Cuándo pretende implantarse? ¿Quién lo va a pagar, Moncloa o las Comunidades Autónomas, responsables de la educación? Dado que la etapa no es obligatoria, ¿qué modelo se elegirá? ¿Ampliar la (escuálida) red pública o sufragar a a las familias el pago de las escuelas privadas, como hacen ahora algunas autonomías? ¿Hasta dónde llega el propósito de mejora? ¿Es solo sacar más plazas gratuitas o darle una pensada al modelo? El Gobierno no ha dado ningún detalle más. Desde el partido de Iglesias informan de que lo concreto se tratará en la mesa de negociación con el Ejecutivo.

La interinidad en la educación pública se ha duplicado en los últimos seis años. Así lo asegura al menos CCOO a partir de datos oficiales, que reflejan que entre 2011 y 2017 el porcentaje de docentes en el sistema público no universitario ha pasado del 15,44% al 29,12%. A principios de la década, uno de cada seis profesores era temporal. Ahora es uno de cada tres.

Dicen los datos del ministerio que en 2011 el cuerpo del profesorado se componía de 425.668 funcionarios de carrera y 77.718 interinos. Seis años después y por obra y gracia de que no se hayan convocado oposiciones, el número de funcionarios ha caído a 365.683 y el de temporales ha subido hasta los 150.210 personas.

El Gobierno ha iniciado la senda para revertir algunos de los recortes que el PP llevó a la educación bajo el argumento de la crisis económica. La ministra del ramo, Isabel Celaá, ha tratado de detallar este martes en el Congreso el Anteproyecto de ley por el que pretende acabar con algunas medidas que introdujo el ínclito Real Decreto 14/2012 y que, a decir de los profesionales de la educación, impactaron con dureza en el sector educativo.

El Ejecutivo acabará con el aumento del 20% en las ratios alumno-profesor en clase, con la obligatoriedad (salvo alguna excepción) de que las bajas laborales de los docentes no se puedan cubrir hasta pasadas dos semanas desde que se producen y con la subida de horas lectivas a los maestros y profesores, según ha explicado Celaá esta mañana. Actualmente, los docentes tienen un mínimo de 25 horas lectivas (que no laborales) en educación Infantil y Primaria y 20 en el resto de etapas. La intención del Gobierno es dejar esta cuestión en manos de las Comunidades Autónomas.

El debate está sobre la mesa en las comunidades educativas. ¿Qué hacemos con los móviles en los colegios? ¿Son posibles herramientas para clase? Sin duda. ¿Funcionan más bien como elemento distractor en realidad? Cabe menos duda aún de esto.

En Francia han decidido atajar el problema de raíz. Cansado de medias tintas e incidencias en clase, el presidente galo, Emmanuel Macron, ha decidido que los menores de 15 años no podrán utilizar el teléfono en los colegios. En ningún momento, ni siquiera en el recreo. Tampoco ha sorprendido a nadie, ya que lo había prometido en campaña electoral y lo ha llevado a cabo pese a las dudas de parte de la comunidad educativa francesa.